Colom y la suspensión de garantías

Se requería de un nuevo esquema legal, moderno y actualizado, para combatir a estos siniestros enemigos de toda sociedad, en la inteligencia de que, con las reglas penales existentes sería imposible combatir con éxito a las pandillas del crimen organizado.

Francisco Martín Moreno*

El presidente de Guatemala nos ha dado una auténtica lección práctica y eficaz, de cómo combatir eficazmente a la delincuencia originada en el narcotráfico. La cátedra de política policiaca nos la dio desde el momento en que se percató de que una banda asesina, dotada de un gran poder de fuego y no menor capacidad económica, empezaba a amenazar la estabilidad social, económica y política de su país. Entendió que luchaban en desigualdad de condiciones tanto en el orden jurídico como en materia de armamento. Se requería de un nuevo esquema legal, moderno y actualizado, para combatir a estos siniestros enemigos de toda sociedad, en la inteligencia de que con las reglas penales existentes sería imposible combatir con éxito a las pandillas del crimen organizado. Ante la existencia de nuevos modelos de delincuencia, se requieren nuevos modelos legales. En España, a título de ejemplo, a la macabra banda de ETA la combatieron, entre otras herramientas no menos útiles, con sentencias anónimas dictadas por jueces “sin rostro” para evitar represalias en las personas encargadas de impartir justicia. En México, nuestra capacidad de transformación legislativa para enfrentar al hampa ha sido prácticamente nula. Utilizamos armas antiguas en contra de los sofisticados delincuentes de nuestros días…

Álvaro Colom, el presidente guatemalteco, tomó una decisión valiente y oportuna al atreverse a suspender las garantías individuales por 30 días en la provincia de El Petén, donde 29 campesinos fueron asesinados en una finca por integrantes del cártel de Los Zetas, el fin de semana. Se emprendió una búsqueda de los homicidas casa por casa, calle por calle, habitación por habitación, sin detenerse ante una disposición como la que existe en la Constitución Mexicana que establece aquello de que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. No hay tiempo para que un juez competente obsequie una orden de aprehensión con todos sus requisitos ni menos tiempo para obtener una orden de cateo cuando se sabe que un criminal inmundo que acribilló a inocentes o los envenenó con estupefacientes, se encuentra escondido en un sótano inmundo, la madriguera mefítica en donde sobreviven estos seres, medio hombres y medio bestias.

En Guatemala cerraron escuelas y negocios, se restringió el tráfico, montaron puestos de registro en carreteras y calles, además de prohibirse temporalmente las manifestaciones públicas. Como los delincuentes actuaban parapetados por la ley que exige la exhibición de una “orden judicial” para ser arrestados o cateado su domicilio, pues simplemente desapareció transitoriamente dicho amparo legal, para que policías y soldados pudieran privar de la libertad a los presuntos responsables o revisar cuanta propiedad desearan sin recabar previamente una autorización. ¿Excesos? Puede haberlos, sólo que no se puede cocinar un omelet sin romper el cascarón. Colom decidió correr todos los riesgos anticipándose a un deterioro vertiginoso como el que trágicamente padecemos en México. A las cucarachas se les aplasta contra el piso antes de que proliferen por todo el hogar…

¿Estado de sitio? Sí, en efecto, más aún cuando en casos como en México hemos observado matanzas escandalosas que superan los 40 mil muertos sin que el gobierno pueda controlar la situación. ¿Vamos perdiendo la guerra o la vamos ganando? No hay datos. A saber… Si la razón por la cual no se suspenden las garantías individuales en México es porque no se quiere confesar la existencia de un Estado fallido, pues el Estado fallido se está evidenciando en el orden criminal.

Ante la ola de ejecutados, decapitados, balaceras callejeras en pleno día, secuestros y asesinatos como consecuencia de la guerra emprendida en contra de los narcotraficantes, el gobierno de México debe buscar nuevas herramientas dentro de la ley para someter a los hampones y reducir los márgenes de violencia que acaban con el empleo, con el bienestar soñado y con la esperanza en el futuro. La suspensión de garantías en Tamaulipas, por lo pronto, podría significar una respuesta adecuada ante el vandalismo que padece la entidad.

Si Calderón, con aprobación del Congreso de la Unión, puede suspender en todo el país o en un lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente, rápida y fácilmente al peligroso caos que padecemos, deberá correr los mismos riesgos que Colom en Guatemala para recuperar el orden, la paz y el bienestar. ¿Por qué no atreverse a hacerlo cuando el hampa sabría que, ante la inexistencia de garantías, podría ser atacado sin mediar orden de autoridad competente que funde y motive la razón del procedimiento? ¿Que los derechos humanos de los chacales? ¿Existe alguna duda de quién debe ser más protegido en sus derechos, si el narcotraficante o el ciudadano de a pie? ¿Que la autoridad podría cometer excesos por la discrecionalidad? En efecto, podría darse el caso, ¿pero cuántos ilustres paisanos no son asesinados por los pleitos entre maleantes?

Aprendamos del presidente Colom: nos ha dado una gran lección de patriotismo y de arrojo que no debemos pasar por alto.