La dictadura china reconoce 184 fallecidos en la revuelta étnica de Xinjiang
El Gobierno de la región de Xinjiang dijo que son 184 los muertos en los disturbios étnicos de los últimos días en su capital, Urumqi, los peores sufridos por China en las ultimas décadas. La dictadura china atribuyó a una anécdota con una joven han el inicio de la violencia.
Un total de 184 personas perdieron la vida y más de 1.000 resultaron heridas en los disturbios del pasado domingo en Urumqi, capital de la región de Xinjiang (noroeste de China), según informó este sábado la agencia de noticias china Xinhua.
Tras los enfrentamientos del domingo entre la etnia han, predominante en China y la etnia uigur, las autoridades del país impusieron el toque de queda por temor a un nuevo brote de la violencia que se ha cobrado la vida de 137 ciudadanos han y de 47 uigures, según este último balance no confirmado por el Gobierno chino, que especifica por primera vez la etnia de los fallecidos.
Por su parte, el miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), Zhou Yongkang, señaló durante su visita a Xinjiang que las autoridades harán todo lo posible "para ganar la difícil guerra con el objetivo de mantener la estabilidad de la región" y recordó la promesa que hizo días atrás el Gobierno chino de castigar a los responsables de los disturbios para garantizar la estabilidad en el noroeste de China.
El Comité Permanente ordenó a las autoridades "aislar y perseguir a los infractores de la ley" y "unificar y educar a la mayoría de las masas". "Los instigadores, organizadores, culpables y los criminales de los disturbios serán severamente castigados de acuerdo con la ley", concluyó el órgano.
Mientras tanto y aunque la violencia ha cesado temporalmente, la tensión se mantiene en la ciudad china donde cinco mezquitas cerraron el viernes, animando a los ciudadanos musulmanes a practicar las oraciones desde casa.
Así las cosas, el presidente Hu Jintao convocó el pasado miércoles por la noche una reunión del Comité Central del Partido Comunista chino para discutir los violentos disturbios ocurridos el domingo en Xinjiang.
Zelaya dice ahora que no buscaba la reelección con la reforma constitucional
El depuesto presidente de Honduras sigue justificándose en el extranjero y atacando al nuevo gobierno de su país. Dice ahora que con la reforma ilegal de la Constitución, que motivó su expulsión, no buscaba ser reelegido. Entre elogios a Chávez, no descarta volver a intentar su regreso.
"Eso es falso. En Honduras no hay reelección y no hay posibilidad de reelegirme" dijo, y aseguró que "plantee la necesidad de una cuarta urna para que el pueblo opine sobre desarrollo, impuestos, presupuestos y tratados internacionales".
El 28 de junio Zelaya tenía previsto realizar una consulta popular, declarada ilegal por varias instituciones del Estado, en la que preguntaría a los ciudadanos si querían que se instalara una cuarta urna en las elecciones de noviembre próximo. En dicha urna los hondureños dirían si deseaban la instalación una asamblea nacional constituyente para reformar la constitución.
Zelaya, quien el día de la consulta fue expulsado del país por el ejército hacia Costa Rica, con el aval del Supremo, dijo que siguió adelante con la consulta porque "un ser humano que no lucha por sus principios no vale nada".
El mandatario depuesto concedió la entrevista al diario costarricense minutos antes de abandonar el país, tras su reunión del jueves con el presidente costarricense, Óscar Arias, en el marco de la primera jornada de un diálogo que busca solucionar la crisis en Honduras y que concluyó el viernes sin un acuerdo, pero con la voluntad de continuar conversando.
Reiteró que su intención es volver al poder, como lo ha exigido la comunidad internacional, y acusó a los "grupos económicos que se oponen a reformas sociales en Honduras" de gestar un golpe y utilizar al ejército para ello. "La clase gobernante que no pasa de 10 familias y dominan la energía, las telecomunicaciones y los bancos, son los ejecutores del golpe, los que pagaron", expresó.
Por otro lado, Zelaya negó que el presidente venezolano, Hugo Chávez, tuviera injerencia durante su gobierno, pero dijo que es su amigo y respeta su liderazgo. Dijo que quien sí tiene injerencia en Honduras es Estados Unidos, pero no aclaró de que forma. De acuerdo con La Nación, Zelaya viaja en un avión facilitado por Venezuela, acompañado por el vicecanciller de ese país, Francisco Arias Cárdenas.
Acerca del diálogo y la mediación de Óscar Arias, el presidente depuesto se mostró "positivo" porque "queda abierta una ventana" para encontrar una solución y confirmó que nunca planeó reunirse en Costa Rica con Roberto Micheletti, quien ejerce la presidencia hondureña tras haber sido nombrado por el Congreso.
Uno de los principales objetivos de Arias en la primera jornada de diálogo era sentar en la misma mesa a Zelaya y Micheletti, lo cual no consiguió, aunque ambas figuras se reunieron con él por separado y nombraron comisiones para el diálogo.
Diálogo de Honduras en manos de emisarios
By LAURA FIGUEROA
TEGUCIGALPA, Honduras
Incapaces de aceptar reunirse frente a frente, los dos hombres que pugnan por ocupar el cargo de presidente de Honduras dejaron la batalla en manos de emisarios.Del lado del derrocado presidente Manuel Zelaya está una vehemente ex ministra de Relaciones Exteriores que ha arengado a las multitudes con discursos que piden populismo en el empobrecido país centroamericano. Por otra parte, del lado del presidente provisonal Roberto Micheletti se encuentra una imponente ex jueza de la Corte Suprema que afirma que se obedecieron las leyes al sacar del poder a Zelaya.
Ambas partes decidieron tomarse un descanso de fin de semana tras dos largos días de discusiones en la casa en San José, Costa Rica del presidente de ese país, Oscar Arias, quien funge como jefe mediador de las conversaciones.
Tanto Zelaya como Micheletti se mantuvieron alejados de la confrontación.
''No se reunieron cara a cara'', dijo un diplomático extranjero que está al tanto de las discusiones. ``Hubiera sido un verdadero choque de trenes. Ambos hombres son demasiado testarudos y no quieren ceder en sus posiciones''.
Las negociaciones serán manejadas en su lugar por una delegación de cuatro miembros que cada parte nombró. Sin embargo --incluso con un Premio Nobel de la Paz como intermediario-- muchos cuestionan cuan útiles serán los miembros de ambas delegaciones en hallar un terreno común cuandorepresenten las facciones más leales a cada uno de los dos.
''Esto podría demorar más de lo que se había pensado'', dijo Arias el jueves por la noche.
Las delegaciones se reunieron de nuevo el viernes en la casa privada de Arias, pero luego de seis horas de discusiones optaron por tomarse libre el fin de semana, un plan final sobre cuando se reanudarán las conversaciones. La delegación de Zelaya propuso celebrar la segunda ronda de negociaciones en Honduras.
Zelaya designó a su canciller Patricia Rodas a la delegación. Muchos en el país han calificado a Rodas como la ''principal chavista'' del gobierno de Zelaya, cuyos enardecidos discursos ayudaron a que Zelaya siguiera rumbo al socialismo. El presidente venezolano Hugo Chávez es un aliado clave de Zelaya.
En lugar de quedarse en Costa Rica para seguir participando en las negociaciones, Rodas, que tras el derrocamiento de Zelaya está viviendo como exilada en México, dejó el país temprano el viernes.
''Mel era un hombre de pueblo hasta que empezó a escuchar a Patricia'', dijo José Luis Rodríguez, que vive en Tegucigalpa. ``Usaba trajes y zapatos muy lustrosos, y era un político respetado. Pero comenzó a dejar que ella lo influyera, y de repente empezó a usar sombreros de vaquero y a convertirse en el mejor amigo de Chávez''.
Otros de los miembros de la delegación que nombró Zelaya son Milton Jiménez, ex ministro de Relaciones Exteriores, Sylvía Ayala , congresista del Partido de Unificación Demócrata --de minoría izquierdista--, y Salvador Zúñiga, líder indígena.
Los nombrados por Micheletti incluyen a Vilma Cecilia Morales, ex presidenta de la Corte Suprema; Carlos López Contreras, ex ministro de Relaciones Exteriores; el empresario y político Arturo Corrales, del Partido Demócrata Cristiano, de tendencia centrista, y el líder del Partido Liberal Mauricio Villeda.
Después de reunirse por separado con Arias el jueves, tanto Zelaya como Micheletti no perdieron tiempo al tratar de pregonar su imagen como la del Presidente que necesita el país.
Micheletti regresó con urgencia a Tegucigalpa porque ''el pueblo tiene que escuchar a su líder'', mientras Zelaya viajaba a República Dominicana para buscar allí apoyo del presidente Lionel Fernández.
En una entrevista exclusiva con The Miami Herald a bordo del avión charter de nueve asientos que lo llevaba de vuelta a casa, Micheletti dijo que se sentía decepcionado con la conversación de unas tres horas que había sostenido con Arias.
''Piensan que hemos cometido un error, pero me parece que hemos actuado dentro de los parámetros de las leyes de nuestra república'', expresó Micheletti. ``Tenemos nuestra Constitución, nuestras leyes, y me parece que en cuanto el mundo se dé cuenta que estamos actuando de acuerdo con nuestras leyes, las cosas cambiarán''.
Aunque no ha sido reconocido por ningún gobierno como presidente legítimo de Honduras, Micheletti dijo que espera que las charlas en Costa Rica le brinden a su gobierno la oportunidad de exponer y defender su caso. De igual modo, les pidió a los hondureños en EEUU que ''sigan enviando remesas'' a sus familiares, pues es una forma de mantener el flujo de efectivo.
El corresponsal independiente de The Miami Herald Alex Leff contribuyó a este reporte desde San José, Costa Rica.
Zelaya: bajo la sombra de las acusaciones
Aunque el depuesto presidente Manuel Zelaya prosigue con su vocinglera campaña para volver a la presidencia de su país y terminar los últimos seis meses de su mandato, el secretario de Justicia de esta nación sigue recolectando pruebas que pudieran poner a Zelaya tras las rejas --o mantenerlo callado-- durante años.
Zelaya y en presidente interino Roberto Micheletti fueron el jueves a Costa Rica para empezar a negociar una salida a la crisis política del país. Pero el Congreso y otra ramas del gobierno han sugerido que algunas cosas no son negociables, como deponer los cargos para que Zelaya pueda regresar.
El secretario de Justicia adjunto Roy David Urtecho, nombrado bajo el gobierno de Zelaya, dijo que su oficina resistiría enérgicamente cualquier presión que buscara lenidad.
"Sólo el Congreso puedo extender aministía'', dijo. "Pero nosotros tomaremos todas las medidas legales necesarias para que ninguna acusación que se haya hecho, o se vaya a hacer, contra un funcionario público quede impune''.
Zelaya afronta cuatro cargos: abuso de poder, traición, usurpación de de poderes e intentos contra la forma de gobierno.
Sólo la traición y los intentos contra la forma de gobierno pudieran considerarse cargos "políticos'', han dicho expertos legales.
Los problemas legales de Zelaya se derivan de un solo problema: su agresiva lucha por un referendo nacional que, según confiaba, le hubiera permitido reformar la constitución.
En lo que el Congreso y los tribunales bloqueaban legalmente cada uno de sus pasos, Zelaya cambió de táctica, hizo caso omiso de los fallos y despidió a los que se interponían en su camino. Todo culminó el 25 de junio cuando congregó a sus partidarios para entrar por la fuerza en un edificio del gobierno que estaba bajo guardia y apoderarsedel confiscado material para el referendo.
Fue la gota que rebosó el vaso.
El 26 de junio, el Tribunal Supremo ordenó su arresto, según documentos provistos por la oficina de la secretaría de Justicia. En la mañana del 28 de junio --el mismo día en que se suponía tuviera lugar el referendo-- un grupo de soldados escoltó a punta de pistola a Zelaya a un avión que lo condujo, en pijamas, a Costa Rica. Además de eso, el jefe de despacho de Zelaya, Enrique Flores Lanza, está acusado de abuso de poder y mal uso de fondos públicos por haber retirado 40 millones de lempiras (unos $2.2 millones) en efectivo del Banco Central, cuatro días antes de la caída de Zelaya.
Urtecho dijo que pudieran haber más cargos. "Hemos recibido reportes sobre contratos gubernamentales que violaban la ley'', dijo. "Pero toda la documentación que nos hacía falta estaban en manos de los funcionarios que dejaron sus oficinas el 28 de junio''.
Desde la salida de Zelaya, muchos de sus ministros han huido y todo el gabinete ha sido reemplazado.
Los partidarios de Zelaya ven los cargos como una maniobra para impedir cualquier negociación.
"Los tribunales y el secretario de Justicia trabajan para Micheletti y hay una total falta de transparencia en el sistema legal'', dijo Eduardo Enrique Reina, secretario privado y ministro de comunicaciones de Zelaya en una llamada telefónica. "El mecanismo legal que usaron para salir de Zelaya fue una ametralladora''. Samuel Zelaya, un organizador de protestas no vinculado con el presidente, dijo que algunos de los documentos legales producidos por el gobierno son sospechosos. Aunque la orden de arresto del presidente tenía fecha 266 de junio, nadie sabía de ella. En realidad, Zelaya tuvo una conferencia de prensa con miembros del cuerpo diplomático el 27 de junio. "Si cualquira hubiera sabido sobre esa orden no hubieran estado allí'', dijo. El documento sólo se hizo público tras la salida de Zelaya del país.
Aunque Micheletti sostiene que la deposición de Zelaya fue legal y acorde a la constitución, Zelaya insiste en haber sido víctima de un golpe.
Y la misma discusión se desarrolló el viernes en Washington. Los republicanos de la subcomisión de Relaciones Exteriores rechazaron las sugerencias de que la deposición de Zelaya había sido ilegal, alegando que los militares habían obedecido órdenes de arresto.
"Poco a poco, el mundo está tomando consciencia de lo que a primera vista parecía una usurpación militar de la democracia era, en realidad, la culminación del proceso democrático'', dijo el representante Chris Smith, R-New Jersey. Pero los demócratas observaron que hasta un alto jefe militar hondureño había reconocido que probablemente la operación militar fuera ilegal.
"Los militares no debieron de haber depuesto al presidente Manuel Zelaya y haberlo sacado del país'', dijo el presidente del Comité Rep. Eliot Engel, de Nueva York. ‘‘Podemos discutir los eventos que llevaron a la deposición del presidente Zelaya, y espero hacer justamente eso. Pero, al final, nuestro hemisferio no puede tolerar lo que es, en esencia, un golpe militar''.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas también han condenado la deposición y llamado al regreso de Zelaya.
En una conferencia de prensa el viernes, el presidente de la Asambles de la ONU Miguel D'Escoto sugirió que una solución de la crisis pudiera estar en proceso. Pero son pocos los que han manifestado optimismo. o
Aunque la presión puede estar dirigida a influir las conversaciones, ha tenido poco impacto en los legisladores hondureños. Los dirigentes del Congreso de Honduras han dicho que no es probable que se ofrezca aministía.
"Puedo comprender una amnistía en temas polítricos'', dijo toribio Aguilera, un influyente congresista del partido PINU, que se opuso a la deposición de Zelaya.
"Pero ¿por malversación de fondos? ¿Por robo? ¿Por corrupción? No veo como pudiéramos hacerlo''.
Chávez arrecia ofensiva contra medios privados
Por CASTO OCANDO
cocando@elnuevoherald.com
Una abrumadora ofensiva oficial contra la prensa en Venezuela alcanzó esta semana un nivel sin precedentes, con la posibilidad real de cierre para centenares de emisoras de radio y televisión y crecientes presiones contra medios impresos.
Las medidas recientes, anunciadas por el gobierno y entidades como la Fiscalía General y la Asamblea Nacional, abarcan desde la regulación de la televisión por cable hasta la cancelación de concesiones de radioemisoras privadas, pasando por una reforma de media docena de leyes para ampliar las prohibiciones y endurecer las sanciones contra medios de comunicación.
En la más reciente medida que entró en vigencia este viernes, el ministro de Infraestructura, Diosdado Cabello, que preside el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dijo que en adelante los canales internacionales que transmiten programación a través de los sistemas de cables en Venezuela estarán sujetos a regulaciones locales y podrán ser sometidas a control si los contenidos son considerados ilegales por el gobierno.
En declaraciones a la televisión estatal, Cabello advirtió también que cualquier falla que presenten las señales de las estaciones oficiales Telesur y Venezolana de Televisión en los sistemas por cable, tales como interferencia del sonido o imagen borrosa, será interpretada como una agresión y generará sanciones contra los proveedores de cable.
Poco después de estas declaraciones de Cabello, la diputada oficialista Iris Varela denunció "diversos'' tipos de sabotajes en las emisiones de las emisoras estatales de radio y televisión. Igualmente, Varela destacó que el canal privado RCTV "se ve en señal abierta'' pese a haber perdido la concesión.
Al respecto, el presidente de la Cámara Venezolana de la Televisión por Suscripción, Mario Seijas, aclaró que "se han registrado fallas en la transmisión'' de ambas emisoras, pero descartó el sabotaje.
"No hay intención absoluta de sabotear ninguna señal'', dijo Seijas, de acuerdo con un cable de EFE. "Se tomarán medidas como mantener personal técnico 24 horas para reparar daños en los canales que están al aire''.
Cabello, considerado el segundo hombre del gobierno de Hugo Chávez, ratificó también que un total de 240 radioemisoras, entre ellas 86 de frecuencia AM y 154 de FM, perderán su concesión debido a que "no actualizaron sus datos'', en declaraciones a la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).
Una medida similar de suspensión de la concesión se producirá contra otras 45 estaciones de televisión que transmiten en frecuencias de VHF y UHF en todo el país.
En suma, las emisoras que podrían perder la concesión representan el 40 por ciento del total bajo control privado en el país, indicó un informe de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión dado a conocer el viernes.
El argumento principal del gobierno estriba en que ninguno de estos medios actualizó sus datos ante Conatel antes del plazo establecido para el 23 de junio. Según Cabello, las emisoras "están operando ilegalmente'', por lo cual sus equipos serán decomisados y se les prohibirá operar las estaciones por un período de cinco años.
Cabello dijo también que de ahora en adelante no se permitirán circuitos radiales con más de tres emisoras en todo el país.
"Vamos a democratizar el uso del espectro radioeléctrico [. . .] Estamos empeñados en erradicar el latifundio radioeléctrico'', indicó Cabello, argumentando que en Venezuela 27 familias controlan "más del 31 por ciento del espectro radioeléctrico''.
El anuncio de Cabello se sumó a una propuesta de la fiscal general Luisa Ortega Díaz la semana pasada, para poner en vigencia una ley "contra delitos mediáticos'' y sancionar a medios que divulguen información que pueda ser considerada "ofensiva'' o ‘‘con fines desestabilizadores'', según afirmó en una conferencia de prensa el viernes antepasado.
De acuerdo con el actual Código Orgánico Procesal Penal (COPP), "todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra será castigado con prisión de dos a cinco años''.
Pero, según Ortega, estas medidas "son insuficientes''.
El anuncio de Ortega se produjo como reacción a una campaña de anuncios publicitarios promovida por las organizaciones no gubernamentales Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) y AsoEsfuerzo, contra la Ley de Responsabilidad Social que discute actualmente la Asamblea Nacional, denunciando que es contraria a la propiedad privada, y que se trata de una "ley cubana''.
En una de las piezas publicitarias producidas por Cedice-Libertad y AsoEsfuerzo y transmitidas por varios canales de radio y televisión la semana pasada, aparecen varias personas semidesnudas, entre ellas una mujer embarazada, para simbolizar que la nueva ley social "te quita lo que es tuyo''.
Inmediatamente después de la transmisión de la pieza publicitaria, Conatel ordenó que se prohibiera su retransmisión, y anunció severas sanciones contra los medios que la publicitaron, además de una investigación penal contra las ONG que promovieron la campaña.
Esta diatriba coincidió con una serie de ataques directos a medios impresos y al canal de televisión Globovisión, que podría ser cerrado "en cualquier momento'', según dijo esta semana a El Nuevo Herald su director ejecutivo Alberto Ravell.
En el estado Carabobo, los diarios El Carabobeño y Notitarde fueron objeto de ataques por parte de activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en represalia por la cobertura que estaban dando de la situación de Honduras, según publicaron los mismos diarios en sus ediciones electrónicas el jueves 2 de julio.
En otro episodio, el pasado lunes agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) allanaron el diario El Aragüeño, en el estado central de Aragua, bajo el pretexto de una investigación contra el grupo Sindoni, propietario del rotativo.
Miguel Henrique Otero, presidente del diario El Nacional, uno de los más importantes del país, dijo a El Nuevo Herald que el gobierno mantiene una presión constante contra anunciantes que "osan publicar'' un aviso en dicho medio.
La ofensiva contra los medios privados abarca también reformas legales promovidas por varias instancias oficiales del gobierno, advirtieron expertos.
Al menos, seis legislaciones relacionadas con las actividades de los medios de comunicación privados serán reformadas para incluir mayores regulaciones y sanciones, dijo el experto Marcelino Bisbal, académico de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.
Además de la Ley de Delitos Mediáticos, Bisbal dijo que el gobierno anunció la reforma de la Ley de Periodismo para imponer regulaciones al ejercicio de la profesión; y del Código Orgánico Procesal Penal, para incluir sanciones hasta ahora no consideradas contra actividades que pudieran ser interpretadas como contrarias a los intereses del gobierno.
Bisbal agregó que un nuevo articulado para regular las comunicaciones a través de plataformas de internet será incorporado en la reforma a la Ley de Comunicaciones, Informática y Servicios Postales.
También la Ley de Cultura y la Ley de Educación incorporarán aspectos para regular los contenidos difundidos a través de medios privados.
"Hay toda una arremetida jurídica que se viene encima, una escalada sin precedentes en la historia política del país'', dijo Bisbal.
Friday, July 10, 2009
Lo que Insulza olvidó
Por Plinio Apuleyo Mendoza El Tiempo, Bogotá
¿Fue una torpeza? Sin duda. Sacar de su cama a punta de fusil a un presidente y enviarlo al exterior en piyama es un acto que nos recuerda los clásicos cuartelazos de otros tiempos en América Latina.
Pero es también una torpeza que, sin ver otra cosa que la abrupta acción militar, gobiernos, medios de comunicación, la OEA y la ONU se precipitaran a calificar lo ocurrido en Honduras como golpe de Estado. Lo siguen llamando así sin tomar en cuenta que en aquel país todas las instancias propias de un Estado de derecho -el Congreso, la Corte Suprema, la Fiscalía, la Procuraduría, el Tribunal electoral, para no hablar de los partidos y la Iglesia- habían aprobado la destitución de Manuel Zelaya.
Lo hicieron para defender la democracia y no para atentar contra ella; para cumplir con la Constitución y no para desconocerla, pues la Carta Magna vigente en Honduras establece que un presidente no puede ser reelegido y que tal norma constitucional es inmodificable. Aun si se buscara apelar a una Asamblea Constituyente, tal convocatoria no puede hacerla el presidente sino el Congreso. El artículo 239 es contundente: "El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos".
Esto era exactamente lo que se proponía Zelaya, aconsejado por Hugo Chávez. Su convocatoria de una consulta popular para abrir paso a una constituyente representaba una ruptura constitucional desde dentro. Dispuesto a todo, Zelaya trajo de Venezuela urnas y papelería electoral. Con esto pretendía no sólo su prohibida reelección, sino sumarse a la llamada 'banda de los cuatro' -Chávez, Morales, Correa y Ortega- y a su tétrico socialismo del siglo XXI.
Pues bien, pese a que Zelaya fue depuesto por instancias legítimas de su país, José Miguel Insulza, secretario de la OEA, insiste todavía en ordenar su restitución como "Presidente legítimo y constitucional". En cambio, nada ha dicho ni hecho para denunciar los constantes atentados a la democracia que comete Hugo Chávez y el rumbo dictatorial que cada día toma su gobierno, cuando asume el control de todos los poderes y del sistema electoral, desconoce los fueros de los alcaldes elegidos por la oposición, inhabilita candidatos, cierra canales de televisión y ahora amenaza a 285 emisoras, acorrala a la sociedad civil e impone como dogma su pensamiento en los centros educativos.
Por ese camino van Morales, Correa y Ortega. Por cierto, es el camino de Cuba, país que fuera expulsado de la OEA por contrariar todos los principios de su Carta Democrática. Aunque el gobierno de los Castro no ha dejado de ser una dictadura, el incongruente señor Insulza buscó el regreso de ese país a la OEA.
¿Hay derecho a abrir la puerta a Cuba y, en cambio, asfixiar a la pequeña Honduras por no querer enrumbarse hacia el socialismo del siglo XXI? Dirán los 'mamertos' de siempre que la mía es una posición de extrema derecha. Pues no es así. Personajes de izquierda como el profesor e internacionalista venezolano Demetrio Boersner (enemigo del imperialismo y del capitalismo salvaje, según su propia declaración) se manifiesta al respecto y escribe en el diario Tal Cual, dirigido por Teodoro Petkoff: "En Honduras el presidente Zelaya, elegido en forma legítima, se dejó sobornar por la oferta de apoyo del eje Cuba-Venezuela para elevarse a una posición de poder autocrático, integrándose de esta manera a un proyecto de expansión totalitaria en la región".
Insulza, muchos gobiernos y el estrepitoso mundo mediático padecen, pues, de una extraña miopía política que les impide ver el peligro donde realmente está.
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