El cambio de gobierno le permitió reaparecer.
Francisco Garfias
La nota en la toma de protesta de Eruviel Ávila como gobernador del Estado de México fue la reaparición de Arturo Montiel. El ex mandatario no había asomado la cara durante todo el sexenio de Peña Nieto. Fue el segundo más aplaudido durante la ceremonia después, claro, del gobernador saliente. No se sabe si el mensaje que el flamante mandatario mexiquense quiso mandar es de lealtad y reivindicación de quien alguna vez lo ayudó en su carrera política y lo apoyó como candidato.
Lo seguro es que sus críticos no desaprovecharán tan preciosa oportunidad para mandarle unos cuantos obuses al sucesor de Peña, y machacar que el viejo PRI, el de las trácalas y las mañas, no acaba de irse.
Montiel no pudo, o no supo, defenderse de las acusaciones de enriquecimiento inexplicable que le llovieron en cascada. Lo exhibieron como casateniente, poseedor de millonarias cuentas de dudosa procedencia, de nepotismo, y no sé de cuantas cosas más. El derrumbe político se produjo después de que Roberto Madrazo, entonces aspirante presidencial del PRI, lo acusó de hacer millonarios a sus hijos, y a su hoy ex esposa, Maude, “en menos de un mes.” Eran los tiempos del famoso Tucom (Todos Unidos contra Madrazo) que pretendía desplazar al tabasqueño.
En ese entonces, en horario Triple A, Madrazo preguntó: “¿A que se dedican sus hijos? No son tan exitosos”.
“Y, además, los depósitos que hacen, cuando los empresarios no pueden realizar este tipo de movimientos sin que expliquen el origen de los recursos.”
El madrazo lo obligó a declinar en sus aspiraciones presidenciales. Simplemente se esfumó de la vida pública. No apareció en ningún acto político durante todo el sexenio del prudente Peña Nieto. El cambio de gobierno le permitió reaparecer, eso sí, muy sonriente.
En seco pararon a los diputados federales del PRI que promovían un punto de acuerdo en el que pedían a la Junta de Coordinación Política la integración de un “grupo de trabajo” para investigar, entre otras cosas, los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación a casinos y casas de juego.
Eduardo Alonso Bailey, en nombre de los nueve integrantes de la bancada priista de Nuevo León, exige información sobre a quiénes han sido otorgados, cuáles funcionan sin permiso y por qué un solo permiso permite a un tenedor abrir diversos centros de apuesta.
Sin duda pisaron callos. La propuesta ni siquiera subió a la tribuna. El texto proponía que, en caso de que se concluyera la probable existencia de actos irregulares, y/o de corrupción, los resultados se notificaran a las autoridades competentes, a fin de que se proceda en los términos de las legislaciones aplicables. ¿Quién se opuso?, preguntamos al diputado y ex gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond. Su respuesta fue corta, pero elocuente: “Todos”.
Los apetitos que despierta el posible repunte del tricolor en la Ciudad de México han desatado al interior del PRI una desgastante batalla entre los grupos de Cuauhtémoc Gutiérrez, heredero del imperio del rey de la basura, por una parte, y Beatriz Paredes y María de los Ángeles Moreno, por la otra.
En esa bronca se inserta el intento de “golpe de Estado”, el pasado miércoles, contra el coordinador de los asambleístas del PRI, Israel Betanzos, cercano a Gutiérrez.
Ayer se dio a conocer un desplegado, que firman cinco de los ocho asambleístas del PRI, en el que explican que el relevo del coordinador obedece a ajustes y cambios que la dinámica política exige (lo que eso quiera decir.) La bronca es que uno de los cinco, Leobardo Urbina, no reconoce su firma. Cuatro no hacen mayoría.
Buscamos a Betanzos. “Es un asunto político y no de descuido de mis obligaciones”, nos dijo el asambleísta. Está dispuesto a dejarlo, “por el bien de mi partido”, pero sólo si una mayoría lo decide. Una vez que pase el puente, se va a reunir con la bancada para definir su permanencia.
Las broncas en el PRI-DF pueden convertirse en “el cuento de nunca acabar”. Si la renovación de la dirigencia local no se hace antes del 25 de noviembre —fecha límite marcada por la resolución del TEPJF—, la selección de candidatos para las próximas elecciones, incluido el aspirante a jefe de Gobierno, está en riesgo.
De ese tamaño es la obligación que tienen de entenderse.
El golazo que le metió el TEPJF al IFE, con la anulación del Reglamento de Radio y Televisión que operaría en las elecciones, lo festejan en las televisoras como si hubiesen ganado la Copa Mundial de Futbol.
“Esto confirma la visión cortoplacista de Leonardo Valdés Zurita (presidente consejero del IFE). El dictador —así le dicen— debió haber tomado en cuenta los puntos de vista de los empresarios de medios electrónicos, así como de los especialistas”, aseguran en la industria.
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