Keynesianismo: Teoría y práctica

por Gabriela Calderón de Burgos

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).

Guayaquil, Ecuador— En 2009 el congreso estadounidense aprobó la Ley de Recuperación y Reinversión de EE.UU. (ARRA), conocida popularmente como el paquete de estímulo fiscal. Este “estímulo” consistía de $787.000 millones de gasto público. Unos estudios de los economistas Garrett Jones y Daniel Rothschild, recientemente publicados por el Mercatus Center, han analizado lo que ocurre cuando se lleva el keynesianismo de la teoría a la práctica.1

Según la teoría de la administración de Obama este programa “crearía o salvaría” 3,5 millones de empleos durante los próximos 2 años y evitaría que la tasa de desempleo se ubique por encima de 8,5%. De hecho, dijeron que con ARRA el desempleo disminuiría a 7,25% para fines de 2010. No obstante, el desempleo se ha mantenido en 9% o más con la excepción de 2 meses durante el periodo febrero 2009-agosto 2011.2

La teoría de los keynesianos nos dice que el gasto público durante una recesión puede tener un “efecto multiplicador”, por el cual un dólar de gasto público aumenta rápidamente el tamaño de la economía en un dólar o más. La teoría neoclásica nos dice que los empleos simplemente son transferidos del sector privado al sector público de manera que no hay creación neta de empleos. Jones y Rothschild aseveran que aunque ninguna de estas dos caricaturas es completamente cierta, si hay una que se aproxima más a la realidad.

Los investigadores entrevistaron a administradores y empleados de cientos de empresas, instituciones sin fines de lucro y gobiernos locales que recibieron fondos de ARRA. Su estudio concluye: “Contratar no es lo mismo que crear empleos netos. En nuestra encuesta, solamente 42,1 por ciento de los trabajadores contratados por organizaciones que recibieron fondos ARRA después del 31 de enero de 2009, estaban desempleados en el momento en que fueron contratados. Más de ellos fueron contratados directamente de otras organizaciones (47,3 por ciento de los trabajadores post-ARRA), mientras que una pequeña porción estaban estudiando (6,5%) o no formaban parte de la fuerza laboral (4,1%)”.

Como en varios casos los empleos financiados con fondos de ARRA pagarían salarios más altos, muchos trabajadores abandonaron posiciones en el sector privado para pasar a formar parte del público. Por ejemplo, un contratista público empleó a un vicepresidente de un banco privado y a un administrador de una tienda de ventas al público.

En otras ocasiones la presión del gobierno federal de que el gasto se realice rápidamente resultó en casos ridículos como aquel de las baldosas pequeñas. Un contratista público que instalaba baldosas en edificios públicos dijo que había planeado colocar baldosas tradicionales de cuatro pulgadas, pero la agencia del gobierno que lo contrató requirió que utilice baldosas más pequeñas y con una combinación más complicada de colores. El contratista advirtió que esto incrementaría sus costos –solamente en mano de obra en un 50%. Pero de esta manera el dinero de ARRA se gastaría más rápido.

En la mayoría de los casos el estímulo transfirió empleos de una organización a otra en lugar de resultar en una creación neta de empleos y no derivó en el uso eficiente de los recursos. En vez incrementar el gasto público, la economía hubiese estado mejor si el gobierno hubiese mejorado los incentivos para que las personas inviertan más, creando empleos netos nuevos y optimizando la asignación de los recursos.