02 abril, 2008

Investigacion: Curiosos aportantes
a la campaña de Cristina Kirchner

por Maria O'Donell

Desde monotributistas que declaran 12 mil pesos y donaron 325.000, hasta empleados de empresas extranjeras que tienen prohibido aportar por ley.

Entre los aportantes de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner figura Marcelo Rossini, santafesino, propietario de estaciones de servicio, sin ninguna militancia política ni vínculos con el Gobierno. Rossini firmó cuatro cheques para el Frente de la Victoria por un valor total de 145 mil pesos, por indicación de Petrobras, la petrolera controlada por el Gobierno de Brasil, que a él le provee combustible para su negocio.

La ley de financiamiento de los partidos políticos prohíbe las contribuciones de entidades públicas extranjeras, y fija otras restricciones que pueden servir para comprender por qué, en la rendición que presentó el oficialismo ante la justicia electoral del dinero que recaudó para las elecciones presidenciales de octubre pasado, aparecen nombres de ilustres desconocidos: pueden haber contribuido en nombre de terceros.

LOS MONOTRIBUTISTAS. Carlos Horacio Torres y Julio César Pose, con 325 mil pesos cada uno, fueron los donantes individuales más generosos con la Presidenta. Lejos de responder al perfil de los empresarios ricos y famosos, vinculados a grandes firmas, Torres y Pose se destacan por su condición de monotributistas. Sólo son grandes contribuyentes al Frente para la Victoria.

Torres está registrado en la AFIP con la categoría A, que admite una facturación máxima de 12 mil pesos al año. Integra al mismo tiempo el directorio de más de una empresa. Una de ellas, Multipharma, aportó otros 310 mil pesos a la campaña de Fernández de Kirchner, aunque no atraviesa por un gran momento financiero: en los últimos seis meses, según los informes del Banco Central, le rechazaron cheques por más de dos millones de pesos. Rastreando a Torres, Crítica de la Argentina llegó hasta la Droguería San Javier, dedicada a la venta de medicamentos oncológicos y de antigua vinculación con el PAMI. Allí atendió Néstor Lorenzo, se presentó como su socio y señaló que Torres no podía atender porque se encontraba de viaje. "Pero es un militante kirchnerista. Puso la plata que hizo trabajando. No tiene nada que esconder", afirmó Lorenzo.

Pose declara más ingresos que Torres, aunque no tanto. Está registrado en la AFIP con la categoría D del monotributo. Facturación máxima: 48 mil pesos al año (si carece de otra fuente de ingresos, para contribuir con la elección de Fernández de Kirchner debió ahorrar el total de su facturación durante más de seis años). Actividad principal: Servicios de Publicidad. Los intentos de dar con un teléfono donde ubicarlo fueron infructuosos. Tampoco fue posible rastrear a Ezequiel Caja, otro monotributista, categoría B (es decir, con ingresos máximos de 24 mil pesos anuales) dedicado al servicio de bares y confiterías. Caja aportó, según la rendición del Frente para la Victoria, 16 mil pesos. En efectivo.

NO SABE, NO CONTESTA. Además de los pequeños contribuyentes al fisco que aportaron a la campaña como si fueran ricos, en los registros aparecen al menos dos personas que no se explica por qué ni cómo fueron incorporados al listado de donantes.

Claudio Omar Antunovich, director de un periódico de la zona norte del conurbano llamado Para Todos, se alteró ante la consulta. Pidió corroborar el DNI y el CUIT que aparecen junto a su nombre. Coinciden con los suyos. Antunovich no puso ni un centavo. Mucho menos, los 11 mil pesos que le atribuyeron. Miguel Loizaga, 67 años, director del diario El Heraldo del Oeste, también quedó perplejo.

–¿Donó 10 mil pesos, como afirman los listados? –le preguntó este diario.

–Nunca donaría eso. ¡Con lo que me cuesta hacer el diario! –se ofuscó Loizaga.

A otra de las aportantes, Adriana Jiménez, resultó imposible ubicarla: tiene muchos homónimos y su CUIT es inexistente: 99.9999999.9. Igual, se las arregló para aportar 12 mil pesos.

LOS IMPEDIDOS. La campaña de Fernández de Kirchner declaró un gasto total de 17 millones de pesos, cifra que según la estimación de Poder Ciudadano, organización que monitoreó el proceso electoral, resulta demasiado escueta para ser real. Sobre la fuente de sus ingresos, dijo haber sumado 2.660.000 pesos entre individuos, algo de dinero que le corresponde del Estado y otros diez millones de contribuciones de empresas.

Para evitar que los aportes provengan de compañías que (antes, durante o después) son beneficiadas con contratos del Gobierno a modo de devolución de favores, la ley establece que no pueden contribuir a las campañas las empresas que son concesionarias de obras públicas, ni tampoco las que explotan juegos de azar. También están impedidas las entidades públicas y los gobiernos extranjeros, para prevenir incidencias foráneas.

Si la famosa valija de Antonini Wilson iba destinada, efectivamente, a financiar gastos de Fernández de Kirchner como candidata, tenía unos cuantos problemas para ser declarada en forma legal: con 800 mil dólares superaba ampliamente el tope permitido por la ley, y si los fondos provenían de la petrolera venezolana PDVSA o de alguna otra dependencia del gobierno de Hugo Chávez, tampoco podían ingresar a la campaña del Frente para la Victoria.

Las restricciones que rigen para las empresas potencian la importancia de las donaciones individuales, porque la ley nada dice sobre los empleados de las compañías que están impedidas (sólo se prohíben las contribuciones de personas que hubieran sido "obligadas" a efectuarlas por órdenes de sus superiores). "Son formas de tercerizar los aportes: se hacen a través de empleados o directivos", afirmó Delia Ferreira Rubio, la principal experta argentina en financiamiento político.

En el caso de Rossini, el propietario de estaciones servicio que firmó cuatro cheques a pedido de Petrobras, se trata de un distribuidor oficial de la petrolera brasileña que no mantuvo contacto alguno con los encargados de recaudar para la campaña de Fernández de Kirchner. El trámite fue a través de Petrobrás, y allegados al empresario señalan que espera recuperar el dinero que donó. A través de un vocero, la empresa desmintió haber colaborado con la campaña: "Por política corporativa y normas de ética, Petrobras no participa ni interviene en acciones políticas o electorales; ni directamente ni a través de terceros".

LAS VAQUITAS. La petrolera YPF-Repsol no aportó a la campaña de Fernández de Kirchner, pero ocho de sus directivos (desde el máximo representante hasta el director de relaciones externas, Fabián Falco) compraron cubiertos de una comida que organizó la campaña en el Hotel Sheraton para recaudar fondos, por un total de 44.500 pesos. "Fue una contribución a título personal, que cada uno pagó de su bolsillo. La empresa no realiza aportes a actividades políticas", señaló Falco.

En Vicentín, la tercera exportadora del país de aceites vegetales del país, parece que armaron una "vaquita" para apoyar a la entonces candidata oficialista, quien inauguró una plata de biodiésel de la empresa poco antes de las elecciones presidenciales. Los diez integrantes del directorio de Vicentín aportaron 20 mil pesos cada uno.

En los listados del Frente para la Victoria aparecen mencionados directivos y empleados de diversas consultoras que contratan con organismos que dependen del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido. Es el caso, por ejemplo, de IATASA, Ingeniería y Asistencia Técnica, una firma de consultoría dedicada a proyectar y dirigir grandes obras públicas. El presidente, el vicepresidente y el director y otros cuatro empleados de la compañía aportaron, en total, 50 mil pesos.

IATASA figura en el registro de proveedores del Estado. Fue contratada en forma reciente por la Dirección Nacional de Vialidad para inspeccionar las obras de la autopista Rosario-Córdoba; y en el año 2006, por el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) para inspeccionar obras en la Ruta Nacional 8, de la provincia de Córdoba. El titular de entonces del OCCOVI, Claudio Uberti, debió renunciar por el escándalo de la valija, señalado como el responsable de haber subido a Antonini al avión que alquiló ENARSA. Jorge Donnini porta un apellido que puede esconder una broma tratándose de una rendición de aportes de campaña, sospecha alentada porque el número de su documento figura equivocado en las planillas del Frente para la Victoria. Pero es director de la consultora y proveedora del Estado Latinoconsult, que suscribió contratos en el mismo sector del Gobierno. Donnini aportó una cifra curiosa: 26.666 pesos.

LAS LAGUNAS. En Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos con controles bastante más estrictos que en Argentina sobre el dinero que fluye hacia la política, las donaciones son una fuente permanente de escándalos. Para que los votantes puedan averiguar qué intereses se mueven detrás de cada candidato en función de los apoyos económicos que reciben (el llamado "voto informado"), las campañas deben dar la información detallada antes de las elecciones.

En octubre pasado se aplicó aquí por primera vez la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos (una primera legislación en la materia se había aprobado en el 2002, pero sufrió modificaciones en el 2006). Según los expertos, la información disponible, aunque sea incompleta y parcial, y sólo se pueda obtener 90 días después de las elecciones, representa un primer paso significativo para transparentar el origen de los aportes millonarios que reciben los candidatos sin que sus votantes se enteren.

Las planillas que fueron entregadas a la justicia llevan la firma del responsable financiero de la campaña de Fernández de Kirchner, el legislador porteño Sebastián Gramajo, quien no respondió a los llamados. de Crítica de la Argentina. Si el juzgado electoral competente detecta inconsistencias en una rendición, puede aplicar como sanción la suspensión de los aportes del Estado para la siguiente elección. Pero el candidato queda a salvo de cualquier castigo: en Argentina, después de los cambios del 2006, la ley sólo obliga al partido y sus autoridades a rendir cuentas. En otros países, como Ecuador y Colombia, las cuentas poco claras pueden ser causal de pérdida del cargo para cual fue electo.

* Investigación. M.O., Rodolfo González Arzac y Andrés Fidanza.

Los sobrinos de Macri y la mamá de De Narváez están entre los benefactores

La empresa Creaurban, dedicada a los desarrollos inmobiliarios, encabeza el ranking de las compañías que pusieron plata para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. La firma que Franco Macri le vendió a sus sobrinos Angelo y Fabio Calcaterra el año pasado aportó 398.948 pesos. La misma cantidad puso Sitrack.com, de Pescarmona. En cambio, Marsans Internacional, empresa española de turismo que controla Aerolíneas Argentinas, se plantó en 398 mil: ni un centavo más. Aunque, de querer, tampoco hubiese podido ser mucho más generosa: la donación máxima permitida para las empresas es de 400 mil pesos.

En el cuarto escalón del top 20 de aportantes del Frente para la Victoria están Global Pharmacy Ser, Bristol Park, Inter. Medicina, Droguería Urbana y Multipharma. Están vinculadas al negocio de la salud y cada una entregó 310 mil pesos.

Diez mil pesos menos pusieron Karias SA, que regentea la cadena de ropa deportiva Stock Center, y London Free Zone SA –de Eduardo Néstor Taratuty dueño de concesiones de free Shops y zonas Francas en Argentina y Uruguay-. Erpa SACI, la firma que vende el tradicional pegamento Suprabond, puso sus 280 mil pesos para que Cristina Fernández llegue a la presidencia (y previsiblemente: la pegó).

La agencia de publicidad IP Corporation, presidida por Luis Mariano Brusco, socio en otras firmas de Ramiro Agulla y Carlos Baccetti, acercó 275 mil. Algo menos, 250 mil, puso La Superba SA: una sociedad de cría de ganado bovino, afincada en Luján, cuya presidenta, según la documentación publicada en el Boletín Oficial, es la madre de Francisco De Narváez –que en la elección fue aliado al macrismo bonaerense- Doris Steuer.

Otro gran donante fue el laboratorio Seacamp SA, que según informes comerciales tiene cheques rechazados por unos tres millones de pesos en los últimos seis meses: entregó 200 mil pesos. Cencosud, que controla los supermercados Disco y Jumbo, puso 25 mil, pero también entregó 180 mil pesos a través de la financiera Pacuy SA. Sigue otra empresa vinculada al rubro salud: All Medicine, con 160 mil pesos.

Cierran el ranking cuatro firmas que pusieron 150 mil. La distribuidora de energía Rafael Albanesi SA, el frigorífico Jose Manuel Díaz Herrera SA, la patagónica Transportes Vesprini y Cosk, una agencia de publicidad.

Subvaluaciones en gastos de encuestas

Las planillas con el origen de los ingresos y el detalle de los gastos se encuentran disponibles en la página de internet del Poder Judicial -www.pjn.gov.ar- donde hay que navegar el sector de la Justicia Nacional Electoral.

A nivel nacional, el Frente para la Victoria y sus aliados declararon un gasto conjunto de 17 millones de pesos, bastante por debajo del límite que rige por la ley de financiamiento de los partidos políticos, que para las elecciones de octubre del 2007 lo fijó en casi 40 millones de pesos.

"Nosotros creemos que tanto el oficialismo como el resto de los candidatos subestimaron gastos y donaciones. Subestimaron las dos cosas, porque una es consecuencia de la otra: como algunas empresas o personas no quieren o no pueden aparecer como donantes, tienen que decir que gastan menos de lo que gastan", afirmó Pablo Secchi, de la organización Poder Ciudadano, que realiza un seguimiento de las presentaciones judiciales de los distintos partidos políticos.

Como ejemplo de rubros subvaluados, Secchi mencionó la contratación de encuestas de opinión pública en sus diversas modalidades: personales, telefónicas o las cualitativas con el sistema de los "focus group". Se trata de la la herramienta que utilizan los principales candidatos para evaluar sus estrategias electorales.

Para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner se invirtieron 200 mil pesos en encuestas, según se informó oficialmente. Esa cifra alcanza para pagar apenas tres mediciones de alcance nacional.

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