El Salvador: Las tasas de interés y las tarjetas

por Manuel Hinds

Manuel Hinds es ex Ministro de Finanzas de El Salvador y co-autor de Money, Markets and Sovereignty (Yale University Press, 2009).
Hay mucha gente que ha recibido con beneplácito el techo que la Asamblea Legislativa ha puesto a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, equivalente a 8 veces la tasa pasiva bancaria. En estos momentos, el techo equivale a 18 por ciento.
Hasta el momento he escuchado dos cosas que los entusiastas de la medida dicen para apoyar su alegría. La primera es que está bueno que frieguen a los bancos haciéndolos que pierdan dinero. La segunda es que la medida favorece a los salvadoreños porque, al bajar las tasas de interés, éstos van a pagar menos intereses. No puede negarse que, aunque sean poco imaginativas, son aseveraciones directas.


Los bancos han respondido diciendo que ninguna de estas aseveraciones es cierta. No es cierto, dicen, que los salvadoreños van a pagar menos intereses sino al contrario, ya que como consecuencia de esta medida se van a ver obligados a retirar del mercado 400.000 tarjetas de crédito, las de sus clientes más pequeños y con menos ingresos, por lo que esta gente tendrá que caer en manos de agiotistas que les cobrarán tasas mucho más altas. Algunas de estas personas pagarían el costo más alto: el no tener crédito. Y no será cierto que los obligarán a perder pisto porque precisamente para no perderlo es que van a verse obligados a retirar estas tarjetas del mercado. En realidad, los fregados, dicen los bancos, serán los que ya no tendrán tarjetas —un conjunto de personas que incluye muy prominentemente microempresarios que usan sus tarjetas para financiar sus pequeños negocios— y los que les venden a ellos. Los ladrones se beneficiarían claramente, porque la gente tendría que andar con más efectivo en la bolsa.
Si esto fuera cierto, al gobierno y a los partidos que cocieron esta medida le saldría el tiro por la culata. El aplauso que mucha gente les está dando se tornaría en rabia al ver que han perdido su crédito y que la actividad económica se viene al suelo, especialmente en el segmento de las micro y pequeñas empresas, que habrían perdido capacidad de compra por un lado, y ventas por el otro. En ese momento, los diputados, y los que hubieran aconsejado al presidente no vetar la ley lamentarían no haber atendido a alguna clase de economía elemental en alguna buena universidad.
Pero los entusiastas de la medida no pueden creer que los bancos abandonen un mercado de 400.000 personas que demandan servicios financieros. Un poco de razonamiento económico puede darles una ayudadita, no sólo para analizar el problema de las tarjetas sino también el del crédito a la empresa pequeña y las clases populares.
Supongamos que usted tiene un millón de dólares que quiere prestar a empresas pequeñas, en 800 créditos en montos de entre 1.000 y 1.500 dólares. Hay tres clases de costos que tiene que tomar en cuenta para definir a qué tasa de interés va a prestar. El primero es el costo del dinero, que es el costo de los depósitos, incluyendo intereses, el costo de las sucursales en donde se capturan, etc. Este costo es de 4 por ciento.
El segundo es el costo por mora, que incluye la pérdida en los que nunca pagan y el costo de cobrarles a los que pagan. De acuerdo a las cuentas del sistema bancario, este costo es de 11 por ciento para las tarjetas con saldo máximo de 1.001 a 1.500 dólares. El tercer costo es el administrativo, que para estas tarjetas representa el 20 por ciento. Sumando los tres costos, usted concluye que tiene que cobrar el 35 por ciento para salir tablas en la operación. Claramente, si usted tiene que prestar al 18 como máximo, usted perdería 17 por ciento en el negocio. Mejor no lo hace. Mejor le presta el millón entero a un cliente grande que tiene costos mucho más bajos.
¿Por qué es tan caro operar créditos pequeños? En primer lugar porque es más fácil conocer a los grandes y escoger entre ellos los que son mejor paga, con lo que el riesgo de no cobro es más bajo (de uno por ciento o menos en vez de 11 en los pequeños). Segundo, porque usted puede obtener garantías de los grandes para que si no pagan, usted se queda con la garantía. Tercero, porque si el grande no le paga, usted tiene que ponerle un juicio de cobro mientras que si usted ha prestado el millón en 800 créditos, usted tiene que llevar adelante 88 juicios (el 11 por ciento que falla). Si cada juicio vale $500, usted gasta esta cantidad cuando cobra el de un millón de dólares pero gasta $44.000 si son 88 los juicios. En realidad puede pagarle mucho más al abogado que le cobra el millón a un solo cliente y aún así le sale más barato.
Cuarto, porque lo mismo pasa con los gastos administrativos. Por ejemplo, en vez de mandar un solo estado de cuenta, usted tiene que mandar 800, y cada uno vale lo mismo, sólo que el costo de cada uno se diluye, en un caso, en un millón de dólares, y en el otro, en $1.250. Si el manejo operativo vale, digamos, $250 al año por crédito (el costo del edificio, de la electricidad, del equipo, de los salarios de las personas, etc.), esto representa el 0,03 por ciento (menos de la treintava parte de un uno por ciento) del crédito de un millón de dólares, y el 20 por ciento del de $1.250. Sólo esto vale más de lo que el techo del 18 por ciento le permite cobrar.
¿Qué haría usted en esta situación? Ya no prestaría a los pequeños porque al hacerlo perdería fuertes cantidades de dinero. El dinero se lo prestaría a los grandes, o, si no hay mercado, no haría crecer su banco. Invertiría, quizás, en un banco en Guatemala, o en Honduras. Usted puede argüir que no hay nada nuevo en eso, que eso es lo que este gobierno ha estado forzando a hacer a todos los inversionistas. Usted puede pensar lo que quiera. Pero no puede decir que esta medida friega a los bancos, porque los fregados son los pequeños y con pocos ingresos.