El anuncio de Morales de usar la fuerza radicaliza la crisis

LA PAZ

El anuncio del gobierno de que podría recurrir a la fuerza para someter a regiones que se oponen al proyecto del presidente Evo Morales generó más zozobra en la crisis boliviana, que se radicaliza además por la llamada del departamento de Chuquisaca a un referendo autonómico que molesta a La Paz.

El vicepresidente Alvaro García Linera --presidente en ejercicio por el viaje de Evo Morales a Libia e Irán-- advirtió el sábado con ''usar la fuerza pública y la justicia'' en las regiones rebeldes donde se registraron brotes de violencia política.

El vicepresidente criticó lo sucedido en Santa Cruz, la región más rica de Bolivia y epicentro de la oposición a Morales, donde opositores se enfrentaron el viernes con simpatizantes de Morales con un saldo de varios contusos.

Otro foco de violencia política se dio en la localidad de Villamontes, en el sureste, donde también oficialistas y opositores se enfrentaron con piedras y palos.

Estos brotes de violencia surgieron tras la decisión del Ejecutivo de convocar por decreto a un referendo para aprobar una nueva Carta Magna.

Los líderes de la oposición, que está concentrada en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, señalaron que la posición del gobierno de utilizar la fuerza pública no les amedrentará y que buscarán por todos los medios frenar la consulta.

''No es con amenazas ni con esta forma de gobernar que nos tienen acostumbrados los dictadores de turno que nos van a amedrentar'', dijo Roberto Gutiérrez, segundo vicepresidente del poderoso comité cívico-empresarial de Santa Cruz citado por el diario La Razón.

Las cinco regiones rebeldes están agrupadas en el denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde) que ha convocado a una reunión para el martes en Santa Cruz para asumir una decisión en bloque sobre la situación que se vive en Bolivia.

La prefecta (gobernadora) de Chuquisaca, la opositora indígena quechua Savina Cuéllar, convocó el sábado a un referendo por autonomía para el 30 de noviembre, por el camino que ya siguieron las otras regiones rebeldes, en otro matiz que para analistas aleja mucho más la posibilidad del diálogo.

''Si las relaciones estaban deterioradas, ahora se han roto del todo. Y la posibilidad de abrir un resquicio para el diálogo resulta, hoy, en estas condiciones, una utopía'', dice el influyente diario La Razón en su página editorial.

El gobierno convocó para el próximo 7 de diciembre un referendo en que debe ser aprobada una Carta Magna que las regiones consideran ilegítima por una serie de irregularidades que se dieron en su aprobación el año pasado por una Asamblea Constituyente sin la presencia de la oposición.

En paralelo se realizará un referendo para definir la máxima extensión de las propiedades privadas (entre 5,000 y 10,000 hectáreas), lo que se convierte en un enorme problema para los grandes propietarios agropecuarios de las regiones llaneras, que son las que protestan.

García Linera dijo este domingo que en la nueva Carta Magna ''la propiedad privada se garantiza'' aunque anula ``el latifundio improductivo''.

Esa Constitución ''define un nuevo modelo económico que cierra los privilegios'', agregó.