¿Para qué sirve la unidad nacional? ¿Acaso no es para que a los problemas se les dé la solución adecuada? La gobernabilidad en el Congreso que hoy tiene la administración de Juan Manuel Santos debería dejar como resultado una gran agenda legislativa que transforme el país.
Dirán unos que la ley de víctimas o de tierras lo son. En unos años veremos que no y que el problema no está en la calentura que tanto les gusta a los columnistas y a los medios bogotanos. La ley de regalías sin duda es un inmenso avance, pero vamos a ver qué pasa con la ley de reglamentación, donde todo puede irse a pique si no sale bien.
Lo que sí es un gran desperdicio es haber perdido tres legislaturas con todos los partidos a bordo y no haber hecho las tres grandes reformas que Colombia necesita.
La primera es la reforma fiscal. Ya logró el gobierno Santos aprobar una reforma tributaria de coyuntura que le generó muchos recursos pero no acabó con las inequidades del sistema, no cerró troneras de exenciones y no redujo tarifas para volverlas más reales y competitivas. Dice el ministro de Hacienda que el otro año harán la verdadera reforma. ¿Será posible en año de crisis económica? No lo creo, pues hasta ahora este gobierno por cuidar su imagen no ha tomado ninguna decisión impopular, lo que ya es una característica de esta administración.
La segunda reforma que está en cuidados intensivos es la de las Corporaciones Autónomas Regionales. Se dejó pasar el desastre de la ola invernal y la indecisión de la ministra de entonces y la asesora presidencial del tema desperdiciaron un momento político único para reformar un sistema ambiental que si bien es excelente en su diseño, está capturado por la politiquería y la corrupción. Vamos a ver si con nuevo ministro a bordo se rectifica ese imperdonable error político.
Y la tercera es la reforma judicial. El gobierno nunca tuvo claro qué quería con la reforma y buscó un consenso a toda costa que precisamente deja como saldo una reformita que en nada va a cambiar la justicia. Es una reforma insulsa con un desgaste inmenso para todos los actores. Se salvó el Consejo Superior de la Judicatura (el que regala inmensas pensiones), no se ordenó el sistema de la tutela, no se desjudicializó nada y la platica que se le da a la rama tampoco es mayor cosa. El gobierno mató el tigre y se asustó con el cuero. Tocará esperar a otro gobierno para ver si alguien tiene el coraje de meterle la mano a la corrupción en la justicia, a su falta de transparencia, a su capacidad de gestión, a la rendición de cuentas de la rama, en fin, a tantos temas que sí eran de fondo pero que se quedaron de lado en esta reformita que como dijo la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, “es una desilusión”.
Como siempre, y frente a un pulso, el Gobierno de nuevo mostró que ante cualquiera que le pele un diente cede. Como lo hizo en la ley de educación, que reglaba algo que ya existe, ahora lo hace con el fuero militar enviando otra señal funesta a la tropa: por ustedes no me la juego.
En el primer año los gobiernos envían las señales de cómo va a ser la cosa con ellos. Uribe creó las zonas de rehabilitación, radicó el referendo y frenó de tajo una manifestación indígena que quería tomarse la vía Panamericana. Los mensajes del actual gobierno, para darle el beneficio de la duda, son por lo menos contradictorios. Lo cierto es que a pesar de la popularidad en las encuestas nadie sabe, por ahora, para dónde vamos.
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