Y si el atentado se hubiera dado en una miscelánea, ¿se revisarían las misceláneas? Si se hubiera dado en un centro comercial, ¿se verificaría el estado legal de los centros comerciales?
Ana Paula Ordorica
La política en nuestro país se ha caracterizado por ser, lamentablemente, reactiva.
Ante la amenaza del virus A H1N1 se comenzaron a revisar las políticas de salubridad que llegaron al extremo de tener al presidente Calderón enseñando a los mexicanos cómo estornudar “adecuadamente”.
Ante la tragedia en la guardería ABC, se comenzó a revisar el proceso de subrogación de las guarderías. Fue hasta entonces que se tornó importante evaluar cómo funcionaba este mecanismo mediante el cual particulares tenían a su cargo a niños de guarderías del Estado.
Y ahora, frente al atentado en el Casino Royale, los gobiernos municipales, estatales y el federal deciden adentrarse al desorden de las casas de apuestas.
Y si el atentado se hubiera dado en una miscelánea, ¿se revisarían las misceláneas? Si se hubiera dado en un centro comercial, ¿se verificaría el estado legal de los centros comerciales?
En el atentado del Casino Royale, lo último que importa es que el lugar fuera un casino. Lo importante es que un comando puede entrar en el establecimiento público de su elección, a plena luz del día, vaciar tanques de gasolina, prenderle fuego y sentir que nada pasará ante la autoridad.
Eso se llama impunidad.
Como la impunidad de contar con casas de apuestas ilegales, sin que ninguna autoridad hiciera nada al respecto hasta ahora.
Que la culpa es del gobierno de Vicente Fox y en especial de su secretario de Gobernación, Santiago Creel, es una excusa mala.
La Segob, comandada actualmente por José Francisco Blake Mora, cree que es fácil señalar al pasado.
Y en el presente, ¿qué?, ¿por qué los encargados de Juegos y Sorteos no creyeron necesaria llevar a cabo antes la labor de verificación que hoy se está haciendo?
Impunidad es la apuesta de muchos mexicanos. Incluida la del hermano del alcalde de Monterrey, Jonás Larrazabal, para quien resultó fácil decir la barbaridad de que se embolsaba 400 mil pesos gracias a la venta de quesos de Oaxaca.
Concediendo que la venta de quesos en los casinos fuera taaaan redituable, el caso nos coloca, como mínimo, frente a una evasión de impuestos.
El gobierno golpea a los mexicanos de a pie con estrictas reglas para las transacciones en efectivo y el hermano del alcalde de una de las ciudades más ricas del país se embolsa casi medio millón en efectivo, en un solo momento, sin problemas.
Las políticas reactivas nunca van a acabar de tapar los agujeros de corrupción e impunidad en los que vivimos.
La mejor solución para mejorar la situación que hoy pinta tan difícil para nuestro país es poner en orden la corrupción y los cochupos.
Es problema del país entero, pero las autoridades son las responsables de que la ley se cumpla. Para eso buscan ser elegidas y estar en el puesto en el que están.
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