Denise Dresser
"Modus operandi". Modo de operación. La frase en latín que describe los hábitos, la manera de trabajar, el método conforme al cual funcionan las cosas. La frase que describe a la perfección obra tras obra en colonia tras colonia a lo largo del Distrito Federal. En casi cada esquina hay una construcción así. Erigida de manera irregular, violando la normatividad correspondiente, basada en permisos otorgados de forma discrecional, protegidos por amparos cuestionables. Llagas y heridas y puñaladas que explican por qué la Ciudad de México se ha vuelto tan disfuncional, tan ingobernable, tan agreste para sus habitantes.
En el trabajo policial el término "modus operandi" se utiliza cuando se discute un crimen y se analizan los métodos utilizados por los perpetradores. Y en México hay crímenes y hay perpetradores. Tienen nombre y apellido. Son los desarrolladores en colusión con los jueces, en connivencia con la Secretaría del Medio Ambiente, en complicidad con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vialidad, en compadrazgo con los jefes delegacionales. Crímenes como obras basadas en permisos que no van de acuerdo con los planes delegacionales. Crímenes como obras construidas sobre estudios no sustentados técnicamente y llevados a cabo como simples trámites ante autoridades irresponsables. Crímenes como obras en las cuales no se hizo la consulta pública correspondiente como en el caso de la Supervía, documentado con todo rigor por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Crímenes que exigen la privatización de espacios públicos para su construcción como en el caso de la Torre Bicentenario II (Pedregal 24) que ahora exige su propia salida del Segundo Piso, pasando por el Bosque de Chapultepec. Crímenes como obras en las que no hay transparencia ni participación ciudadana en su definición.
En el trabajo policial, la investigación del "modus operandi" ayuda a encontrar claves sobre la sicología del ofensor. Consiste principalmente en el examen de las acciones usadas por los individuos para ejecutar el crimen, prevenir su detección y evadir el escape. Así como lo hizo el secretario de Acuerdos del actualmente suspendido juez Tovilla, responsable de otorgarle el tan cuestionable amparo a la Torre Bicentenario II, con el cual obtuvo permiso para construir 25 pisos cuando la zona sólo permite 6. Así como lo hicieron las múltiples autoridades señaladas en la "Auditoría Legal Ciudadana Sobre el Desempeño de las Autoridades Respecto al Proyecto de Construcción de una Torre en Pedregal 24", elaborado por los abogados Alberto Székely y Beatriz Bugeda (ver www.torrebicentenario.org).
¿Y qué encontraron allí? Más de 47 irregularidades e ilícitos. Que la Manifestación de Impacto Ambiental contiene una larga serie de defectos y afirmaciones rara vez sustentados. Que no contiene un estudio de emisiones en la atmósfera producida por la llegada de más de 2,000 automóviles a la zona aledaña al Bosque de Chapultepec. Que la Manifestación de Impacto Ambiental no describe el efecto que tendrá la torre con el estacionamiento más grande del mundo, y que alega que la zona de influencia de la obra será sólo de 500 metros a la redonda cuando se trata de un nudo vial que ya existe allí. Que la autoridad aceptó como válida la afirmación de que a horas pico sólo saldrían 80 automóviles del estacionamiento, cosa que de ser cierta tomaría más de 24 horas desalojarlo. Que se ignoró la obligación de llevar a cabo una consulta pública conforme a las bases de la Ley de Participación Ciudadana y el Reglamento de la Ley Ambiental. Que la Setravi aceptó que el efecto vial de la obra sería "mínimo" según el estudio de Impacto Urbano aprobado por la entidad. Y finalmente, que se ocultó de la comunidad un proyecto ante la que quedó indefensa, desamparada, a la merced del "modus operandi" de los que verdaderamente mandan en la ciudad.
En el libro Investigación criminal, Berg explica que el "modus operandi" de un sospechoso puede ayudar en la identificación, aprehensión y/o detención de un criminal. Todos los vecinos que han sido víctimas de atropellos como los que he descrito en este artículo tienen que empezar a recolectar, codificar, diseminar los hábitos, rasgos y prácticas de los perpetradores en sus colonias y entregárselos a quien tiene -en teoría- el poder de poner fin a la podredumbre colectiva de desarrolladores, jueces, jefes delegacionales y autoridades citadinas que han participado en la práctica común de la simulación. Deben solicitar toda la información sobre los estudios de impacto urbano y ambiental para descubrir cómo carecen de seriedad, sustento y fundamentación. Deben empezar a pelear por la ciudad que les pertenece y reclamarle a quienes prometieron gobernarla de manera distinta. Marcelo Ebrard tiene en su poder desde hace tres meses la auditoría legal ciudadana que detalla los ilícitos cometidos por sus subalternos en el caso de la Torre Bicentenario II. ¿Qué espera el jefe de Gobierno para actuar? ¿O dejar hacer y dejar pasar la violación de la ley es parte de su "modus operandi"?
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