Según un estudio, entre 100.000 y 120.000 latinos han abandonado el estado de Arizona.
El Gran Mercado de Phoenix, la capital del estado de Arizona, está semivacío. Bajo los techos de chapa azul recalentados por el sol del desierto hubo en otros tiempos más de mil pequeños comerciantes ofreciendo sus mercancías a 40.000 visitantes por fin de semana.
Hoy los puestos son apenas 200 y el público, una cuarta parte.
Muchos le echan la culpa a la historia reciente de Arizona, que tiene un punto de inflexión en la llamada ley SB1070, una norma que, desde abril de 2010, ha puesto en la mira a los inmigrantes indocumentados, en su mayoría hispanos.
Según un estudio del Centro Pew, entre 100.000 y 120.000 latinos han abandonado el estado, en un contexto que combinó la criminalización de los "sin papeles" con la rampante recesión económica.
"Hace tres años que viene bajando, primero la economía y luego la ley. A lo que era antes, no viene nadie, no sé si se fueron a México, a California, a Texas… o nomás están pero no vienen", dice a BBC Mundo José Torres, en su local atiborrado de botas y cinturones de cuero sin vender.
Con una oferta de entretenimiento gratuito que incluye lucha libre, música norteña y diversión infantil, este swap meet (mercado de menudencias) era lugar de encuentro de las familias hispanas, sobre todo mexicanas. Hoy son pocas las que caminan por los pasillos.
"Antes no había locales disponibles para rentar. Yo creo que ha afectado las redadas del sheriff (Joe) Arpaio, pues así la gente no quiere ya venir", señala Rita de la Cruz, que lleva diez años vendiendo perfumes en el lugar.
No son cosa nueva los operativos del polémico Arpaio, convertido en abanderado de la cruzada anti-inmigrante. Aunque ya existían normas anteriores a la SB1070 para investigar el estatus legal de los extranjeros, desde la entrada en vigor de la ley las redadas se han multiplicado.
En el Gran Mercado, la mitad de los detenidos por presuntos delitos –como la venta de mercadería falsificada- han sido latinos sin papeles.
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"No discriminamos"
"Soy ‘el malo’ para algunos, pero creo que la mayoría aquí está de acuerdo con lo que hacemos con los inmigrantes"
Joe Arpaio, sheriff
En la oficina del alguacil –custodio del condado de Maricopa en el que se encuentra Phoenix-, defienden sus requisas, que llevan a cabo sin previo aviso en parques, barrios, restaurantes y otros establecimientos sospechados de dar empleo a indocumentados.
El hombre, que orgullosamente lleva el título de "el sheriff más duro de Estados Unidos", niega que su equipo haga racial profiling, como se llama a la práctica de basarse en la mera apariencia de los hispanos para iniciar una redada o presumir criminalidad.
"No ha cambiado la forma en que yo trabajo. Nosotros hemos venido haciendo centenares de detenciones al mes antes y después de la SB1070. Llegamos a detener cien personas en 18 horas", detalla, en entrevista con BBC Mundo.
Arpaio niega que los barrios de mayoría latina sean destino preferido para sus requisas. El funcionario está siendo investigado por el Departamento de Justicia por presuntos abusos a los derechos civiles, entre otras causas legales iniciadas en su contra.
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"Son dos o tres quejas… si fuera tan grave, entre tantos indocumentados que hay nos harían más denuncias. Soy ‘el malo’ para algunos, pero creo que la mayoría aquí está de acuerdo con lo que hacemos con los inmigrantes", asegura el sheriff.
Salir a la calle
"Resulta que por un simple ticket (multa por infracción) se te arresta y puedes terminar deportado"
Isidro Mendoza, migrante
Como estado fronterizo, Arizona tiene un largo historial de migraciones y es hoy el estado con mayor número de ingresos no autorizados a través de la frontera, con drop houses –refugios ilegales donde los traficantes alojan a migrantes en espera de su pago- que forman parte de la realidad de sus ciudades y con un número de indocumentados estimado en 460.000.
"Las persecuciones comenzaron antes, lo grave de la SB1070 es que las acepta y valida", opina James García, escritor y miembro activo de la comunidad hispana local, en diálogo con BBC Mundo.
Muchos, como él, señalan que la nueva norma ha redefinido el concepto de convivencia.
El miedo, dice, está instalado entre los vecinos y se cuela en las actividades más cotidianas.
"Antes uno podía salir, conducías tu carro y si te paraba la policía te daban una multa y te dejaban ir a casa. Pero ahora, por no tener una licencia o una identificación del gobierno estadounidense, resulta que por un simple ticket (multa por infracción) se te arresta y puedes terminar deportado", relata Isidro Mendoza, quien cruzó "de ilegal" hace 20 años pero ni él ni su esposa han podido regularizar su situación.
Aún con papeles
Y la animosidad se siente desde la escuela, según relata Sandra Ortega, docente de inglés como segunda lengua en un colegio de Phoenix que tiene un alumnado de mayoría hispana.
"No sé si se fueron a México, a California, a Texas… o nomás están pero no vienen"
José Torres, comerciante
"Se ha creado mucha crueldad y animosidad entre anglos y latinos. Les gritan desde los buses, que ‘váyanse para México’, que ‘mojados’… ¡y son sólo niños! Pero es producto de que el estado se ha vuelto muy racista", dice esta hondureña, quien pese a haber estudiado en Estados Unidos dice haber sido burlada por "tener acento".
"En en esta batalla estamos juntos, indocumentados o no, porque no puede ser que un compañero mío de college tenga que pagar cuatro veces más para educarse que yo", afirma a BBC Mundo María Castro, una estudiante latina que, con su ciudadanía en el bolsillo, participa en los "car wash" comunitarios, lavando autos para recolectar propinas con que ayudar a sus compañeros de estudio.
Uno de los efectos colaterales del aumento de los controles ha sido la oleada de postulaciones para solicitar la ciudadanía estadounidense por parte de aquellos que califican: la mayoría, hispanos llegados hace muchos años que consiguieron su residencia por distintas vías –como la llamada amnistía del presidente Reagan, en 1986- pero que, hasta ahora, no se habían ocupado de iniciar un trámite caro y engorroso.
"Para mí, tenerla (la ciudadanía) será un respiro. Pero no lo hubiera hecho si no pasara esto de que la situación está muy fea, ya no hay trabajo y las compañías están con miedo de contratar mexicanos", relata Nancy Carlón, a quien trajeron de pequeña desde México DF, 23 años atrás.
"Hay rechazo, y bastante. Lo ven a uno que es cafecito y ya lo marcan", dice su marido, Javier Arvizo, hispano de segunda generación.
Para muchos, la transformación que sufrió la sociedad arizoniana después de la SB 1070 excede los controles migratorios: con documentos o sin ellos, los latinos coinciden en que ha habido un aumento de la discriminación solapada.
Para saber cuán profundo ha sido este impacto social, que no se mide con estadísticas ni proyecciones, dicen que sólo les queda esperar. ¿Qué? La reforma migratoria integral del gobierno federal, dicen algunos. Que la oleada de leyes anti-inmigración pase, opinan otros. O quizás –anticipan otros- que el peso económico de esta minoría, que representa un tercio del mercado en el estado, se haga sentir con suficiente fuerza en los balances de las empresas y del fisco como para "hacer a muchos recapacitar".
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