Día con día
Héctor Aguilar Camín
La controvertida declaración del presidente Calderón a The New York Times produjo una ola de respuestas airadas y aun amenazas de demandas de parte del PRI.
Lo que no produjo es una definición formal de ese partido respecto de la estrategia de combate al crimen del gobierno actual.
Me gusta la reacción del PRI porque indica su rechazo a toda idea de pacto con el crimen. Así lo dijo su precandidato puntero, Enrique Peña Nieto, en un foro de Campeche ayer: cero negociaciones.
Es un buen punto de partida para una definición de cara a lo que viene. Pero no es una definición fácil. No para quien tenga responsabilidad de llevarla adelante.
La estrategia de combate al crimen tiende a volverse la herencia más visible, y más discutible, del presidente Calderón.
Institucional y políticamente es una herencia compleja. Se pueden hacer muchas críticas a la estrategia del gobierno actual, pero nadie puede negar que ha puesto en evidencia la profunda debilidad del Estado, y aun su ausencia, en muchas partes del territorio nacional.
Este es el problema de fondo: la precariedad histórica del Estado y sus instituciones de seguridad y procuración de justicia.
No es posible mirar a otro lado ante la dramática exhibición de permeabilidad al crimen de tantos gobiernos y policías locales (y funcionarios federales, y jueces, y legisladores).
La ofensiva más potente de la Federación contra los grupos criminales no sólo no ha bastado para someterlos, sino que ha potenciado su violencia.
Es posible redirigir la estrategia, incluso cambiarla radicalmente hacia un enfoque menos militar y más de construcción de policías nacionales y estatales. Los costos de esta guerra son ya muy altos para las fuerzas armadas, y para el país.
Convendría empezar a pensar, por ejemplo, en lo que algunos piensan ya: un mando civil para los militares y una integración de sus corporaciones bajo un mismo ministerio. No como una forma de reducir las fuerzas amadas, sino como una forma de incorporarlas plenamente a la dinámica civil del país, y armonizar y proteger institucionalmente su acción en las tareas de seguridad.
Los costos de la estrategia de Calderón son tan discutibles que podrán costarle la Presidencia a su partido. Pero el fondo de esa estrategia seguirá siendo la asignatura pendiente de quien gane: restablecer la presencia del Estado en el inmenso país donde falta.
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