Por Mercedes Montero
Una multa multimillonaria ha dejado al descubierto la aplicación de una política de censura a los medios de comunicación por parte del gobierno venezolano.
En efecto CONATEL, la autoridad que regula el sector le impuso al canal de noticias GLOBOVISION, una multa de millón y medio de euros, la cual debe ser pagada antes de que culmine el mes de diciembre del año en curso. Con esta medida el canal que tiene una línea editorial opositora al actual gobierno venezolano quedará ahogado económicamente, ya que después de cancelar tal multa no contará con los medios necesarios para mantener su operación. La multa es sencillamente impagable para el canal.
La razón aducida por parte de CONATEL es que durante la crisis vivida en las cárceles El Rodeo I y El Rodeo II, durante los meses de junio y julio de 2011, cuya gravedad dejó expuesta a la mirada nacional e internacional la vergonzosa situación carcelaria en Venezuela, Globovisión hizo una cobertura completa de la noticia. Recordemos la noticia. Durante la visita familiar de un Domingo en la tarde, se desató un enfrentamiento entre bandas para establecer el dominio en los dos penales.
En esa lucha salieron a relucir asuntos como el armamento y el tipo de municiones que estaban en manos de los presos, el tráfico de drogas, el hacinamiento, la sobrepoblación, las malas condiciones en las que viven los presidiarios, los retardos judiciales, la desorganización de la cárcel, los muertos y heridos que trajo como consecuencia dicho enfrentamiento, el traslado de presos a diferentes cárceles que también están sobre pobladas y en las mismas pésimas condiciones, la situación fue tal que hasta hizo necesaria la intervención del ejército. CONATEL al parecer se olvida que una noticia de tanto impacto como esta no se puede, ni se debe tapar, porque es una situación que no se justifica en país alguno, y, constituye una gravísima violación de los derechos humanos.
La autoridad acusa al canal de haber cometido entre otros delitos el de apología del crimen, crear zozobra, etc. etc.; por haber transmitido imágenes, hacer relatos de lo que estaba sucediendo en las ya mencionadas cárceles, entrevistar a familiares de los presos que fuera de los recintos carcelarios estaban tratando de proteger las vidas sus hijos, hermanos, esposos. Esta noticia salió publicada y comentada en medios internacionales. El canal al cubrir la noticia estaba haciendo el trabajo que hace cualquier medio de comunicación. Sin embargo con la multa, CONATEL: le impone una mordaza a Globovisión, lo cual implica que el canal o asume como práctica la autocensura o desaparece.
El acoso al canal es de larga data, en múltiples oportunidades los equipos de fotógrafos y periodistas que van a cubrir una noticia han sido atacados por parte de grupos violentos, que les han quemado sus vehículos y robados sus equipos. Los directivos del canal tuvieron que salir del país huyendo ya que por contar entre sus bienes una colección de vehículos clásicos, se los estaba acusando de acaparamiento de vehículos, razón por la cual serían enjuiciados y llevados a prisión.
En Venezuela no hay balance con respecto a la propiedad y acceso a los medios de comunicación. El gobierno ejerce la hegemonía comunicacional de la que acusa a la oposición y los ciudadanos comunes al parecer no contamos. Al Estado le pertenecen casi 700 medios de comunicación, (estaciones de TV, de radio, periódicos, revistas, etc., a nivel nacional, regional y comunal). Es loable que las comunidades tengan sus medios de comunicación, lo que no es justo es que solo tengan acceso a estos medios los afectos al gobierno. Es innegable el abuso comunicacional representado por las larguísimas y abundantes cadenas presidenciales, las cuales salen al aire todo el tiempo y aún durante su campaña política por reelección.
Por otra parte ya son ampliamente conocidos el cierre de Radio Caracas TV, la confiscación de todos sus equipos, los cuales no les han sido devueltos o pagados, y el impedimento para que el canal salga por cable. El cierre de las 32 radioemisoras del Circuito Belfort, los ataques a la prensa, la prisión y amenazas contra periodistas.
Todas estas notorias acciones por parte del gobierno venezolano, han motivado a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a defender al ejercicio del derecho de la libertad de expresión en Venezuela por parte de los medios, de los comunicadores y de los ciudadanos.
La SIP expresó que los ciudadanos debían participar en la defensa de la libertad de expresión en el país, esto no como intervención en los asuntos internos de Venezuela, sino como preservación y respeto a un derecho humano universal y fundamental, referente a libertad de pensamiento y de palabra.
Algunos sectores de la población propusieron hacer una colecta pública para ayudar al canal a pagar la injusta multa que le ha sido impuesta por parte de CONATEL. La verdad sea dicha aunque la intención es noble, llevarla a cabo reforzaría la injusticia que se está cometiendo. La guarda de silencio no debería ser una opción en lo que a ataques a la libertad de expresión se refiere. Quien calla otorga.
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