Carlos Salinas, neoliberalismo y populismo
Hace poco el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, enemigo público número uno del país, publicó su más reciente libro, Demcracia republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana, curioso título para una obra escrita por uno de los presidentes que los intelectuales de México y América Latina catalogan como neoliberal. Quizá lo más interesante no es el contenido de su ensayo, sino la reacción por parte de los medios de comunicación, los opinadores y los mexicanos en general. En algún punto de la historia el que era conocido como el presidente que había traído la modernidad al país, de pronto se convirtió en una figura que inspira un miedo metafísico en toda la población. De Salinas se dice que controla al país en las sombras, conspira contra los buenos políticos, impone a los presidentes, trajo el perverso neoliberalismo junto al nefasto TLC y, por si fuera poco, provoca terremotos cada vez que regresa a México. Los conspiranoicos no podrían estar más felices: su fetiche está de vuelta en los reflectores. Ahora se dice que la publicación de su libro no es más que una mera pantalla para que él pueda intervenir en las elecciones de 2012, apoyando quizá a Enrique Peña Nieto, actual gobernador del Estado de México.
Periódicos tan lamentables como La Jornada, El Universal y Proceso (este último revista política) tienen centenares de artículos y cartones de moneros pronosticando el final de los tiempos. Furibundos articulistas expresan cuán peligrosa es la presencia de Salinas en el país y para eso recuerdan aquellas historias del fraude electoral y de la pérdida de la soberanía.
Hay algo de legítimo en toda esta molestia: durante la presidencia de Salinas por fin se estaba saliendo de una crisis, producto del populismo durante la década de los setentas y que en realidad se remonta a los tiempos del así llamdo desarrollo estabilizador, una etapa de gran crecimiento y baja inflación, periodo en el que las distorsiones en la economía real, provocadas en gran parte por un mal manejo en la política cambiaria y la falta de competitividad, fueron el motivo de un largo ciclo económico. Se decía que México, depués de aquellos momentos traumáticos, por fin estaba ingresando al primer mundo. Años más tarde, en diciembre de 1994, apenas finalizada la presidencia de Salinas, se hizo presente una de las peores crisis económicas, que además tuvo consecuencias a lo largo de Latinoamérica. El mito había caído y el liberalismo comenzó a caer en descrédito. Sumado a esto, la firma del Tratado de Libre Comercio supuso una polémica que hasta hoy subsiste como efecto del dogmatismo de los mexicanos, que ven en el campo al México profundo, a ese espacio que debería ser nuestro y de nadie más. Poco importa si después de más de una década de TLC el país ya sea mayoritariamente de clases medias y que en la actualidad es posible adquirir una enorme variedad de productos que antes no existía, a precios mucho más bajos que en el pasado.
Hace poco la reconocida escritora mexicana Sabina Berman entrevistó a Carlos Salinas en su programa Shalalá. Quizá es una de las mejores charlas que se han tenido con el expresidente. No porque Sabina sea especialmente brillante en temas económicos - en realidad ignora muchas cosas -, sino por la inteligencia de su discurso. Hablaron sobre todo del nuevo libro. En un momento ella le preguntó el porqué de ese título, ¿cómo era posible que Carlos Salinas se pusiera ahora en contra del libre mercado a ultranza? El expresidente, que no paraba de hacer comentarios sobre el malbec que estaban tomando, dijo que era necesario despojarnos de los dogmas del neoliberalismo y el populismo, para así construir una sociedad basada en la participación ciudadana. Es decir, no dijo nada relevante que no hayamos escuchado. Para Salinas el libre mercado irrestricto puso de manifiesto su naturaleza cíclica e inestable en la crisis de 2008, de tal modo que es necesario repensar la manera que se hace la economía, dotando a las políticas públicas de un sentido social sin caer en el neopopulismo de corte chavista. En pocas palabras, construir una economía social de mercado.
Sabina Berman, que siempre ha militado en la izquierda socialdemocráta, se burlaba de los conservadores norteamericanos, sobre todo de la gente que encabeza al Tea Party. Salinas, como era de esperar, le daba la razón. En un momento ella, haciendo gala de su desconocimiento de temas económicos, dijo a modo de burla "es que ahora los liberales dicen que el welfare es socialismo". Salinas, el neoliberal consentido de México, volvió a darle la razón. Ya lo decía Huerta de Soto, la definición marxista del socialismo es anacrónica y debe superarse. Hoy al socialismo se lo entiende como todo sistema de coacción en materia institucional, política y económica. El welfare, por más que economistas que han ganado el premio Nobel, como Amartya Sen, hayan hecho una apología del estado de bienestar, es hoy por hoy una de las caras del socialismo. La idea de John Rawls sobre la naturaleza de la ayuda que debe prestar el Estado es vulgar. Dice Rawls que, si las personas desconocieran de cuestiones legales o económicas, todo mundo apoyaría el welfare; por tanto Rawls concluye que no hay nada mal con las políticas redistributivas. Tal es el pensamiento que la socialdemocracia y los keynesianos han promocionado. Se olvidan Rawls, Amartya y toda la gente de izquierda, que las políticas redistributivas atentan contra algo más profundo: los derechos naturales, la propiedad y la libertad. El welfare es socialismo. Si es bueno o malo económicamente hablando, es otro tema.
La presidencia de Carlos Salinas, la de Ménem en Argentina y la de Fujimori en Perú son consideradas neoliberales porque, en mayor o menor grado, dieron inicio a una etapa más agresiva de desregulación, privatización y liberalización del comercio. Esto, no obstante, nubla la verdadera naturaleza del mal llamado neoliberalismo. Salinas tenía precios oficiales y un tipo de cambio artificialmente apreciado, algo que cualquier liberal condenaría. Es pecisamente la pretensión de los gobiernos por controlar la economía lo que genera las distorsiones que han de culminar en la crisis. Respecto al tema, Ludwig von Mises desarrolló muchos años atrás el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en un régimen socialista, que bien puede extrapolarse a toda autoridad central que pretende dirigir los mercados - llámense bancos centrales y gobiernos que inciden en los precios.
Hay varios hechos irrefutables. La crisis de 1994 no fue, como insiste Salinas, consecuencia de la devaluación imprudente que Ernesto Zedillo anunció mal momento, sino la manifestación de una economía endeble que crecía por encima de sus posibilidades como efecto de las distorsiones y de una expansión artificial del crédito; la devaluación y posterior catarsis sólo fueron un reajuste necesario de una economía que por fuera parecía liberal y que por dentro se encontraba fuertemente manipulada. A pesar de la crisis, México es hoy un país más rico, con más poder de compra y con una estabilidad que no había sido vista en décadas. La crisis de 2008 no es consecuencia de la desregulación, sino del intervencionismo monetario.
El reto no es crear una economía social de mercado ni hablar de algo tan abstracto como la participación ciudadana. Ésta y las siguientes generaciones tendrán que seguir luchando por reivindicar la libertad, sobre todo ahora que la incomprensión de los economistas y la ignorancia de los intelectuales amenaza con traer de regreso las prácticas peligrosas que ya en algún momento de la historia demostraron que el intervencionismo es lo peor que puede ocurrirle a la economía.
Las leyes contra los vicios y el supuesto dogmatismo liberal
Las leyes contra los vicios y el supuesto dogmatismo liberal
Hay mucha razón en este último argumento y es sobre todo importante para analizar las repecusiones a nivel legal y económico. Hoy en día son muy populares las leyes que se crean con el fin de volver del ciudadano una persona más saludable y virtuosa. Recientemente en España se aprobó una ley antitabaco que prohíbe fumar en espacios cerrados y en algunos abiertos. Esto lo conocemos los mexicanos de sobra y, además, ahora las empresas se ven obligadas a poner en las cajetillas de cigarros imágenes de cuerpos en descomposición para así alertar a la población. O las leyes antigordos con las que, prohibiendo que en las escuelas se venda comida chatarra, se pretende que no haya más obesidad. Por otro lado, aquellos que defienden estas medidas suelen escudarse bajo una serie de argumentos: 1) es deseable que la gente sea saludable y que el Estado vele por eso; 2) fumar afecta a los no fumadores y, por lo tanto, se está violentando a un tercero; 3) en los países avanzados ya hace tiempo que se aplican estas medidas. Todas son falacias.
En cuanto al punto 1), es un hecho que en un mundo ideal todos seríamos sanos. No obstante, como ya se dijo anteriormente, que el Estado haga uso de la fuerza para impedir una acción que le compete sólo a un individuo es violentar el principio de la no agresión. Este es un punto que difícilmente admite discusión. Aquellos que insisten desconocen por completo la diferencia entre la moral, que es algo subjetivo y personal, y la ética, que es universal y que descansa sobre la no agresión a los derechos naturales. Imponer una moral sobre un tercero es trastocar ese principio.
El punto 3) es una falacia del tamaño de una catedral. Los países más avanzados y en teoría liberales pueden tener leyes represivas fundamentalmente porque el Estado por definición se opone al individuo.
El debate respecto a la prohibición del vicio no es sólo económico, aunque mucho hay de eso. Las políticas que intentan castigar los productos como el alcohol, el tabaco y - supongamos - las drogas por la vía de los precios, además de ser violentas, tienen efectos negativos sobre la economía. Los impuestos al tabaco y al alcohol, que en teoría buscan desincentivar el consumo, no toman en cuenta en su totalidad dos cosas. La primera es que estos bienes son muy inelásticos, por lo que un aumento en los precios no reducirá en gran medida su demanda. Esto se ve con buenos ojos respecto a la recaudación, pero es aquí donde aparece el segundo punto: que todas aquellas políticas que distorsionan los precios, la información económica, se traducen en mercados negros. Suena extremo pero no lo es. En México y muchas partes del mundo se venden cigarros por separado en las calles o en las tiendas pequeñas, precisamente por las demandas individuales son tan inelásticas que los consumidores seguirán buscando estos productos. El mercado ha creado una solución que no era deseable y que no se hubiera dado en un contexto de libertad.
¿Tiene razón Silva-Herzog al decir que la legalización de las drogas no eliminaría el problema del narcotráfico? No del todo. El tráfico de drogas responde a la prohibición en numerosos países y a que, no importa lo que haga el Estado, siga existiendo demanda. Lo más probable es que estos problemas serían mucho menores si los vicios fueran legales. Claro, el libre mercado no crea sociedades perfectas porque los individuos no pueden serlo. Tal y como decía en el mismo programa Carlos Elizondo Mayer-Serra, a quien conocimientos de economía no le faltan, el problema de ciertos bienes es que generan externalidades negativas. ¿Cómo se combaten las externalidades? Hay tres opciones principales: impuestos pigouvianos, internalizando las externalidades y creando mercados. Se ha demostrado que las últimas dos opciones son las más eficientes.
No es que los liberales sean maniqueos o dogmáticos. El problema real es la incompresión de muchas personas, intelectuales y académicos incluidos, de aspectos fundamentales de la ética y la economía.
El Rector Narro no sabe Economía
El Rector Narro no sabe Economía
El rector de la UNAM, José Narro Robles reprochó el decreto de deductibilidad de colegiaturas de escuelas privadas . Su argumento en contra es que esos 13,000 millones que el gobierno tendrá que devolver bien podrían ir a duplicar la educación superior para el 2020.
Explicó que cuando los rectores de las universidades públicas piden la mitad de esos recursos, “nos dicen que no hay dinero y cuando se tiene una prioridad, siempre se ha encontrado la manera de tener el financiamiento correspondiente”.
Ante especialistas de la educación superior de América Latina y Europa, el rector Narro Robles explicó que el país necesita de manera “urgente modificar el rumbo” para insertarse en la sociedad del conocimiento
De lo que no habla el Dr. Narro, es que su universidad la UNAM, no importa que lugar tenga académicamente en el ranking mundial, y no sólo la UNAM, incluso también las privadas, son en México fábricas de desempleados o subempleados, o bien estudian para algo y terminan haciendo una cosa completamente distinta. Esto es, un inmenso dispendio de recursos públicos, y lo peor humanos. Los jóvenes invierten cuatro o cinco años de sus vidas preparándose para ser profesionistas y al no encontrar acomodo en su profesión tienen, que emplearse en lo que sea, y al sueldo que sea. Tuvieron su educación “gratis”, y ahora encuentran empleos también casi “gratis” para sus empleadores, y es que hay tantos licenciados de todo, que ¿Por qué se les va a pagar más, si hay miles que están dispuestos a emplearse casi “gratis”?
Y es que hoy en día, el sueño universitario ha sido cancelado. El soñar con tener un título que abrirá las puertas de la prosperidad no es ya una realidad, salvo en contados casos y más como una excepción que como una regla.
La razón de todo esto es muy simple, dramáticamente simple, el laboral es un mercado, y funciona le guste a Narro o no siguiendo las leyes de la oferta y la demanda. Si la UNAM y las universidades públicas y privadas aumentan la oferta de profesionistas pero no lo hace la demanda de ellos, el resultado será que quedarán sin empleo. Narro quiere aumentar al doble la matricula de estudiantes universitarios, pues Narro debería de pensar como hacerle para que la demanda de esos profesionistas aumente en esa proporción, si esto no sucede así, ese doble de profesionistas, serán el doble de desempleados. Finalmente el objetivo de una universidad es capacitar a la gente, facultar para que los individuos adquieran capital humano, esto es, habilidades que sean valoradas por los demás y que les permitan obtener un flujo de efectivo en el futuro, esto es riqueza. Pero si las personas que tienen determinadas habilidades o conocimientos son muchas, la valoración del individuo cae y o no encuentra empleo o tendrá que emplearse con un salario mucho menor al esperado.
En efecto, eso no está a discusión, la educación y capacitación es un factor importante, el principal, para abatir la pobreza. Pero debe enfáticamente establecerse que es condición necesaria pero no suficiente, si no fuera así Cuba, y en su momento la Unión Soviética, serían países asombrosamente ricos, pero no lo son, ¿Por qué? Por qué no obstante que se tiene el capital humano, no hay quien lo aproveche, es decir no hay crecimiento económico y aunque hay oferta de capital humano valioso no hay la contraparte en la demanda, los gobiernos comunistas siempre mostraron una absoluta incapacidad de generar crecimiento económico, que prueba que en la práctica, el Estado rector de la economía y/o que sea poseedor de los recursos para la producción es un inmenso fiasco. Lo mismo que está ya sucediendo aquí, y en todos los países como España, Francia en que el Estado Benefactor implantado por los socialistas es un enorme freno al desarrollo económico.
Por tanto, la segunda premisa para combatir eficazmente la pobreza es el crecimiento económico. Una economía que crece crea oferta de servicios y productos, y estas empresas requieren de personal capacitado, entre más inversión exista y más empresas sean creadas y las existentes incrementen su capital invertido, la demanda por personas sube, y los activos humanos suben de valor, los jóvenes profesionistas encuentran empleo para lo que fueron entrenados, y no sólo eso, lo encuentran bien pagado, la pobreza se termina, el país prospera, y todos mejoramos materialmente. Y no se tuvo que quitarle nada a nadie…No de tuvo que distribuir nada Sr. Rector..
Mucho he escrito sobre que medidas se requieren para incentivar el crecimiento económico, pero aquí comentaremos que la política tributaria dirigida a la redistribución del ingreso atenta flagrantemente en su contra ya que desincentiva el trabajo, el ahorro y la inversión, sobre todo esta última, ya hasta la saciedad he manifestado que un empresa se pone para generar utilidades, y si estas utilidades no son importantes, existen otros países, y otras alternativas que si las son, esto explica por qué es tan raquítica la inversión extranjera. También, esta política tributaria termina minando la base de recaudación, ya que incentiva la evasión, generando crecientes presiones fiscales deficitarias, las cuales también inhiben el crecimiento. Por otra parte, las políticas encaminadas a los subsidios distorsionan los precios relativos y la asignación de recursos en la economía, lo cual implica generar un menor nivel de PIB real con los recursos disponibles. Y finalmente, una parte muy importante de la recaudación se pierde en la administración burocrática de los programas de gasto gubernamental, lo que implica una destrucción neta de riqueza. Una política económica que enfatice la redistribución del ingreso, al desincentivar el crecimiento económica termina, efectivamente, por hacer a todos más pobres, sin que se logre de paso una mejora en la distribución del ingreso, aunque el slogan político sea “por el bien de todos, primero los pobres”. Lo que efectivamente están haciendo con las prácticas re distributivas es exactamente lo contrario a lo que intentan hacer, crean más miseria y en su terquedad ideológica impiden que en México pueda terminarse con la pobreza.
Parece muy difícil que mucha gente pueda entender que para acabar con la pobreza el único antídoto efectivo es crear riqueza y para alcanzar la riqueza sólo hay un camino, el de la inversión, y el trabajo, y para poder invertir es menester primero formar capital, tener utilidades y ahorrarlas, esto es, el capitalismo. Y no como claman los de la izquierda presos en sus erradas ideologías, que ante la evidencia en el mundo real no son más que idioteces, por que eso son y nada más que eso, por que quitar el dinero o apropiarse de de los medios de producción de los ricos, nunca ha servido para reducir la pobreza, ni servirá, y por el contrario, por las razones aquí expuestas, producen más pobreza, no obstante sus clamadas buenas intenciones, por estridentes y atractivas para su uso en marketing político que sean.
Dr. Narro, la deductibilidad de colegiaturas en un buen primer paso para elevar la educación básica y media, es también un buen primer paso para incrementar el poder adquisitivo de la mermada clase media, no creo que significativamente se incremente el ahorro nacional con la medida, pero es un buen primer paso, en la dirección correcta. Lo que tenemos que hacer Dr. Narro es reducir los impuestos, y para ello se tiene que reducir el tamaño del Estado, incluyendo el de su propia Universidad. Por qué ¿De que le sirve a México producir desempleados frustrados?
Explicó que cuando los rectores de las universidades públicas piden la mitad de esos recursos, “nos dicen que no hay dinero y cuando se tiene una prioridad, siempre se ha encontrado la manera de tener el financiamiento correspondiente”.
Ante especialistas de la educación superior de América Latina y Europa, el rector Narro Robles explicó que el país necesita de manera “urgente modificar el rumbo” para insertarse en la sociedad del conocimiento
De lo que no habla el Dr. Narro, es que su universidad la UNAM, no importa que lugar tenga académicamente en el ranking mundial, y no sólo la UNAM, incluso también las privadas, son en México fábricas de desempleados o subempleados, o bien estudian para algo y terminan haciendo una cosa completamente distinta. Esto es, un inmenso dispendio de recursos públicos, y lo peor humanos. Los jóvenes invierten cuatro o cinco años de sus vidas preparándose para ser profesionistas y al no encontrar acomodo en su profesión tienen, que emplearse en lo que sea, y al sueldo que sea. Tuvieron su educación “gratis”, y ahora encuentran empleos también casi “gratis” para sus empleadores, y es que hay tantos licenciados de todo, que ¿Por qué se les va a pagar más, si hay miles que están dispuestos a emplearse casi “gratis”?
Y es que hoy en día, el sueño universitario ha sido cancelado. El soñar con tener un título que abrirá las puertas de la prosperidad no es ya una realidad, salvo en contados casos y más como una excepción que como una regla.
La razón de todo esto es muy simple, dramáticamente simple, el laboral es un mercado, y funciona le guste a Narro o no siguiendo las leyes de la oferta y la demanda. Si la UNAM y las universidades públicas y privadas aumentan la oferta de profesionistas pero no lo hace la demanda de ellos, el resultado será que quedarán sin empleo. Narro quiere aumentar al doble la matricula de estudiantes universitarios, pues Narro debería de pensar como hacerle para que la demanda de esos profesionistas aumente en esa proporción, si esto no sucede así, ese doble de profesionistas, serán el doble de desempleados. Finalmente el objetivo de una universidad es capacitar a la gente, facultar para que los individuos adquieran capital humano, esto es, habilidades que sean valoradas por los demás y que les permitan obtener un flujo de efectivo en el futuro, esto es riqueza. Pero si las personas que tienen determinadas habilidades o conocimientos son muchas, la valoración del individuo cae y o no encuentra empleo o tendrá que emplearse con un salario mucho menor al esperado.
En efecto, eso no está a discusión, la educación y capacitación es un factor importante, el principal, para abatir la pobreza. Pero debe enfáticamente establecerse que es condición necesaria pero no suficiente, si no fuera así Cuba, y en su momento la Unión Soviética, serían países asombrosamente ricos, pero no lo son, ¿Por qué? Por qué no obstante que se tiene el capital humano, no hay quien lo aproveche, es decir no hay crecimiento económico y aunque hay oferta de capital humano valioso no hay la contraparte en la demanda, los gobiernos comunistas siempre mostraron una absoluta incapacidad de generar crecimiento económico, que prueba que en la práctica, el Estado rector de la economía y/o que sea poseedor de los recursos para la producción es un inmenso fiasco. Lo mismo que está ya sucediendo aquí, y en todos los países como España, Francia en que el Estado Benefactor implantado por los socialistas es un enorme freno al desarrollo económico.
Por tanto, la segunda premisa para combatir eficazmente la pobreza es el crecimiento económico. Una economía que crece crea oferta de servicios y productos, y estas empresas requieren de personal capacitado, entre más inversión exista y más empresas sean creadas y las existentes incrementen su capital invertido, la demanda por personas sube, y los activos humanos suben de valor, los jóvenes profesionistas encuentran empleo para lo que fueron entrenados, y no sólo eso, lo encuentran bien pagado, la pobreza se termina, el país prospera, y todos mejoramos materialmente. Y no se tuvo que quitarle nada a nadie…No de tuvo que distribuir nada Sr. Rector..
Mucho he escrito sobre que medidas se requieren para incentivar el crecimiento económico, pero aquí comentaremos que la política tributaria dirigida a la redistribución del ingreso atenta flagrantemente en su contra ya que desincentiva el trabajo, el ahorro y la inversión, sobre todo esta última, ya hasta la saciedad he manifestado que un empresa se pone para generar utilidades, y si estas utilidades no son importantes, existen otros países, y otras alternativas que si las son, esto explica por qué es tan raquítica la inversión extranjera. También, esta política tributaria termina minando la base de recaudación, ya que incentiva la evasión, generando crecientes presiones fiscales deficitarias, las cuales también inhiben el crecimiento. Por otra parte, las políticas encaminadas a los subsidios distorsionan los precios relativos y la asignación de recursos en la economía, lo cual implica generar un menor nivel de PIB real con los recursos disponibles. Y finalmente, una parte muy importante de la recaudación se pierde en la administración burocrática de los programas de gasto gubernamental, lo que implica una destrucción neta de riqueza. Una política económica que enfatice la redistribución del ingreso, al desincentivar el crecimiento económica termina, efectivamente, por hacer a todos más pobres, sin que se logre de paso una mejora en la distribución del ingreso, aunque el slogan político sea “por el bien de todos, primero los pobres”. Lo que efectivamente están haciendo con las prácticas re distributivas es exactamente lo contrario a lo que intentan hacer, crean más miseria y en su terquedad ideológica impiden que en México pueda terminarse con la pobreza.
Parece muy difícil que mucha gente pueda entender que para acabar con la pobreza el único antídoto efectivo es crear riqueza y para alcanzar la riqueza sólo hay un camino, el de la inversión, y el trabajo, y para poder invertir es menester primero formar capital, tener utilidades y ahorrarlas, esto es, el capitalismo. Y no como claman los de la izquierda presos en sus erradas ideologías, que ante la evidencia en el mundo real no son más que idioteces, por que eso son y nada más que eso, por que quitar el dinero o apropiarse de de los medios de producción de los ricos, nunca ha servido para reducir la pobreza, ni servirá, y por el contrario, por las razones aquí expuestas, producen más pobreza, no obstante sus clamadas buenas intenciones, por estridentes y atractivas para su uso en marketing político que sean.
Dr. Narro, la deductibilidad de colegiaturas en un buen primer paso para elevar la educación básica y media, es también un buen primer paso para incrementar el poder adquisitivo de la mermada clase media, no creo que significativamente se incremente el ahorro nacional con la medida, pero es un buen primer paso, en la dirección correcta. Lo que tenemos que hacer Dr. Narro es reducir los impuestos, y para ello se tiene que reducir el tamaño del Estado, incluyendo el de su propia Universidad. Por qué ¿De que le sirve a México producir desempleados frustrados?
El Sistema Tributario, Moral y Economía
Como hemos vistos en las dos entregas previas sobre el tema, impuestos indirectos o directos son en realidad idénticos en el sentido que aceptan como un derecho prioritario del Estado a los productos del trabajo, y en consecuencia la propiedad privada de los individuos.
Ahora surge la pregunta importante, con ese derecho del Estado sobre nuestra propiedad que le faculta a robar lo que juzgue necesario ¿Qué va a hacer con el dinero producto del expolio? Esto es, responder a la interrogante ¿Para qué quiere el Estado mi dinero? Para responder a esta pregunta es conveniente analizar por separado los distintos gastos públicos, empecemos con los Servicios Sociales.
Impuestos para Servicios Municipales, Obra Pública
Los impuestos para servicios municipales y la denominada obra pública, dan a entender un intercambio equitativo. Sugiere una relación de justicia. Sin embargo, la condición esencial de cualquier intercambio, es que deben realizarse voluntariamente, esto está ausente en los impuestos: El mismo uso de la coerción y la compulsión elimina a los impuestos de la posibilidad del libre intercambio, del campo del comercio, y les pone directamente en el de la política. Los impuestos no pueden compararse a cuotas pagadas a una organización voluntaria, tal y como un club deportivo; por los servicios que la membresía del club faculta a sus miembros, porque en los impuestos no existe la posibilidad de abandono. Al rechazar un intercambio, como en un club, podemos denegarnos un beneficio, y dejar de usar sus instalaciones y servicios, pero la única alternativa al pago de impuestos es la cárcel. En consecuencia la sugerencia de la equidad en la tasación es falaz. Si obtenemos algo de los impuestos que pagamos no es porque lo queramos: nos viene impuesto. Alguien, que no el ciudadano decide que es lo que supuestamente vas a recibir en este intercambio involuntario, y para muchos ciudadanos eso que van a recibir en nada o casi nada.
En relación con los servicios municipales, una comunidad puede compararse con un gran edificio de oficinas en el que los ocupantes, realizando negocios muy diversos, hacen uso de instalaciones comunes, como ascensores, limpieza, calefacción, etc. Cuantos más inquilinos haya en el edificio, más dependientes son todos de estas especializaciones generales y los operadores del edificio las suministran en una tarifa a prorrata: la tarifa se incluye en el alquiler. Cada uno de los inquilinos puede realizar sus negocios más eficientemente porque no tiene que ocuparse de su parte en las tareas generales.
Así son los ciudadanos de una comunidad más capaces de desarrollar sus distintas ocupaciones porque se mantienen las calles, los bomberos están alerta, el departamento de policía ofrece protección a la vida y la propiedad. Cuando una sociedad se está organizando, como un pequeño pueblo remoto de reciente creación, imaginemos como ejemplo a la comunidad de los Menonitas en Chihuahua. La necesidad de estos servicios generales se cubre mediante trabajo voluntario. La carretera se mantiene abierta por sus usuarios, hay un departamento voluntario de bomberos, el anciano respetado realiza las tareas de un juez. A medida que crece el pueblo, estos trabajos extra se convierten en demasiado onerosos y complicados para los voluntarios, cuyos asuntos privados deben sufrir por el aumento en la demanda, así que aparece la necesidad de contratar especialistas. Para cubrir el gasto, se dice, debe recurrirse a los impuestos obligatorios y la pregunta es ¿Por qué deben los residentes verse obligados a pagar por quitarles el trabajo que antes realizaban por propia voluntad? ¿Por qué la coerción es correlativa a los impuestos?
No es verdad que los servicios serían imposibles sin los impuestos: esa afirmación viene negada por el hecho de que los servicios aparecen antes de que se introduzcan los impuestos. Los servicios aparecen porque se necesitan. Se pagan porque hay una necesidad de ellos al principio con trabajo y, en algunos pocos casos, con contribuciones voluntarias de bienes y dinero: el intercambio es sin coacción y por tanto justo. Sólo cuando el poder político se apropia de la gestión de estos servicios aparece el impuesto obligatorio. No es el coste de los servicios lo que obliga a los impuestos, es el coste del mantenimiento del poder político.
En el caso de los servicios generales en el edificio, el coste se cubre mediante el pago de la renta en proporción de acuerdo con el tamaño y ubicación del espacio ocupado y la cantidad la fija el único árbitro equitativo del valor: La competencia, si la renta es demasiado onerosa, habrá siempre otros edificios a los que puedas mudarte. Igualmente en la comunidad en crecimiento el coste de los servicios sociales podría cobrarse equitativamente por la ocupación de puestos dentro de la comunidad y esta carga se fijaría inmediatamente porque los establece la negociación y operación del mercado. Cuando buscamos el origen del valor de estas ubicaciones descubrimos que deriva de la presencia y actividad de la población: cuanta más gente compita por el uso de esas posiciones, mayor será su valor. También es cierto que con el crecimiento de la población se produce un aumento de la necesidad de servicios sociales, y parecería que los valores que aparecen por la integración deberían en justicia ser aplicados a la necesidad que también deriva de ella.
Toda la historia apunta al fin económico del poder político. Es el instrumento efectivo de las prácticas de explotación. Hablando en general, la evolución de la explotación política sigue un patrón fijo: Robo dándose a la fuga, tributos regulares, esclavitud, percepción de rentas. En la etapa final, y después de una larga experiencia, la percepción de rentas se convierte en el principal método de explotación y el poder político necesario para ello se financia con los tributos a la producción. Siglos de adaptación nos han habituado al negocio, la ley y la costumbre le han dado un aura de rectitud: La apropiación pública de la propiedad privada mediante los impuestos y la apropiación privada de la propiedad pública mediante percepción de rentas se han convertido en instituciones incuestionables.
Y así, a medida que crecen las integraciones sociales y la necesidad de servicios generales crece a la vez, nos dirigimos a los impuestos por un largo hábito. No conocemos otro camino. Entonces, ¿Por qué protestamos por pagar impuestos? ¿Puede ser que seamos, en el fondo, concientes de una iniquidad? Está la obra pública en las calles, mantenerlas limpias y luminosas, mejorar el tráfico, el transporte masivo, el suministro de agua, el alcantarillado, etc., que hacen a todos nuestra permanencia en la comunidad cómoda y confortable y se nos dice que el coste de todo esto debe sufragarse. El coste se sufraga con nuestros salarios. Pero luego descubrimos que por una determinada cantidad de trabajo no ganaríamos más de lo que podríamos en una comunidad que no tenga estas ventajas. En la periferia, los salarios, para el mismo tipo de trabajo, es aproximadamente el mismo que en la metrópolis. El capital no gana menos, por el dinero invertido, en un poblado periférico que en la Av. Paseo de la Reforma en el centro de la Ciudad de México. Es cierto que en una metrópolis tenemos más oportunidades de trabajar y podemos trabajar más duro. En el pueblo, el tiempo parece transcurrir con mayor lentitud, se trabaja menos y se gana menos. Pero cuando comparamos a nuestras mayores percepciones en la metrópolis con los costos de rentas, valor de los inmuebles e impuestos de la gran ciudad, ¿Tenemos acaso más satisfacciones? ¿Nos queda más neto? No necesitamos ser economistas para apreciar la incongruencia.
Si trabajamos más en la ciudad, producimos más. Si, por otro lado, no tenemos más en neto ¿A dónde va el aumento? Bueno, donde está ahora el edificio del banco había en otros tiempos un baldío, una pocilga y en lo que una vez fue el terreno de un establo ahora están los grandes almacenes. El valor de estos sitios ha aumentado tremendamente, en realidad en proporción a la multiplicidad de los servicios sociales que reclama la floreciente población. Así que el lugar en que acaba nuestro incremento de productividad es en los terrenos y los propietarios de éstos son de hecho los beneficiarios de los servicios municipales y la obra pública para el mantenimiento de los cuales nos vemos obligados a renunciar a nuestros salarios.
Por tanto es el terrateniente el que se beneficia de los impuestos. Realmente él posee los servicios pagados por la producción. Lo sabe, actúa descaradamente, nos lo dice siempre que pone su propiedad en venta. En sus anuncios habla acerca de las facilidades de transporte de las que disfruta, la escuela cercana, la eficiente protección de bomberos y policía pagados por la comunidad: capitaliza todas estas ventajas en su precio. Todo esta claro y encima de la mesa. Lo que no se anuncia es que los servicios que ofrece en venta se han pagado mediante cargas obligatorias recaudadas de lo que produce el público. Esto es, con tú dinero de impuestos tú estas beneficiando al terrateniente inmobiliario, tu único consuelo es escribir a tus primos del pueblo acerca de las maravillas de la gran ciudad, especialmente la maravilla de ser capaz de trabajar más intensamente para poder pagar las maravillas y beneficiar a los propietarios de esos edificios y centros comerciales enormes.
Impuestos para la “Justicia Social”
Llegamos a que en la moderna doctrina tributaria su justificación es el fin social al que se dedica el ingreso. Aunque se ha anunciado descaradamente como un principio descubierto en los últimos años, la práctica de los impuestos para la mejora de las condiciones sociales es muy antigua: Roma lo hacía en su decadencia y los impuestos para mantener las casas de pobres se recaudaban mucho antes de que se inventara aquello de la “justicia social” y del combate a la desigualdad mediante la “redistribución de la riqueza” y se le diera al “gasto social” las proporciones de panacea. Es interesante advertir que esta doctrina se convirtió en una filosofía de los impuestos durante la década de la Depresión, con Roosevelt, la de 1930 que por así decirlo “inventó el Estado de Bienestar”. Así que, el “gasto social”, se califica a sí mismo como el remedio humanitario para la enfermedad de los pobres en medio de la abundancia, el tratamiento caritativo de primeros auxilios ante la injusticia aparente. Como todas las propuestas que nacen de la bondad de corazón, la tributación para fines sociales es un fácil tratamiento superficial de una enfermedad de raíces profundas y como tal está destinado a hacer más mal que bien.
En primer lugar, esta doctrina rechaza inequívocamente el derecho de la persona a su propiedad. Eso es básico. Habiendo establecido esta premisa importante, se salta a la conclusión de que la “necesidad social” es el fin de toda producción, que el hombre trabaja, o debería trabajar, no por él mismo y su familia sino por el bien de la masa. Los impuestos son el medio apropiado para difundir el resultado del trabajo, para “redistribuir la riqueza”, nos dicen reiteradamente. No preocupa el ahorro y la formación de capital, que es la única vía para fomentar un crecimiento económico sólido que es la única forma de erradicar efectivamente la miseria de un pueblo. Lo importante es “redistribuir” y esto en la práctica se traduce en destrucción de riqueza y en el largo plazo en permanecer bajo las mismas condiciones de miseria que las iniciales, tal y como las frías cifras lo confirman (CONEVAL).
La doctrina no distingue entre propiedad adquirida por privilegio y propiedad adquirida por producción. No puede, no debe, hacerlo, pues al hacerlo cuestionaría la validez de la tributación en general. Por ejemplo, si se aboliera la tributación, el coste de mantener el gasto social de una comunidad no tendrían medios para financiarse (no hay otras fuentes) y el privilegio de apropiarse de las rentas desaparecería. Si se aboliera la tributación, las prebendas de los funcionarios se desvanecerían y esto constituye en el total un privilegio que recae más duramente sobre la producción. Si se aboliera la tributación, le deuda pública sería imposible, para consternación de los tenedores de bonos. La tributación para fines sociales no contempla la abolición del privilegio existente, sino que contempla el establecimiento de nuevos privilegios burocráticos. Por eso no se atreve a ocuparse del problema básico, el del crecimiento económico única ruta a la mejora material de todos.
Además, al desanimar la producción como consecuencia de la imposición de este plan, se agrava la condición que se esperaba corregir. Si Juan, Pedro y José se dedican a fabricar bienes y prestar servicios, quitarles algo a alguno, aunque lo que se les quite se le entregue a otro, debe rebajar la economía de todos ellos. La opulencia de Juan, como fabricante, se debe al hecho de que ha servido a Pedro y José de una forma que éstos encontraban deseable. Puede ser más trabajador o tener mejores habilidades y por eso le favorecen siendo sus clientes; aunque ha adquirido abundancia, se ha hecho rico, no la ha hecho a sus expensas: Tiene porque ellos tienen. En cualquier intercambio equitativo hay dos beneficios, el del comprador y el del vendedor. Cada uno entrega lo que quiere menos por lo que desea más ambos consiguen un aumento en el valor. Pero cuando el poder político priva a Juan de sus posesiones, éste cesa de ser cliente de Pedro y José en la cantidad desfalcada. Pierden a un cliente por el importe del impuesto y en consecuencia pierden el empleo. El subsidio que se les da realmente les empobrece, igual que ha empobrecido a Juan. La economía de una comunidad no mejora con la distribución de lo que ya se ha producido sino por un aumento en la abundancia de las cosas de las que vive la gente; vivimos de la producción actual, no de la pasada. Por tanto cualquier medida que desanime, restrinja o interfiera en la producción debe rebajar la economía en general y está claro que la tributación para fines sociales es una medida de este tipo.
Como escribió George Bernard Shaw: “Un gobierno que roba a Peter para pagarle a Paul siempre tendrá el apoyo de Paul”. Esta frase tan sencilla explica en mucho la motivación de los políticos para robar a “Peter”, los votos democráticos, que a su vez les facultan a adquirir el poder, ya que siempre habrá más “Paul” que “Peter”.
Dejando aparte su economía, las implicaciones políticas de esta política fiscal filantrópica, del ogro filantrópico como atinadamente escribía Octavio Paz, no llevan a una revolución de primera magnitud. Como la tributación, incluso cuando se disfraza de mejora social, debe venir acompañada de compulsión, sus límites deben coincidir con los del poder político. Si el fin a alcanzar es el “bien social” el poder de apropiación puede perfectamente extenderse a toda la producción, pues ¿quién puede decir dónde termina el “bien social”? Actualmente el “bien social” incluye la educación gratuita incluyendo cursos de postgrado y profesionales, la hospitalización y servicios médicos gratuitos, seguro de desempleo (no en México) y pensión de jubilación, subvenciones al campo y ayudas a las industrias nacientes, servicios de empleo gratuito y casas de renta baja, contribuciones a proyectos para el avance en las artes y las ciencias y así sucesivamente, aproximándose al infinito, el Estado ha adquirido trillones de tareas que hacer para justificar el dinero que nos quita. El “bien social” se ha desparramado de una materia privada a otra y la definición de este término indeterminado se hace cada vez más elástica. El derecho democrático a estar equivocado, mal informado, mal aconsejado o incluso a ser estúpido no supone una restricción a la imaginación de quienes se dedican a interpretar la frase, y adonde va la interpretación, va el poder de obligar al cumplimiento.
El final de la tributación para fines sociales es el absolutismo, no sólo porque el creciente poder fiscal conlleva un aumento igual en el poder político, sino porque la inversión de los ingresos en la persona por parte del Estado le da un interés pecuniario a aquél. Si el Estado le cubre todas sus necesidades y le mantiene sano y con cierto grado de confort, debe considerarlo un activo valioso, una pieza de capital. Cualquier reclamación de derechos individuales se liquida por la inversión de dinero de la sociedad. El Estado se ocupa de proteger la inversión de la sociedad, como el reembolso y el beneficio, por medio de los impuestos. El poderoso motor alojado en cada individuo debe dedicarse al mejor uso para la mejora de los fines sociales, tal y como prevé la dirección. Así que el plan fiscal que empieza con la distribución se ve forzado por la lógica de los acontecimientos al control de la producción. Y el concepto de derechos naturales resulta inconsistente con la obligación social del individuo. Vive para el Estado que le alimenta. Pertenece al Estado por derecho de compra. Es un zángano, un parásito.
La declaración final de rectitud de la tributación es la fórmula de capacidad de pago y resulta ser un caso con demasiadas objeciones. En los gravámenes a los bienes, de los que el Estado obtiene la mayoría de sus ingresos, la fórmula no es aplicable. Ya sea que tengamos ingresos por cien mil pesos al año o al día, el impuesto a cualquier artículo de consumo es idéntico por lo tanto, la capacidad de pago no interviene. A causa de los impuestos en los productos de primera necesidad, el hombre pobre puede verse privado de alguna satisfacción marginal, como una cajetilla de cigarrillos, mientras que el rico, que paga los mismos impuestos en esos productos, difícilmente se verá tentado de dejar su caro puro cubano. En los más importantes impuestos indirectos, por tanto, la fórmula mágica de la justicia social no existe.
Sólo es aplicable para gravar ingresos antes de su gasto y aquí de nuevo su declaración de equidad resulta ser falsa. Todo impuesto a los salarios, no importa lo pequeño que sea, afecta al nivel de vida del trabajador, mientras que el impuesto al rico sólo afecta a sus lujos. La proclamación de equidad que implica la fórmula viene negada por este hecho. De hecho esta afirmación sólo sería válida si el Estado confiscara todo por encima de un nivel de vida predeterminado e igual para todos, pero entonces, claro, se habría establecido la igualdad en la confiscación.
Pero de la capacidad de pago no puede venir nada bueno, porque es en sí misma una inmoralidad. ¿Qué es sino la norma del bandolero de robar donde le viene mejor? Ni el bandolero ni el recaudador de impuestos piensan en el origen de la riqueza de la víctima, sólo en su cantidad. El Estado no es muy distinto, al llevarse lo que puede, de ladrones, asesinos o prostitutas reales o presuntos y su vigilancia sobre este aspecto está tan firmemente establecida que los que quebrantan otras leyes encuentran sensato cumplir escrupulosamente con el impuesto de la renta. Sin embargo, la capacidad de pago tiene apoyo popular (y debe reconocerse como la razón de su promulgación) a causa de cualidad implícita de “justicia social”. Es una apelación a la envidia de los incompetentes así como al desafecto de las masas otorgado a la pobreza involuntaria por nuestro sistema de privilegios.
Para apoyar la fórmula existe el argumento de que las rentas están relacionadas con las oportunidades permitidas por el Estado y que la cantidad del impuesto es meramente un pago por estas oportunidades. De nuevo el quid pro quo. Esto es sólo parcialmente cierto y en un sentido no pretendido por los defensores de esta fórmula fiscal. Allá donde el ingreso deriva del privilegio (y todo privilegio se basa en el poder del Estado) es evidentemente justo que el Estado confisque lo recaudado, aunque sería más justo si el Estado no estableciera el privilegio en primer lugar. La concesión en monopolio de recursos naturales, por ejemplo, es un ingreso por el que no se rinde ningún servicio a la sociedad y se recauda sólo porque el Estado lo apoya: Un impuesto del 100% sería por tanto igual de equitativo. Los beneficios de de los aranceles proteccionistas serían justos para el recaudador de impuestos. Un gravamen a todos los negocios subvencionados por la cantidad total de las subvenciones, tendría sentido, aunque seguiría requiriendo explicación el otorgamiento de subvenciones. Recompensas, subsidios de desempleo, beneficios del “mercado negro” posibilitados por las restricciones políticas, los beneficios sobre contratos con el gobierno… todo ingreso que desaparecería si el Estado suprimiera su apoyo, podría ser adecuadamente gravado. En ese caso, el Estado estaría llevándose aquello de lo que es responsable.
Pero ese no es el argumento de los energúmenos de la capacidad de pago. Éstos insisten en que el Estado es un factor que contribuye a la producción y que sus servicios tendrían que remunerarse adecuadamente; la medida del valor de estos servicios es el ingreso de sus ciudadanos y un impuesto gradual sobre estos ingresos es sólo la compensación debida. Si las ganancias reflejan los servicios del Estado, se deduce que las mayores ganancias derivan de mayores servicios y la conclusión lógica es que el Estado es un mejor servidor de los ricos que de los pobres. Puede que sea así, pero es dudoso que los expertos fiscales deseen llegar a esa conclusión: Lo que quieren que creamos es que el Estado nos ayuda a mejorar nuestras circunstancias, que nuestra vida mejora materialmente gracias a él. Esa idea da lugar a algunas preguntas provocativas: ¿Por el impuesto que paga el granjero disfruta de mejor clima? ¿Sus vacas crecen más rápido? ¿Tendrá mejores cosechas? ¿O el comerciante de un mercado más activo? ¿Mejora la habilidad del mecánico por algo que hace el Estado con lo que le quita? ¿Mejora la capacidad de producción de una fábrica con lo que el Estado de capital le quita? ¿Podrá crecer más rápido gracias a la merma en sus utilidades? ¿Cómo puede el Estado estimular la imaginación del genio creativo o añadir inteligencia al filósofo? ¿Cuándo el Estado se lleva un dinero del jugador mejora su suerte? ¿Aumentan las ganancias de la prostituta porque su comercio se legalice y grave? ¿Qué papel desempeña el Estado en la producción para justificar su tajada? El Estado no da, simplemente toma.
Sin embargo, todo este argumento es una concesión a la confusión con la que la costumbre, la ley y los sofismas han ocultado el verdadero carácter del sistema tributario. No puede haber un impuesto bueno ni justo: Todo impuesto se basa en la coacción, todo impuesto es un robo. El sistema tributario es un robo y como en cualquier robo, al que se le despoja de sus pertenencias lo deja en peores condiciones. Esto es, lo empobrece, y esto sobre todo es válido con los más necesitados.
Los Impuestos Impiden tu Mejora Material
Pero es esta situación absurda en la que nos encontramos la que nos ofrece la oportunidad de implantar principios económicos sólidos, sensatos, que sustituyan a los principios perniciosos, dañinos implantados por nuestros gobernantes. Es necesario explicar a los ciudadanos, a los votantes, que es en realidad lo que produce la prosperidad de los países, que fue lo que hizo a cambiar a Singapur, Hong Kong, China, Nueva Zelandia, Estonia, Irlanda, y dejar atrás la pobreza, y que fue lo mismo que hizo que los países occidentales: Se hicieran ricos, bueno hasta que llegaron los “progresistas” a alentar el “Estado Benefactor” de las sociales democracias europeas, que han logrado detener el crecimiento de esas naciones, y que tienen bajo asalto a los EU con Obama, y que amenazan con destruir la prosperidad de la humanidad. También hay que explicarles a los votantes las razones por las cuales en los Estados Unidos, Alemania o Inglaterra, la gente gana mucho más que acá y en todos los países en los que el capital invertido por habitante es bajo. Los ciudadanos deben de entender que su mejoramiento material no está en las manos asistencialistas de los gobiernos, tampoco está en que les den educación, salud, gratuitos, los ciudadanos deben de entender que su destino material está en manos de la posibilidad de incrementar la acumulación de capital, esto es del ahorro que más adelante se invierte en fábricas, granjas, equipamiento de capital, tractores, sistemas de riego, máquinas de control numérico, hoteles, restaurantes, bares, y con ello, empleos, que absorban la creciente demanda de ellos, y que entre más capital se acumule, y menos restricciones existan para que se invierta, es decir y en pocas palabras, mientras dejemos que el capitalismo, los mercados libres, proliferen, menos pobres habrá y viviremos mejor todos. Esto, no son hipótesis, la historia nos los demuestra, pero parecemos querer ignorarla.
Hoy en día sólo los hombres de negocio, los vilipendiados empresarios son los únicos ciudadanos que se preocupan por hacer provisiones de capital para la creación, el mejoramiento y la expansión de sus fábricas o negocios. El resto de la gente, gobernantes incluidos, son completamente indiferentes al asunto, sin saber que precisamente su destino, su empleo, su bienestar material y el de sus hijos depende de ello. Lo que se necesita es hacerle comprender a la gente esto, a toda la gente, tienen que comprender que sólo ahorrando se puede iniciar un negocio, y este va a generar riqueza aunque en un principio sea sólo para el pequeñísimo empresario, y beneficios para toda la sociedad, empezando por supuesto con los empleos.
Como la verdad veo muy difícil que alguno de los partidos políticos existentes en nuestro país, todos ellos socialistas; quizá se necesite la creación de uno nuevo partido político, o por lo menos una agrupación política que abandone completamente las ideas falaces de la “redistribución de la riqueza” y que tenga por objetivo que: Como la prosperidad de una Nación y los niveles salariales dependen de un continuo e incesante incremento en la inversión de CAPITAL, en plantas, minas, granjas, tiendas, negocios de hospitalidad, de entretenimiento y en general en toda actividad empresarial y acción humana que genere riqueza, es tarea del Estado, eliminar todos los obstáculos que entorpecen, ralentizan, o de plano, evitan, impiden, la acumulación e inversión de nuevo capital.
Ahora surge la pregunta importante, con ese derecho del Estado sobre nuestra propiedad que le faculta a robar lo que juzgue necesario ¿Qué va a hacer con el dinero producto del expolio? Esto es, responder a la interrogante ¿Para qué quiere el Estado mi dinero? Para responder a esta pregunta es conveniente analizar por separado los distintos gastos públicos, empecemos con los Servicios Sociales.
Impuestos para Servicios Municipales, Obra Pública
Los impuestos para servicios municipales y la denominada obra pública, dan a entender un intercambio equitativo. Sugiere una relación de justicia. Sin embargo, la condición esencial de cualquier intercambio, es que deben realizarse voluntariamente, esto está ausente en los impuestos: El mismo uso de la coerción y la compulsión elimina a los impuestos de la posibilidad del libre intercambio, del campo del comercio, y les pone directamente en el de la política. Los impuestos no pueden compararse a cuotas pagadas a una organización voluntaria, tal y como un club deportivo; por los servicios que la membresía del club faculta a sus miembros, porque en los impuestos no existe la posibilidad de abandono. Al rechazar un intercambio, como en un club, podemos denegarnos un beneficio, y dejar de usar sus instalaciones y servicios, pero la única alternativa al pago de impuestos es la cárcel. En consecuencia la sugerencia de la equidad en la tasación es falaz. Si obtenemos algo de los impuestos que pagamos no es porque lo queramos: nos viene impuesto. Alguien, que no el ciudadano decide que es lo que supuestamente vas a recibir en este intercambio involuntario, y para muchos ciudadanos eso que van a recibir en nada o casi nada.
En relación con los servicios municipales, una comunidad puede compararse con un gran edificio de oficinas en el que los ocupantes, realizando negocios muy diversos, hacen uso de instalaciones comunes, como ascensores, limpieza, calefacción, etc. Cuantos más inquilinos haya en el edificio, más dependientes son todos de estas especializaciones generales y los operadores del edificio las suministran en una tarifa a prorrata: la tarifa se incluye en el alquiler. Cada uno de los inquilinos puede realizar sus negocios más eficientemente porque no tiene que ocuparse de su parte en las tareas generales.
Así son los ciudadanos de una comunidad más capaces de desarrollar sus distintas ocupaciones porque se mantienen las calles, los bomberos están alerta, el departamento de policía ofrece protección a la vida y la propiedad. Cuando una sociedad se está organizando, como un pequeño pueblo remoto de reciente creación, imaginemos como ejemplo a la comunidad de los Menonitas en Chihuahua. La necesidad de estos servicios generales se cubre mediante trabajo voluntario. La carretera se mantiene abierta por sus usuarios, hay un departamento voluntario de bomberos, el anciano respetado realiza las tareas de un juez. A medida que crece el pueblo, estos trabajos extra se convierten en demasiado onerosos y complicados para los voluntarios, cuyos asuntos privados deben sufrir por el aumento en la demanda, así que aparece la necesidad de contratar especialistas. Para cubrir el gasto, se dice, debe recurrirse a los impuestos obligatorios y la pregunta es ¿Por qué deben los residentes verse obligados a pagar por quitarles el trabajo que antes realizaban por propia voluntad? ¿Por qué la coerción es correlativa a los impuestos?
No es verdad que los servicios serían imposibles sin los impuestos: esa afirmación viene negada por el hecho de que los servicios aparecen antes de que se introduzcan los impuestos. Los servicios aparecen porque se necesitan. Se pagan porque hay una necesidad de ellos al principio con trabajo y, en algunos pocos casos, con contribuciones voluntarias de bienes y dinero: el intercambio es sin coacción y por tanto justo. Sólo cuando el poder político se apropia de la gestión de estos servicios aparece el impuesto obligatorio. No es el coste de los servicios lo que obliga a los impuestos, es el coste del mantenimiento del poder político.
En el caso de los servicios generales en el edificio, el coste se cubre mediante el pago de la renta en proporción de acuerdo con el tamaño y ubicación del espacio ocupado y la cantidad la fija el único árbitro equitativo del valor: La competencia, si la renta es demasiado onerosa, habrá siempre otros edificios a los que puedas mudarte. Igualmente en la comunidad en crecimiento el coste de los servicios sociales podría cobrarse equitativamente por la ocupación de puestos dentro de la comunidad y esta carga se fijaría inmediatamente porque los establece la negociación y operación del mercado. Cuando buscamos el origen del valor de estas ubicaciones descubrimos que deriva de la presencia y actividad de la población: cuanta más gente compita por el uso de esas posiciones, mayor será su valor. También es cierto que con el crecimiento de la población se produce un aumento de la necesidad de servicios sociales, y parecería que los valores que aparecen por la integración deberían en justicia ser aplicados a la necesidad que también deriva de ella.
Toda la historia apunta al fin económico del poder político. Es el instrumento efectivo de las prácticas de explotación. Hablando en general, la evolución de la explotación política sigue un patrón fijo: Robo dándose a la fuga, tributos regulares, esclavitud, percepción de rentas. En la etapa final, y después de una larga experiencia, la percepción de rentas se convierte en el principal método de explotación y el poder político necesario para ello se financia con los tributos a la producción. Siglos de adaptación nos han habituado al negocio, la ley y la costumbre le han dado un aura de rectitud: La apropiación pública de la propiedad privada mediante los impuestos y la apropiación privada de la propiedad pública mediante percepción de rentas se han convertido en instituciones incuestionables.
Y así, a medida que crecen las integraciones sociales y la necesidad de servicios generales crece a la vez, nos dirigimos a los impuestos por un largo hábito. No conocemos otro camino. Entonces, ¿Por qué protestamos por pagar impuestos? ¿Puede ser que seamos, en el fondo, concientes de una iniquidad? Está la obra pública en las calles, mantenerlas limpias y luminosas, mejorar el tráfico, el transporte masivo, el suministro de agua, el alcantarillado, etc., que hacen a todos nuestra permanencia en la comunidad cómoda y confortable y se nos dice que el coste de todo esto debe sufragarse. El coste se sufraga con nuestros salarios. Pero luego descubrimos que por una determinada cantidad de trabajo no ganaríamos más de lo que podríamos en una comunidad que no tenga estas ventajas. En la periferia, los salarios, para el mismo tipo de trabajo, es aproximadamente el mismo que en la metrópolis. El capital no gana menos, por el dinero invertido, en un poblado periférico que en la Av. Paseo de la Reforma en el centro de la Ciudad de México. Es cierto que en una metrópolis tenemos más oportunidades de trabajar y podemos trabajar más duro. En el pueblo, el tiempo parece transcurrir con mayor lentitud, se trabaja menos y se gana menos. Pero cuando comparamos a nuestras mayores percepciones en la metrópolis con los costos de rentas, valor de los inmuebles e impuestos de la gran ciudad, ¿Tenemos acaso más satisfacciones? ¿Nos queda más neto? No necesitamos ser economistas para apreciar la incongruencia.
Si trabajamos más en la ciudad, producimos más. Si, por otro lado, no tenemos más en neto ¿A dónde va el aumento? Bueno, donde está ahora el edificio del banco había en otros tiempos un baldío, una pocilga y en lo que una vez fue el terreno de un establo ahora están los grandes almacenes. El valor de estos sitios ha aumentado tremendamente, en realidad en proporción a la multiplicidad de los servicios sociales que reclama la floreciente población. Así que el lugar en que acaba nuestro incremento de productividad es en los terrenos y los propietarios de éstos son de hecho los beneficiarios de los servicios municipales y la obra pública para el mantenimiento de los cuales nos vemos obligados a renunciar a nuestros salarios.
Por tanto es el terrateniente el que se beneficia de los impuestos. Realmente él posee los servicios pagados por la producción. Lo sabe, actúa descaradamente, nos lo dice siempre que pone su propiedad en venta. En sus anuncios habla acerca de las facilidades de transporte de las que disfruta, la escuela cercana, la eficiente protección de bomberos y policía pagados por la comunidad: capitaliza todas estas ventajas en su precio. Todo esta claro y encima de la mesa. Lo que no se anuncia es que los servicios que ofrece en venta se han pagado mediante cargas obligatorias recaudadas de lo que produce el público. Esto es, con tú dinero de impuestos tú estas beneficiando al terrateniente inmobiliario, tu único consuelo es escribir a tus primos del pueblo acerca de las maravillas de la gran ciudad, especialmente la maravilla de ser capaz de trabajar más intensamente para poder pagar las maravillas y beneficiar a los propietarios de esos edificios y centros comerciales enormes.
Impuestos para la “Justicia Social”
Llegamos a que en la moderna doctrina tributaria su justificación es el fin social al que se dedica el ingreso. Aunque se ha anunciado descaradamente como un principio descubierto en los últimos años, la práctica de los impuestos para la mejora de las condiciones sociales es muy antigua: Roma lo hacía en su decadencia y los impuestos para mantener las casas de pobres se recaudaban mucho antes de que se inventara aquello de la “justicia social” y del combate a la desigualdad mediante la “redistribución de la riqueza” y se le diera al “gasto social” las proporciones de panacea. Es interesante advertir que esta doctrina se convirtió en una filosofía de los impuestos durante la década de la Depresión, con Roosevelt, la de 1930 que por así decirlo “inventó el Estado de Bienestar”. Así que, el “gasto social”, se califica a sí mismo como el remedio humanitario para la enfermedad de los pobres en medio de la abundancia, el tratamiento caritativo de primeros auxilios ante la injusticia aparente. Como todas las propuestas que nacen de la bondad de corazón, la tributación para fines sociales es un fácil tratamiento superficial de una enfermedad de raíces profundas y como tal está destinado a hacer más mal que bien.
En primer lugar, esta doctrina rechaza inequívocamente el derecho de la persona a su propiedad. Eso es básico. Habiendo establecido esta premisa importante, se salta a la conclusión de que la “necesidad social” es el fin de toda producción, que el hombre trabaja, o debería trabajar, no por él mismo y su familia sino por el bien de la masa. Los impuestos son el medio apropiado para difundir el resultado del trabajo, para “redistribuir la riqueza”, nos dicen reiteradamente. No preocupa el ahorro y la formación de capital, que es la única vía para fomentar un crecimiento económico sólido que es la única forma de erradicar efectivamente la miseria de un pueblo. Lo importante es “redistribuir” y esto en la práctica se traduce en destrucción de riqueza y en el largo plazo en permanecer bajo las mismas condiciones de miseria que las iniciales, tal y como las frías cifras lo confirman (CONEVAL).
La doctrina no distingue entre propiedad adquirida por privilegio y propiedad adquirida por producción. No puede, no debe, hacerlo, pues al hacerlo cuestionaría la validez de la tributación en general. Por ejemplo, si se aboliera la tributación, el coste de mantener el gasto social de una comunidad no tendrían medios para financiarse (no hay otras fuentes) y el privilegio de apropiarse de las rentas desaparecería. Si se aboliera la tributación, las prebendas de los funcionarios se desvanecerían y esto constituye en el total un privilegio que recae más duramente sobre la producción. Si se aboliera la tributación, le deuda pública sería imposible, para consternación de los tenedores de bonos. La tributación para fines sociales no contempla la abolición del privilegio existente, sino que contempla el establecimiento de nuevos privilegios burocráticos. Por eso no se atreve a ocuparse del problema básico, el del crecimiento económico única ruta a la mejora material de todos.
Además, al desanimar la producción como consecuencia de la imposición de este plan, se agrava la condición que se esperaba corregir. Si Juan, Pedro y José se dedican a fabricar bienes y prestar servicios, quitarles algo a alguno, aunque lo que se les quite se le entregue a otro, debe rebajar la economía de todos ellos. La opulencia de Juan, como fabricante, se debe al hecho de que ha servido a Pedro y José de una forma que éstos encontraban deseable. Puede ser más trabajador o tener mejores habilidades y por eso le favorecen siendo sus clientes; aunque ha adquirido abundancia, se ha hecho rico, no la ha hecho a sus expensas: Tiene porque ellos tienen. En cualquier intercambio equitativo hay dos beneficios, el del comprador y el del vendedor. Cada uno entrega lo que quiere menos por lo que desea más ambos consiguen un aumento en el valor. Pero cuando el poder político priva a Juan de sus posesiones, éste cesa de ser cliente de Pedro y José en la cantidad desfalcada. Pierden a un cliente por el importe del impuesto y en consecuencia pierden el empleo. El subsidio que se les da realmente les empobrece, igual que ha empobrecido a Juan. La economía de una comunidad no mejora con la distribución de lo que ya se ha producido sino por un aumento en la abundancia de las cosas de las que vive la gente; vivimos de la producción actual, no de la pasada. Por tanto cualquier medida que desanime, restrinja o interfiera en la producción debe rebajar la economía en general y está claro que la tributación para fines sociales es una medida de este tipo.
Como escribió George Bernard Shaw: “Un gobierno que roba a Peter para pagarle a Paul siempre tendrá el apoyo de Paul”. Esta frase tan sencilla explica en mucho la motivación de los políticos para robar a “Peter”, los votos democráticos, que a su vez les facultan a adquirir el poder, ya que siempre habrá más “Paul” que “Peter”.
Dejando aparte su economía, las implicaciones políticas de esta política fiscal filantrópica, del ogro filantrópico como atinadamente escribía Octavio Paz, no llevan a una revolución de primera magnitud. Como la tributación, incluso cuando se disfraza de mejora social, debe venir acompañada de compulsión, sus límites deben coincidir con los del poder político. Si el fin a alcanzar es el “bien social” el poder de apropiación puede perfectamente extenderse a toda la producción, pues ¿quién puede decir dónde termina el “bien social”? Actualmente el “bien social” incluye la educación gratuita incluyendo cursos de postgrado y profesionales, la hospitalización y servicios médicos gratuitos, seguro de desempleo (no en México) y pensión de jubilación, subvenciones al campo y ayudas a las industrias nacientes, servicios de empleo gratuito y casas de renta baja, contribuciones a proyectos para el avance en las artes y las ciencias y así sucesivamente, aproximándose al infinito, el Estado ha adquirido trillones de tareas que hacer para justificar el dinero que nos quita. El “bien social” se ha desparramado de una materia privada a otra y la definición de este término indeterminado se hace cada vez más elástica. El derecho democrático a estar equivocado, mal informado, mal aconsejado o incluso a ser estúpido no supone una restricción a la imaginación de quienes se dedican a interpretar la frase, y adonde va la interpretación, va el poder de obligar al cumplimiento.
El final de la tributación para fines sociales es el absolutismo, no sólo porque el creciente poder fiscal conlleva un aumento igual en el poder político, sino porque la inversión de los ingresos en la persona por parte del Estado le da un interés pecuniario a aquél. Si el Estado le cubre todas sus necesidades y le mantiene sano y con cierto grado de confort, debe considerarlo un activo valioso, una pieza de capital. Cualquier reclamación de derechos individuales se liquida por la inversión de dinero de la sociedad. El Estado se ocupa de proteger la inversión de la sociedad, como el reembolso y el beneficio, por medio de los impuestos. El poderoso motor alojado en cada individuo debe dedicarse al mejor uso para la mejora de los fines sociales, tal y como prevé la dirección. Así que el plan fiscal que empieza con la distribución se ve forzado por la lógica de los acontecimientos al control de la producción. Y el concepto de derechos naturales resulta inconsistente con la obligación social del individuo. Vive para el Estado que le alimenta. Pertenece al Estado por derecho de compra. Es un zángano, un parásito.
La declaración final de rectitud de la tributación es la fórmula de capacidad de pago y resulta ser un caso con demasiadas objeciones. En los gravámenes a los bienes, de los que el Estado obtiene la mayoría de sus ingresos, la fórmula no es aplicable. Ya sea que tengamos ingresos por cien mil pesos al año o al día, el impuesto a cualquier artículo de consumo es idéntico por lo tanto, la capacidad de pago no interviene. A causa de los impuestos en los productos de primera necesidad, el hombre pobre puede verse privado de alguna satisfacción marginal, como una cajetilla de cigarrillos, mientras que el rico, que paga los mismos impuestos en esos productos, difícilmente se verá tentado de dejar su caro puro cubano. En los más importantes impuestos indirectos, por tanto, la fórmula mágica de la justicia social no existe.
Sólo es aplicable para gravar ingresos antes de su gasto y aquí de nuevo su declaración de equidad resulta ser falsa. Todo impuesto a los salarios, no importa lo pequeño que sea, afecta al nivel de vida del trabajador, mientras que el impuesto al rico sólo afecta a sus lujos. La proclamación de equidad que implica la fórmula viene negada por este hecho. De hecho esta afirmación sólo sería válida si el Estado confiscara todo por encima de un nivel de vida predeterminado e igual para todos, pero entonces, claro, se habría establecido la igualdad en la confiscación.
Pero de la capacidad de pago no puede venir nada bueno, porque es en sí misma una inmoralidad. ¿Qué es sino la norma del bandolero de robar donde le viene mejor? Ni el bandolero ni el recaudador de impuestos piensan en el origen de la riqueza de la víctima, sólo en su cantidad. El Estado no es muy distinto, al llevarse lo que puede, de ladrones, asesinos o prostitutas reales o presuntos y su vigilancia sobre este aspecto está tan firmemente establecida que los que quebrantan otras leyes encuentran sensato cumplir escrupulosamente con el impuesto de la renta. Sin embargo, la capacidad de pago tiene apoyo popular (y debe reconocerse como la razón de su promulgación) a causa de cualidad implícita de “justicia social”. Es una apelación a la envidia de los incompetentes así como al desafecto de las masas otorgado a la pobreza involuntaria por nuestro sistema de privilegios.
Para apoyar la fórmula existe el argumento de que las rentas están relacionadas con las oportunidades permitidas por el Estado y que la cantidad del impuesto es meramente un pago por estas oportunidades. De nuevo el quid pro quo. Esto es sólo parcialmente cierto y en un sentido no pretendido por los defensores de esta fórmula fiscal. Allá donde el ingreso deriva del privilegio (y todo privilegio se basa en el poder del Estado) es evidentemente justo que el Estado confisque lo recaudado, aunque sería más justo si el Estado no estableciera el privilegio en primer lugar. La concesión en monopolio de recursos naturales, por ejemplo, es un ingreso por el que no se rinde ningún servicio a la sociedad y se recauda sólo porque el Estado lo apoya: Un impuesto del 100% sería por tanto igual de equitativo. Los beneficios de de los aranceles proteccionistas serían justos para el recaudador de impuestos. Un gravamen a todos los negocios subvencionados por la cantidad total de las subvenciones, tendría sentido, aunque seguiría requiriendo explicación el otorgamiento de subvenciones. Recompensas, subsidios de desempleo, beneficios del “mercado negro” posibilitados por las restricciones políticas, los beneficios sobre contratos con el gobierno… todo ingreso que desaparecería si el Estado suprimiera su apoyo, podría ser adecuadamente gravado. En ese caso, el Estado estaría llevándose aquello de lo que es responsable.
Pero ese no es el argumento de los energúmenos de la capacidad de pago. Éstos insisten en que el Estado es un factor que contribuye a la producción y que sus servicios tendrían que remunerarse adecuadamente; la medida del valor de estos servicios es el ingreso de sus ciudadanos y un impuesto gradual sobre estos ingresos es sólo la compensación debida. Si las ganancias reflejan los servicios del Estado, se deduce que las mayores ganancias derivan de mayores servicios y la conclusión lógica es que el Estado es un mejor servidor de los ricos que de los pobres. Puede que sea así, pero es dudoso que los expertos fiscales deseen llegar a esa conclusión: Lo que quieren que creamos es que el Estado nos ayuda a mejorar nuestras circunstancias, que nuestra vida mejora materialmente gracias a él. Esa idea da lugar a algunas preguntas provocativas: ¿Por el impuesto que paga el granjero disfruta de mejor clima? ¿Sus vacas crecen más rápido? ¿Tendrá mejores cosechas? ¿O el comerciante de un mercado más activo? ¿Mejora la habilidad del mecánico por algo que hace el Estado con lo que le quita? ¿Mejora la capacidad de producción de una fábrica con lo que el Estado de capital le quita? ¿Podrá crecer más rápido gracias a la merma en sus utilidades? ¿Cómo puede el Estado estimular la imaginación del genio creativo o añadir inteligencia al filósofo? ¿Cuándo el Estado se lleva un dinero del jugador mejora su suerte? ¿Aumentan las ganancias de la prostituta porque su comercio se legalice y grave? ¿Qué papel desempeña el Estado en la producción para justificar su tajada? El Estado no da, simplemente toma.
Sin embargo, todo este argumento es una concesión a la confusión con la que la costumbre, la ley y los sofismas han ocultado el verdadero carácter del sistema tributario. No puede haber un impuesto bueno ni justo: Todo impuesto se basa en la coacción, todo impuesto es un robo. El sistema tributario es un robo y como en cualquier robo, al que se le despoja de sus pertenencias lo deja en peores condiciones. Esto es, lo empobrece, y esto sobre todo es válido con los más necesitados.
Los Impuestos Impiden tu Mejora Material
Pero es esta situación absurda en la que nos encontramos la que nos ofrece la oportunidad de implantar principios económicos sólidos, sensatos, que sustituyan a los principios perniciosos, dañinos implantados por nuestros gobernantes. Es necesario explicar a los ciudadanos, a los votantes, que es en realidad lo que produce la prosperidad de los países, que fue lo que hizo a cambiar a Singapur, Hong Kong, China, Nueva Zelandia, Estonia, Irlanda, y dejar atrás la pobreza, y que fue lo mismo que hizo que los países occidentales: Se hicieran ricos, bueno hasta que llegaron los “progresistas” a alentar el “Estado Benefactor” de las sociales democracias europeas, que han logrado detener el crecimiento de esas naciones, y que tienen bajo asalto a los EU con Obama, y que amenazan con destruir la prosperidad de la humanidad. También hay que explicarles a los votantes las razones por las cuales en los Estados Unidos, Alemania o Inglaterra, la gente gana mucho más que acá y en todos los países en los que el capital invertido por habitante es bajo. Los ciudadanos deben de entender que su mejoramiento material no está en las manos asistencialistas de los gobiernos, tampoco está en que les den educación, salud, gratuitos, los ciudadanos deben de entender que su destino material está en manos de la posibilidad de incrementar la acumulación de capital, esto es del ahorro que más adelante se invierte en fábricas, granjas, equipamiento de capital, tractores, sistemas de riego, máquinas de control numérico, hoteles, restaurantes, bares, y con ello, empleos, que absorban la creciente demanda de ellos, y que entre más capital se acumule, y menos restricciones existan para que se invierta, es decir y en pocas palabras, mientras dejemos que el capitalismo, los mercados libres, proliferen, menos pobres habrá y viviremos mejor todos. Esto, no son hipótesis, la historia nos los demuestra, pero parecemos querer ignorarla.
Hoy en día sólo los hombres de negocio, los vilipendiados empresarios son los únicos ciudadanos que se preocupan por hacer provisiones de capital para la creación, el mejoramiento y la expansión de sus fábricas o negocios. El resto de la gente, gobernantes incluidos, son completamente indiferentes al asunto, sin saber que precisamente su destino, su empleo, su bienestar material y el de sus hijos depende de ello. Lo que se necesita es hacerle comprender a la gente esto, a toda la gente, tienen que comprender que sólo ahorrando se puede iniciar un negocio, y este va a generar riqueza aunque en un principio sea sólo para el pequeñísimo empresario, y beneficios para toda la sociedad, empezando por supuesto con los empleos.
Como la verdad veo muy difícil que alguno de los partidos políticos existentes en nuestro país, todos ellos socialistas; quizá se necesite la creación de uno nuevo partido político, o por lo menos una agrupación política que abandone completamente las ideas falaces de la “redistribución de la riqueza” y que tenga por objetivo que: Como la prosperidad de una Nación y los niveles salariales dependen de un continuo e incesante incremento en la inversión de CAPITAL, en plantas, minas, granjas, tiendas, negocios de hospitalidad, de entretenimiento y en general en toda actividad empresarial y acción humana que genere riqueza, es tarea del Estado, eliminar todos los obstáculos que entorpecen, ralentizan, o de plano, evitan, impiden, la acumulación e inversión de nuevo capital.
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