Para quienes residen en Estados Unidos es más que evidente la pesadilla que supone enfrentarse cada primavera a la declaración de la renta en el sistema fiscal norteamericano. Entre impuestos federales y estatales, pasando por los numerosos recovecos que permiten esquivar pagos debido a su alegalidad o las triquiñuelas contables de muchas empresas patrias, algunos candidatos presidenciales republicanos, como Herman Cain o Rick Perry, optan por simplificar al máximo esta enredadera con tarifas planas fiscales.
Hasta la fecha, Cain, el que fuera presidente de Godfather´s Pizza y único afroamericano republicano con aspiraciones a la Casa Blanca, ha conseguido congregar la atención mediática gracias a su plan impositivo bautizado con los números 9-9-9. De hecho, en algunos Estados lidera las encuestas republicanas, por delante del propio Mitt Romney. Su estrategia apuesta por aplicar una tasa impositiva común del 9% para los ingresos de los ciudadanos y las compañías estadounidenses. Además, aplicaría un nuevo impuesto sobre las ventas a nivel nacional, un método no empleado hasta ahora a nivel federal pero sí estatal.
Sin embargo, el protagonismo de Cain se ha visto obnubilado por la propuesta del gobernador de Texas, Rick Perry, quien dejó boquiabierto a más de uno con su intención de aplicar una tarifa fiscal plana común del 20%. Según explicaba el propio candidato en un editorial publicado la semana pasada en The Wall Street Journal, "el plan dará a los estadounidenses la oportunidad de elegir entre un impuesto único del 20% o la tasa actual de los impuestos sobre la renta". Aquellas familias que ganen menos de 500.000 dólares anuales, es decir, el 99% de la población, podrán mantener las deducciones sobre sus hipotecas y excepciones fiscales de hasta 12.500 dólares por individuo.
¿Una panacea fiscal?
Así, según plantea el candidato republicano, esta tarifa plana impositiva del 20% permitirá a los estadounidenses hacer su declaración de la renta "en una tarjeta postal" y ahorrar hasta 483.000 millones de dólares en costes. Aunque sobre el papel estas propuestas se presentan como una verdadera panacea fiscal, en la práctica muchos tachan esta lógica de incongruente.
Al fin y al cabo, el plan de Perry permitirá a los ricos y casi ricos seguir acogiéndose al sistema fiscal convencional, por lo que podrán continuar beneficiándose de las lagunas regulatorias. No hay que olvidar que la mayoría de ellos no paga actualmente el 20% de sus ingresos en impuestos, así que es poco probable que se ofrezcan a hacerlo ahora.
Por su parte, Ted Gayer, codirector de estudios políticos de la Brookings Institution, dijo que el plan de Perry supondría, además, una rebaja substancial en los ingresos para el Gobierno federal, algo que limitaría la inversión en nuevos proyectos para estimular el crecimiento económico. De hecho, con menos ingresos, Perry propone en su plan recortar el gasto público hasta el 18% del PIB, lo que supondría recortes en gastos anuales por valor de 900.000 millones de dólares, algo difícil de conseguir si tenemos en cuenta actualmente que el Congreso está teniendo problemas para ponerse de acuerdo sobre un recorte adicional de 100.000 millones. De modo que parece que el plan del gobernador de Texas cae por su propio peso. Los ciudadanos tendrán que elegir entre ambos sistemas para ver cuál es mejor.
José Luis de Haro es delegado en EEUU.
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