Un informe elaborado por la Organización de Naciones Unidas coloca a Venezuela como el país con la tasa de homicidios más alta de Suramérica, y la cuarta de todas las naciones americanas y del Caribe.
El documento, titulado Estudio Global sobre Homicidios 2011, es la primera edición de un trabajo que el organismo multilateral emitirá anualmente, con la finalidad de evaluar la violencia en las distintas partes del mundo.
Basado en datos aportados por organizaciones no gubernamentales correspondientes a 2010, la ONU estableció que Venezuela tiene una tasa de 49 homicidios por cada 100.000 habitantes. Honduras figura en primer lugar (82 por 100.000); luego está El Salvador (66 por 100.000) y Jamaica (52 por 100.000).
El estudio establece que en 2010 fueron cometidos en el mundo aproximadamente 468.000 homicidios. El 31% de los casos ocurrió en los países americanos.
En términos generales, las elevaciones en las tasas de estos crímenes están asociadas, según la ONU, a los problemas de crecimiento económico, pero el propio organismo observó que esta explicación no se adapta a la realidad latinoamericana, donde los pobladores padecen un incremento en los homicidios, aunque ha mejorado el desempeño económico.
Por esta razón, se indica que es necesario tomar en consideración factores tales como la mayor disponibilidad de armas de fuego en la región, así como la presencia de grupos de delincuencia organizada.
En los países americanos, el 74% de los homicidios es cometido con algún arma de fuego, mientras que el promedio mundial es de 42%.
El informe elaborado por la ONU sobre Droga y Delito intenta establecer una correlación entre los decomisos de estupefacientes y los homicidios. Señala, por ejemplo, que en Colombia las cifras de homicidios han bajado al tiempo que se han elevado las incautaciones de psicotrópicos.
En Venezuela, en cambio, la ONU indica que los decomisos de cocaína han tenido “un declive significativo”, mientras que las tasas de homicidio se han elevado. El organismo indica que esto también puede ser la consecuencia de un incremento en los delitos convencionales.
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