La historia en breve
Ciro Gómez Leyva
Ahora resulta que si el Presidente de la República afirma que los criminales sitiaron regiones en la elección de Michoacán y podrían hacerlo en las nacionales del próximo año, se trata de una injerencia que pone en riesgo la democracia.
Tal parece que a los políticos mexicanos no les basta una ley represiva, que aplasta la confrontación de ideas y valores. Ante una frase que los desconcierta o pone de malas, se dicen agredidos e invocan quién sabe qué valores del Estado y la equidad. País de políticos chillones.
Son las consecuencias de lloriquear hasta el cansancio que un concepto como “es un peligro para México” en 2006 significó guerra sucia y fue determinante en el resultado. Es la cultura que en vez de promover el debate, lo trata de ahogar.
Todo lo que la nefasta ley electoral no prohíba está permitido. Y nada prohíbe al Presidente, o a cualquier gobernante, emitir un juicio sobre un asunto público. Por ejemplo, el pasado, el número de pobres, el peso del narcotráfico en una votación.
Allá del que mienta, exagere, exacerbe. Los electores sabrán premiarlo, sancionarlo o ignorarlo. Son ciudadanos mayores de edad, y no, como conviene pensar a nuestros políticos, adolescentes perennes incapaces de discernir entre información y propaganda.
Por lo demás, la asociación PRI-crimen le trajo pésimos resultados al PAN-gobierno en los comicios federales de 2009. Si los ciudadanos no compraron ese discurso entonces, ¿por qué lo harían ahora?
Pero ni hablar. Son malos augurios para las elecciones del próximo año. Las del cruce de la ley castradora con una tupida generación de políticos chillones.
Tal parece que a los políticos mexicanos no les basta una ley represiva, que aplasta la confrontación de ideas y valores. Ante una frase que los desconcierta o pone de malas, se dicen agredidos e invocan quién sabe qué valores del Estado y la equidad. País de políticos chillones.
Son las consecuencias de lloriquear hasta el cansancio que un concepto como “es un peligro para México” en 2006 significó guerra sucia y fue determinante en el resultado. Es la cultura que en vez de promover el debate, lo trata de ahogar.
Todo lo que la nefasta ley electoral no prohíba está permitido. Y nada prohíbe al Presidente, o a cualquier gobernante, emitir un juicio sobre un asunto público. Por ejemplo, el pasado, el número de pobres, el peso del narcotráfico en una votación.
Allá del que mienta, exagere, exacerbe. Los electores sabrán premiarlo, sancionarlo o ignorarlo. Son ciudadanos mayores de edad, y no, como conviene pensar a nuestros políticos, adolescentes perennes incapaces de discernir entre información y propaganda.
Por lo demás, la asociación PRI-crimen le trajo pésimos resultados al PAN-gobierno en los comicios federales de 2009. Si los ciudadanos no compraron ese discurso entonces, ¿por qué lo harían ahora?
Pero ni hablar. Son malos augurios para las elecciones del próximo año. Las del cruce de la ley castradora con una tupida generación de políticos chillones.
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