Democracia versus burocracia

por Richard W. Rahn

Richard W. Rahn es Director del Center for Economic Growth y académico asociado al Cato Institute.

La crisis financiera en Europa ha resultado en el nombramiento de un nuevo primer ministro tanto en Grecia como en Italia. El nombramiento en realidad lo hicieron los alemanes y franceses en lugar de los griegos e italianos a través de las urnas. Esto provoca la pregunta, “¿es posible tener al mismo tiempo un Estado de Bienestar burocrático y una democracia que proteja las libertades individuales?”
En EE.UU., así como en la gran mayoría de los países, la gente es gobernada y regulada cada vez más por burócratas que no fueron electos y quienes crean “leyes administrativas”. El auge del Estado burocrático, al menos en EE.UU., solamente tiene alrededor de 80 años. El número de empleados federales creció lentamente a lo largo de los primeros 100 años de la república de tal forma que para el primer gobierno de Grover Cleveland en los 1880s, todavía habían menos de 100.000 empleados federales civiles. Para 1925, el número había aumentado a alrededor de medio millón de personas y ahora hay casi 3 millones de empleados federales civiles, más otros 17 millones de empleados de los gobiernos a nivel de los estados y gobiernos locales. Muchos servicios estatales ahora son subcontratados, como por ejemplo la impresión y el mantenimiento, así que la proporción de empleados involucrados en algún tipo de regulación, en lugar de proveer un servicio, ha aumentado.


La guerra contra el terrorismo y la incesante crisis financiera global han traído como consecuencia un gran aumento del poder que tienen los funcionarios no electos. Es cierto que los funcionarios electos son los que han creado las burocracias que reinan sobre la gente, pero ese hecho no significa que la voluntad de la gente o sus libertades estén siendo protegidas. Hay dos razones fundamentales detrás de esta tendencia: la primera es que conforme el gobierno asume más funciones, su complejidad y tamaño aumentan, haciendo que cada vez sea más difícil de administrar. La segunda razón es que los políticos le prometen a la gente más de lo que podrán recibir y cuando el momento de pagar la cuenta finalmente llega, lo políticos tienen un gran incentivo de esquivar el asunto y tratar de delegar las decisiones a otros (por ejemplo, el super comité para reducir el déficit en EE.UU.) para no tener que asumir responsabilidad directa.
Cuando el electo (ahora depuesto) primer ministro griego Georgios A. Papandreou dijo que quería someter a un referéndum, el programa de austeridad que le estaba siendo impuesto al país por otros países de la eurozona, se vio rápidamente obligado por los líderes alemanes y franceses a descartar la propuesta. Luego se le pidió ceder su puesto a un “tecnócrata” no electo para que este implemente el programa de austeridad que los griegos probablemente hubiesen rechazado. De manera similar, cualquiera que en verdad haya visto los números sabe que el programa estadounidense Medicare debe reducir su gasto. Solamente unos pocos políticos, como el director del Comité del Congreso para el Presupuesto, Paul Ryan, están dispuestos a afirmar lo obvio y proponer soluciones reales. Los demás hacen su mejor esfuerzo para esconderse, con la ayuda de una prensa complaciente, como lo han hecho con Obamacare. Una provisión de la nueva ley de salud le da el poder a paneles de tecnócratas no electos de hacer reducciones en los beneficios de Medicare cada año para satisfacer metas presupuestarias. Esto les permite a los políticos decir que no son responsables de los recortes, pero alguien detrás de ese árbol lo es.
Todos estos procedimientos no democráticos están diseñados para frustrar la voluntad de la gente y finalmente, su libertad individual. Ninguna de estas observaciones son algo nuevo. F. A. Hayek, en su best-seller El camino a la servidumbre (1944) argumentó que el socialismo y el Estado de Bienestar finalmente conducirían a una sociedad totalitaria. Otros economistas y analistas políticos sabios, incluyendo a James Buchanan, Gordon Tullock, Richard Wagner, William Niskanen y James Q. Wilson, han escrito influyentes libros y estudios durante la última mitad de siglo XX, advirtiendo acerca del auge de un Estado burocrático.
Lo que es nuevo debido a la crisis financiera global, es que se ha aumentado la velocidad con la que los gobiernos democráticos y la libertad individual están siendo destruidos. La mayoría de las democracias desarrolladas del mundo, incluyendo a EE.UU., están sosteniendo déficits presupuestarios insostenibles con una relación de producto interno bruto-deuda que se está saliendo de control. El electorado en la gran mayoría de los países se niega a aceptar la realidad y votan en contra de políticos que pretenden reducir los “beneficios sociales”. Por lo tanto, el poder para hacer los cambios necesarios es delegado a burócratas y banqueros centrales autoritarios quienes creen que su trabajo es destruir el valor de la deuda pública inflando la moneda a través de la impresión de billetes.
A pesar de la deprimente situación global, hay señales de esperanza. Hay un par de ejemplos de democracias desarrolladas que estaban encaminadas a un colapso fiscal al estilo griego pero fueron capaces de reunir la voluntad política para hacer los cambios necesarios en el gasto, la tributación y las regulaciones. Suecia y Canadá son tal vez los dos mejores ejemplos de países en los que los políticos a lo largo del espectro político fueron capaces de reunirse a mediados de los noventa para hacer los cambios necesarios. Canadá redujo el gasto público considerablemente y redujo notablemente su relación PIB-deuda. Suecia ahora tiene la estructura tributaria menos progresiva (con la excepción de los países que tienen un impuesto único o flat tax) de entre las economías desarrolladas de manera que muchos suecos saben que si demandan más servicios públicos van a tener que pagar por ellos, en lugar de algún ”millonario” invisible.
El control por parte del electorado en EE.UU. continuará disminuyendo conforme la gente demande más del gobierno de lo que ellos (no otra persona) están dispuestos a pagar y de lo que la economía pueda costear. La pérdida de la democracia podría ser tolerable si los jueces empezaran a mostrar algo de coraje al momento de proteger las libertades de la gente en contra de los burócratas no electos, como la Constitución de EE.UU. requiere que lo hagan. Si no se dan estos cambios, es difícil ser optimista acerca del futuro.