Los recursos se concentrarán en los "residentes ilegales de nivel 1".
Este jueves los miles de hispanos indocumentados recibieron una buena noticia: la Casa Blanca anunció que postergará indefinidamente las causas de deportación de extranjeros sin papeles que no tengan expedientes criminales o que no representen una amenaza a la seguridad nacional.
La decisión -comunicada por dos altos funcionarios de gobierno en una conferencia telefónica de la que participó BBC Mundo- introduce un cambio importante en las políticas migratorias de la gestión de Barack Obama, durante la cual se ha alcanzado un número récord de deportaciones.
Las organizaciones que luchan por los derechos de los migrantes celebraron la propuesta de aplazar indefinidamente un buen número de causas, por considerar que atiende a razones humanitarias.
"La administración del presidente Obama ha dado señales de que es capaz de ofrecer ayuda a las familias inmigrantes. Esperamos con impaciencia que miembros de la comunidad confirmen que sus familias ahora pueden estar juntas y quedarse en este país", expresó la ONG Casa de Maryland, en un comunicado enviado a BBC Mundo.
Sin garantías
"Esperamos con impaciencia que miembros de la comunidad confirmen que sus familias ahora pueden estar juntas y quedarse en este país"
ONG Casa de Maryland
En el año fiscal 2010, el Departamento de Seguridad Interior expulsó del territorio estadounidense por vía legal a más de 392.000 indocumentados, según cifras oficiales, el mayor número de la historia del país.
El gobierno señaló que las nuevas políticas regirán sólo para personas que tengan una causa de deportación pendiente (lo que técnicamente se conoce como removal procedures) y permitirán que estos inmigrantes postulen para un permiso de empleo, aunque sin garantías de que éste les sea concedido.
Aunque no existe un cálculo oficial, se estima que se beneficiará así a miles de hispanos indocumentados, cuyos casos serán evaluados uno a uno por un comité.
Sin embargo, eso no significa que sus causas de deportación vayan a quedar cerradas: sólo serán congeladas y podrán ser reabiertas por el gobierno en cualquier momento, si reciben información sobre presuntas conductas delictivas de los beneficiarios o a discreción de los funcionarios de migración.
Cortes saturadas
Las nuevas políticas regirán sólo para personas que tengan una causa de deportación pendiente.
Altas fuentes del gobierno estadounidense, que pidieron reserva de su nombre, reconocieron ante BBC Mundo que el número de causas de deportación que aguardan un veredicto -unas 300.000- excede la capacidad de las cortes de inmigración encargadas de revisarlas, lo que genera demoras de hasta dos años.
El cambio de estrategia apuntará ahora a concentrar los recursos en casos de indocumentados convictos por crímenes diversos, personas que hayan cruzado ilegalmente la frontera recientemente (en lugar de aquellos sin papeles que llevan muchos años instalados en el país) o que hayan reincidido en el ingreso ilegal después de haber sido deportados en el pasado.
Son, en la jerga de las dependencias de migración estadounidense, "residente ilegales de nivel 1" o de alto riesgo. Los demás casos serán considerados "no prioritarios".
Los anuncios continúan los lineamientos expresados por el secretario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), John Morton, en un memorándum de junio pasado. En él, instruía a sus empleados a utilizar el "criterio de discrecionalidad" a la hora de iniciar un proceso de deportación y evaluar cuestiones tales como cuánto tiempo lleva la persona en el país, si tiene cónyuge o hijo estadounidense o si posee antecedentes delictivos.
Escépticos
"La administración de Obama simplemente ha decidido usurpar la autoridad constitucional del Congreso e implementar un programa de amnistía para millones de inmigrantes ilegales"
Dan Stein, presidente de la Federación Estadounidense para la Reforma Migratoria (FAIR)
Otros recibieron la novedad con escepticismo, al considerar que lo que se anuncia desde las oficinas de Washington "no siempre se ve reflejado en el terreno", donde los indocumentados continúan siendo detenidos de a centenares.
"Somos escépticos sobre la habilidad del ICE y las patrullas fronterizas de hacer de esta política la nueva norma, teniendo en cuenta cómo han operado estas agencias durante años. Pero este anuncio establece un nuevo nivel de responsabilidad y claridad que deberían llevar seguridad y estabilidad a miles de familias que hoy se ven desmembradas por las deportaciones", apuntó la organización civil America's Voice, que aboga por una reforma migratoria integral.
En tanto, los grupos reacios a suavizar las políticas migratorias consideraron el anuncio como una velada "amnistía administrativa".
"Habiendo fracasado por el proceso legislativo, la administración de Obama simplemente ha decidido usurpar la autoridad constitucional del Congreso e implementar un programa de amnistía para millones de inmigrantes ilegales", señaló Dan Stein, presidente de la conservadora Federación Estadounidense para la Reforma Migratoria (FAIR, por sus siglas en inglés).
Con los "esclavos urbanos" de Brasil
La mayoría de los trabajadores son indígenas bolivianos que les temen a las autoridades por su situación de ilegalidad.
La empresa textil española Inditex, propietaria de la marca Zara, dijo que está reforzando los controles en su cadena de producción después de que se supiera que los trabajadores inmigrantes de un taller brasileño al que le compraba ropa estaban sometidos a condiciones denigrantes.
Paulo Cabral, de BBC Brasil, visitó uno de los talleres textiles de Sao Paulo donde los trabajadores son explotados.
La habitación da claustrofobia. Está repleta de gente y de máquinas de coser.
La combinación de instalaciones eléctricas improvisadas y pilas de tela por todas partes genera un grave riesgo de incendio, pero no hay extintores en el lugar.
Es uno de los cientos de talleres de Sao Paulo que emplean a miles de trabajadores inmigrantes - la gran mayoría de Bolivia – para confeccionar ropa para el creciente mercado brasileño.
Los inmigrantes bolivianos vienen a Sao Paulo en gran número desde la década de 1980 y hoy se encuentran entre las comunidades con mayor visibilidad en la ciudad.
En general, son de grupos étnicos indígenas que viven en la pobreza e intentan escapar de las dificultades de su país trabajando para la industria de la confección en Brasil.
"Los bolivianos como yo que venimos a Brasil sólo queremos ganar dinero y volver a casa con nuestras familias, pero terminamos presos en estos lugares pequeños, sin ningún tipo de dignidad", dice un trabajador que accedió a hablar bajo condición de anonimato.
"He estado aquí durante seis años y no tengo nada. Y regresar a Bolivia no es una buena opción, porque allá las cosas están aún peor".
Grupos de combate
Zara en la mira
Inditex, la mayor compañía textil del mundo y dueña de la cadena de tiendas de ropa española Zara, dijo en un comunicado que encontraron a 15 trabajadores en un taller de Sao Paulo que habían sido reclutados por un subcontratista sin su conocimiento.
El problema data de hace por lo menos 20 años, pero recientemente el Ministerio de Trabajo creó un "Grupo de combate la esclavitud urbana".
Su misión es encontrar los talleres, clausurarlos hasta que regularicen su situación y forzar a las empresas a respetar los derechos laborales de los trabajadores.
"Usted no va a encontrarse aquí con el tipo de esclavitud del siglo XIX, con gente encadenada, pero la esclavitud moderna puede ser aún peor, porque el trabajador no tiene valor monetario para el empleador y pueden ser reemplazados fácilmente", dice la secretara nacional de inspección del Ministerio de Trabajo, Vera Albuquerque.
La funcionaria admite que el problema existe en Brasil y que no es menor, pero señala que es imposible tener una estimación sobre el número de personas que trabajan en estas condiciones.
"Estos trabajadores son invisibles. Sabemos del problema cuando recibimos quejas y luego enviamos a nuestros equipos para liberarlos".
El Código Penal establece parámetros objetivos para definir lo que llama "trabajo en condiciones análogas a la esclavitud." Los parámetros incluyen jornadas extenuantes, un ambiente de trabajo inadecuado y restricciones al derecho de salir y entrar del lugar.
"Muchos trabajadores son traídos a Brasil por 'gatos' (traficantes) y no pueden salir de los talleres hasta que paguen las deudas contraídas en el viaje. Algunos empleadores llegan a apoderarse de los documentos de los trabajadores", dice el auditor de trabajo Luiz Alexandre Faria.
"Por lo general, cuando llegamos a los talleres, los inmigrantes dicen que no están siendo esclavizados, que trabajan mucho porque quieren darle una mejor vida a su familia y que la situación en su país de origen es aún peor".
Pero Faria dice que la esclavitud no tiene nada que ver con la percepción de la víctima, sino con las condiciones objetivas que establece la ley.
"Si la situación no es compatible con la dignidad humana, es posible que estemos en presencia de trabajo esclavo. La sociedad brasileña no puede aceptarlo", opina.
Miedo
Algunos duermen en los talleres.
Cuando los inspectores llegan a los talleres, los trabajadores bolivianos tienden a tenerles más miedo que a sus propios empleadores, pues muchos de ellos están en situación irregular a pesar de un acuerdo bilateral entre los dos países que permite que los bolivianos trabajen en Brasil.
El gobierno de Brasil en 1995 reconoció oficialmente la existencia de trabajo análogo a la esclavitud en Brasil y puso en marcha medidas para luchar contra él, pero las autoridades admiten que cerrar los talleres irregulares y castigar a los negocios ilegales no va a resolver el problema de manera definitiva.
"Estamos tomando medidas duras contra este problema, pero sabemos que la educación es la única manera de deshacerse de él para siempre. Los trabajadores bien educados no aceptan trabajar en esas condiciones", dice Vera Albuquerque.
"Necesitamos que toda la sociedad participe en esta lucha".
Crecimiento económico
Los expertos temen que el crecimiento económico de Brasil pueda empeorar la situación, ya que las empresas están bajo presión para producir más a un ritmo más rápido y a menor costo.
"El trabajo esclavo en Brasil es como una habitación oscura a la que las autoridades están entrando con una linterna. A donde quiera que apuntan la linterna, aparece algo"
Leonardo Sakamoto, Reporter Brasil
"Para reducir costos, las empresas empiezan a recortar los derechos de los trabajadores y a pagarles menos, al punto de privarlos de su dignidad. Es entonces cuando se cruza la línea de la esclavitud", señala Leonardo Sakamoto, fundador de la ONG Reporter Brasil, que investiga el tema desde hace más de una década.
Sakamoto explica que, hasta hace poco, el gobierno brasileño se centraba en la lucha contra el trabajo esclavo en los ámbitos rurales, pero ahora pone más atención en la situación urbana.
"El trabajo esclavo en Brasil es como una habitación oscura a la que las autoridades están entrando con una linterna. A donde quiera que apuntan la linterna, aparece algo", dice.
A medida que la economía de Brasil siga creciendo, es probable que se abran nuevas fábricas para sustituir a las que cierren las autoridades. Así, todavía parece fácil atraer a los inmigrantes pobres a las grandes ciudades con promesas de una vida más digna y un futuro mejor.
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