Estado de Bienestar = ¿Estado de Default?

por Cristina López G.

Cristina López es Licenciada en Derecho, columnista de El Diario de Hoy y Directora Ejecutiva de CREO (www.creo.org.sv).

En encerronas que se prolongan largas horas, se vivió la negociación del aumento del límite legal de la deuda pública en Estados Unidos, que por el momento se encontraba en 14,3 billones de dólares y que ha aumentado más del 100% desde hace una década. La amenaza es que el actual déficit fiscal estadounidense podría llevar a la poderosa nación al default, o suspensión de pago a los acreedores de la deuda pública, lo que disminuiría sus calificaciones de riesgo y acarrearía graves consecuencias económicas globales.

Sin embargo, como bien dijera Pablo Guido, director de la Fundación Progreso y Libertad, solamente aumentar el límite legal de endeudamiento sin austeridad fiscal y hacer reformas estructurales en la forma en que se invierte el gasto público, es equivalente a comprar un cinturón de talla más grande para seguir comiendo en exceso.

Una enorme falla de la negociación política para sacar al estado norteamericano de la crisis, es que no buscaba soluciones al origen del problema, que es el excesivo gasto público; sino a una de las consecuencias, la deuda pública. En la actualidad, los gastos sociales propios de la filosofía del “Estado de Bienestar”, le cuestan a EE.UU. dos tercios del presupuesto. Países como España y especialmente Grecia, se encuentran viviendo las nefastas consecuencias de una crisis producida por el excesivo crecimiento estatal, afectando al final, a quienes se esperaba beneficiar con la política absurda de pensar más en gastar que en producir. Como bien decía David Boaz, vicepresidente del Cato Institute: “fue una excelente idea haber tomado la democracia y la ciencia de los antiguos griegos. Es una pésima idea tomar las políticas fiscales de los griegos modernos”.

Y sin embargo, tanto políticos como mucha parte de la ciudadanía, parecen no verse en el espejo de tantas naciones en crisis, y continúan trabajando y exigiendo una mayor expansión del Estado de Bienestar, cuyo mayor problema es que el destino de los gastos “sociales” es decidido por los políticos, presionados por grupos de interés o intereses electorales particulares. El sistema, por naturaleza, lleva entonces a injusticias y privilegios no deseados, ya que al convertir intereses en “derechos”, lleva a distribuciones injustas de los ingresos del gobierno. Como estos esquemas no se diseñan en base a presupuestos financiados en respuesta a presiones externas (de organizaciones internacionales o convenios multilaterales) o internas (elecciones o grupos de interés), las promesas llevan a excesos de gasto que se cubren con deuda pública, y como consecuencia, el mercado responde: ninguna entidad pública quiere prestarle a gobiernos que no pueden pagar a sus acreedores, y con pésimas calificaciones de riesgo.

Para muchos, el gasto excesivo que lleva a aumentos insostenibles de la deuda pública, es un mal necesario del Estado de Bienestar. Sin embargo, son también estos mismos quienes prefieren delegarle al Estado, lo que no están dispuestos a hacer ellos: contribuir con quien tiene menos, o hacer los esfuerzos necesarios para salir adelante con los medios propios, viviendo en base a lo que se tiene. Muchos ignoran, al alabar las bondades de este sistema, es que uno de los mayores precursores del Estado de Bienestar alemán, Otto von Bismarck veía los favores del Estado a la ciudadanía como un método para crear dependencia del electorado. ¿Alternativas al Estado de Bienestar? Caridad privada, ayuda mutua y responsabilidad individual, que es la que incomoda a tantos.