Ud. ni se habría enterado si solamente hubiese prestado atención a los medios de comunicación tradicionales, pero mientras el presidente Barack Obama intenta vender al país los cientos de miles de millones de nuevo gasto de estímulo y un billón y medio de dólares en nuevos impuestos, su administración está inmersa en varios escándalos que van a más: La debacle de la operación de armas Rápido y Furioso y las fechorías del capitalismo clientelista de Solyndra y LightSquared.
En otoño de 2009, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que el Departamento de Justicia del presidente Obama supervisa, puso en marcha una iniciativa para vender armas a compradores de poca monta con la esperanza de poder rastrearlas hasta donde están los grandes traficantes de armas de la frontera suroeste y en el propio México. Su intento, que se conoce como la Operación Rápido y Furioso, fracasó completamente.
Alrededor de 1,500 de las armas desaprecieron sin explicación, cerca de un tercio de esas armas acabó en México, con armas que se vendieron como parte de la operación le dispararon y mataron a un agente de la patrulla fronteriza, 57 armas de Rápido y Furioso tienen conexión con al menos 11 crímenes violentos en Estados Unidos, y en México se ha matado o herido a un total sin confirmar de al menos 200 personas con otras armas vinculadas a la frustrada iniciativa.
Salvo por recientes informaciones en CBS News y en Los Angeles Times y previos reportajes en ABC News, los medios tradicionales han ignorado en gran medida la historia y los periodistas destacados en la Casa Blanca no se han tomado la molestia de preguntar al presidente o al vocero Jay Carney acerca del escándalo desde el 5 de julio — lo que supone 78 días y más de 40 conferencias de prensa sin una sola pregunta relacionada con esto.
Entretanto, se han llevado a cabo audiencias en el Congreso, se ha destituido de sus puestos a altos cargos asociados con la operación y una tercera persona ha dimitido. Las últimas noticias son que oficiales mexicanos se quejan de que, hasta hoy, Estados Unidos no ha ofrecido una explicación sobre Rápido y Furioso, no digamos ya una disculpa. Y ayer, CBS News informó de que varias cintas de audio, que al parecer se grabaron en secreto en marzo, revelan que un vendedor de armas de Arizona y un agente de la ATF implicado en la operación estaban preocupados por el escándalo aún por aclarar.
Y pasando de las armas a la adulación, ha surgido otro escándalo, esta vez implicando a la compañía de paneles solares Solyndra, que recibió una garantía de préstamos por $535 millones en el Departamento de Energía como parte de la parranda de gasto para los empleos verdes del presidente Obama. El presidente elogió a la compañía en el acto de inauguración de su nueva fábrica en mayo del año pasado. Pero ahora, poco más de un año después, está en bancarrota y planea despedir a más de 1,000 empleados. Días después de haberse declarado en bancarrota, el FBI registró las oficinas de la compañía y las viviendas de sus ejecutivos.
La administración Obama puso especial empeño en Solyndra y en lo que la empresa prometía. El presidente hizo de la energía “verde” una pieza central de su fracasado plan de impulso del crecimiento del empleo en Estados Unidos, igualando su iniciativa al logro de que Estados Unidos llegara a la luna primero en la carrera espacial que siguió al lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión Soviética. El significado de la quiebra de la compañía se hizo evidente en un correo electrónico del 31 de enero entre personal de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca a raíz de la “óptica Solyndra” – o sea, como ve el público este asunto. En el correo, el personal debate qué parecería si la compañía muriera en algún momento posterior, sus implicaciones para las elecciones de 2012 y cómo una suspensión de pagos temprana podría dar a la administración Obama cierta reputación de aplicar “disciplina fiscal”.
Luego está la historia de LightSquared, una compañía de telefonía inalámbrica recién creada, respaldada por el milmillonario donante demócrata Philip Falcone. The Daily Beast informa de que oficiales militares temen que la tecnología de la compañía pueda interferir con las señales GPS y que “dos oficiales federales alegan que la Casa Blanca intentó influir en su testimonio [ante el Congreso] para acelerar pruebas clave, lo que beneficiaría a LightSquare”.
Y he aquí las investigaciones. El representante Darrell Issa (R-CA), presidente del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno en la Cámara de Representantes, dijo el martes que su comité tiene pensado investigar los préstamos del gobierno a compañías privadas que ha hecho la administración Obama, según The Hill. “Quiero ver cuándo empezaron el presidente y sus compinches a elegir ganadores y perdedores”, dijo Issa. Ahora, Reuters informa de que el director ejecutivo y máximo responsable de finanzas de Solyndra invocarán la Quinta Enmienda y rehusarán responder a preguntas en la audiencia este viernes.
Un escándalo de contrabando transfronterizo de armas, muertes en Estados Unidos y México, destitución de personal y renuncias, grabaciones secretas, quejas de cargos extranjeros, cientos de millones en préstamos, bancarrota, redada del FBI, donantes de campañas políticas y alegaciones de inapropiada presión de la Casa Blanca en testimonios ante el Congreso. Son seria preguntas que salen de Washington. Es hora de que los medios empiecen a exigir respuestas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario