Tamaulipas: gobierno fallido

Martín Moreno

Clasificado ya por el gobierno federal como el cártel más poderoso de México, el de Los Zetas —capitaneado por el ex militar Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca—, se ha apoderado de las estructuras de poder en Tamaulipas, de poblados enteros, de los controles de seguridad locales y, sobre todo, reducido al gobernador emergente —el priista Egidio Torre Cantú—, a un inoperante empleado local. No hay gobierno.

Así, Tamaulipas se erige, a la vista de todos, en el primer gobierno fallido del país. ¿Por qué?

Por el absoluto vacío de autoridad. Por la inexistencia de los poderes estatal y municipales. Por la ausencia, en el ejercicio del poder, tanto del gobernador como de los alcaldes en varios municipios, incluido San Fernando y sus cientos de cadáveres en narcofosas. Porque los tamaulipecos han perdido la seguridad y nadie les puede garantizar su vida. Porque las decisiones no las toma el Congreso local. Por el clima de violencia y, principalmente, de indefensión ciudadana.

Y porque —se quiera o no reconocer— es el crimen organizado el que manda en Tamaulipas.

Pero no sólo es Tamaulipas. Para gobiernos fallidos se perfilan también Chihuahua y Nuevo León, gobernados por el PRI; Morelos, entregado al narco por administraciones del PAN, y Guerrero y Michoacán (PRD), entidades que portan el germen de la ingobernabilidad.

Hablemos, pues, más que de estados fallidos, de gobiernos fallidos. Sería injusto generalizar cuando hay tamaulipecos, chihuahuenses o neoleoneses valiosos, preocupados y luchando por sacar adelante a sus ciudades. No todos se apellidan, afortunadamente, Torre Cantú, Duarte o Medina.

¿En qué momento se jodió Tamaulipas?

Desde los tiempos del legendario contrabandista Juan Nepomuceno Guerra —solapado por los gobernadores Enrique Cárdenas González y Emilio Martínez Manatou—, se permitió una dualidad crimen organizado-poder oficial que, al paso de los años, encumbró a uno de los narcos mexicanos más emblemáticos: Juan García Ábrego, cabeza del cártel del Golfo, sobrino de Guerra, y hoy preso en una cárcel de EU.

Con el reacomodo de los cárteles, Osiel Cárdenas se erigió en el número uno del cártel del Golfo, al amparo de los gobernadores Manuel Cavazos Lerma (1993-1999), Tomás Yarrington (1999-2004) y ese desastre llamado Eugenio Hernández (2005-2010), ahijado político de Elba Esther Gordillo.

En sus años de poderío, siempre cobijado y cercano a los gobiernos en turno, Osiel ordenó la creación de un grupo de protección personal. Los mejores eran los militares. Así surgieron Los Zetas, encabezados por Arturo Guzmán Decena, El Z-1, muerto en 2002. Desde entonces, El Lazca asumió el mando.

Los Zetas —caracterizados por su brutalidad y la violencia extrema—, dominan por completo Tamaulipas, vastas zonas de Veracruz —sobre todo durante el gobierno de otro priista: Fidel Herrera—, de NL, Tabasco y Quintana Roo.

Para el gobierno de Calderón no hay duda: “Los Zetas están por arriba de los cárteles de Sinaloa, del Chapo y del Mayo Zambada. De La Familia Michoacana. Del de Tijuana, con lo que queda de los Arellano Félix. El Lazca se ubica en niveles similares, en cuanto a influencia, al Chapo Guzmán”. (Archivos del Poder 2/IX/2010).

Tamaulipas siempre ha sido gobernado por el PRI.

“Cuando el PRI gobernaba, El Chapo estaba en prisión, y ahora que el PAN gobierna, está en las calles”, acusa el líder priista Humberto Moreira. El coahuilense sigue corto de memoria. El Chapo creció al amparo de los años dorados del PRI, al igual que infinidad de barones de la droga, como García Ábrego, Osiel Cárdenas, Juan José Esparragoza El Azul, los Arellano Félix —a quien el presidente priista Carlos Salinas tuvo en la Nunciatura Apostólica y dejó escapar— y muchos más.

O basta ver la información principal de ayer en Excélsior: “Cerraron 28 mil empresas en un año”. La mitad, en Coahuila (ocho mil 239) y Michoacán. La primera entidad era gobernada, precisamente, por Moreira. ¿La razón? La violencia imparable. Hay miedo entre los coahuilenses. De eso no habla el presidente del PRI.

Cierto: el reclamo del ¡ya basta!, de Calderón, pidiendo a la sociedad que así lo exija a los criminales, fue tan desafortunado como desatinado.

Primero, porque da la impresión de que el Presidente —a quien en privado han visto con cierta intolerancia, obstinado y reacio a escuchar— se niega a reconocer las fallas en la estrategia anticrimen. Segundo, porque los ciudadanos no son interlocutores de los rufianes.

Es Tamaulipas y es Morelos, donde el gobernador panista Adame ha perdido ya la autoridad. No es Javier Sicilia quien pide su renuncia. Son miles de morelenses los que también están “hasta la madre” de malos gobiernos.

Como en Chihuahua, donde el priista César Duarte sigue pertrechado en la misma oficina donde, a unos pasos, ejecutaron hace cuatro meses a Marisela Escobedo.