Argentina: La rebelión del asco – por Nicolás Márquez
“No hay inflación” (según el INDEC); “la inseguridad es una sensación” (determinó el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández); “el matrimonio Kirchner sextuplicó su fortuna legalmente” (conforme lo resolvió el varón Norberto Oyarbide); “el kirchnerismo llevó adelante una política exitosa de derechos humanos” (lo confirma el empresario Sergio Shoklender) y el dogma de cabecera de los últimos tiempos reza: “Cristina ya ganó”.
Las recientes y sucesivas palizas electorales que el kirchnerismo (representado por Daniel Filmus y Agustín Rossi en Buenos Aires y Santa Fé respectivamente) acaba de sufrir de manera categórica, comienzan a pulverizar el último lema que la religión oficial del estado impuso a todo propósito.
¿Y ahora qué van a decir los alcahuetes rentados del gobierno ante los datos arrojados por los comicios más frescos?:
Si nos ajustásemos al evangelio kirchnerista según Fito “el mudo” Páez, la consigna sería la siguiente: “El 80% de los santafecinos no tienen swing y además dan asco”. Esta y no otra sería la conclusión a la que deberíamos arribar.
¿Hasta cuándo tendremos que tolerar que un grupete reducido de crápulas cobren sumas millonarias por ejercer cargos públicos para los que no están moral o profesionalmente capacitados y encima sus felonías sean festejadas y defendidas por mercenarios de la pluma, la verba o la guitarra?.
Si el asco se rebela masivamente de cara a los comicios de agosto/octubre, la ominosa recua nacional y popular que se hizo millonaria a expensas del Estado tendrá que volver a trabajar y producir para subsistir, es decir, tendrá que dedicarse a incorporar hábitos muy ajenos y extraños a los usos y costumbres fastuosos y suntuosos que la progresía vernácula disfruta (sin asco alguno), gracias a los generosos beneficios ofrecidos y entregados por un gobierno que, por ahora, sigue haciendo de la cultura prebendaria y parasitaria un dogma de Fé.
Que esta situación de ignominia e injusticia prosiga o no, en rigor de verdad dependerá del juicio electoral que los “sectores asquerosos” (que parecer son mayoría) lleven adelante en los comicios venideros.
Mexico: A Zeta Narcorepublic?
Mexico: A Zeta Narcorepublic? – Investors.com
Mexico’s Zetas have drawn a bead on Guatemala’s 2011 presidential election, and former U.S. officials say the cartel is stockpiling arms to do the same to Mexico in its 2012 election. Is there a White House plan?
Smuggling military-grade weapons from Fort Worth through El Paso and Columbus, New Mexico, the Mexican cartel known as Los Zetas may be doing so not just to fight other cartels but to disrupt Mexico’s 2012 election, according to report quoting former officials in the El Paso Times that ran July 13.
Phil Jordan, a former director of El Paso’s DEA Intelligence Center, and Robert “Tosh” Plumlee, a former CIA contract pilot, warned that Mexico’s democracy could be in jeopardy as weapons sold through the U.S. Direct Commercial Sales program may end up with Zeta front groups. Last year, $416.5 million in sales went to Mexico through this program.
That corresponds to a similar warning from Mexico City on Wednesday. Guatemala’s President Alvaro Colom said the Zetas pose a “serious threat” to Guatemala’s democracy as it nears its Sept. 11 election.
Could two nations past our southern border go down to the Zetas and become narcostates? Obviously the cartels think so, based on the weapons they’re trying to bring in — anti-aircraft missiles, grenade launchers, assault rifles, body armor and night vision goggles. If true, this qualifies as a foreign policy emergency and calls for a serious response from the White House.
But from the Obama administration, we instead see things that would make a Zeta takeover more likely.
• Exhibit A: Operation Fast and Furious, a rogue Bureau of Alcohol Tobacco Firearms and Explosives (ATF) scheme that let cartel middlemen buy weapons without fear of arrest, perhaps with the aim of creating a political climate for gun control.
• Exhibit B: Our porous border, which thus far has served as a way to punish states seen as anti-Obama — such as Arizona and Texas.
• Exhibit C: the Obama administration’s failure to enforce immigration laws, directing the Immigration and Customs Service to deport illegal immigrants only if they have a violent criminal record as a means of drawing Hispanic votes for Democrats.
Like the Taliban, Burma’s drug lords, Colombia’s FARC and Pablo Escobar gangs, the story is the same: war against the state. They seek to topple states, and will create a failed state to accomplish that.
The Obama administration’s inaction is setting the stage for just such a nightmare on the American border.
Opinion: Combinación de todas las formas de lucha
Opinion: Combinación de todas las formas de lucha – por Víctor Hugo Malagón
Las asociaciones de prensa y el mundo en general rechazan la millonaria multa impuesta por un juez ecuatoriano al periódico El Universo de ese país y la condena de tres años de cárcel a tres de sus directivos y un periodista, a raíz de la demanda formulada por el mandatario Correa, por considerarlo un fallo desproporcionado, abusivo y violador de los fundamentales derechos de libertad de expresión. En efecto, el señor Rafael Correa demandó el pasado mes de marzo al diario por injuria y calumnia, por una columna de opinión que sugería que el presidente podría haber ordenado las acciones de retoma del hospital durante la reciente pseudo-rebelión de un grupo de la policía ecuatoriana. El presidente decidió entonces encarnizarse contra el diario y sus equipos y llevar la famosa demanda hasta las últimas consecuencias. Como se nos está volviendo costumbre en América Latina, las instituciones vienen siendo capturadas por grupúsculos que defienden banderas ideológicas radicales y trasnochadas, lo que le da a este tipo de decisiones, un tufillo insoportable de fanatismo e intolerancia antidemocráticas.
Puede ser mi impresión, pero no he notado la necesaria vehemencia social y de opinión que amerita una agresión tan evidente a la libertad de expresión por parte de unas instituciones que asumen características absolutistas que lamentablemente son hoy en día muy comunes en la región. Baste con recordar los cierres atrevidos de cadenas de televisión y radio en otros países vecinos para comprender que algunos gobernantes han aprendido muy bien la lección de amordazar, atemorizar y agredir a los medios y a la opinión libre.
Mientras estas atrocidades siguen pasando en América Latina con una cierta complicidad social surgida de perversas “lealtades” y simpatías ideológicas, en nuestro país nos regodeamos con los ataques desproporcionados a exgobernantes y exdignatarios, en una pugna de base ideológica, que se viene emprendiendo desde estructuras fundamentales del Estado. No se trata de no perseguir la corrupción, o de no condenar el contubernio entre políticos y terroristas, o de no exigir responsabilidades legales y políticas del ejercicio de gobierno; pero lo mínimo que se exige es que haya coherencia, prudencia y justicia en esta cruzada nacional por la ética y la transparencia. Que los procesos por farc-política sean tan eficientes como los de la para-política; que el terrorismo de las FARC sea igual de perseguido que el de las AUC; que los candidatos con pasado terrorista sean denunciados y criticados; que la “MANO NEGRA” de la izquierda sea tan repudiada como la de la derecha… Lo que no puede pasar es que la estructura institucional parezca presta a condenar y perseguir sólo a unos cuantos enemigos de ciertos grupos que pretenden capturar el Estado a punta de combinar “todas sus formas de lucha”.
* Víctor Hugo Malagón es economista, profesor universitario y miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI.
Los costos de mantener a Rodrigo Medina
Los costos de mantener a Rodrigo Medina
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En un régimen democrático, la ciudadanía ya hubiera echado a Rodrigo Medina de la Cruz del gobierno de Nuevo León; y en caso de que aún estuviéramos bajo el yugo del autoritarismo del PRI, el presidente de la República lo hubiera removido. Sin embargo, en esta penosa coyuntura en la que los priistas, preocupados por su regreso a Los Pinos, aún no saben qué les impactará menos: sostener a su correligionario o quitarlo de una vez.
En cualquier democracia es posible destituir al funcionario que no cumpla su función; y en caso de que las soluciones fueran lentas, la presión ciudadana puede obligarlo a dejar su cargo. Sólo que Nuevo León y el país todo carecen de vías para remover a Medina de la Cruz. De ahí que la posibilidad de someter a juicio político o de procedencia a cualquier gobernador, se tope siempre con las lealtades de los congresos estatales y los partidos políticos.
Hoy, los gobernadores y el propio presidente cuentan con el respaldo de más de un tercio de los legisladores en sus respectivos congresos. Lo que, en México, anula toda posibilidad en ese sentido.
Los ejemplos abundan. Baste recordar los casos de Mario Marín en Puebla y Ulises Ruiz en Oaxaca para demostrar que aun cuando los atropellos y las violaciones de los derechos humanos fueron flagrantes, sus correligionarios los arroparon. Es posible que lo mismo suceda con Medina de la Cruz, quien sólo ha dado muestras de incapacidad.
Durante el autoritarismo priista, los presidentes de la República recurrían a facultades metaconstitucionales para deshacerse de los gobernadores cuando incumplían sus exigencias. Las vías eran diversas: los invitaban colaborar en la administración pública federal, los enviaban como embajadores o simplemente les pedían su renuncia.
Sobran los ejemplos, sobre todo los que ocurrieron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando “17 gobernadores interinos o sustitutos, pero directamente designados por él, rindieron protesta en 15 entidades” (Proceso 1772). Algunos fueron removidos por razones electorales, pues no garantizaban resultados favorables para el PRI en los comicios venideros o bien habían entregado malas cuentas.
Debe señalarse que el PAN también recurrió a esa práctica en 2003, cuando el presidente Vicente Fox invitó al gobernador de Nuevo León, Fernando Canales, a su gabinete, presuntamente para desbrozarle el camino al candidato panista Mauricio Fernández, que a la postre resultó un fracaso.
No obstante, hoy los priistas tratan de tomar la mejor opción en el caso de su correligionario Medina de la Cruz, dado que la Constitución de Nuevo León los obliga a convocar a elecciones si el gobernador abandona su cargo durante los primeros tres años de gestión, en este caso se cumplen hasta el 4 de octubre de 2012, es decir, cuatro meses después de la elección presidencial.
Además, la Constitución estatal incluye otras dos disposiciones que complican más el caso:
Uno: si se convoca a elecciones para gobernador sustituto, se procurará que la fecha señalada “coincida con aquella en que deban tener verificativo las de diputados (al Congreso estatal), siempre que estén próximas”, lo que significa empatarlas con los comicios presidenciales.
Dos: en caso de que no haya elecciones, la vía sería que se le concedieran licencias sucesivas, aunque el artículo 92 señala que éstas sólo serían por seis meses, lo que también complica el relevo, pues aún faltan 14 meses y medio para que Medina cumpla sus primeros tres años de mandato. De optar por este camino, tendría que solicitar tres licencias consecutivas.
La composición del Congreso estatal –tiene 20 de los 42 diputados– obligaría al PRI a negociar con los dos legisladores del Partido Nueva Alianza los votos suficientes para lograr una mayoría absoluta. Y eso lo obligaría a negociar con Elba Esther Gordillo.
Más grave aún, esa composición se modificará en las elecciones de julio de 2012 y el nuevo Congreso inicia el 1 de septiembre, con lo cual la designación del gobernador sustituto le corresponderá a un Poder Legislativo cuya composición se desconoce. Los priistas deberán considerar este elemento en su ecuación, pues los panistas podrían obtener la mayoría y dificultar las negociaciones.
Por lo demás, las razones objetivas para el cambio de gobernador son evidentes. Sólo deben observarse la inseguridad creciente en Nuevo León; la incapacidad mostrada por las autoridades locales para ayudar a los damnificados por el huracán Alex en 2010.
Por lo que atañe a la inseguridad, el diario El Norte ha publicado información contundente: en 2009, Medina tomó posesión el 4 de octubre de ese año, hubo 56 ejecuciones; en 2010 sumaron 610; y en lo que va del año llegaron a mil, poco menos de las ocurridas durante el primer semestre en Juárez (mil 71), considerada la ciudad más violenta del mundo.
Además, según el mismo periódico, durante el primer semestre de 2010 se registraron mil 852 robos de vehículos con violencia; en el periodo correspondiente a 2011 la cifra se disparó a 5 mil 942; el robo violento a negocios pasó, en ese mismo periodo, de mil 275 a 2 mil 324; los asaltos a casas habitación crecieron de 129 a 185, y los asaltos a personas pasaron de mil 322 a mil 683.
Otro rubro que está empantanado es el establecimiento del mando único de las policías en el estado y la depuración de los uniformados. En los 21 meses de mandato de Medina ha habido tres secretarios de Seguridad Pública. En el caso del huracán Alex, aún se observan los estragos del meteoro en las principales vialidades del área metropolitana, particularmente en las avenidas Constitución y Morones Prieto.
En una encuesta levantada también por El Norte en octubre de 2010, justo al cumplirse el primer año de gobierno de Medina, sólo 50% de los encuestados dijo estar satisfecho con el desempeño del mandatario; y 25% admitió haber votado por él, aunque mostraron su descontento por la forma en que se conduce.
Y aun cuando la remoción del gobernador no depende de razones objetivas, el PRI simplemente no sabe qué le causará menos problemas en 2012: dejarlo en la gubernatura hasta la jornada electoral o removerlo ahora. De entrada, puede descartarse la posibilidad de una renuncia definitiva antes de los comicios presidenciales de julio del próximo año, pues eso conduciría necesariamente a nuevas elecciones en Nuevo León, muy probablemente simultáneas a las presidenciales, lo que afectaría definitivamente la preferencia electoral a favor del PRI.
Las opciones reales son: hacer que Medina solicite dos licencias sucesivas antes de las elecciones presidenciales, y una más antes de cumplir sus tres años; o sostenerlo hasta después del 4 de octubre de 2012 o, al menos, hasta después de los comicios del 1 de julio de ese año.
Si el PRI opta por la primera opción, el tiempo apremia, pues el sustituto de Medina requiere de tiempo para actuar y ofrecer los resultados a la ciudadanía; además, los priistas deberán ventilar las solicitudes de licencia en el Congreso local lo más alejado de las elecciones, lo cual implica solicitar ya la primera licencia, para lograr que la segunda sea antes del inicio de las campañas electorales a finales de marzo de 2012.
Con respecto a la segunda opción, por lo que el gobernador ha mostrado hasta hoy, los priistas deben ser conscientes de que es factible que en los siguientes 11 meses y medio las condiciones de vida en Nuevo León se agudizarán y el desprestigio del gobierno se acelerará. Aunque es de suponer que esto será menos costoso electoralmente para el PRI que la primera opción.
A menos que haya un giro de 180 grados en la conducción del gobierno de Medina, el PRI debe definir la salida de su correligionario y la vía para seleccionar a su sustituto. Es difícil que algún temerario priista le apueste a que Medina concluya su mandato, que termina el 3 de octubre de 2015.
Crisis en la PGR
Crisis en la PGR; renuncian 20 delegados estatales
MÈXICO, D.F. (apro).- Por diferencias con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), al menos 20 delegados estatales renunciaron en bloque el pasado viernes 29.
Aunque la noticia no se ha dado a conocer de manera oficial, APRO logró confirmar la renuncia masiva de los funcionarios, algunos de los cuales temen que la procuradora Marisela Morales vaya a enderezar averiguaciones previas en su contra.
Los delegados que dimitieron son de los estados de Veracruz, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, Sonora, Durango, Coahuila, Tlaxcala, Guanajuato y Distrito Federal.
La procuradora se encuentra de gira por España, donde hoy declaró que la “depuración” en su dependencia será “permanente” y a todos los niveles, y dijo que el mensaje a los funcionarios es que “no voy a tolerar” actuaciones ilegales o corrupción.
Las actuaciones de depuración “deben ser permanentes, no sólo en la PGR, sino en los tres niveles de gobierno, es lo que requiere el país para generar la confianza y reducir la impunidad”.
Personal del equipo de la funcionaria aseguró que actualmente se investiga al 8% del personal de la PGR (de un total de 20 mil) de cualquier tipo de práctica ilegal que se aparte de su responsabilidad.
Durante una gira de trabajo por Italia y España, y en entrevista con medios mexicanos y españoles, Morales anunció que los funcionarios de su área deben saber que “cualquier conducta va a ser sancionada; no se van a tolerar” ilegalidades.
Entrevistada en la Embajada de México en Madrid, la procuradora aclaró que las “depuraciones” no se deben tomar como “una falla”.
Desde el 7 de abril que ella ingresó y al 20 de julio, hay 462 personas que han sido destituidas, según datos de la propia PGR.
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