Por absurdo que parezca, hasta el momento no existe en la cárcel un solo responsable del asesinato de un periodista.
Ricardo Alemán
En otras latitudes, como el caso de Siria, los gobiernos autoritarios y represores ejercen la censura al libre pensamiento mediante golpizas a periodistas y editorialistas del trazo —como el cartonista Ali Ferzat—, a quien gorilas del gobierno le rompieron las manos por ridiculizar al gobernante sirio.
En buena parte del territorio mexicano los capos de la droga y el crimen censuran la libre expresión de ideas matando a los periodistas que se atreven a hablar del flagelo criminal. Y, por absurdo que parezca, hasta el momento no existe en la cárcel un solo responsable del asesinato de un periodista.
Pero. también en México, diarios, como La Jornada, aceleran su política de censura, odio y golpeteo a aquellos que piensan diferente y que —como el caso del articulista Marco Rascón— se atreven a revelar la verdad sobre ese periódico. ¿Y cuál es esa verdad?
Que La Jornada es un diario al servicio del proyecto político del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Y, por eso, desde hace años, el diario dejó de ser un proyecto editorial independiente. Y sin duda que los dueños de La Jornada tienen derecho a estar del lado político que les plazca. Pero no tienen derecho a engañar a los ciudadanos.
Pero lo que ya resulta una ofensa mayor, un insulto a las libertades fundamentales —como la de expresión—, es que un diputado del PRI, de nombre Arturo Zamora, empuje —en comisiones de la Cámara de Diputados— una iniciativa de reforma que propone multa y prisión hasta de seis años a quienes critiquen a políticos, partidos, instituciones electorales y candidatos a puestos de elección popular.
La propuesta del diputado Zamora no sólo es una peligrosa regresión a los tiempos en que el PRI promovía la censura como razón de Estado, sino un atentado a libertades fundamentales, como la libertad de expresión. Más aún, el diputado tricolor confirma las intenciones autoritarias y nada democráticas del PRI que intenta regresar al poder presidencial en 2012.
Y es que resulta difícil aceptar que el diputado Zamora ignore que el mejor termómetro para pulsar la salud de una democracia es, justamente, el nivel de crítica que tiene un pueblo; la misma crítica que el ignorante diputado tricolor pretende matar por decreto. ¿Pero qué propone el decreto?
Que se sancionará con “prisión de uno a seis años a quien injurie o difame a las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, precandidatos, candidatos o coaliciones”. Según la opinión del diputado, las elecciones de los años recientes “se distinguieron por el uso excesivo de ofensas, infamias o injurias… en contra de precandidatos, candidatos o instituciones políticas”.
Por eso, el priista propone una sanción económica y la privación de la libertad hasta por seis años a quienes, a través de la difamación, la descalificación o el denuesto, “pretendan un fin determinado, que es influir negativamente en la información que el elector tenga disponible sobre un precandidato, candidato, coalición o una institución afectando el ámbito de la libertad electoral”. ¿Qué quiere decir todo lo anterior?
Que con el pretexto de la difamación o la calumnia —porque ni modo que los políticos, gobernantes o candidatos acepten que son ratas—, los integrantes de la clase política buscan, no sólo ser intocables, sin permanecer impunes de sus pillerías. Y si tienen dudas, va un ejemplo elemental.
En el supuesto de que estuviera vigente la reforma que propone el diputado Zamora, hoy nadie podía criticar a los hermanos Larrazabal, de Monterrey, por sus pillerías. Y, claro, el quesogate hubiese quedado impune. Esa impunidad es la que pretende el abusadillo diputado Zamora.
Por eso, acaso deba saber —y en descargo de su ignorancia— que la más clara definición sobre el papel de la “libertad de expresión en democracia” la formuló el Supremo Tribunal Español —en su Sentencia 104/1986— de la que se extrae el siguiente párrafo: “La libertad de expresión y el derecho a la información no sólo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino que significan el reconocimiento y garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito de funcionamiento del Estado democrático”.
Pero, además, el diputado también debe saber que “las leyes de la opinión pública” —leyes no escritas, claro— son la crítica y/o el aplauso a todas las formas de poder. Y que esas leyes son universales. ¿Qué tal los genios de San Lázaro?
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