Ollanta Humala, actual
presidente es un militar en retiro pero que se siente parte de las
criminales fuerzas armadas. Por ello ha iniciado una rápida
militarización del país. Da pasos seguros para imponer en Perú una
dictadura militar “constitucional”. Como preparativo para ello alista
las condiciones para retirar al Perú del sistema de Justicia
Internacional. Su objetivo inmediato es proteger a los militares que
actuaron en la “operación Chapín de Huantar” y que asesinaros a sangre
fría a varios militantes del MRTA después que estos se habían rendido.
Dicha operación en la embajada de Japón en Lima, fue dirigida por el
conocido general Hermosa Rios (acusados de crímenes contra humanidad) y
Vladimiro Montesinos, agente de la CIA americana y jefe del Servicio de
inteligencia Nacional (SIN).
Sobre este tema habla Habla Mauricio Quiroz (*), un
especialista en el tema y analista politico peruano. Según Quiroz, con
la protección de los asesinos de la Operación Chavin de Huantar,
Ollanta Humala fortalece su dictadura que va tomando cuerpo en Perú.
Su silencio actual contradice su propia práctica indicó
pues el Perú recuerda que Ollanta Humala se allanó a las investigaciones
en el fuero civil por el caso de los Desaparecidos de la base
contrasubversiva Madre Mía de la selva peruana, donde se vio
involucrado el Capitán “Carlos”, justamente denunciado por quienes hoy
secundan sus planes dictatoriales y le recordaron estos desparecidos en
su campaña presidencial.
La denuncia hecha por el ciudadano japonés Hidetaka
Ogura, un ex rehén, de que el 27 de abril de 1997 vio con vida a un
comando del subversivo movimiento MRTA que luego apareció muerto en
dicho Operativo donde se rescató a rehenes civiles y militares de mas
de 120 días de la ocupación militar de la Embajada de Japón en Perú por
el MRTA, no puede ser avalado por los peruanos y menos por sus
Autoridades, señaló el analista político.
Los peruanos no podemos avalar tampoco que en ese
operativo se haya obligado a 140 efectivos, comandados por el general EP
José Williams a portar pistolas ametralladoras HKM95 con silenciador
que son armas ajenas al uso común de cualquier militar peruano.
Igualmente, tampoco podemos avalar que a ocho de los militantes del
MRTA se los haya asesinado con disparos en la cabeza efectuados desde
atrás hacia delante, conforme ha probado recientemente en Marzo del
2001, el Equipo Peruano de Antropología Forense-EPAF y que deja sin piso
el argumento de que los miembros del MRTA murieron en un
enfrentamiento.
Quiróz refirió que tampoco puede ser convalidado un
Juicio en el Fuero Militar donde se exculpó a los militares asesinos y
que ha motivado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos disponga
que el Juicio se lleve en el fuero civil.
Resulta lógico, aseveró, que en un nuevo juicio
comparezcan todos los que participaron en el Operativo Chavin de Huántar
justamente para que los inocentes salgan libres y los verdaderos
culpables del asesinato a sangre fría en dicho operativo sean
sancionados con todo el peso de la ley.
El Perú no puede avalar a militares asesinos, precisó Quiroz.
El analista dijo que los responsables de dicho asesinato
han sido miembros del Grupo Colina que fueron dirigidos por Vladimiro
Montesinos y el dictador Alberto Fujimori, a quienes también se les debe
encausar sobre este caso.
En Perú hay una perversa campaña mediática para impedir
que se esclarezca este caso por proteger a militares asesinos vinculados
a los ya sentenciados judicialmente por el Poder Judicial peruano como
genocidas, ladrones y traficantes Vladimiro Montesinos y Alberto
Fujimori y hasta para que el Perú se aparte del sistema interamericano
de justicia; lo cual estaría siendo avalado por el propio Ollanta Humala
que así fortalecerá su poder dictatorial.
En un nuevo juicio se esclarecerá quienes dieron las
órdenes para matar a sangre fría y eso se quiere evitar a toda costa en
Perú. Quiróz dijo que por ello se está limpiando a periodistas
independientes de distintos medios de comunicación para que aparezcan
solo los protectores de la impunidad.
La dictadura de Humala debería desmarcarse de estos asesinos y pronunciarse por el enjuiciamiento en el fuero civil.
Agregó que lo peor que podría hacer esta dictadura
humalista sería apartar al Perú de la Convención Americana de Derechos
Humanos por este caso de protección de militares asesinos.
Si Humala lo hace pondría a las fuerzas sociales y
políticas como a las insurgentes en un nuevo escenario donde el derecho a
la insurgencia se fortalecería lo que acabaría mas pronto con la
dictadura humalista salvo que se bañe en mayor represión y sangre al
estilo Bordaberry de Uruguay.
La impunidad que quieren algunos para los militares
asesinos que mataron a sangre fría no puede ser avalada por la dictadura
humalista, afirmó finalmente el analista peruano.
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