Farc, Chávez y Correa: el trío del terror

Por Fernando Londoño Hoyos
El Tiempo, Bogotá

Tan pronto como ocurrieron los desgraciados hechos del 11 de septiembre del 2001, la humanidad entera reaccionó con solidaridad ejemplar y voluntad inequívoca contra los actos terroristas que ponían en peligro la paz y la seguridad del mundo. Como resultado de esa reacción universal, el Consejo de Seguridad de la ONU expidió la Resolución 1373 del 28 de septiembre del 2001, estatuto jurídico vigente en contra de los actos terroristas y de quienes los ejecutan.

A la luz de las pruebas incontrovertibles que el mundo conoce, el presidente de Venezuela y otros funcionarios y poderes públicos de esa nación hermana han incurrido y siguen incurriendo en actos flagrantes de terrorismo por su asocio, su simpatía y apoyo a las Farc.

Chávez ofreció durante años albergue y protección a Rodrigo Granda, el llamado canciller de las Farc, por cuya captura reaccionó tan violentamente como para romper relaciones comerciales con Colombia.

Venezuela se ha convertido en sitio de refugio para terroristas tan conspicuos como 'Iván Márquez' y el tal 'Timochenko'. Igualmente, permite que en su territorio acampen grupos de las Farc que trafican cocaína, siembran terror en campos y ciudades y preparan ataques terroristas contra Colombia. Pues la Resolución de la ONU ordena a todos los Estados miembros, que "denieguen refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, o prestan apoyo a esos actos".

Las parlanchinas computadoras de 'Raúl Reyes' demostraron hasta la saciedad que el gobierno venezolano, con el conocimiento y la participación activa de Hugo Chávez, estaba financiando con centenares de millones de dólares las actividades terroristas de las Farc. Pues la Resolución de la ONU no solo ordena a los Estados prevenir y reprimir la financiación de los actos de terrorismo, sino que dispone tipificarlos como delito y asegurar el enjuiciamiento "de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo". De acuerdo con la Resolución de la ONU, el paracaidista vecino no solo debería ser depuesto de su cargo, sino enjuiciado y condenado.

La Resolución 1373 prohíbe expresamente entregar armas a las organizaciones terroristas. Hugo Chávez está levantando una fábrica de fusiles y municiones para proveer a su propio ejército y a las Farc. Y cuando el presidente Uribe se preparaba para abordar el avión que lo llevaría a su lamentable cita, acababa de ser capturado un miembro del ejército venezolano, muy cercano al Ministro del Interior de ese país, con decenas de miles de cartuchos para que las Farc asesinaran colombianos. Apenas un botón para la muestra.

Está prohibido por la ONU "proporcionar todo tipo de apoyo" a los grupos terroristas. El presidente Uribe no habrá olvidado tan pronto que la Asamblea Nacional de Venezuela guardó minuto de silencio en honor de ese "buen revolucionario" que fue 'Raúl Reyes', el más vil terrorista de América. Y que el ministro Rodríguez Chacín se despidió de varios secuestradores de las Farc deseándoles éxitos en su aventura terrorista y prometiéndoles solidaridad en sus criminales empeños.

Como jefe de las relaciones internacionales, el presidente Uribe puede hacer muchas cosas. Pero no violar las Resoluciones de la ONU que lo obligan a denunciar los actos terroristas de que tenga conocimiento y que en todo caso le impiden hacer manifestaciones de particular simpatía a quienes cometen estos crímenes. Salvo, claro está, que las Farc no sean una organización terrorista, sino insurgente, en cuyo caso habríamos perdido años de diplomacia internacional para conseguir que la Unión Europea, los Estados Unidos y la propia ONU les dieran esa merecida calificación.

El viaje del Presidente a Venezuela y sus renovados afectos por el del Ecuador no son solo errores políticos. Constituyen flagrante desafío al Derecho Internacional.