Será presentada ante la Corte Penal Internacional una demanda contra Felipe Calderón.
Ana Paula Ordorica
El presidente Felipe Calderón podría ser al mismo tiempo un jefe de Estado que ha promovido el respeto a los derechos humanos, a través de la promulgación de una ley constitucional sobre la materia, y uno acusado en instancias internacionales por violaciones graves a éstos.
¡Qué irónico!
Pero esa es la demanda que ha interpuesto un grupo que se dice plural, por su oficio (algunos de ellos son periodistas; otros, productores de cine; otros, analistas y, otros más, abogados), pero que no lo son en sus ideas, porque han manejado una sola agenda a lo largo del presente sexenio: desacreditar al jefe del Ejecutivo que consideran que perdió las elecciones de 2006, pero se coló a Los Pinos gracias a “la mafia que ostenta el poder”.
Así, el próximo 25 de noviembre será presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda penal contra el presidente Felipe Calderón, por crímenes de guerra y de lesa humanidad por la muerte de más de 40 mil personas —entre éstas, mil 226 niños—, más de diez mil desaparecidos y más de 120 mil desplazados.
La demanda también irá dirigida en contra de otros funcionarios: los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; Guillermo Galván Galván, de la Defensa Nacional, y Francisco Saynez Mendoza, de la Marina-Armada de México.
A ellos hay que agregar al jefe del cártel del Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán, pues los firmantes del recurso legal argumentan que esa organización delictiva es protegida del gobierno federal. Esta protección la sustentan los firmantes en que las bajas del cártel del Golfo son mucho menores que las de otros grupos criminales.
El centro de la demanda está en el artículo 8 del Estatuto de Roma, el cual ratificó México en 2005, que dictamina que la CPI actuará en estados en donde éste cometa crímenes de guerra.
A partir de varios ejemplos de eventos que sin duda han marcado a nuestro país, como el asesinato de dos estudiantes del TEC en Monterrey; las fosas comunes de San Fernando, Tamaulipas; la foto del cuerpo vindicado de Arturo Beltrán Leyva, y de la impunidad que ha acompañado todos estos sucesos, los promotores de la demanda argumentan que el Presidente está actuando en contra de la población mexicana y por ello demandan la intervención de la CPI.
Al momento de escribir estas líneas, el documento ha sido signado por más de 14 mil personas.
Ahora será momento de estudiar si este caso le corresponde juzgarlo a la CPI. Los otros que la Corte revisa en este momento están en Libia, Costa de Marfil, Afganistán, Corea del Sur, Palestina, El Congo, Sudán y Uganda, por mencionar algunos.
¿Cabe la situación de México en el esquema de la CPI? Ese será el tema que analizará el fiscal Luis Moreno Ocampo, tras reunirse con el grupo de los firmantes en noviembre.
Por lo demás, esta será seguramente la primera de muchas demandas que le llegarán al Presidente y a sus cercanos hacia el fin del sexenio.
Apostilla: FCH no es el único. Ayer, Amnistía Internacional y Human Rights Watch pidieron al gobierno canadiense que arreste e inicie un proceso en contra de George W. Bush por crímenes de tortura ahora que el ex presidente de EU atienda una conferencia en ese país. Canadá ya respondió con un rotundo NO.
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