El ex general derechista que encabeza la contienda presidencial plantea el uso de los servicios de inteligencia para realizar capturas y desarmar a los cárteles.
GUATEMALA, Gua.– El general Otto Pérez está de buen humor. Sonriente, de impecable traje y con el pelo plateado peinado de lado, deambula rodeado de admiración entre sus seguidores. Sus guardaespaldas se muestran nerviosos y sus colaboradores presionan para que el candidato no pierda tiempo entre acto y acto. El ritmo de la campaña es agotador. Al final de una exposición ante empresarios en la capital, Pérez muestra el cansancio en sus ojos de 60 años, pero saluda a sus fans uno a uno. Hasta se deja tomar fotos junto a ellos. Al final parece relajado, y se toma todo el tiempo para contestar las preguntas que le hace M Semanal, conservando la compostura aún ante las interrogantes más incómodas sobre su pasado como alumno de la Escuela de las Américas, y sobre su rol en la guerra civil más cruenta de la historia reciente de Latinoamérica. Otto Pérez ha aprendido una a una las lecciones de sus consejeros. Se nota.
Éste es el segundo intento del ex general por llegar a la Presidencia de Guatemala. Si se repite la lógica de las últimas cuatro elecciones democráticas, esta vez será el turno de quien fuera perdedor de 2007. Las encuestas le dan la punta de la carrera presidencial con alrededor de 38 por ciento; aunque la disputa está abierta con un 35 por ciento de los votantes todavía indeciso, una victoria en primera vuelta parece posible para Pérez Molina —lo que no ha ocurrido en Guatemala desde el regreso de la democracia en 1986—, más desde que la Corte de Constitucionalidad descartó la candidatura de su mayor contrincante, la ex primera dama, Sandra Torres. Nada logró ella con su divorcio del actual mandatario socialdemócrata Álvaro Colom: la candidatura de familiares de los jefes de Estado es y sigue siendo inconstitucional. Así lo dictaminaron los magistrados unánimemente, avalando fallos similares del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia. Ahora queda por ver hacia quién migrará el 20 por ciento de votos que favorecía a Torres.
Aunque muchos analistas coinciden en que el militar tiene un elevado rechazo entre el electorado más progresista y socialdemócrata de la ex esposa de Colom, las circunstancias favorecen al general, convertido a los trajes de sastre y las propuestas moderadas. Queda un grupo de contrincantes de baja monta que rondan por debajo del 10 por ciento de las preferencias, entre ellos políticos bajo sospecha de nepotismo como la esposa del ex presidente y sempiterno alcalde de Guatemala, Alvaro Arzú; otros, como Alejandro Giammatei, acusados de corrupción, o sospechosos de tener lazos con el narcotráfico, como Manuel Baldizón. Todos son perdedores ante la fotografía actual de las encuestas.
Hasta el clima de extrema inseguridad y violencia alimenta su promesa de mano dura, y un partido, el Patriota, que desde la derrota de 2007, sin destacar con iniciativas propias en el Congreso o con un trabajo de oposición serio y constructivo, ha usado los últimos cuatro años para hacer un sigiloso trabajo de base. Ese partido ha apuntado sobre todo hacia las comunidades rurales, las pobres de siempre, las más afectadas por la guerra civil y poco afines a votar por el ex general con el pasado dudoso. Pero esta vez el partido de color naranja con el puño erguido como símbolo tiene comandos y seguidores hasta en los últimos rincones del país. Tiene además consejeros que han estudiado otras fórmulas exitosas en América Latina: símbolo del nuevo pragmatismo político, el empedernido anticomunista se declara hoy día admirador de las políticas del ex presidente socialista brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. El general promete seguir los programas sociales de la pareja presidencial Colom-Torres, una propuesta que implica aumentar los impuestos en un país que, con menos de 10 por ciento del PIB en sus ingresos fiscales, tiene una recaudación tributaria aún más baja que México, y el cual nunca alcanzó el 14 por ciento estipulado en los Acuerdos de Paz de 1996.
Éste es un asunto que causa gran malestar en la élite empresarial guatemalteca, que parece estar perdiendo peso político. Esto es así no sólo debido a las circunstancias particulares de esa contienda, sino también al aumento del peso del dinero del narcotráfico en las campañas. Ese panorama es el telón de fondo de las ambiciones de este general, quien concedió la siguiente entrevista a M Semanal.
SW: Su programa abarca desde el combate a la pobreza, pasando por el combate a la violencia, hasta el fomento a las inversiones. ¿Cuál de esos temas será su prioridad y cuál es la primera decisión política que tomará?
OPM: Las primeras medidas van a ser en el tema de seguridad y justicia. Van a ser varias decisiones para que en los primeros tres meses se sienta un cambio.
SW: ¿Eso significa una guerra contra el narco con el Ejército en las calles, como en México?
OPM: No necesariamente. Nosotros creemos que eso se puede hacer de forma diferente, porque hay diferencias entre nuestros países. Aquí, en Guatemala, los cárteles de la droga están incipientes. Pero si no logramos frenarlos llegarán al nivel de México. Han ido creciendo estos últimos tres años, han ido acaparando territorios y han aumentado su influencia; pero todavía estamos a tiempo de frenarlos. Aquí se conocen bien los lugares en donde están. No necesariamente es una guerra frontal pero empleando a los servicios de inteligencia se pueden hacer capturas importantes de las cabezas y desarmar a los grupos armados que cometen hechos tan deleznables como la reciente masacre de 27 campesinos en el Petén.
SW: Por su pasado como militar durante la guerra civil hay mucha preocupación en los organismos de defensa de los derechos humanos. ¿Cómo va a garantizar el respeto a los derechos humanos en este combate al narcotráfico?
OPM: Yo no tengo absolutamente nada de lo que me pueden acusar. Durante las guerras siempre hay excesos y violaciones de las dos partes. Es así en todo el mundo, no solamente en Guatemala. Aquí han tratado de involucrarme en cosas, pero no han tenido la capacidad ni siquiera de fundamentar las acusaciones o de llevarme a un juicio. Durante tres años lo intentó este gobierno para tratar de impedir que yo fuera candidato, y no lo logró, porque no han encontrado nada, nada.
SW: ¿Y sobre las garantías a los derechos humanos? Usted quiere crear Fuerzas de Tarea conjuntas para combatir al crimen, y en ellas también incluye a los militares como protagonistas...
OPM: En el combate contra el crimen organizado planteamos una estrategia de seguridad democrática (un concepto acuñado en Colombia por el ex presidente Álvaro Uribe). Le damos un papel importante a los derechos humanos y al fortalecimiento de la democracia. Estamos dispuestos a conformar unas fuerzas interinstitucionales compuestos por policías, elementos de las Fuerzas Armadas y por fiscales, oficiales de inteligencia. Y vamos a pedir que en ellos esté presente el Procurador de Derechos Humanos.
SW: General, ¿qué va a pasar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en el marco de las Naciones Unidas? Hace poco este organismo ha elevado a juicio casos muy polémicos y ha sido muy criticado en la prensa y por grupos poderosos. ¿Qué garantías le va a dar y cuánto tiempo más estará en Guatemala ese organismo?
OPM: La CICIG nos ha ayudado muchísimo en fortalecer nuestra justicia. Esperamos que nuestras instituciones se fortalezcan más en los cinco años siguientes. En la medida que se estén dando pasos, poco a poco la CICIG se puede ir separando de su trabajo. Nosotros queremos crear una comisión presidencial con ese fin. Esperamos mejorar la coordinación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia, siempre respetando la independencia de los poderes.
SW: Usted dice que su política para el campo va más allá de una reforma agraria. Sin embargo, casi 80 por ciento de las tierras productivas guatemaltecas están en manos de cinco por ciento de los 14 millones de habitantes. En este país sigue habiendo desplazamientos forzosos y acaparamiento de la tierra por monocultivos como la palma africana. ¿Habrá por fin una reforma agraria en Guatemala si usted gana las elecciones?
OPM: Existe para ese fin el Fondo Nacional de Tierras como producto de los Acuerdos de Paz. Hay que fortalecer los programas que ya existen. Una reforma agraria en este momento no es el tema, el desarrollo rural pasa por otro lado. Ahora hay que darles certeza a los campesinos, o sea, darles un título para su tierra, para que sean sujetos de un crédito que les permita pasar de la economía de subsistencia a una agricultura de excedencia. Hay que mejorar sus condiciones de vida. Eso pasa por la capacitación, tecnificación, mejoramiento de la productividad. Hoy en día 70 por ciento de propietarios no tiene título. Pero los problemas son complejos: por ejemplo, el sistema de herencia que dejó a los hijos y nietos con pedazos cada vez más chicos de tierra. Esas parcelas ya no alcanzan. Entonces los jóvenes buscan oportunidades de empleo. Todas esas mejoras las queremos hacer de la mano de los alcaldes y los gobernadores, y ojalá sea el salto adecuado para que Guatemala crezca y logre el desarrollo.
SW: Usted menciona en su plan de gobierno la seguridad democrática del presidente colombiano Álvaro Uribe, pero esta vez también habla de “hambre cero”, el programa emblemático de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Son dos opciones ideológicas muy distintas en América Latina. ¿Dónde se sitúa usted políticamente?
OPM: Primero, sobre la seguridad democrática estamos hablando en Centroamérica desde 1995, pero aquí nunca se implementó. Se hizo primero en Colombia con Uribe. Más allá de las ideologías, hay que buscar los programas que han sido exitosos y pueden frenar los principales problemas que hoy en día están castigando a los guatemaltecos. He visitado Costa Rica, Colombia, México, Brasil y otros países para ir a conocer sus programas; escogimos los que nos parecen más adecuados y esperemos que sean exitosos también en Guatemala.
SW: El Chapo Guzmán es el narco más buscado en el mundo. En 1993 fue capturado en el Petén cuando usted fue jefe del Estado Mayor Presidencial. Poco después de la fuga del Chapo de una cárcel de alta seguridad en México, en enero del 2001, hubo atentados contra sus familiares, de los que el entonces ministro del Interior responsabilizó al narcotraficante. ¿Le guarda rencor y lo va a volver a agarrar?
OPM: (Entre risas). Vamos a dar la lucha para detener a los principales capos del narcotráfico.
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