Más sobre paraísos fiscales
Por Alberto Benegas Lynch (h)
Es
realmente escandaloso que en momentos en los que por todos lados el Leviatán
engulle una parte creciente de los ingresos de la gente, atropellando de ese
modo sus libertades, irrumpa una avalancha de ataques contra los llamados “paraísos
fiscales” en lugar de extenderlos, es decir, lugares en los que los
propietarios puedan sufragar cantidades mínimas de impuestos y así salvar sus
bienes de las garras insaciables de aparatos estatales siempre voraces por
apoderarse del fruto del trabajo ajeno. Aparatos que hacen de todo menos
dedicarse a las funciones de seguridad y justicia para lo que teóricamente
fueron convocados, habitualmente en medio de corrupciones alarmantes de
distinta índole. No se tiene presente la sentencia del célebre Juez
estadounidense John Marshall de 1819 (McCulloch vs. Maryland) en cuanto a que
“El poder de establecer impuestos, comporta el poder de destruir”.
Bajo
ningún concepto deben confundirse los manotazos malhabidos de gobernantes, por
una parte, con lo obtenido lícitamente por particulares, por otra. En el primer
caso, sin duda que debe castigarse a los ladrones no importa donde escapan con
los recursos de otros, mientras que en el segundo, si no se han lesionado
derechos de terceros, debe respetarse la decisión de sus titulares donde decidan
ubicar sus pertenencias.
En
este último plano, es de interés indagar en dos aspectos clave. En primer
lugar, la absurda “guerra contra las drogas” que como ha puntualizado en primer
lugar el premio Nobel en Economía Milton Friedman constituye un absurdo, y
referido a su país concluye que “Como nación hemos sido responsables por el
asesinato de literalmente cientos de miles de personas en nuestro país y en el
extranjero por pelear una guerra que nunca debió haber comenzado y que sólo
puede ganarse, si eso fuera posible, convirtiendo a los Estados Unidos en un
estado policial”.
Luego
de abrogada la inaudita Ley Seca que provocó tantos desastres, como he señalado
en mi libro La tragedia de la
drogadicción. Una propuesta, fueron los mismos mafiosos del alcohol los
que, a través de un sofisticado estudio de mercado, contribuyeron decisivamente
al establecimiento de leyes que prohíban las drogas. Antes de eso no había
habido problemas con los estupefacientes: unos cuatro
mil años constituye una muestra suficientemente representativa en cuanto a que
desde 2.000 años antes de Cristo hasta 1971 en que comenzó la “guerra a las
drogas” no hubieron problemas con esas sustancias para usos no medicinales
(salvo la decimonónica Guerra del Opio debido precisamente a la prohibición en
China).
Es
alarmante la corrupción de políticos, policías, jueces, agentes encargados de
controlar las drogas y la invasión a la privacidad en cuanto a escuchas
telefónicas, intervención en el secreto bancario, estímulos a los “soplones”,
maniobras contables que tiñen todo tipo de operaciones, fortunas que amasan
rufianes debido a los colosales márgenes operativos fruto de la prohibición
debido al riesgo de operar en ese mercado, se dificulta la contención de
drogadictos por parte de médicos y abogados debido a que se obliga al adicto a
desenvolverse en el circuito criminal y tantas tropelías contra el debido
proceso son solo algunas de las consecuencias nefastas de esta guerra, además
de los fuertes incentivos para drogarse debido a los astronómicos ingresos de
los “pushers” al efecto de colocar el producto en los colegios, en lugares
bailables etc. Nuevamente para citarlo a Friedman: “Las drogas son una tragedia
para los adictos, pero criminalizar su uso convierte la tragedia en un desastre
para la sociedad, para usuarios y para no usuarios por igual”.
Afortunadamente,
hoy en día hay destacados seguidores de ese pensador que se han pronunciado
enfáticamente por la liberalización de las drogas -todos con experiencias
directas en esta desgraciada lucha- tales como el ex Secretario General de las
Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar, los ex presidentes de Colombia, México
y Brasil, respectivamente Gaviria, Fox y Cardozo, el premio Nobel en Literatura
Mario Vargas Llosa y el ex Secretario de Estado norteamericano George Shulz,
además de numerosos académicos de todo el mundo.
Thomas
Jefferson, al subrayar la diferencia entre lo que es un vicio de lo que es un
crimen escribió que “No podemos renunciar y nunca renunciaremos a nuestra
conciencia. Solo respondemos por ella ante Dios. Los poderes legítimos del
gobierno se aplican solo si hay lesión de derechos a otros”. En la medida en
que se asignen derechos de propiedad, quienes contratan trabajos, quienes
aceptan el ingreso a sus locales comerciales, quienes aceptan pasajeros en sus
vehículos, quines aceptan conductores en sus carreteras, estarán precavidos de
que no se trate de personas que han perdido el control sobre si mismas, ya se
trate de alcohol, tranquilizantes o drogas alucinógenas. Sin duda que deben
desaparecer leyes como las que consideran un atenuante los crímenes cometidos bajo el efecto de las drogas en
lugar de considerárselo un agravante
(de lo cual, de más está decir, para nada se desprende que los operadores de
Wall Street, escritores y ciudadanos pacíficos que se drogan sean asesinos).
En
segundo término, es menester detenerse un instante en el tema fiscal. Si los gobiernos pretenden expropiar
los patrimonios de sus gobernados impunemente para no ofrecer nada a cambio
como no sean nuevas legislaciones que se apoderan de sus vidas y haciendas, es
natural que los expoliados reaccionen y se defiendan frente a tamaño agravio.
La libertad está indisolublemente atada a las rebeliones fiscales cuando los
gobiernos se extralimitan, comenzando con el caso de los impuestos al té en las
colonias norteamericanas de donde precisamente parió la experiencia más exitosa
en la historia de la humanidad.
Por
otro lado, ahora independientemente de la presión tributaria, es absolutamente
improcedente el llamado “principio de nacionalidad” en materia impositiva para
oponerse al “principio de territorialidad”. En el primer caso significa que el
gobierno puede perseguir con gravámenes a los patrimonios independientemente
del lugar en que se encuentran, a diferencia del segundo caso que con lógica
mantiene los impuestos solo para quienes habitan el territorio en cuestión ya
que esa es la responsabilidad de los gobernantes del cuidado de los derechos de
los gobernados y no una voracidad tributaria ilimitada aplicada en
jurisdicciones en los que no presta servicios el gobierno correspondiente.
Se
ha perdido por completo la noción de que los gobiernos son servidores de la
gente y no la gente servidores de los gobiernos. Es un hecho que allí donde los
impuestos son razonables y los consiguientes servicios existen, las trifulcas
fiscales tienden a desaparecer. Todos los impuestos debieran reemplazarse por
dos con alícuotas mínimas en reemplazo de la maraña de dobles y triples
imposiciones: el impuesto al valor agregado (que tiene la ventaja del menor
costo debido al sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor) y el impuesto
territorial (al efecto de recaudar también de aquellos que no habitan la
jurisdicción correspondiente pero es menester cuidar de sus propiedades).
Es
comprensible que los gobiernos y las instituciones oficiales locales e
internacionales aboguen por la exterminación de los paraísos fiscales puesto
que sus permanencias disminuye su poder de destrucción (para recurrir a la
terminología del antes mencionado Juez Marshall), pero en verdad resulta
inaudito que hayan ciertos periodistas, empresarios y consumidores en general que
presten apoyo logístico a la asfixia generalizada.
Para
cerrar, en este contexto transcribo dos pensamientos de Juan Bautista Alberdi,
el inspirador máximo de la Constitución liberal argentina de 1853. Primero: “El
ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella
puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad pública” y, segundo: “Después de ser máquinas
del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco nacional: he aquí todo
la diferencia. Después de ser colonos de
España, lo hemos sido de nuestros gobiernos patrios.”
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