La rama menos peligrosa

Por Eduardo Mayora Alvarado

Siglo 21

A sí describieron los fundadores de la unión americana al Poder Judicial: “la rama menos peligrosa del gobierno”. Lo afirmaron en respuesta a las críticas que algunos hicieron de la propuesta de que los jueces ocuparan sus cargos vitaliciamente, mientras observaran buena conducta. Finalmente, así se dispuso en la Constitución Federal y no hay tribunal constitucional del mundo que ignore la influencia de las doctrinas de la Suprema Corte.

Tenemos el mismo debate en Guatemala ahora, pero las circunstancias del sistema de justicia de la República son graves.

Son muchos los factores por los cuales el sistema ha llegado a una situación tan compleja; sin embargo, los principales son bastante obvios: inestabilidad de los cargos judiciales, escasez de recursos (no solamente a nivel judicial pero también de policía, investigadores y fiscales) y la exacerbación del formalismo que se ha pretendido aplacar con un proceso de amparo excesivamente amplio.

A algunos juristas y a algunos políticos les preocupa que se le conceda demasiado poder a los jueces y les parece muy arriesgado que se les nombre por un plazo tan largo como su vida profesional; empero, el Poder Judicial es la rama menos peligrosa del Estado porque los jueces solamente intervienen en un proceso instados por alguna persona que tenga algún interés que hacer valer y no dictan sus resoluciones con efectos generales. La jurisprudencia, si bien debiera tener ese tipo de efectos, se conforma de principios no de políticas u órdenes.

Por otro lado, si un tribunal se excede en sus funciones la parte afectada suele contar con la posibilidad de apelar o recurrir a otro tribunal para que revise el fallo. Además, los jueces no aprueban presupuestos ni desarrollan proyectos u obras públicas.

Están circunscritos en sus actuaciones por la Ley y su función es resolver los pleitos de que conozcan con base en ella e imparcialmente. Pero para eso deben ser, verdaderamente, independientes.Sin estabilidad en sus cargos o sin recursos, los jueces no pueden ser independientes.

Los jueces no deben estar subordinados a nada, excepto a la Ley. Si los líderes políticos del país no llegan a comprender eso a tiempo, lo pagaremos muy caro: con la amargura de los extorsionados, la rabia de los defraudados, el dolor de los vejados y la sangre de los asesinados.