El Impuesto de Patrimonio provocó en Francia la huida de sus grandes fortunas

un millonario menos al día

El tributo a la riqueza recuperado por el Gobierno acelera la salida de capitales en aquellos países donde se aplica.

Aparentemente, la explicación que José Blanco ha dado tras el Consejo de Ministros que ha reimplantado el Impuesto de Patrimonio es impecable. "Lo justo a juicio del Gobierno es no recortar en educación sin pedir un esfuerzo a los que más tienen. Lo justo es repartir las cargas de la crisis", ha dicho. El ministro de Fomento ha subrayado que "sólo el 0,6 % de los millones de contribuyentes" tendrán que pagar este tributo, alrededor de 160.000 ciudadanos. Ha insistido en que se trata de una medida excepcional que se toma en un momento de excepcionalidad económica, en el que "son muchas las familias que tienen que apretarse el cinturón".

Blanco quiere aclarar que en un momento de crisis, el Ejecutivo impone un tributo para obligar a los más ricos a que también arrimen el hombro. El problema es que rascando un poquito parece que no todo está tan nítido. Tal y como Libre Mercado ha denunciado (en consonancia con lo que defendía el propio José Luis Rodríguez Zapatero hace un par de años), este tipo de tributos acaban recayendo sobre la clase media y generando efectos perversos sobre el capital de los ahorradores.

Pero además, es que ni siquiera es seguro que un Impuesto sobre el Patrimonio acabe generando ingresos netos para el Estado. Como denuncia en esta entrada de su blog Jesús Encinar (fundador de idealista.com), hay muchas razones por las que puede pensarse que en realidad la recuperación de este tributo tenga determinados efectos secundarios que minoren los ingresos públicos.

En Francia, por ejemplo, un estudio de su propio Ministerio de Finanzas afirmaba que en 2006, un millonario abandonaba su país cada día para eludir la presión del fisco (y eso que el tipo marginal era del 1,8%, mientras que en España será del ¡2,5%!). Evidentemente, si un ricachón abandona España cada día, el Estado dejará de percibir la cantidad correspondiente a su Impuesto de Patrimonio. Pero, además, tampoco pagará el IVA de sus compras, su IRPF y muchos otros tributos. Por lo tanto, es muy posible que, paradójicamente, se pierdan ingresos fiscales. Según Eric Pinchet, autor de un estudio fiscal citado en este artículo, a costa de conseguir los 2.600 millones de euros que recaudaba cada año, el Estado francés sufría una salida de capitales de 125.000 millones.

Es el colmo del absurdo: cobrar menos que antes de implantar un impuesto (excepto que el motivo para aprobar la implantación de este tributo no sea el generar ingresos sino buscar un lema rentable desde el punto de vista electoral). Es por eso, por lo que todos los países de Europa han ido abandonando el Impuesto del Patrimonio a lo largo de los años. Ahora mismo, sólo Francia lo mantiene y, como decíamos antes, con un tipo marginal muy inferior al español.

Según un estudio del Institut de l’enterprise francés, el IP contribuye a la "fuga de capital", provoca "altos costes" en las administraciones encargadas de recaudarlo (no es fácil controlar el valor de todos los patrimonios de un país) y, además, distorsiona la asignación de recursos (puesto que los inversores empiezan a moverse en función de dónde se les cobra y no por los intereses de sus negocios).

Los otros costes

Además, los costes no son sólo económicos. En este sentido, es reveladora la historia de Denis Payre, un empresario francés entrevistado en el artículo de The Washington Post antes citado. Este creador de una empresa de alta tecnología, cuenta cómo el fisco le quería cobrar 2,5 millones en 1997, puesto que tenía acciones en su compañía que el mercado valoraba en más de 100 millones, Pero claro, él no tenía ese dinero, lo que tenía eran títulos de una empresa que, además, no podía vender. Esto le llevó a marcharse a Bruselas, donde puso en marcha nuevas compañías.

Evidentemente, su negocio en Francia continuó marchando, pero el coste para este país fue alto. Por un lado, perdió un contribuyente. Por otro, perdió una enorme cantidad de capital humano (el conocimiento que podía aportar Payre y el de sus empleados de mayor nivel que, probablemente, fueran con él a Bruselas). Los hijos de este hombre, si los tiene, posiblemente prefieran quedarse en Bélgica, donde han crecido, que en Francia. Y todo por un tributo que no llega al 1% del total de los ingresos del Estado.

En España, el déficit previsto para este año es de 60.000 millones y la deuda pública ha alcanzado los 700.000 millones de euros. Por lo tanto, si se recaudan los 1.080 millones que quiere Salgado, sólo se reducirá el déficit en un 1,5% (una cifra mínima).

Pero no es sólo eso. El Gobierno ha asegurado que es un tributo excepcional y que sólo estará vigente dos años. Esto hace la medida aún más incomprensible. Se arriesga a expulsar a los ricos de su país a cambio de 2.000 millones de euros, ¡menos del 0,3% del total de la deuda! Porque los millonarios que se vayan ahora quizás no vuelvan. No se trata de mimar a los ricos o de tener miedo de que se vayan: simplemente, es cuestión de no cobrarles por tercera vez y de no inventar un impuesto que penalice su ahorro. Pero claro, a menos de dos meses de unas elecciones, quizás esto no importe demasiado.