Sin tomar en consideración el sentimiento del público estadounidense—el cansancio de años de guerra en Afganistán, Irak y Libia y vigorosos ataques con aviones no tripulados en Pakistán, Yemen y Somalia—el presidente Barack Obama está actualmente involucrando a los Estados Unidos en otro potencial pantano, esta vez en Africa Central. Ante la insistencia de grupos humanitarios, se encuentra despachando cerca de 100 efectivos de las Fuerzas Especiales de los EE.UU. a cuatro naciones de Africa Central—Uganda, Congo, Sudán del Sur y la República Centroafricana—para ayudar a combatir al Ejército de Resistencia del Señor (LRA es su sigla en inglés), un grupo guerrillero que regularmente secuestra o ataca a civiles en esos países.
Supuestamente, las Fuerzas Especiales, que estarán armadas, no emprenderán una acción militar directa contra el LRA (excepto en defensa propia) sino que sólo entrenarán, asistirán y asesorarán a los ejércitos centroafricanos. En realidad, si las fuerzas estadounidenses se encuentran patrullando con estos ejércitos al momento de ser atacados, ciertamente los estadounidenses podrían quedar atrapados en muchas balaceras. Para los Estados Unidos, el atolladero de Vietnam comenzó con asesores estadounidenses luchando con las fuerzas de Vietnam del Sur en el terreno.
El hecho de quedar enlodados en una ciénaga africana no hace al interés vital de los Estados Unidos. En el pasado, el único continente, aparte de la Antártida, que el gobierno de los EE.UU. no consideró como estratégico fue África, que tenía un magro PBI. Con la creación del Comando Africano del Pentágono, esa visión ha cambiado a requerimiento de los burócratas de la defensa, que están en una búsqueda perpetua de añadir misiones militares en un mundo post-Guerra Fría a fin de justificarse a sí mismos y a sus programas a medida que la financiación de la defensa se ve amenazada. Es cierto que Joseph Kony y el LRA son guerrilleros despiadados, pero su insignificante fuerza de 250 combatientes, que ya ha estado luchando durante dos décadas, difícilmente represente una amenaza grave y repentina para la seguridad estadounidense, y los Estados Unidos ya no pueden permitirse el lujo de salvar al mundo. Incluso el presidente Obama ha sostenido anteriormente que las guerras en el extranjero agotan recursos que actualmente se necesitan desesperadamente en el país.
Y todo esto incluso asume que la intervención estadounidense será beneficiosa para los civiles inocentes que serían “salvados” del LRA. No obstante, cuando George W. Bush envió asesores de los EE.UU. para luchar contra el mismo grupo en 2008, sobrevino el desastre. En aquel entonces, el LRA logró escapar de una ofensiva ugandesa asistida por los EE.UU. y quedó lo suficientemente enfurecido por la fallida intervención militar como para cometer una serie de sangrientas masacres que mataron a cientos de civiles.
El desencadenante de la presente intervención, según el presidente, fue la sanción por parte del Congreso, en mayo de 2010, de una ley vagamente redactada que abogaba por “esfuerzos ampliados y exhaustivos de los EE.UU. para ayudar a mitigar y eliminar la amenaza planteada por el LRA a los civiles y la estabilidad regional”. Teniendo en cuenta el hecho de que la Guerra de Vietnam fue escalada por el presidente Lyndon Johnson desbocado con la amorfa Resolución del Golfo de Tonkin de 1964, el Congreso debería haber sido más cuidadoso y específico con su redacción; sin embargo, la resolución en ninguna parte autoriza específicamente la intervención militar de los EE.UU. en Africa Central. El caso demuestra cuán militarista se ha vuelto la política exterior estadounidense, dado que la administración, viendo un clavo dado que posee un martillo grande, promovió la opción militar para cumplir con una ley ambiguamente redactada.
Y siguiendo incluso otro precedente de la era de Vietnam—la Resolución de Poderes de Guerra (que fue sancionada por el Congreso en 1973 para evitar una repetición de la escalada sin representación)—el presidente Obama notificó al Congreso de la acción militar. El único problema es que en realidad no cumplió con la resolución—y eso es probablemente lo peor de todo el episodio. Usualmente, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso consideran que la Resolución de Poderes de Guerra permite que el presidente envíe fuerzas estadounidenses a situaciones potencialmente hostiles sin la previa autorización del Congreso, siempre y cuando notifique al Congreso dentro de las 48 horas del despliegue de los efectivos. Se pensó entonces que a menos que el Congreso vote dejar a las tropas allí, las mismas deben regresar a casa después de unos meses. Pero este escenario sólo ocurre si el despliegue militar se produce cuando los Estados Unidos se encuentran bajo ataque. De lo contrario, para todas las demás intervenciones militares de los EE.UU., la ley exige, de acuerdo con la intención de los redactores originales tal como fue expresada en los debates de la convención constituyente, una especifica autorización previa del Congreso. En este caso, ella no fue obtenida, y Obama, como lo hizo en Libia, ha violado la Constitución y la Resolución de Poderes de Guerra en esta innecesaria, financieramente irresponsable y absurda aventura militar.
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