Harry Reid y el Senado del No
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Washington está que arde y no se trata solo de la temperatura. Propuestas que compiten para lo del límite de la deuda, amenazas presidenciales de veto y acalorada retórica entre partidos y partes, todo ello contribuye a que el ardor político esté que quema al tiempo que la retórica del presidente aparentemente está diseñada para llevar a los mercados a una crisis a toda velocidad.
El plan del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, (R-OH), para el asunto del límite de la deuda provocó una revuelta conservadora después de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) anunció que su plan no logrará los cortes a los que aspiraba. Así que ahora Boehner se apresura a rehacer su paquete del límite de la deuda.
Mientras tanto, en el Senado… nada de nada.
El líder de la mayoría Harry Reid (D-NV) ha presentado un plan que rivaliza con el de los republicanos y que, según la CBO, reduciría el déficit en “cerca de $2.2 billones”, si los futuros Congresos se adhieren a la totalidad de sus topes de gastos y otros cambios políticos. Pero es un grandísimo “si”.
Esto sería a cambio de aumentar el límite de la deuda por $2,7 billones, algo que va en contra del acuerdo generalizado de que el endeudamiento de la nación debería aumentar sólo en la medida en que Washington esté dispuesto a hacer recortes. Su plan también se basa en gran medida en reducir la asignación de defensa. El gasto discrecional no bélico sería insignificante en los próximos dos años y ni siquiera alcanzaría el billón de dólares en 10 años. El resto de la reducción del déficit –$375,000 millones– proviene del ahorro de los intereses que derivan de estos recortes proyectados.
A cambio de estos $2,2 billones en recortes muy dudosos, Reid inmediatamente aumentaría el límite de la deuda en $2,7 billones. El efecto neto: El presidente Obama recibe un extra de medio billón de dólares de la tarjeta de crédito del pueblo para que juegue.
El plan de Reid también solicita que haya un comité conjunto para presentar medidas adicionales para “la reducción del déficit” y por supuesto en el Senado, donde sería aún más probable que resulte en aumentos de impuestos que en la Cámara de Representantes. Y Reid descarta que se reforme el Seguro Social, Medicare y Medicaid –la verdadera causa a mediano y largo plazo de los déficits— unas reformas transformacionales que tan desesperadamente necesitan. Pero en lugar de poner su plan a votación, Reid ha optado en su lugar por revolver las turbulentas aguas en Washington DC hasta un nuevo nivel de escándalo. El senador Chuck Schumer (D-NY) dijo que si los republicanos “rechazan esta oferta, simplemente significa que desean el impago por defecto”. ¿Qué dijo Harry Reid sobre el plan de Boehner? “Los demócratas no votarán por él. Los demócratas no votarán por él. Los demócratas no votarán por él. Llega muerto al Senado, si sale siquiera de la Cámara”.
Sí, la cosa está que arde por aquí.
Qué distinto del decoro que esta gran cámara alguna vez ostentó. Se dice que James Madison describió esta augusta asamblea como “el gran ancla” del gobierno. Así que vamos a considerar los momentos de liderazgo senatorial de Harry Reid en estos momentos de apremio presupuestario y de endeudamiento de nuestra nación. El Senado:
• No ha aprobado un presupuesto en casi 900 días,
• Rechazó el presupuesto aprobado para 2012 por la Cámara de Representantes por 40-57,
• Rechazó el presupuesto de Obama 97-0,
• Abdicó de tener que decidir sobre el primer plan de la Cámara de Representantes –Recortar, Limitar y Balancear—y votó contra permitir que la propuesta llegara a votación.
Lo más caliente de este verano es Harry Reid y su Senado del No.
La Decimocuarta Enmienda: El truco desesperado
La Decimocuarta Enmienda: El truco desesperado, taimado y peligroso de la izquierda
Con objeto de hacer virtud del vicio, la izquierda política ha puesto en marcha una estratagema desesperada, taimada y peligrosa para impedir los recortes del gasto que el público exige.
Están preparando el camino para que el presidente Obama se salte las negociaciones y haga caso omiso del límite legal de $14.3 billones de la deuda federal. Quieren que dé instrucciones al Tesoro para que pida prestado lo que necesite para satisfacer sus grandiosos planes de gasto alegando que el límite de endeudamiento es inconstitucional.
Si esto ocurriera, añadiría una crisis constitucional a nuestra crisis económica. Y empeoraría nuestros problemas económicos.
La izquierda fundamenta su plan en una peligrosa mala interpretación de la Decimocuarta Enmienda. Emplean una retórica engañosa para pintar como los salvadores de la Constitución a los que tanto gastan. Dicen que es la solución constitucional para proteger nuestra economía del supuesto Armagedón que supondría el impago de la deuda o unas devastadoras reducciones del gasto.
La izquierda añade que esto nos salvaría de los malvados republicanos que no se suman a los aumentos de impuestos mataempleo.
Declarar inconstitucional y nulo el límite de la deuda sería un gran cambio de rumbo para Obama y el secretario del Tesoro Geithner quienes clamaban que nuestro fin estaba en puertas debido al límite de la deuda. Pero un cambio tal de posición no sería la primera vez para Obama que ya ha sabido declarar su posición “en evolución” con tal de que se ajusten a sus intereses políticos. Ni tampoco sería la primera vez que Obama alegara que ignorar las leyes que considere inconvenientes es una prerrogativa presidencial.
Ofrecidas dos ocasiones de repudiar públicamente esta horrífica idea, Obama se rehusó a hacerlo por dos veces.
La idea de la Decimocuarta Enmienda empezó a colarse calladamente entre la izquierda hace unos cuantos meses. Según fue quedando claro que estaban perdiendo la batalla del gasto deficitario, la izquierda comenzó a publicar artículos de profesores de Derecho, economistas, columnistas y opinadores profesionales, todos ellos colaboradores de buen grado y con cobertura en CBS News, MSNBC, USA Today, el Washington Post y otros muchos medios. El Huffington Post ha sido el propulsor más mayor entusiasta del plan.
Los que proponen esta idea fundamentan sus falsas alegaciones en una lectura parcial de la cláusula de la Decimocuarta Enmienda que dice: “La validez de la deuda pública de Estados Unidos que esté autorizada por la ley … será incuestionable”. Se adoptó esta formulación tras la Guerra Civil. Debido a que el siguiente pasaje de la enmienda repudia, de forma expresa, cualesquiera deudas de la anterior Confederación, los redactores necesitaban diferenciar esto de la deuda válida que emitía la Unión.
Nadie cuestiona la validad de nuestra deuda emitida legalmente, ni debería hacerlo, pero el presidente no tiene autoridad para crear deuda adicional que el Congreso no haya aprobado.
Como señala Andrew Grossman, de la Fundación Heritage:
No se deduce de esto que el límite de la deuda es inconstitucional . . . De hecho, la acción unilateral del presidente de pedir prestado dinero sería una usurpación del poder legislativo, un acto inconstitucional. La Constitución [en el artículo I, sección VIII] confiere el poder de “pagar las deudas y proveer la defensa común y el bien general de los Estados Unidos” y el poder de “pedir prestado dinero contra el crédito de los Estados Unidos” al Congreso, no al presidente. El presidente carece de la autoridad de, por sí solo, realizar gastos que no ha autorizado el Congreso (debido a que el Congreso ha impuesto un límite de la deuda que anula cualquier otra autorización) o acometer un endeudamiento que no fue autorizado por el Congreso.
El experto constitucional y exmagistrado federal de apelaciones, Dr. Michael McConnell, resume de forma bastante sencilla la noción de que la Decimocuarta Enmienda invalide el límite de la deuda: “Tonterías”. dice elocuentemente McConnell.
Desde 1917, el Congreso ha ejercido el control sobre la deuda mediante un límite definido en la ley sobre la cantidad total que se puede pedir prestada. Este es un uso explícito y exclusivo de la autoridad constitucional del Congreso — en oposición a la cacareada interpretación errónea de que la Decimocuarta Enmienda crea algún tipo de nuevo poder presidencial para emitir deuda sin límite. Como señala el Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS): “El límite de la deuda también provee al Congreso con los medios de controlar el dinero federal, permitiendo al Congreso ejercer sus prerrogativas constitucionales para controlar el gasto”.
Para resumirlo: como dice la Decimocuarta Enmienda, la deuda debe estar “autorizada por la ley”. Como el artículo I establece, solo el Congreso puede dar tal autorización.
El intento de la izquierda para revertir la enmienda es desesperado, taimado y peligroso. Han visto que las encuestas muestran que el 60-70% del público se opone al aumento del endeudamiento, así que intentan desesperadamente preservar el gran gobierno. Su perversión de la Constitución es taimada. E ignorar el límite de la deuda es peligroso para las futuras generaciones y para la economía de hoy.
Imagine el caos en los mercados financieros si no pudiesen distinguir entre bonos del Tesoro válidos aprobados por el Congreso y deuda dudosa autorizada por el presidente. La izquierda tiene una mala respuesta para ello: que la Reserva Federal compre la nueva deuda. Eso significaría imprimir más moneda, inflando nuestro dinero y devaluando todavía más el dólar.
Es necesario acabar con toda esta estratagema de la Decimocuarta Enmienda y denunciarla por lo que es: Otra maniobra progre para saltarse tanto la Constitución como a la opinión pública y proteger el gran gobierno a toda costa.
Añadir una crisis constitucional a nuestra crisis económica solo empeoraría las cosas.
¡Eso es la Guerra!
¡Eso es la Guerra!
Por Mario Noya
 | Pese a la traducción infame, el subtítulo mendaz y el exceso retórico del prologuista Gringrich, La batalla. El nuevo ideario del liberalismo político, de Arthur C. Brooks, es un buen libro; "un auténtico alegato en favor del libre mercado, de la libertad de empresa y de la libertad individual", que dice el otro prologuista, José María Aznar. |
La traducción es infame porque, si el Servicio Andaluz de Salud no me contradice, Elie Wiesel sigue siendo un señor, para nada "la superviviente del Holocausto y escritora" de que se nos habla aquí (p. 94). Y porque seguro que Brooks, por muy casado que esté con una catalana, en el original no utilizó la expresión "egoísmo pesetero" (p. 129); por no hablar de esta frasecita, que de todas formas hará las delicias de César Vidal: "La mayor parte de los estadounidenses simpatizan con los protestantes del Tea Party" (p. 167). Son sólo tres perlas, pero el libro entero es un vivero. En cuanto al subtítulo, "El nuevo ideario del liberalismo político", es mendaz porque Brooks, de hecho, lo que pide, exige a los conservadores norteamericanos es que vuelvan a enarbolar las banderas tradicionales de su ideario, que en buena medida coinciden con las del liberalismo clásico: menos impuestos, menos pero más eficiente Estado, más libertad para los ciudadanos; reivindicación del patriotismo, defensa de la familia y de la vida. Por lo que hace a Newt Gingrich, el Guti de los republicanos, se pasa de frenada cuando dice que este notable texto es "tan importante" para la generación actual como lo fue el Camino de servidumbre del maestro Hayek para la de Reagan y Thatcher (p. 21). Pero, repito, es un buen libro, lo que dijo Aznar en su prólogo donde saca pecho de su España y carga contra la de Zetaparo. Un libro escrito para americanos pero del que también los españoles podemos sacar lecciones de provecho... y motivos para alimentar nuestros temores:
España se halla –para ser franco– en proceso de perder a toda una generación de ciudadanos productivos. No importa lo generosa que sea la red de seguridad social –y soy consciente de que hoy en día en España no es demasiado espléndida–, nadie conseguirá convencerme, a mí o a cualquier otra persona sensata, de que la situación actual no es ni más ni menos que una catástrofe (p. 35).
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La Batalla es la guerra que pide, exige Brooks –presidente del muy influyente American Enterprise Institute– que dé el Setenta para poner en su sitio al Treinta. El Setenta es el 70%, la inmensa mayoría de los norteamericanos, o sea, patriotas que creen que su país es verdaderamente la Tierra de los Libres y que el Estado, cuando se sale de sus cometidos de velar por la seguridad de la ciudadanía, administrar justicia y fijar el marco en que se producen las relaciones sociales, lejos de ser la solución es el Gran Problema. El Treinta, ese minoritario 30%, remite a Obama y sus mariachis en los medios, las universidades y el mundo del espectáculo, que recelan o directamente abominan del excepcionalismo americano y quisieran que el suyo fuera un país así como europeo, marinado en estatismo socialdemócrata, buenista y sobrado, tan estupendo. "El progreso natural de las cosas es que la libertad ceda y el Estado gane terreno", constató Jefferson. Al Setenta, tal constatación le sienta como un tiro; los del Treinta piden otra ronda y pagan con dinero ajeno: la redistribución era esto.
"Existe un desacuerdo fundamental en cuanto al futuro de Estados Unidos", resume Gingrich; "entre la minoría socialista y redistribucionista (la coalición del 30 por ciento) y la aplastante mayoría partidaria de la libre empresa y de la ética del trabajo y orientada hacia el aprovechamiento de las oportunidades (la mayoría del 70 por ciento)" (p. 19). Los porcentajes no están tomados al tuntún, sino por decantación de los resultados que suelen arrojar las encuestas cuando a los yanquis se les pregunta por este tipo de cosas. "Los datos muestran una pauta clara y constante –quien sintetiza ahora es el propio Brooks–: el 70 por ciento de los norteamericanos apoya el sistema de la libre empresa y no respalda el Gran Gobierno" (p. 53).
Ocurre que los americanos son una cosa y el establishment, otra bien distinta. La Academia, los medios, Hollywood (y buena parte de la alegre muchachada) son abracadabrantemente progres. Y encima desde 2008 tienen en la Casa Blanca a uno de los suyos. "Obama ha defendido que ya es hora de que Estados Unidos se mueva en la dirección de una democracia social de estilo europeo" (p. 23). Y en ello está. Gracias, que no pese, a la crisis.
El [ex]jefe de gabinete de la Casa Blanca, Rahm Emanuel [actualmente alcalde de Chicago], lo resumió mejor: "Nunca permitas que una crisis grave se desperdicie. Lo que quiero decir con eso es que es un trance para hacer cosas que no podías hacer antes". La crisis económica constituyó una oportunidad de oro para que la coalición del 30 por ciento rehiciera Estados Unidos a su propia imagen (pp. 72-73).
Pero Estados Unidos no se deja, como bien ha podido comprobar Obama, que el año pasado, en las elecciones de mitad de mandato, se pegó un batacazo de los que hacen época. Que ha sudado sangre para sacar adelante su contestadísima reforma sanitaria. Y que, qué cosas, ha dado vida a una derecha en horas muy bajas hasta su llegada a la Presidencia: ahí está el Tea Party (por el Motín del Té, sí, pero también y sobre todo porque están hartos de que les esquilmen en el presente acojonante: Taxed Enough Already), vilipendiado aquí y allí por los medios pero al que el 70% de los americanos, según un sondeo de Fox News-Opinion Dynamics (febrero de 2010), considera "un grupo formal de gente que cree que el gobierno [= Estado] es demasiado grande y que los impuestos son demasiado altos"; un grupo de gente que "debería ser tomado en serio". En cambio, para el otro 30% son un montón de marginales con "ideas de extrema derecha (...) que no debería ser tomado en serio". Setenta-treinta, ya ven.
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¿Qué tiene que hacer la derecha americana para ganar la Batalla que es una guerra cultural con todas las letras? Pues ganar elecciones, sí, pero sobre todo defender sus posiciones, no ceder al miedo como en las presidenciales de 2008 y atar en corto a sus representantes, pues a las primeras de cambio pueden convertirse en unos traidores de tomo y lomo. Conviene no olvidarlo: Obama no ha inventado nada. Obama es un acelerador. Obama potencia, agranda (Supersize me!), ahonda las heridas abiertas por otros, Bush el primero. Bush, del que Obama quería apartarse como de la peste y resulta que, en punto a despilfarro, gasto estupefaciente, los salvajes salvatajes, fue quien abrió la espita: la Medicare Modernization Act de 2003 representaba un coste para el contribuyente de 593.000 millones de dólares entre 2004 y 2013; "el presidente Bush firmó proyectos de ley de gasto que contenían más de 55.000 partidas especiales" (p. 68); "hay un estudio que muestra que los costes en reglamentación social y económica se dispararon un asombroso 60 por ciento bajo el gobierno de Bush" (p. 93). En definitiva:
Los republicanos, que en los viejos tiempos consideraban la disciplina en el gasto como un valor fundamental, han sido tan responsables del crecimiento del gobierno [= Estado] en los últimos años como los demócratas. "Perfeccionamos el proceso", llegó a admitir un miembro republicano de la Cámara al referirse al gasto abusivo durante la época en la que su partido tuvo la mayoría en el Congreso (p. 69).
"Tenemos que permitir que la gente triunfe y que la gente fracase" (pág. 44). Volver a poner en valor la Libertad frente a la seguridad del Estado-padrote, pachorra y parásita, que acaba por no ser tal sino todo lo contrario, la intemperie, el colapso, un potentísmo generador de resentimiento y envidia que hipoteca (¡qué paginas sobre las hipotecas, por cierto, 124 y siguientes! ¡Especialmente recomendables para los veneradores de la dación en pago!) el futuro de las generaciones presentes y venideras: es lo que tiene ser so-li-da-rio.
"Ahora todos somos socialistas", tituló Newsweek en febrero de 2009. Brooks no es Lola Flores, así que no replica con uno de sus míticos "¡Ni lo quiera Dios!", pero su razonada prevención es –casi– igual de contundente:
"En muchos sentidos, nuestra economía ya parece una de las europeas –concluía la revista–. A medida que vaya creciendo la generación del baby boom y que se vaya incrementando el gasto, nos volveremos aún más franceses". Al decir "más franceses", Newsweek no se refería a las baguettes y al buen vino. Hablaba de la Francia de la gran burocracia, los sindicatos poderosos, los impuestos excesivos, el desempleo alto y el sector público floreciente (p. 79).
No le gusta ese cuadro hiperrealista a Brooks, miembro señero del Club de los Setenta. Por eso pide a sus semejantes que se pongan manos a la obra para impedirlo. Invocando el pretérito perfecto de los Padres Fundadores (Jefferson), el pasado reciente de Ronald Reagan y el presente que ya está aquí, yes we can!, al habla Scott Brown, senador republicano por el muy progre estado de Massachusetts en sustitución del aún más progre Ted Kennedy:
"¿Qué es lo que hizo grande a Estados Unidos? Los mercados libres, la libre empresa (...) Así es como vamos a hacerlo, no incrementando el gobierno [= Estado]" (p. 171).
So be it. Que así sea. Pero cualquiera se fía. Que son políticos y estamos en crisis –vuelvan a Jefferson–. La eterna vigilancia. "Necesitamos líderes comprometidos con la fuente de nuestra prosperidad y los cimientos de nuestra cultura" (p. 204). Y una sociedad dispuesta a dar la Batalla contra el Ogro Filantrópico devenido Conan el Destructor:
Estamos hablando (...) de una lucha que ocupará los próximos cien años de la cultura estadounidense, y eso, en un país que ya es rico, no tiene que ver con el dinero. Si no somos capaces de ver que la libertad, la oportunidad y el carácter emprendedor son mucho más que dinero, deberíamos avergonzarnos. No merecemos vencer en esta batalla.
[...]
[El de libre empresa], más que ningún otro sistema, capacita a las personas para que consigan triunfar y, de ese modo, logren la felicidad. Por esa razón, no es tan sólo una alternativa económica, sino un imperativo moral. No es tan sólo el sistema más eficiente, sino el más limpio y el más justo (pp. 126-130).
Qué lástima que, aquí en España, la Batalla
Humala jura como nuevo presidente en medio de los gritos
Humala jura como nuevo presidente en medio de los gritos del fujimorismo
Ollanta Humala juró su cargo como nuevo presidente del Perú en medio de la polémica al mencionar el "espíritu" de la constitución prefujimorista.
Humala se convirtió este jueves en el nuevo presidente de Perú para un período de cinco años y comprometió a acabar con la exclusión y la pobreza en un discurso en el Congreso empañado por los gritos enfurecidos del fujimorismo que estallaron cuando el nacionalista mencionó el espíritu de la Constitución de 1979, la misma que fue reemplazada por la de 1993 después del autogolpe de estado de Alberto Fujimori.
El presidente dijo: "Ejerceré fielmente el cargo de Presidente de la República, que me ha confiado la Nación por el periodo presidencial 2011-2016 (...) honrando el espíritu, los principios y los valores de la Constitución de 1979". La Constitución de 1993 fue redactada por el Congreso Constituyente Democrático después del famoso autogolpe del 5 de abril de 1992 con el que Fujimori disolvió el Parlamento, uno de los hechos históricos más polémicos de la historia reciente de Perú. Por si no fuera poco, sus vicepresidentes, Marisol Espinoza y Omar Chehade, juraron y fueron mucho más explícitos al señalar que lo hacían por la Constitución de 1979.
El nuevo presidente de Perú prometió que implementará un Gobierno "sin calco ni copia" de ningún otro régimen de la región y subrayó que su principal objetivo será la inclusión social y mantener el crecimiento del país: "un camino propio, un modelo peruano de crecimiento con estabilidad, democracia e inclusión social", dijo Humala. "Las características de este gobierno -apuntó- pueden resumirse en los siguientes términos: reforma, democracia, libertades, inclusión, redistribución, crecimiento, paz con justicia, seguridad, descentralización, transparencia, soberanía y concertación".
Durante un mensaje de casi una hora de duración, el nuevo presidente peruano anunció un aumento en el sueldo mínimo, que pasará de 600 (158 euros) a 675 soles (178 euros) en agosto y a 750 soles el próximo año (198 euros). Además, dijo que aplicará una "economía nacional de mercado abierta al mundo", que propondrá drásticas sanciones para los funcionarios corruptos, incrementará la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y fortalecerá el sistema de defensa nacional.
"El Perú es un país plurilingüe y multicultural", que sufre, dijo Humala, "el abandono de los políticos y de un Estado insensible, burocrático y centralista", Según él, el Estado peruano "le ha dado la espalda al interior del país" y "se niega a subir a los Andes y a extenderse en nuestra amazonía, el Estado acechado por la corrupción y el despilfarro, alejado de sus ciudadanos, incapaz de protegerlos de la violencia y la criminalidad".
Ollanta Humala se definió como "un celoso guardián del Estado de Derecho y un defensor de los derechos humanos y de la libertad de prensa y de expresión". "El Perú establecerá una nueva relación entre el Estado y el mercado –dijo-, distinta de las fracasadas recetas extremas del Estado intervencionista o del Estado mínimo y excluyente".
Corrupción y recursos naturales
Humala se mostró a favor de tomar medidas para que no prescriban los delitos de corrupción, uno de los principales retos que han tenido que afrontar los jefes de Estado peruanos en las últimas décadas y una de las principales críticas y preocupaciones de la población. "Defiendo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en agravio del Estado y la inhabilitación a perpetuidad contra sus autores o cómplices para evitar el perjuicio futuro de la gestión publica", manifestó.
En este sentido, ha sugerido revocar las penas condicionales en estos casos para que la prisión se cumpla de "manera efectiva" y ha abogado además por eliminar los beneficios penitenciarios para los corruptos, lo que podría interpretarse como una alusión a Fujimori, quien disfruta de ciertas ventajas en la prisión donde cumple una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad.
En cuanto a los recursos naturales del Perú, Humala dijo que establecerá "una política de aprovechamiento soberano (...) que garantice la explotación racional y equilibrada del agua, la tierra, los bosques, la biodiversidad, el gas y los minerales". "Las ganancias extraordinarias de las empresas mineras deben contribuir al esfuerzo nacional en pro del combate contra la pobreza. Los contratos serán respetados y la negociación permitirá (...) que esta significativa contribución beneficie a todo el país".
Humala dijo que ejecutará "una política contra las drogas que consolide el modelo peruano de desarrollo alternativo integral y sostenible para convertir a los productores, hoy ilegales, en agentes de una economía legal". "No legalizaremos ninguna droga ni tampoco los cultivos ilícitos y por el contrario los vamos a combatir", aseveró Humala, pero advirtió de que su política antidroga "será soberana y reclamará que se haga realidad la responsabilidad compartida con los países consumidores".
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