El comienzo del mandato del PSOE se abrió con la entrega de Endesa, la primera compañía eléctrica española, a la italiana Enel, propiedad del Estado transalpino. Ahora se cierra con el intento de transferir el control de Repsol y de Gas Natural al tándem Sacyr-Pemex, cuyo dueño es el Estado mexicano.
Este movimiento, la última aventura equinoccial de don Luis del Rivero, sintetiza la filosofía que ha presidido el grueso de las operaciones corporativas apadrinadas por el Gabinete socialista desde su acceso al poder: primero, el uso del músculo gubernamental en apoyo de sus amigos bien para proporcionarles pingües beneficios, bien para evitar su ruina. Segundo, buscar como caballero blanco de sus patrocinados a sociedades estatales extranjeras con los recursos necesarios para suplir la falta de fuelle financiero de aquéllos.
Desde esta perspectiva, el asalto a Repsol de Sacyr y Pemex es una verdadera alegoría de un modelo de gestión de la economía española presidido por la arbitrariedad, el intervencionismo y la incompetencia.
De entrada, la sociedad Sacyr-Pemex aspira a controlar Repsol elevando su participación conjunta en el capital de la sociedad hasta el 29,9 por ciento. De este modo, evitan la desagradable y costosa obligación de lanzar una opa sobre el cien por cien. Así lo declaran con una sinceridad digna de encomio y no exenta de desparpajo en su comunicado a la CNMV.
Esta estrategia constituye un evidente fraude de ley, cuya obscenidad debería ser puesta de manifiesto por el regulador, y refleja, de nuevo, esa práctica habitual de los antiguos emperadores del ladrillo que pretenden quedarse con las empresas por la cara, como diría un castizo, sin poner un solo euro y, por tanto, en perjuicio de la mayoría de los accionistas. Si Sacyr y Pemex quieren tomar el control de la petrolera presidida por el señor Brufau, que realicen una oferta pública de adquisición por la totalidad de la empresa. No lo hacen porque carecen de los fondos precisos para ello y porque no se los presta nadie. Ello muestra la extraordinaria confianza que generan entre los inversores?
Una dirección distinta
Por otra parte, los estrategas de Sacyr-Pemex sostienen en el propio comunicado remitido a la CNMV que su control de Repsol tiene por finalidad reposicionar a la petrolera en el mercado mundial. Al margen de la vaguedad de esa afirmación galáctica, es cierto que el triunfo de los conjurados supondría un cambio radical en la posición de la compañía, pero en una dirección completamente distinta a la anunciada por ellos.
Sacyr se encuentra en una posición de quiebra técnica, con una deuda descomunal cuyas posibilidades de devolución a través de los recursos generados por su negocio central (construcción-inmobiliario) son utópicas y, por último, no tiene ni idea del negocio del petróleo. Pemex tiene un rating de Triple B, es decir, presenta un perfil de solvencia financiera discutible y claramente cuestionada. Además, su actuación está absolutamente condicionada por el poder político.
Por ejemplo, sus presupuestos son aprobados por el Parlamento mexicano. Con esas credenciales, esos dos colosos corporativo-financieros van a situar a Repsol en el lugar que le corresponde en la escena internacional. ¿Alguien se lo cree?
Resolver problemas de la constructora
El móvil real de la intentona de asalto a Repsol liderada por Sacyr con la colaboración activa de Pemex es viejo y muy simple: resolver los problemas financieros de la constructora, o mejor, evitar su bancarrota. Sacyr necesita, y rápido, fondos para reducir de manera drástica su endeudamiento ante las sombrías perspectivas económicas del país y las pésimas del sector en el que opera, y ante las crecientes dificultades de las propias entidades de crédito cuya capacidad y voluntad de refinanciar a su deudor a perpetuidad se han deteriorado de forma dramática.
En este contexto, el único activo valioso y líquido en manos del señor Del Rivero es su paquete de Repsol, pero para sacarle todo el valor el magnate murciano necesita adquirir el control de la compañía. Al mismo tiempo, el negocio del petróleo exige cuantiosas inversiones con plazos de maduración largos, temas implanteables para Sacyr.
Como en el caso del señor Pérez con Iberdrola, la lógica y el objetivo del señor Del Rivero son evidentes: vender en su totalidad o en partes Repsol y obtener los recursos necesarios para sobrevivir, porque, entre otras cosas, sin control no hay refinanciación de la deuda de Sacyr.
Esto explica tanto su desesperado movimiento con Pemex como los realizados anteriormente con los rusos y los indios y, también, su voluntad de eliminar a Brufau, obstáculo insalvable a sus deseos de ordeñar la petrolera hasta el final. Las circunstancias económicas y el tiempo corren en su contra. Para empezar, el de la refinanciación del crédito con el que compró las acciones de Repsol.
A merced del Gobierno mexicano
Por otra parte, como en el caso de Endesa, el inevitable o probable futuro de la petrolera sería el de ser dominada de facto por una empresa pública extranjera, en este caso Pemex. Que esta operación sea impulsada por un empresario al borde del precipicio es comprensible, pero que lo sea por el Gobierno español es escandaloso. Por un lado, Repsol se privatizó para crear una compañía multinacional, competitiva y española, no sometida al control de los políticos. Por otro, el Gobierno mexicano se convertiría en un actor relevante del sector energético español.
Por último, la toma de control por parte de Pemex supondría cargarse el desarrollo autónomo e independiente de Repsol. El caso de Endesa es paradigmático, ya que la petrolera española es una competidora de la mexicana. En suma, el precio de salvar al señor Del Rivero sería liquidar uno de los escasos campeones nacionales con que cuenta España y dar entrada en la gestión y en la definición del mercado español de la energía a un Estado extranjero que, por cierto, no tiene un comportamiento recíproco en ese mercado.
La operación Sacyr-Pemex es insostenible en términos jurídicos, financieros, estratégicos y políticos. Constituye un caso claro de fraude de ley; perjudica al grueso de los accionistas de Repsol que no obtendrían beneficio alguno de la operación; fortalecería la presencia de potencias extranjeras en el sector de la energía y es un impresentable ejercicio de amiguismo por parte del Gobierno a costa de los intereses de una compañía española y de la propia economía nacional.
Si además la operación es apoyada por un Gabinete terminal, las sospechas o las dudas de que se produzcan o puedan producirse intercambios de favores son legítimas. Además, los conjurados tienen que actuar con celeridad porque, en unos meses, Sebastián & Cia estarán fuera del poder y en México habrá elecciones dentro de seis meses, un nuevo Gobierno y, con él, una remodelación completa de la cúpula directiva de Pemex.
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