El 29 de julio de 2011 se dio a conocer que la deuda pública per cápita en Coahuila era la más grande en el país con 11 mil 633 pesos por habitante. El 1 de noviembre, la secretaría de Hacienda denunció ante la PGR el endeudamiento en ese estado para que se investigue y se castigue a los responsables. Se trata de 5 denuncias por más de 5 mil 300 millones de pesos, cuatro de ellas, en la era Moreira.
Pero ¿qué pasó en los tres meses entre estos dos hechos? Se trata de un caso que en 90 días pasó de un dato impactante a un asunto legal en el que están involucrados algunos funcionarios de la gestión del ahora presidente del PRI, Humberto Moreira, y en el que algunos actores políticos han cuestionado al exgobernador porque el endeudamiento y la falsificación de documentos se dio durante su gestión.
Animal Político hace un recuento de estos tres meses con lo más importante del caso y una explicación de por qué cuestionan a Moreira y los actores cercanos a él que ya están en la mira de la justicia.
El antecedente
El 29 de julio el periódico Reforma publicó que Coahuila era el estado con la mayor deuda por habitante con pasivos per cápita de 11 mil 633 pesos. Además, en términos absolutos, es el cuarto más endeudado.
Según información publicada por Hacienda, Coahuila adeuda, al tercer trimestre de 2011, un total de 31 mil 973.1 millones de pesos.
Diversos actores cuestionaron que Humberto Moreira siguiera al frente del Partido Revolucionario Institucional, pero “el Profe” contestó que “la única licencia que pediré es la de manejo” y rechazó que fuera a separarse del cargo como consecuencia de las acusaciones que le habían hecho sobre el endeudamiento en el estado de Coahuila, entidad que gobernó durante el periodo de 2005 a 2011.
Para el 23 de agosto de este año se supo que Coahuila tendría que recurrir a un crédito más caro para renegociar sus pasivos, por casi 34 mil millones de pesos, luego de que Fitch y Standard & Poor’s degradaran en cinco niveles la calificación crediticia coahuilense debido al manejo de Moreira.
Coahuila pagaba unos 601 millones de pesos al año por intereses, pero una semana antes el Congreso local autorizó pedir créditos para refinanciar la deuda estatal, de 33 mil 867 millones.
Después de las elecciones del 3 de julio en Coahuila, en las que obtuvo el triunfo el candidato del PRI a la Gubernatura, Rubén Moreira, los programas sociales que implementó su hermano y presidente actual del PRI, Humberto Moreira, comenzaron a recortarse luego que se hiciera público el alto endeudamiento del estado.
El primer programa en dejar de operar fue el de los Comedores de la Gente Mayor, que ofrecía alimentos a más de mil 500 personas de la tercera edad, seguido del de la Tarjeta del Hogar, que entregaba a los beneficiarios subsidios por 200 pesos mensuales.
En agosto, el entonces aún secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, informó que ya se había presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal contra quien resulte responsable por la contratación irregular de deuda por parte del gobierno de Coahuila.
Entrevistado luego de reunirse con senadores del PAN, detalló: “Sí, la Secretaría de Hacienda ha presentado una denuncia penal ante quien resulte responsable y las seguirá presentando cuando detectamos y tengamos evidencia de que parte de la deuda fue contratada de manera irregular ante las instituciones del sistema bancario mexicano y sí, la hemos presentado, ante quien resulte responsable”.
Los documentos falsos
En los últimos días de agosto, el gobierno federal anunció que preparaba dos nuevas demandas por la contratación de créditos bancarios con irregularidades en el gobierno de Coahuila durante el mandato del priista.
El motivo de las nuevas denuncias era el uso de documentos alterados y falsificados para contratar créditos con bancos tomando participaciones federales como garantía.
Ante las investigaciones del gobierno federal y el anuncio de la Secretaría de Hacienda, el presidente nacional del PRI pidió que también fueran investigados funcionarios de la SHCP, en relación con la deuda de Coahuila, y aseguró que el PAN está “politizando” el tema. Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, aseguró que no se está realizando ninguna “campaña negra”, sino que “lo negro son las acciones que ellos cometieron”.
Para los últimos días de septiembre, el Congreso de Coahuila aprobó con los votos del PRI y el PRD, así como con el de un diputado independiente (5 en contra del PAN), destinar el 100% del Impuesto Sobre Nómina (ISN) para facilitar la renegociación y pago de la deuda.
El estado tendrá que entregar íntegramente a sus acreedores lo recaudado bajo el ISN, dado que la deuda, de la cual no se tenía garantía, es de corto plazo.
El ISN es el principal impuesto local de Coahuila. Para este año se presupuestó recaudar 482.2 millones de pesos, equivalentes al 16% de los ingresos propios, estimados en 2 mil 598 millones de pesos.
En octubre se supo que para refinanciar su deuda, el gobierno del estado de Coahuila inscribió en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios 22 créditos con vencimiento a 20 años y un monto conjunto de 32 mil 213 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Esta cantidad, señaló la dependencia, era inferior a los 33 mil 867 millones de pesos que le autorizó el decreto 534 del 19 de agosto, reformado el 29 de septiembre de 2011, para el refinanciamiento de su deuda. Hacienda precisó que como fuente de pago de los 22 créditos se utilizará 90% de los ingresos que correspondan a Coahuila por participaciones federales, hasta 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y 100% del Impuesto sobre Nóminas.
Del monto conjunto de los créditos inscritos para generar nuevas condiciones y evitar el incumplimiento de pagos de la entidad, unos 26 mil 737 millones de pesos, esto es, 83% del total, fueron aportados por Interacciones, Banorte, Multiva y Bancomer.
Para el pasado 26 de octubre, el Senado de la República pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar y consignar a quienes resulten responsables de contratar créditos bancarios irregulares en la deuda pública del Gobierno de Coahuila en la gestión de Humberto Moreira Valdés.
Según la propuesta avalada, presentada por el senador del PAN, Guillermo Anaya, “se utilizaron documentos alterados y falsificados para tal efecto”, por lo que la PGR debe realizar las indagatorias por enriquecimiento ilícito de los involucrados en este caso.
La reacción de Moreira fue pedir que se llegara a fondo en la investigación por supuesta falsificación de documentos para la contratación de dos préstamos al gobierno de Coahuila por más de tres mil millones de pesos.
Luego de la detención y liberación bajo fianza del exsecretario de Finanzas y director del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, Héctor Villarreal, el dirigente priista reiteró su llamado a que ese proceso se sujete estrictamente a la aplicación de la ley.
Pidió, no obstante, que no sólo se persiguiera a exfuncionarios estatales, sino también a autoridades federales y que “se deje de utilizar ese caso como instrumento político para atacar al PRI” y a su persona.
Unos días después, se dio a conocer que Humberto Moreira aún era gobernador de Coahuila cuando funcionarios estatales tramitaron créditos bancarios por al menos 3 mil 100 millones de pesos utilizando documentación apócrifa, según consta en denuncias presentadas por la Secretaría de Hacienda ante la PGR.
El actual dirigente nacional del PRI había señalado que, durante su Administración, no se tramitaron esos créditos.
Al menos dos financiamientos en los que se detectó falsificación fueron negociados cuando él todavía era gobernador, según las denuncias con número 529-V-DGDFD-461-2011, 529-V-DGDF-460-2011 y 529-V-DDD-350-2011, presentadas ante la PGR el 1 julio y 28 de septiembre por la SHCP.
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