Juan O. Tamayo
Las autoridades cubanas anticorrupción cerraron las oficinas en La Habana de un fondo británico, que decía tener planeados $1,000 millones en inversiones, y detuvieron a un viceministro del Azúcar.
Varios empleados del gobierno en la oriental ciudad de Santiago de Cuba también fueron sancionados por manejar tan mal la construcción de una planta de tratamiento de agua, que una de las instalaciones tuvo que derribarse y volverse a construir.
El gobernante cubano Raúl Castro ha enfrentado un número creciente de casos de corrupción desde que sucedió a su hermano Fidel en el 2006, aunque no está claro si la corrupción se propaga o si el gobierno está encontrando más casos.
Con muchas empresas estatales en manos de oficiales activos o retirados de las fuerzas armadas y el Ministerio del Interior, han aumentado las quejas sobre lo que algunos cubanos llaman la “Mafia verde olivo”.
Las oficinas en La Habana de Coral Capital Group se han cerrado, y su jefe ejecutivo, Amado Fakhre, un ciudadano británico, ha sido detenido, de acuerdo con una información desde La Habana de la agencia noticiosa Reuters.
Nelson Labrada, viceministro del Azúcar, fue arrestado el mes pasado, aparentemente como parte de una investigación que tambien relacionaba a Coral Capital con el Grupo Tokmakjian, con sede en Canadá, y Tri-Star Caribbean, agregó Reuters.
Los medios noticiosos de Cuba, controlados por el gobierno, no han informado de ninguno de los casos de corrupción.
Coral Capital dice tener planes de proyectos en Cuba por más de $1,000 millones, incluyendo el centro vacacional de golf y playa Bellomonte en 628 acres en el este de La Habana. Con dos campos de golf de 18 hoyos y un hotel de 160 habitaciones, el proyecto también ocupa 323,000 pies cuadrados de espacio comercial.
El fondo, registrado en las Islas Vírgenes Británicas, ya ha invertido un estimado de $75 millones en una empresa conjunta para el Hotel Saratoga, para el turismo en La Habana, y un centro vacacional en Cayo Coco en la costa norte de Cuba.
Coral Capital podría haber entrado en conflicto con los investigadores anticorrupción porque también financió tratos comerciales cubanos, incluyendo las importaciones de equipo pesado y otros bienes para ministerios del gobierno, informó Reuters.
Se cree que Tokmakjian y Tri-Star están bajo investigación por pagar sobornos para obtener contratos para la adquisición de equipos para el estado. Labrada firmó tratos con las firmas canadienses, de acuerdo con la agencia.
El Ministerio del Azúcar se eliminó el mes pasado y se convirtió en una empresa estatal.
La larga serie de grandes escándalos de corrupción descubiertos en Cuba en los últimos años ha afectado virtualmente a todos los sectores de la economía cubana y en un caso cayó cerca de la propia familia de Castro.
Julio César Díaz Garrandés, novio de su hija más joven, fue encarcelado durante al menos tres meses este año en un caso de corrupción, según informaciones publicadas en septiembre. No está claro si seguía el lunes bajo custodia.
Otros escándalos han afectado las telecomunicaciones, la aviación, el níquel, el tabaco y otras industrias de la isla, y han llevado al arresto y el despido de decenas de altos funcionarios gubernamentales.
Castro creó una Contraloría General para tomar duras medidas contra la corrupción y le entregó a su hijo Alejandro, un alto oficial en el Ministerio del Interior, la responsabilidad total de su campaña contra la corrupción.
Sin embargo, el fenómeno sigue extendido, en parte debido a los sobornos a altos funcionarios del gobierno que firman grandes tratos, y en parte por medio de pequeños robos de los bienes estatales como los materiales de la construcción.
La agencia noticiosa cubana Prensa Latina informó el lunes sobre un juicio de funcionarios involucrados en uno de los proyectos prioritarios del gobierno, un acueducto para Santiago de Cuba, la segunda mayor ciudad de la isla.
El vago informe no detalla el número de acusados, las sentencias o los cargos contra ellos, excepto que fallaron en cumplir “las normas y las regulaciones para la remodelación de una planta de tratamiento de agua”.
Otros dos juicios se siguen aún contra funcionarios de la construcción, financieros y técnicos por cargos de no cumplir “las obligaciones en las entidades económicas” involucradas en el acueducto, agregó Prensa Latina.
Hubo tantas “violaciones” en la construcción de la estación de bombeo La Ketty, a las afueras de Santiago, que se derribó y se volvió a construir, destacó la información, sin explicar las violaciones.
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