Argentina: ¿Adónde fue a parar tanta plata?
Ahora que la "matriz productiva diversificada" está
seriamente dañada y presenta un futuro incierto, el gasto público y sus
efectos de inclusión social se muestran como los últimos bastiones de la
década kirchnerista.
El aumento de las erogaciones estatales en la Argentina
a lo largo de este siglo luce impresionante, pese a no conocerse con
total precisión, dado que las trampas del Indec se han contagiado a
otros ámbitos del Gobierno. Prolijamente, las cifras mensuales se
publican con meses de atraso y las anuales demoran años, a punto tal que
las más recientes del gasto estatal consolidado son de 2009.
Compararlas con el producto nacional requiere proezas adicionales, ya
que el último dato confiable al respecto es de 2006. Pese a todo, pueden
hacerse estimaciones razonables que muestran que el gasto consolidado
de la Nación, las provincias, los municipios y las obras sociales llegó
en 2012 a unos 1.128.000 millones de pesos o, para entenderlo mejor, a
247.600 millones de dólares (de los no risibles); esto representa un
aumento de 210.000 millones de dólares -o 17 puntos del PIB- respecto de
2003. En tanto, en 2012 el gasto de la Nación llegó a 139.000 millones
de dólares, 120.000 millones más que en 2003.
La pregunta que muchos se hacen es ¿adónde fue a parar
tanta plata? Es bueno que las inversiones en capital físico expliquen un
10% del aumento total entre 2003 y 2012, es decir, 21.000 millones de
dólares. Pero semejante cifra no impide constatar las enormes
deficiencias de infraestructura que padece el país, sobre todo en
energía y transportes, ni la evidente inexistencia de un plan que evalúe
los proyectos y fije prioridades, de tal modo que no puedan omitirse
obras que hubieran ahorrado tantísimas muertes, como las ocurridas en la
tragedia de Once, o los 720 millones de pesos para sanear el arroyo Del
Gato, en La Plata.
Tantas deficiencias y omisiones y serias
inconsistencias entre las cifras de inversión pública de la Secretaría
de Hacienda y del Indec aumentan la sospecha de que tanta plata no luce
como debiera por lo mucho que queda en las cajas de funcionarios y
empresarios corruptos.
En cuanto al gasto corriente, en línea con el relato
oficial, el social fue el de mayor aumento, dando cuenta del 65% del
incremento total, con aportes muy relevantes del gasto previsional
(23,7% del aumento consolidado y 34,1% del nacional). La educación, la
cultura, la ciencia y la tecnología representan sólo un 6,7% del aumento
total del gasto nacional, pese al relato oficial; pero hay un notable
30,9% del aumento del gasto provincial y la salud, con aproximadamente
un 15% de aporte al aumento total. Los dos últimos rubros revelan que la
inversión en capital humano ha sido significativa y, por otro lado, que
el gasto previsional ha logrado cubrir con jubilaciones o pensiones a
más del 90% de personas en edad. Cabe subrayar que esta preeminencia del
gasto social y previsional es igual a la de los últimos veinte años. Lo
que sí cambió, y mucho, fue la posibilidad de hacerse de los recursos
para aumentarlos.
Claro, no todo es deslumbrante y hay falencias
evidentes en la equidad, la cobertura, la eficacia y la sostenibilidad
de este enorme esfuerzo de la sociedad. El gran mentís en cuanto a la
equidad es el descomunal aumento de los subsidios económicos que, aun
después de las correcciones del año pasado, siguen beneficiando en buena
medida a sectores de ingresos medios y altos del Gran Buenos Aires en
desmedro de los más pobres y del interior. En los primeros cuatro meses
de 2013, están aumentando un 54,9% interanual, y a fines de este año, la
suma total de subsidios entregada desde 2003 estará cerca de los
100.000 millones de dólares, 57% destinados a la energía y 30% al
transporte. Es muy probable que no menos de la mitad de los subsidios
energéticos se haya otorgado a sectores sociales con capacidad de pago.
Claros problemas de cobertura del gasto se manifiestan,
por ejemplo, en la asignación por hijo, un programa apoyado por casi
toda la sociedad pero que el Gobierno demoró hasta lograr arrebatarlo de
manos de la oposición. Alegran por cierto los aumentos recién
anunciados en este rubro, pero no son coherentes con la insuficiente
cobertura de ésta. Según un reciente informe del Observatorio de la
Deuda Social de la Universidad Católica, cerca del 50% de los menores de
17 años de hogares indigentes no recibía esta asignación en 2012. Y
aunque estos hogares reciben otros beneficios sociales, hay todavía un
18,7% de ellos y un 29,1% de los hogares pobres que no reciben ninguno.
Se trata en parte de una carrera imposible, porque lo que se da con una
mano se quita con la de la inflación, y la meta se vuelve más y más
inalcanzable.
Es para celebrar que la ley de financiamiento educativo
haya logrado el objetivo, también con alto apoyo social, de superar el
6% de inversión en educación. Pero su eficacia en lograr resultados ha
sido pobre. Tanto en la escuela primaria como en la secundaria, la
calidad de los aprendizajes en la Argentina ha caído en los últimos 15
años, tristemente, del primer o segundo lugar en América latina a entre
el cuarto y el octavo, según pruebas y niveles. Y, como en el caso de la
asignación por hijo, tampoco ha sido satisfactoria la ampliación de la
cobertura. Sí aumentó bastante en la educación inicial, pero todavía
queda más del 40% de los chicos de 3 y 4 años -en su enorme mayoría de
bajos ingresos- fuera de esas salas; en tanto, la escolarización de los
de 12 a 24 años subió apenas de 60,5 a 61,7% entre 2001 y 2010.
Groseros sesgos de cobertura se encuentran también en
la discrecionalidad de la distribución de fondos entre provincias o
municipios en la mayoría de los programas sociales, por ejemplo, Techo
Digno, Argentina Trabaja o Seguridad Alimentaria. La "regla" es clara:
los más amigos o candidatos a serlo reciben más. ¿Y el federalismo? Muy
mal, gracias, y así nos va.
En fin, el problema menos visible pero quizás el más
serio es el de la sostenibilidad de esta expansión del gasto. Hay años
de fuerte licuación de la capacidad de pago del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad. Por ejemplo, sólo entre 2011 y 2012, se desvalorizó un
11,5% respecto del gasto previsional y, más allá de esto, cualquier
cálculo actuarial del sistema jubilatorio muestra que es insostenible.
Si bien el gasto público partió de niveles extremadamente bajos en 2003,
hoy llega a casi un 47% del PIB, más que en Alemania, el Reino Unido y
el promedio de los países desarrollados, y unos 15 puntos superior al
promedio de los emergentes.
Hasta ahora pudo financiarse por un aumento enorme de
la presión tributaria, que hoy se acerca al 41,5% del PIB si se incluye
el impuesto inflacionario, como corresponde. Será muy difícil mantener
en el futuro tales niveles de gastos y recursos, salvo milagros en el
precio de la soja, pero resultará imposible si la Argentina no vuelve a
crecer al 5 o 6% anual.
Sin cambios prodesarrollo en la política económica, que
no se avizoran, se caerá también este último bastión del modelo. Pese a
tan cruda realidad, la impiadosa apuesta del Gobierno es tratar de que
la hora de la verdad no llegue antes de 2015, quizás en la espera de que
otro se haga cargo entonces e ignorando los importantes costos sociales
que sobrevendrán si no se corrige rápidamente este rumbo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario