Desabastecimiento es ya una amenaza real para Argentina

La huelga de las mayores asociaciones de productores agropecuarios de Argentina ocasionará desabastecimiento de alimentos la semana próxima, advirtió ayer la Federación Agraria, uno de los gremios que protestan.

Los productores están dispuestos a sostener la medida de fuerza ''hasta cuando sea necesario'', aseguró el líder de esa asociación, Eduardo Buzzi, quien culpó al gobierno de que el país vaya ``camino a una rebeldía incontrolable''.

El gobierno insistió, por su parte, en que no negociará bajo ''extorsión'' y reiteró sus críticas a los huelguistas, mientras fuentes oficiales dejaron trascender la posibilidad de prohibir la exportación de carne vacuna y lácteos en caso de desabastecimiento.

Ayer se registraron piquetes de huelguistas en las carreteras de las cuatro asociaciones agropecuarias que este miércoles concluyeron una huelga de siete días en rechazo al aumento de impuestos a la exportación de granos y otras regulaciones gubernamentales.

Los líderes de las asociaciones agropecuarias, que reúnen a unos 290,000 productores de todo tamaño, se reunirán el martes próximo para decidir si siguen con la decisión de no vender ni comprar nada luego del paréntesis de la Semana Santa y la feria del lunes por ''el Día de la Memoria'' por las víctimas de la dictadura (1976-1983).

'La gente está dispuesta a seguir adelante. Es tanta la presión impositiva, que la gente dice: `ya no tengo nada que perder' '', aseguró Buzzi en declaraciones a emisoras de radio.

''En algún momento de la semana que viene va a empezar a haber problemas, va a empezar a resentirse el abastecimiento de alimentos'', agregó el líder de la Federación Agraria.

Portavoces de asociaciones de comercio minorista admitieron que comienza a notarse el desabastecimiento de carne vacuna y de lácteos, a diferencia de lo que sucede en los supermercados, que tienen una mayor capacidad de inventario.

El nuevo sistema impositivo que la semana pasada supuso un alza de impuestos a la exportación de soja y girasol y desató la protesta en el sentido de que es ''una confiscación'' adicional de $2,500 millones anuales, según la asociaciones agropecuarias.

Aseguran que el sector soporta una ''fuerte distorsión'' de los costos de producción y que la nueva política fiscal supondrá el pago de impuestos de unos $10,500 millones anuales sin que haya mayores beneficios por los subsidios que da el gobierno.