“Ya me estoy volviendo privatizador, ya les estoy entendiendo a los privatizadores” (Rafael Correa Delgado).
El año 1972, el “gobierno nacionalista y revolucionario
de las Fuerzas Armadas”, de Guillermo Rodríguez Lara, nacionalizó el
petróleo. Cuarenta años después, el gobierno “nacionalista y
revolucionario” de Rafael Correa Delgado, consumará la privatización.
Hace cuatro décadas, la revolución petrolera liderada por el
Contralmirante Gustavo Jarrín Ampudia, creó la Corporación Estatal
Petrolera Ecuatoriana CEPE, e impulsó un proceso de nacionalización,
modificando sustancialmente a favor del país la participación en el
contrato con la transnacional norteamericana Texaco, y sentando las
bases para lo que sería años después, la reversión al Estado de los
grandes campos, llamados Joyas de la Corona: Sacha, Auca, Shushufindi,
Cononaco, Lago Agrio y Libertador. Desde entonces, el subsuelo de esos
campos ubicados en la Amazonía, ha provisto de los principales recursos
económicos al país. A partir de su reversión a Cepe-Petroecuador,
gobernantes de diverso color intentaron privatizarlos: Bucaram, Alarcón,
Mahuad, Noboa y Gutiérrez, pero en su tentativa acabaron derrocados.
En junio del año 2003, cuando el joven economista Rafael
Correa, aún no soñaba con Carondelet, el presidente Lucio Gutiérrez,
disponía la entrega de las Joyas de la Corona al capital extranjero: “He
tomado la decisión de que los cinco campos (Joyas de la Corona) se
contraten con la mayor urgencia por el sistema de obras y servicios
específicos", dijo, el hoy opositor de Correa. Gutiérrez no alcanzó a
cumplir su sueño, la rebelión de los forajidos se adelantó y lo sacó del
poder.
Cuando el año 2006, Rafael Correa simpatizaba con los
“forajidos”, y pintaba ya como precandidato de las izquierdas, denunció
que la sola idea de entregar las “Joyas de la Corona” al capital
extranjero, hubiese sido motivo suficiente para “mandar a su casa al
coronel Lucio Gutiérrez”. En diálogo con el asambleísta de PAIS, Paco
Velasco, en la desaparecida radio La Luna, el economista Correa Delgado,
sentenció que pretender entregar el campo Shushufindi, era “una
traición a la Patria”, “somos idiotas? no nos vean la cara de imbéciles
por dios”, exclamó, fustigando con duros adjetivos al ex ministro de
Lucio Gutiérrez, Carlos Arboleda, quien ahora es su aliado.
Una vez en el poder, octubre de 2007, a su retorno de
una gira por Asia, el presidente Correa, anunció la entrega del campo
Sacha a Pdvsa (Río Napo), y las demás joyas: Auca, Shushufindi,
Libertador y Cononaco, a las empresas SINOPEC de China y Pertamina de
Indonesia. Hasta entonces, la orientación de la política petrolera era
de ruptura con el norte (USA), privilegiando a sus aliados ideológicos:
Venezuela, China y otros de las BRIC (Brasil, Rusia, India, China).
El 19 de mayo del 2008, ante el retraso en la firma de
los contratos, el primer mandatario montó en cólera y alertó que la
negligencia burocrática lo estaba “volviendo privatizador”. El regaño
sin duda era dirigido al Contralmirante Fernando Zurita, presidente de
Petroecuador, quien junto al ex Comandante de la Armada, Vicealmirante
Homero Arellano, semanas antes desmontaron la entrega de los campos
petroleros a empresas extranjeras, denunciando que hacerlo significaba
privatizar el petróleo. El 20 de mayo de 2008, Fernando Zurita, abandonó
el cargo cuestionando el proyecto. En carta dirigida a Correa,
reconoció que debió suspender la entrega de los campos, porque la
modalidad adoptada “contenía vicios de legalidad, por estar al margen de
la Ley de Hidrocarburos y las disposiciones del Reglamento para la
Contratación de Obras, Bienes y Servicios Específicos, y además por
cuanto incorporaba la entrega de la administración y operación al sector
privado, lo cual generaba perjuicios económicos al país, debido a la
modalidad de pago sujeta a las variables: línea base y producción
incremental. En correspondencia con los principios de su gobierno y en
sujeción a la Ley, tomé la decisión de declarar desierto el citado
proceso, hecho que con seguridad provocó más de una crítica de los
sectores y compañías interesadas en la privatización de los recursos
naturales del país”.
Las críticas no quedaron ahí, el ex Comandante de la
Marina, Homero Arellano, actual Ministro de Seguridad Interna, en carta
remitida al Presidente Correa, el 3 de junio de 2008, cuestionó
duramente la pretendida entrega de los campos maduros: “fui testigo
directo de los graves errores y perjuicios económicos que se pretendían
cometer con un proceso viciado…Este proceso implicaba una virtual
privatización de los campos, pues se transfería la operación y el cobro
del costo de producción de la “curva base” por parte de compañías
privadas, contraviniendo una política de fortalecimiento de la estatal
petrolera.”, recordó el alto oficial naval.
El 27 de septiembre de 2010, tres días antes del “golpe
de estado del 30 S”, Rafael Correa escribió una confesión ideológica,
con la sinceridad incontrolable de su pluma, es una epístola que al
raspar sus letras con algo de prolijidad, nos agarra un dolor como el de
remorderse el dedo en la puerta de la Catedral. “Cuando me imagino que
sin la nueva Constitución este sería nuestro último año de Gobierno me
da escalofríos y me decepciona profundamente pensar que no hemos logrado
concretar todo lo que proyectamos y en algunos casos ni siquiera hemos
iniciado los proyectos”, dijo el primer mandatario en la carta, dirigida
a Petroecuador y al Ministerio de Recursos Naturales, cuestionando el
incumplimiento de sus disposiciones de firmar con la “mayor urgencia”
los contratos de obras y servicios específicos, para los cinco grandes
campos operados por la empresa pública PETROECUADOR.
Como toda revolución, la ciudadana, debía ser rápida, no
podía tolerarse obstáculos, al Presidente le molestaba la lentitud, eso
les recordó a las autoridades de Petroecuador: “La Revolución Ciudadana
se caracteriza por hacer las cosas extraordinariamente bien y
extraordinariamente rápido”… “Desde inicios de mi Gobierno se marcó como
una prioridad estratégica el desarrollo de los Campos Maduros, han
pasado casi cuatro años y hasta ahora el único campo que está siendo
optimizado es Sacha, dicho sea de paso, fruto de un extenuante
seguimiento personal.”. Además en la misiva puso un ultimátum: “tienen
un plazo de seis meses para que arranque la operación de todos los
campos maduros, de incumplirse esto le agradeceré señor Presidente de
Petroecuador pedirle a todo su equipo que presente la renuncia”.
Luego de cinco años de intento, al fin, en enero de
2012, según el calendario gubernamental, se harán realidad los contratos
para recuperar la producción de los principales campos; para esa misma
fecha se habrá borrado también el nombre de la estatal PETROECUADOR.
Así, a cuarenta años del nacimiento de CEPE, un gobierno autoproclamado
revolucionario y nacionalista, pondrá una lápida a la existencia de la
empresa pública, quitándole la corona y sus joyas; sin campos y sin
nombre, CEPE-PETROECUADOR se disolverá en las siglas de PETROAMAZONAS.
El gobierno dirá, que no quedará rastro de negligencia, corrupción y
escalofríos, o como dice el pueblo, muerto el perro desaparece la rabia.
CIFRAS HABLAN DE INEFICIENCIA DEL RÉGIMEN
Cuando Rafael Correa asumió el poder en enero de 2007,
la tasa de producción petrolera era de 530 mil barriles diarios. Para
entonces el país contaba con reservas probadas remanentes de
4.185´282.883 bls, incluyendo el ITT. A noviembre de 2011, la producción
de crudo ha caído a 499.000 barriles diarios, una pérdida diaria de 30
mil barriles; mientras que las reservas remanentes descendieron a 3.538
millones de barriles. A diciembre de 2011 Petroecuador registra una tasa
de producción diaria de 200.021 barriles, incluyendo la producción de
Sacha, mientras Petroamazonas reporta 88.800 barriles, una cifra muy
inferior a los 100 mil diarios de Occidental del año 2006. El campo
Pañacocha operado también por Petroamazonas, produce apenas 16 mil
barriles día, de los 24 mil diarios ofertados en el plan de desarrollo.
De la cifra total de reservas, el 91.7%, 3.245 millones
de barriles, pertenecen a las empresas públicas Petroecuador y
Petroamazonas, y apenas el 8,2 %, es decir 292millones de barriles, a
empresas privadas extranjeras.
Petroamazonas pese a incorporar las reservas de los
bloques: 31, 21, 18 y 7, y de los campos Pañacocha, Palo Azul y Coca
Payamino, revertidos al Estado, suma apenas 284 millones de barriles de
reservas.
Si consideramos una producción nacional aproximada de
180 millones de barriles del presente año, obtendríamos un saldo de
reservas remanentes de 3.355 millones de barriles a diciembre de 2011.
Pero, si a esta cifra global restamos 1000 millones de reservas del ITT,
sobre las cuales pesa una prohibición constitucional de explotarlo,
tenemos una reserva disponible de apenas 2.355 millones de barriles, que
a una producción de 500 mil barriles diarios, nos deja un horizonte
petrolero de apenas 13 años.
Las cifras frías revelan un saldo global altamente
negativo en materia petrolera, al cerrar el quinquenio del Movimiento
PAIS. La incapacidad del régimen para sostener la producción heredada
del gobierno anterior, dejó una pérdida diaria de 30 mil barriles, que a
un precio promedio de 80 U$/BL, representa U$ 876 millones anuales, U$
4.380 millones en cinco años. Una premisa de eficiencia petrolera radica
en la reposición de las reservas consumidas: barril consumido barril
repuesto, se dice. En el presente caso, la realidad habla lo contrario,
en cinco años se han consumido, según las cifras oficiales, 827 millones
de barriles, que a un precio de U$ 80 el barril representa la cifra de
66 mil millones de dólares, durante el período; pero, a cambio no se ha
repuesto un solo barril, pese a haber incurrido en enormes inversiones
exploratorias en campos en producción y en áreas nuevas como la costa
ecuatoriana.
Cinco años de gobierno, cinco ministros de
hidrocarburos, cinco presidentes de Petroecuador, cinco años de estado
de excepción, 2 años y medio de militarización, miles de millones de
dólares de inversión, dos mil trabajadores despedidos sin derecho a la
defensa, nada de eso fue suficiente para hacer la revolución petrolera.
La política hidrocarburífera del Presidente Correa, si en realidad tiene
una, ha constituido una reedición corregida y aumentada de la
borrascosa larga noche neoliberal.
El petróleo se agota, y las pocas reservas productivas
que aún quedan en manos de Petroecuador, serán transferidas al capital
extranjero. Cual mancebía ideológica, los dos polos aparentemente
antagónicos: el socialista venezolano y el imperialista norteamericano,
acabarán desvalijando la nación, despojándola de sus joyas petroleras,
en nombre de una indigerible revolución ciudadana.
LA PRIVATIZACIÓN DE LAS JOYAS DE LA CORONA
Los llamados campos maduros, han producido durante 40
años a través de métodos de recuperación primaria, con base al flujo y
presión natural de los pozos y con la ayuda de bombas, además de algunas
experiencias de recuperación secundaria en el campo Auca. La
infraestructura de superficie en su gran mayoría responde a la época del
consorcio Cepe-Texaco, y requiere urgente modernización.
En manos de Petroecuador, los cinco grandes campos
operaron como una unidad integrada, a partir de la entrega se Sacha, se
tuvo que aislar al campo generando importantes costos adicionales. Con
la firma de los nuevos contratos se deberá hacer lo propio, pues se
trata de cuatro contratistas distintas.
La curva más alta de producción de los campos maduros
llegó a 330 mil barriles diarios en la década de los noventa del siglo
pasado, en la actualidad la producción bordea los 200 mil barriles,
incluyendo la producción de Sacha.
La industria petrolera moderna recurre a nuevas
tecnologías para incrementar las reservas, mejorar el factor de recobro,
y optimizar la producción; son los métodos de recuperación secundaria
(Waterflooding –WTF inyección de agua alternada con gas – WAG, entre
otras técnicas), y la recuperación terciaria, conocida también como
recuperación mejorada (Enhanced Oil Recovery EOR) consistente en
inyectar al yacimiento varios agentes externos para aumentar las
reservas. Esta técnica moderna se aplica luego de la recuperación
secundaria, y se recomienda iniciar en proyectos pilotos, para medir su
eficacia y rentabilidad, antes de aplicarlos a grandes áreas o campos
totales.
SACHA: OBRA DE VERGÜENZA
El campo Sacha, la más grande Joya de la Corona, con
reservas de 500 millones de barriles de crudo liviano, una producción de
50 mil barriles día, equivalente a U$ 1.800 millones anuales,
centenares de millones de dólares en instalaciones construidas en 40
años, el más bajo costo de producción del continente 5 U$/BL; fue
entregado sin licitación, por gestión “personal” del Presidente Correa,
en septiembre de 2009, a cambio de una inversión anual del U$ 18
millones a cargo de PDVSA de Venezuela. El contrato original contemplaba
una tarifa de 7,81 U$/BL de la curva base, y otra tarifa del orden de
17 U$/BL por producción incremental, reconociendo una declinación
natural del 4%. Dos meses después, ante una serie de denuncias públicas,
las autoridades de la estatal, enmendaron el contrato, redujeron el
costo de la curva base a 5.41 U$/BL, a 15 U$/BL el de producción
incremental y subieron la línea base a 51.600 barriles diarios, de
49.500 establecidos en el contrato de septiembre.
Dos años en manos venezolanas, la producción del campo
cayó de 51.600 barriles día, producidos por Petroecuador el año 2009, a
48 mil barriles día, el año 2011; en 730 días no pudieron incrementar un
barril de los 20 mil diarios ofrecidos por PDVSA. Los precios
solidarios de los taladros ofertados por el presidente Chávez, a U$
8.300 diarios, acabaron costando U$36 mil diarios. Entre noviembre de
2009 y noviembre de 2011, Petroecuador desembolsó U$ 382´717.469 por
aportes de capital y costos de operación de la producción base, una
cifra superior en U$ 182 millones de dólares a lo que le hubiese costado
hacerlo a Petroecuador, sin la aliada venezolana.
El presidente sabe que fracasó, pero insiste. Frente al
fracaso del contrato de servicios específicos dispuso cambiar al
contrato de Prestación de Servicios, eliminando la curva base y
estableciendo una tarifa única de 17,03 dólares por barril, en lugar de
U$ 5,41, esto se hizo, pese a que el contrato dispone que si en los dos
primeros años, Río Napo, no incrementaba un 30% de los 20 mil barriles
adicionales comprometidos, el campo se revertiría a Petroecuador.
Hasta el 31 de octubre de 2011, se registra un aporte
total por capitalización de U$ 218’849.747,55, de los cuales EP
PETROECUADOR entregó U$ 177’266.560,69 (70%) y PDVSA apenas U$
41’583.186,86. Según los porcentajes de participación, a la estatal
venezolana le correspondía un aporte de U$ 65´654.924, equivalente al
30%. De acuerdo con el contrato, el costo operativo era de 5,41 U$/BL,
lo cual tampoco se respetó, como se aprecia en el siguiente cuadro:
En septiembre de 2009, cuando se bautizó la alianza
Ecuador-Venezuela, so ofreció subir la producción en 20 mil barriles
día, de 50 a 70 mil. Quienes advirtieron con el fracaso, fueron
denunciados como enemigos de la Patria. Ahora, en el nuevo contrato son
más realistas, pero más onerosos, el objetivo de producción máximo será
de 64 mil barriles día el año 2013 y una caída a 14 mil diarios el año
2026. No así las inversiones que se disparan a U$ 1.200 millones, de los
cuales cerca del 90% corresponde a perforación y mantenimiento de pozos
y el resto a cambio de infraestructura de superficie. Es decir para
hacer lo mismo que Petroecuador ha realizado durante décadas a costos
inferiores. Aunque se menciona que Pdvsa invertirá a su cuenta y riesgo
U$ 94 millones en recuperación mejorada, no se incluye en el contrato ni
en los anexos nada sobre incremento de reservas, ni volúmenes
adicionales de producción.
Con la nueva tarifa de 17,03 U$/BL, a pagarse desde
inicio del contrato el 1 de enero de 2012, extraer 50 mil barriles
diarios del campo sacha, nos costará U$ 310´797.500, algo que
Petroecuador lo hacía el año 2009 por U$ 99 millones, un costo operativo
por barril de 5 dólares.
Según el Dr. Luis Calero, experto petrolero, la
renegociación es una decisión inconveniente para el interés nacional y
debería acarrear algún tipo de responsabilidad en quienes la adoptaron.
Río Napo incurrió en más de una causal para la terminación anticipada y
unilateral del contrato, ya que no se cumplió las metas de producción ni
los montos de inversión. Aunque se pueden celebrar contratos
modificatorios y complementarios, está prohibido modificar el objeto
contractual, como sucedió en el caso de Sacha, agrega.
Respecto al pago de tarifa desde el inicio del contrato,
Calero, sostiene que se estaría “amortizando inversiones inexistentes,
lo cual es totalmente contrario al concepto básico de todas las
modalidades contractuales previstas en la ley de hidrocarburos, que
tienen como elemento sine qua non, la aportación de capitales por parte
de las contratistas. Este sería el único caso en el mundo donde la
amortización de las inversiones es por adelantado. Es decir, revela
Calero, “el estado ecuatoriano financiará ilegalmente a la contratista
una parte de las inversiones”.
LA OTRAS JOYAS MADE IN USA
Con la asesoría del instituto del petróleo de Noruega
PETRAD y de Bacip Franlap de Francia, El Ministerio de Recursos
Naturales y Petroecuador, completaron el proceso de selección,
calificación y adjudicación de los contratos para la optimización y
recuperación mejorada de los campos, a través de la figura de Obras
Bienes y Servicios Específicos Integrados, con una inversión de U$ 1.530
millones, orientada a duplicar las reservas existentes de 830 millones
de barriles de crudo liviano.
Las compañías seleccionadas fueron tres conocidas
transnacionales norteamericanas. Schlumberger, Baker y Halliburton,
asociadas con algunas empresas latinoamericanas, como Tecpetrol, YPF y
la ecuatoriana Sertecpet, de propiedad de un ex Ministro de Lucio
Gutiérrez.
¿Por qué el gobierno optó por este tipo de inversión
extranjera sin ningún riesgo, apartándose de los postulados de
izquierda, de fortalecer a la empresa pública, considerando que
Petroecuador es la compañía más rentable del país y tiene suficientes
recursos propios para invertir? Las respuestas son varias, desde superar
las trabas burocráticas, la transferencia tecnológica, hasta la
decisión de desinversión pública. Esta es quizá la más convincente,
frente a una caja fiscal cada vez más arruinada por el excesivo gasto
del gobierno. El régimen tomará los recursos presupuestados para
operación de los grandes campos a cargo de Petroecuador, y los destinará
a cubrir las urgencias de una agenda gubernamental cortoplacista y
electoral.
En la cláusula quinta, del modelo de contrato se dice
que el objeto es “la prestación de servicios específicos integrados con
financiamiento de la Contratista, para la ejecución de obras, provisión
de bienes y ejecución de Actividades de Supervisión de la Línea
Referencial de Producción y Asistencia, de Optimización de Producción,
de Recuperación Mejorada y de Exploración Adicional en el Área del
Contrato”.
Aunque en el contrato se hace referencia a que
Petroecuador será el “titular de la operación”, expertos del sector
coinciden que resulta incompatible la existencia de dos operadores en un
mismo campo, además de que ninguna empresa va a invertir en un proyecto
que no lo controle, por ello consideran que la mención en el contrato
de que la empresa pública mantendrá la operación, sería un simple
camuflaje, para intentar ocultar la privatización de los campos.
Alto riesgo e irresponsabilidad, son expresiones de
varios sectores de profesionales, para quienes el proyecto contiene una
sobredosis de optimismo y aventura, pues resulta iluso hablar de
duplicar el volumen de reservas con recuperación mejorada, si aún no se
ha hecho el proyecto piloto que asegure la validez de las técnicas y el
comportamiento de los yacimientos. Además, rechazan la suscripción de un
solo contrato para cuatro actividades: supervisión de la producción
base, recuperación secundaria, terciaria, e incluso exploración
adicional en el precretácico. Lo primero que debía hacer Petroecuador
directamente es contratar la modernización de toda la infraestructura
obsoleta, luego contratar directamente con empresas calificadas las
actividades de recuperación secundaria, y emprender en un plan piloto de
recuperación mejorada. La existencia de exploración adicional,
desnaturaliza el contrato de servicios específicos y lo convierte en un
contrato de prestación de servicios.
El Estado a través de Petroecuador cubrirá a la
contratista tres tarifas distintas, una de esas, es muy novedosa, se la
llama: “Supervisión de la Línea Referencial de Producción y Asistencia”,
el esotérico nombre, es la misma tarifa por producción de la curva
base, contemplada en el anterior contrato del campo Sacha con Pdvsa. Es
decir la contratista empezará a recibir recursos del Estado desde el
primer día del contrato, por hacer lo mismo que ha hecho Petroecuador.
Quien va a operar el campo es la contratista, Petroecuador será el
supervisor.
El modelo de contrato para los campos maduros es una
caricatura del contrato de Prestación de Servicios, inaugurado este año,
solo que con el membrete de contrato de servicios específicos, en cuyo
caso Petroecuador no tiene capacidad jurídica para celebrar los mismos,
pues ello le corresponde a la Secretaría de Hidrocarburos.
La participación de las empresas privadas en la
operación de los campos petroleros puede autorizarse excepcionalmente,
en los casos previstos en la ley, según lo dispone el art. 316 de la
Constitución. Como tales casos no han sido tipificados, los contratos de
prestación de servicios carecen de sustento legal, de la misma manera
que la contratación directa.
Al igual que los contratos de prestación de servicios
renegociados con las compañías extranjeras, incluido el de Sacha, el
pago de una tarifa incluyendo un rubro de amortización anticipada de
inversiones, a ser cubierta desde la vigencia del contrato y no luego
que se hayan realizado las inversiones comprometidas, implica que el
Estado cofinanciará esas inversiones, al margen de la ley.
La clausula 8.3 del contrato revela claramente que la
verdadera operadora será la contratista, pues a Petroecuador se le
asignan responsabilidades únicamente de apoyo a ella y de facilitar su
trabajo. A Petroecuador se le otorga la “titularidad de la operación”, a
efectos de que responda ante el propio Estado y a terceros, sobre las
consecuencias de la operación que en la práctica le corresponde a la
contratista.
NUEVAS ALIADAS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA
Las tres compañías seleccionadas, son de alto ranking en
la prestación de servicios petroleros a nivel mundial, aunque también
de sendas críticas, al menos dos de ellas. En Ecuador Schlumberger fue
acusada ante los organismos de control de provocar perjuicios al Estado
en la perforación de pozos horizontales fallidos y con sobreprecio en el
campo Sacha.
Pero sin duda, los cuestionamientos a Halliburton son de
tamaño internacional. El Pentágono y el FBI investigan a la compañía
por beneficiarse con más de U$ 16 mil millones en contratos en Irak,
durante la ocupación militar norteamericana, que le costó al país árabe
más de un millón de vidas. También se reveló que Dick Cheney, ex
Vicepresidente de George Bush, recibió U$ 36 millones cuando dejó su
cargo de administrador de Halliburton.
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