¿Cómo terminan las armas estadounidenses en México?

Por Evan Pérez

Associated Press

El fiscal de Arizona Dennis Burke habla en una rueda de prensa tras la incautación de un cargamento de armas

A altas horas de la noche del 8 de marzo de 2008, una patrulla militar mexicana en Chihuahua, una ciudad en el norte del país, respondió a las quejas de vecinos acerca de hombres armados. Los soldados, parte de la campaña que libra México contra la violencia del narcotráfico, fueron recibidos con una lluvia de granadas y disparos. Al terminar el enfrentamiento, seis hombres que las autoridades describieron como miembros de un grupos de traficantes de drogas estaban muertos.

Por el lado del gobierno, cinco soldados resultaron heridos y uno, el capitán David Mendoza Gómez, fue muerto. Las autoridades mexicanas encontraron un arsenal de munición, granadas y armas de fuego de alto poder, entre ellas un rifle Barrett calibre .50 para francotiradores. El rifle semiautomático de largo alcance, un arma imponente de casi un metro y medio, es popular entre los ejércitos del mundo.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (La ATF, por sus siglas en inglés) rastreó el rifle a John Shipley, agente de la Oficina Federal de Investigación (FBI) en El Paso, estado de Texas. Shipley también era un aficionado a las armas de fuego, que había coleccionado y vendido docenas de ellas. Compró el rifle por Internet a US$8.500 en agosto de 2007, para uso personal, a un comerciante de Missouri y lo vendió días después a US$12.000 a un alguacil de policía de El Paso, a quien había vendido otras armas de fuego. De allí fue revendida a un hombre mexicano que volvió a venderlo en México, dicen las autoridades en documentos presentados ante la corte.

La travesía del rifle desde la fábrica de la compañía Barrett en Murfreesboro, Tennessee, hasta un comerciante en Missouri, compradores en Texas, y de allí a un grupos de narcotraficantes en México es una pequeña ilustración de un comercio transfronterizo inextricable que los gobiernos estadounidense y mexicano dicen está atizando la violencia que se ha cobrado miles de vidas.

México tiene estrictas restricciones legales para la tenencia de armas, y la mayoría de las ventas legítimas es procesada por medio de una pequeña tienda en una base militar en la periferia de Ciudad de México. Aun así, abundan las armas en el país, principalmente debido a los carteles criminales. Algunos de los mismos traficantes que trasladan drogas e inmigrantes indocumentados al norte hacia los EE.UU. también llevan armas al sur, dicen funcionarios de las fuerzas del orden.

En años recientes, dicen funcionarios de la ATF, los traficantes han cambiado de tácticas para evadir la ley. En vez de pasar por un solo intermediario, las armas pueden cambiar de manos cuatro o cinco veces o antes de llegar al miembro de un cartel mexicano. Los traficantes prefieren recurrir a compradores de poca monta para un par de compras y pasar las armas al otro lado de la frontera de a pocas por vez.

La probabilidad está favor de los traficantes por cuanto ocultan su cargamento ilícito entre los bienes de más de 100.000 cruces fronterizos por día en El Paso.

"Cuanto más prolíficas son y más dinero tienen, tanto más construyen diferentes capas para protegerse", dice Mike Bouchard, ex director adjunto de operaciones de campo de la ATF. "Llevan armas a su casa y esperan una semana o dos. Saben que la ATF y las fuerzas del orden no tienen los recursos para sentarse a vigilar una casa".

Barrett

Un rifle Barrett de calibre .50

Se ha estado librando una batalla paralela en Washington sobre qué hacer al respecto. En meses recientes, legisladores han criticado al gobierno del presidente de EE.UU., Barack Obama, sobre una táctica investigativa de la ATF que supuestamente permitió que cientos de armas fueran vendidas a presuntos traficantes, incluso armas que terminaron en México. Una de las armas de la operación de la ATF, llamada "Fast and Furious", fue recuperada de la escena de un tiroteo con presuntos contrabandistas en la que murió un policía de fronteras de EE.UU. en diciembre. El Fiscal General, Eric Holder, ha ordenado a un inspector del Departamento de Justicia que investigue la operación.

La ATF dice que "Fast and Furious", que no estuvo involucrada en el caso de Shipley, estaba dirigida a rastrear el contrabando a traficantes de alto nivel, que dirigían redes bien financiadas y sofisticadas redes de compradores "testaferros", gente que por unos cuantos cientos de dólares compra armas a nombre de otros que no podrían pasar las pruebas de antecedentes criminales que exige el gobierno o que no desean registros de sus compras. Los críticos dicen que la ATF perdió el rastro de las armas y permitió que cayeran en manos de traficantes mexicanos. Acusan al organismo de acosar a compradores y comerciantes legales a la vez que usan tácticas que exacerban el problema.

Funcionarios gubernamentales dicen que los agentes de la ATF pugnan por limitar el comercio de un producto que es legal y goza de la protección constitucional en EE.UU., animados por un dictamen favorable al derecho a las armas el año pasado por parte de la Corte Suprema. La gente puede comprar decenas de armas de fuego legalmente y posteriormente venderlas, siempre y cuando las armas sean para uso personal. La negociación a escala grande de armas de fuego requiere de licencia federal, pero la línea divisoria entre tales negocios y el intercambio a menor escala como el de Shipley es difícil de trazar.

Los grupos defensores del derecho a portar armas de fuego están haciendo una campaña contra una regulación propuesta por la ATF que requeriría que los comerciantes de armas informen sobre las ventas de múltiples rifles y otras armas largas, igualando reglas ya en pie para las ventas de pistolas. La ATF dice que la normativa propuesta la ayudaría a mantenerse informada sobre las preferencias de armas del cartel, que ahora favorece a los rifles de alto poder.

Wayne LaPierre, vicepresidente ejecutivo de la National Rifle Association, dice que hay amplias pruebas para indicar que la vasta mayoría de las armas usadas por los carteles de las drogas en México no provienen de EE.UU. sino de Rusia y China, por vía de Guatemala y otros países centroamericanos. LaPierre sugiere que el gobierno de Obama debería mejorar el velar por las leyes existentes en vez de proponer nuevas. "Si hay un arma que está saliendo de EE.UU. a México, estamos en contra y deberían hacer procesar judicialmente eso", dice LaPierre. "Tienen un montón de leyes para hacerlo".

La investigación al rifle Barrett recuperado en México cristalizó dos perspectivas encontradas sobre el comercio de armas entre EE.UU. y México: la del gobierno, que está bajo presión para reducir las ventas ilícitas de armas y la de los defensores del porte de armas, quienes creen que agentes federales con excesivo celo están limitando los derechos de aficionados a las armas.

Shipley, casado, padre de dos hijos e hijo de un coronel retirado del ejército de EE.UU., es ex piloto de helicóptero del ejército estadounidense que sirvió en la primera Guerra del Golfo. Fue herido en un accidente de helicóptero, según su familia y abogados, y se incorporó al FBI en 1996, que lo asignó a El Paso. Se incorporó al equipo SWAT del FBI dos años después y se adiestró como francotirador, ganando honores por su puntería.

Según el gobierno, también estaba dirigiendo un negocio de armas. Después que el rifle que Shipley había vendido terminó en la escena de crimen de Chihuahua, los agentes de la ATF allanaron su casa en mayo de 2008, confiscando 28 armas de fuego, dinero y registros. Un jurado investigador de El Paso lo acusó en junio de 2009 de seis cargos, entre ellos la negociación de armas de fuego sin licencia. Los fiscales adujeron que Shipley mintió en los formularios de la ATF cuando dijo que estaba comprando las armas de fuego para su uso personal. Los fiscales no alegan que supiera que hacía parte de una operación de tráfico. Shipley se declaró inocente.

Por medio de su abogado, Robert Pérez, Shipley se negó a ser entrevistado para este artículo. Pérez dijo que no hay pruebas de que el rifle fue usado en el tiroteo de Chihuahua.

A partir de documentos judiciales, sus abogados y relatos en un sitio web mantenido por sus padres en apoyo a su defensa, puede trazarse un retrato de Shipley. El sitio incluye fotos de Shipley como oficial de reserva del ejército en su juventud, con pelo rasado y figura atlética. En una foto se lo ve en uniforme formal en una noche de gala militar con una bella mujer rubia llamada Kathy, con quien se casó en 1997. Fotos más recientes de viajes de caza y otros paseos muestran los mismos brazos musculosos pero un cuerpo más relleno.

Shipley testificó ante la corte que las ventas de armas lo ayudaron a conformar su colección, que incluía nueve armas heredadas de su abuelo. Según su relato, también compraba armas para saber más acerca de ellas, y cuando las vendía, trataba de conseguir una ganancia, pero no en un intento por ganarse la vida como comerciante.

"Estaba buscando mejorar su colección, mejorar sus destrezas profesionales, y mantener alta su capacidad", dijo Pérez, el abogado, en el inicio del juicio de Shipley en abril de 2010.

El sitio web de Shipley recalca el amor de un entusiasta por las armas de fuego. "John ha amado las armas desde que tenía unos 2 años", dice el sitio.

Shipley estaba encantado de que le pagaran por un empleo que le permitía practicar su puntería, dice su familia, e intensificó las ventas de armas de fuego en 2005 para pagar por el tratamiento médico de su esposa y los gastos cuando la pareja adoptó su hija en septiembre de 2004 y su hijo en agosto de 2005.

Los fiscales cuentan otra historia: la de un comerciante de armas que dicen que mintió para borrar sus huellas y obstruir la investigación.

Los agentes de la ATF que rastrearon el rifle Barrett calibre .50 recuperado en Chihuahua inicialmente quedaron satisfechos cuando contactaron a Shipley a fines de marzo de 2008 sobre la venta del arma.

Shipley dijo a los investigadores que había vendido el rifle a Luis Armando Rodríguez, un carcelero de la comisaría del condado de El Paso. En aquel entonces, Rodríguez ya estaba bajo escrutinio de agentes de la ATF por posible tráfico. Estaban entusiasmados por la pista, dicen las autoridades, debido al breve periodo de "tiempo hasta el crimen", menos de siete meses entre la venta en El Paso y el momento en que el arma apareció en Chihuahua. Normalmente ese periodo promedia de ocho a 11 años, dijo un funcionario de la ATF.

"Creían que tenían un muy buen caso", dijo posteriormente a los jurados el principal fiscal, Greg McDonald. Los agentes creían que un agente federal colega los ayudaría a desentrañar el caso contra un presunto traficante de armas prolífico, afirmaba la fiscalía. En vez de ello, Shipley se reunió con los agentes en un estacionamiento en la zona oeste de El Paso y les entregó falsos registros de ventas, desplegando un "una pista de engaños", dijo McDonald. Los abogados de Shipley dijeron que los registros se compilaron con apresuramiento y que, de todas maneras, los dueños no están obligados a guardarlos.

Rodríguez cruzaba la frontera con frecuencia, y los investigadores creían que con frecuencia vendía armas de fuego allí, según pruebas presentadas en el caso de Shipley. Pero los investigadores tenían problemas en articular un caso en su contra por contrabando.

En una entrevista, Rodríguez dijo que las sospechas de los fiscales "son una mentira". Los fiscales trataron de que testificara en contra de Shipley, pero él se rehusó, dice Rodríguez, agregando: "para mi, John Shipley no hizo nada malo. Nosotros no hicimos nada malo, todo lo que hicimos era legal".

Rodríguez dijo a los investigadores que vendió el rifle Barrett de calibre .50 por medio de un local de remesas en El Paso, pero los investigadores no pudieron encontrar registros para esa venta, dicen los fiscales. En cambio, en una redada en su casa, encontraron un registro de ventas manuscrito por el rifle de calibre .50 y una copia de la licencia de conducir del comprador, dijeron. El comprador era un ciudadano mexicano que ya era investigado por otro caso de tráfico de armas, según los fiscales. Rodríguez dijo que el registro de ventas "no era mío, era de la tienda".

El comprador dijo a los investigadores que cruzaba con regularidad la frontera desde México con encargos de compra de armas específicas. Dijo a las autoridades que a veces compraba armas de fuego en estacionamientos de tiendas de armas o a otros testaferros para una organización mexicana de tráfico de armas. En total, un grupo de testaferros involucrado en el tráfico compró al menos 110 armas de fuego para el envío ilegal a México a múltiples vendedores, dicen los fiscales. El comprador del rifle Barrett fue acusado junto a otros sospechosos y se declaró culpable de cargos que incluían el contrabando de bienes desde EE.UU.

Rodríguez se declaró culpable en 2008 de un cargo único de posesión de un arma de fuego no declarada y pasó un año en prisión. En abril, un juez designó a un fideicomiso para vender decenas de armas de fuego y una provisión de municiones que pertenecían a Rodríguez, por cuanto en su calidad de criminal condenado ya no podía tener armas de fuego.

Bouchard, el ex funcionario de la ATF, considera que las leyes de armas actuales limitan las investigaciones de tráfico de armas.

"El estatuto de la compra por testaferros es muy vago", dice. "Hay que probar que la persona tuvo la intención de engañar al gobierno y al comerciante de armas diciendo que la estaban comprando para ellos mismos pero en realidad lo hacían para otros". Los compradores pueden explicar fácilmente sus acciones aun si compran y venden armas de fuego por periodos breves, dice.

En el juicio de Shipley, Pérez exploró la delgada línea entre un negociante ilegal y un aficionado que vende armas legalmente.

Frank Henderson, agente del caso de la ATF, testificó que Shipley violó la ley con "compras y ventas repetitivas con una ganancia".

"Bien, no hay disputa que liquidar una colección… es totalmente correcto, ¿no es cierto?" preguntó Pérez.

"Eso es correcto", dijo Henderson.

"Pero uno también tiene derecho a mejorar su colección, ¿no es correcto?"

"Correcto", contestó Henderson. "Para vender un arma de fuego que ya estaba en su colección".

"¿Por cuánto tiempo tengo que tenerla antes de que sea parte de mi colección?", preguntó Pérez.

"No hay…", dijo Henderson, e hizo una pausa. "No hay respuesta definitiva para ello".

Los fiscales retrucaron a la defensa exhibiendo mensajes de correo electrónico y anuncios por Internet que mostraban que Shipley usó sus conexiones en las fuerzas del orden para regatear por precios más baratos de las armas, y luego las ofrecía a la venta con lucro.

En una instancia, el fiscal dijo a los jurados, los registros mostraron que "el comprador dio a Shipley un cheque antes de que Shipley incluso comprara el arma", indicando que estaba actuando como lo haría cualquier negociante. Los abogados de Shipley respondieron que el comprador nunca encargó el arma de Shipley sino que solo oyó que Shipley había comprado el arma y ofreció un mayor precio para comprársela.

Los jurados deliberaron por tres antes de declarar a Shipley culpable de los seis cargos. Éste ha apelado su condena, pero el caso se ha complicado por el hecho de que los registros de un día del juicio, incluso el testimonio de Shipley, han sido extraviados por el tribunal.

Está previsto que Shipley se entregue el 10 de junio para comenzar a cumplir su condena de dos años. Su abogado dice aún confiar en que sea exonerado y vuelva a su empleo en el FBI.