Apuntando a maximizar el uso de los recursos de las agencias migratorias, el gobierno de Estados Unidos decidió que, dependiendo del caso, permitirá que muchos inmigrantes ilegales que esperan ser deportados se queden en suelo estadounidense.
Un alto funcionario del gobierno dijo el jueves que las autoridades federales revisarán cada caso de los más de 300.000 inmigrantes ilegales que se encuentran en proceso de deportación. Aquellos que no han cometido crímenes y no son considerados como una amenaza a la seguridad pública tendrán la posibilidad de quedarse en EE.UU. y pedir un permiso de trabajo.
Inmigrantes indocumentados de El Salvador esperan para ser deportados, en una imagen tomada el 8 de diciembre de 2010 en Arizona.
La idea es asegurarse que estemos invirtiendo los recursos de cumplimiento de la ley a lugares donde sean mejor utilizados", dijo el funcionario. La idea, dijo es "identificar casos de baja prioridad,,, y cerrar administrativamente el caso para que dejen de congestionar el sistema". El funcionario agregó que el caso podría ser reabierto por el gobierno en cualquier momento.
La decisión también beneficiaría a cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales que viven en EE.UU. pero no se encuentran en el sistema de deportación porque aún no han sido atrapados por las autoridades federales, dijo el funcionario.
El anuncio escandalizó a los sectores más férreamente opuestos a la inmigración, pero pareció aplacar a los defensores de los derechos de los inmigrantes, los cuales han protestado por las cifras récord de deportaciones de inmigrantes ilegales y la falta de progreso en la reforma del sistema migratorio.
"En esencia, el gobierno ha declarado que la migración a EE.UU. es virtualmente ilimitada a cualquiera que desee entrar, sujeto únicamente a aquellos que cometan crímenes violentos después de llegar. Esta no es la ley de inmigración del país", dijo Dan Stein, presidente de la Federación para la Reforma de a las Leyes de Inmigración de Estados Unidos.
Ali Noorani, directora ejecutiva del Foro Nacional de Leyes de Inmigración, un grupo no partidista, describió el anuncio como "un paso adelante".
"Esta es una sólida decisión que usa valiosos recursos para retirar a aquellos que en algún momento causaron daño, pero mantiene en el país a los miembros de la comunidad de inmigrantes que contribuyen a la sociedad", dijo.
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