El gobierno de la Kirchner ha montado un desmesurado aparato mediático paraoficial dedicado a desacreditar al periodismo independiente y ha multiplicado los ataques y las restricciones contra aquellos que buscan interpelar a un poder que pretende instalar su propia versión de los hechos.
Unos 450 editores americanos asistieron ayer a la inclusión de la Argentina en la lista negra de países para la prensa independiente. No se trata de un ranking formal ideado por autor o entidad alguna, sino más bien de un mapa que se configura con sólo escuchar los relatos de periodistas de naciones como Ecuador, Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua, en las que los poderes centrales hostigan sin tregua ni descaro el trabajo de quienes cumplen con la tarea de informar.
La voz del joven Daniel Dessein, presidente saliente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y representante de La Gaceta, de Tucumán, sonó con claridad y contundencia en los salones del Hotel Swissotel, donde se realiza la 67ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a 1300 publicaciones con una circulación de más de 43 millones de ejemplares en papel y un número creciente de lectores en la Red. “Ha sido un año turbulento para la libertad de prensa en la Argentina -dijo-. Reflejar y analizar la gestión del Gobierno de manera independiente y crítica ha resultado una tarea poblada de obstáculos y riesgos. Las agresiones emitidas por funcionarios públicos nutren un clima opresivo para el ejercicio del periodismo.”
Dessein estaba acompañado por una de las comitivas de editores y representantes argentinos más nutridas que se recuerde en este foro continental. Se encontraban Carlos Jornet, de La Voz del Interior, de Córdoba -y nuevo presidente de ADEPA-; Leonor, Juan Diego y Sebastián Etchevehere, de El Diario, de Paraná; Jorge, Martín, Virginia, Isabel y Francisco Fascetto, del Diario Popular; Arturo Guardiola, de Los Andes, de Mendoza; Gustavo y Néstor Ick, de El Liberal, de Santiago del Estero; Saturnino Herrero Mitjans y Martín Etchevers, de Clarín; Ernesto Kraiselburd, de El Día, de La Plata; Gonzalo Peltzer, de El Territorio, de Posadas; Francisco Montes, de Diario de Cuyo, San Juan; Nélida Rajneri, del diario Río Negro, además de Norberto Frigerio y este cronista, por La Nación.
El representante argentino denunció que el Gobierno sigue empleando recursos y organismos públicos para premiar u hostigar a los medios de acuerdo con su línea editorial. “Se ha montado un desmesurado aparato mediático paraoficial dedicado a desacreditar al periodismo independiente y se han multiplicado los ataques y las restricciones contra aquellos que buscan interpelar a un poder que pretende instalar su propia versión de los hechos, dejando de lado enfoques alternativos. Paralelamente, el Gobierno avanza con leyes e intromisiones abusivas en el control de contenidos, insumos y licencias de medios”, agregó.
No fue el único que habló de la Argentina. Lo precedió el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el uruguayo Claudio Paolillo, quien dijo que existe “un sistema de propaganda política que abarca desde el uso del fútbol estatizado hasta restricciones en la información de los índices de inflación”.
Paolillo introdujo uno por uno a los países con “gobiernos con legitimidad de origen pero ilegitimidad de ejercicio” que continúan avasallando la libertad de prensa: la Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Cuba (con menciones a Honduras y México).
Publicidad para amigos
Dessein explicó que la publicidad oficial tuvo un crecimiento exponencial desde 2003 y en lugar de utilizarse para comunicar la gestión del Estado se ha transformado en combustible de medios complacientes con el Gobierno u hostiles con la prensa no adicta.
En los primeros seis meses de este año -dijo-, el 48% de la publicidad oficial destinada a diarios de la Capital Federal se duplicó respecto del mismo período del año anterior y se concentró en dos grupos editoriales cercanos al Gobierno (Tiempo Argentino y Página 12). Los dos diarios de mayor circulación, que en conjunto representan más del 60% de la circulación total de la Capital, recibieron un 2,5% frente al 38% que fue a parar a dos diarios con una tirada combinada diez veces menor que la de éstos. Entre los diarios del interior, un grupo de medios afín al oficialismo recibió el 44% de la pauta destinada a ese sector.
Dessein dijo que el Gobierno desconoce un fallo de la Corte Suprema de la Nación a favor de Editorial Perfil que estableció que la publicidad oficial no puede ser adjudicada en forma discriminatoria ni ser aplicada como un modo indirecto para afectar la libertad de expresión. “Pero el Gobierno -relató Dessein-, en una patente burla a la Justicia y al equilibrio republicano, se limitó a publicar un aviso injurioso en un periódico de la demandante y mantuvo sus niveles de discrecionalidad en la distribución de la pauta.”
Además de la asignación distorsiva de la publicidad oficial, el Gobierno emplea abusivamente distintos canales para instalar su discurso. Desde la gestión de medios públicos como órganos proselitistas hasta el uso propagandístico de las transmisiones de fútbol, que fueron estatizadas, regadas con avisos oficiales y sostenidas con fondos que superan los 2000 millones de pesos. A esto cabe agregar la distribución por parte de la agencia oficial de noticias -cuyo titular declaró que adscribe a una variante militante o partidaria del periodismo- de contenidos gratuitos a más de 7000 medios.
Distintos organismos que actúan dentro de la órbita del Poder Ejecutivo nacional llevaron adelante políticas persecutorias contra quienes intentaron reflejar datos diferentes de los oficiales, y ahí mencionó Dessein las multas y querellas que lleva adelante la Secretaría de Comercio Interior a consultoras privadas que difundían índices de inflación.
No faltó en el informe argentino la reciente orden del juez Alejandro Catania contra varios medios para que identificaran a los periodistas que en los últimos cinco años escribieron notas sobre mediciones de inflación distintas de las del organismo oficial de estadísticas. Ni tampoco los numerosos agravios o provocaciones dirigidos a publicaciones y periodistas, como los del ministro del Interior, Florencio Randazzo, que acusó a los diarios Clarín y La Nación de atentar contra la democracia por el solo hecho de difundir las denuncias opositoras y de dos jueces acerca de irregularidades en el escrutinio de las recientes elecciones primarias, o la declaración de Gabriel Mariotto, candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, quien afirmó que los derrotados en las primarias fueron los editorialistas de los grandes diarios. “Este clima de hostilidad, extendido a lo largo del país, ofreció un terreno fértil para la proliferación de campañas de difamación montadas desde medios afines al oficialismo o a través de carteles injuriosos en la vía pública”, sostuvo.
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