Jorge Lora Cam.
LA REBELDÍA, EL VERDADERO BARÓMETRO DE LA AUTODETERMINACIÓN Y LA DEMOCRACIA
En lo que hoy son los países indígenas de la subregión
andino amazónica: Bolivia, Perú, Ecuador hace dos siglos se habló de
independencia, emancipación, repúblicas, liberalismo, estado de derecho
mientras se empezaban a crear semiestados recolonizados por los criollos
en los nuevos países socialmente indígenas. Ni hubo emancipación real,
ni liberalismo, ni república y menos democracia, pero si nos sentimos
persuadidos y conmovidos de lo que podría haber sido y dimos por real lo
que sólo estaba en las palabras.
Hoy, en el actual momento histórico, nos seguimos
engañando, en particular dirigentes políticos e intelectuales mestizos
junto a ilusos indígenas creen estar construyendo el Estado
Plurinacional, cuando no es así. Continuamos imponiendo el Estado
neoliberal sólo que ahora bajo la dirección centroizquierdista
mestizo-indígena. Hay quienes ante la incomprensión de la modernidad
siempre frustrada o ante la expansión de la una aparente resistencia
estatal hablan de poscolonialismo y otros de posneoliberalismo para
calificar regímenes y políticas que sólo ocultan el saqueo y despojo
permanentes, la dominación étnico-clasista, el control de las fuerzas
productivas.
En realidad lo que viene ocurriendo es un nuevo intento
de reconstruir los estados, sólo que ahora con mayor presencia de la
nación, de los pueblos indígenas, dentro de una concepción instrumental
del Estado colonial.
En este ensayo queremos insistir en criticar el énfasis
intelectual en absolutizar tendencias recurriendo a la retórica y a la
semántica, a utilizar palabras sin referente objetivo, a divagaciones
sin argumentos pero expresadas en palabras que suenan bien y son
inflamatorios, calificando ciertos procesos de poscolonialismo,
posneoliberalismo, es sin duda la influencia eurocéntrica del
pensamiento posmoderno. Una figura retórica posee la capacidad de
conciliar lo opuesto, de expresar lo absurdo, de inventar cualidades
inexistentes, de relacionar mundos distintos, de crear complicidades
entre la intelectualidad hegemónica. Es por esto que son usadas
comúnmente de forma abundante en el discurso de la construcción de un
Estado plurinacional e intercultural, cuando no hay ni experiencias
previas ni concreciones en países donde aun la autodeterminación
nacional está pendiente, aunque no solo en ellos.
Para estos intelectuales los países de la región han
dejado de ser coloniales, de ser indígenas. Han transformado idealmente
un Estado-Nación en Plurinacional y han superado el neoliberalismo.
Premisas falsas que inducen a abandonar la tarea histórica de la
descolonización tanto como los retos de la autodeterminación frente a
los nuevos factores que produce el enemigo imperial e interno para
permanecer en el poder colonizando incluso las rebeliones
andinoamazónicas y la de pueblos hermanos de Asía, del Medio Oriente o
del África. Y es que también olvidamos que la reconstrucción de
sociedades y Estados además de reflexiva es estructural, el saqueo de
hace un cuarto de siglo nos dejó Estados económica e intelectualmente
desarmados para enfrentar los nuevos retos, de ahí la recaída en la
acumulación por desposesión en base al extractivismo, que -como veremos-
tampoco justifica el neodesarrollismo y menos el ataque permanente a
los sujetos del cambio, a los rebeldes andino amazónicos que vuelven a
ser objeto del despojo, de desempleo, sobreexplotación y precarización.
Los invisibles se visibilizan, si en el siglo XIX, Lima,
Tucumán o Santiago del Estero estaba poblada en un 60% por población
negra. Bolivia, Perú o Ecuador eran en un 85% indígenas, países enteros
sin Estado-nación. Ahora cuando se presentan como la potencia
arrolladora de lo múltiple, la intensificación de lo identitario en su
diversidad, la presentación de lo antes representado, para los
pensadores hegemónicos blanco mestizos estos países han dejado de tener
una matriz indígena pero los pueblos indígenas son tratados como
minorías plurinacionales. Y es que las formas de dominación son siempre
engañosas. No solo blanquearon a los pueblos sino que modificaron los
saberes respecto a la relación hombre-naturaleza. Al control territorial
de los recursos naturales: energía, agua, minerales, biodiversidad,
etc. se le llama protección de la naturaleza, a la estabilización del
capital trasnacional neodesarrollismo o neoestructuralismo, al
hegemonismo imperial democracia gobernable que produce políticas
sociales de largo plazo orientadas a la cohesión social y a los
consensos, a la facilitación de transferencia de riqueza al capital se
le llama neoinstitucionlismo, a la imposición del capital trasnacional
crecimiento económico, al inhibir potencialidades de conflicto lucha
contra la pobreza. En el tratamiento de las luchas interétnicas es
notoria esta forma de presentar y hacer las cosas.
Cuando las políticas estatales de integración
indigenista y campesinista pierden capacidad de manipulación y control
pues el saqueo es evidente, se les reconoce derechos en las
Constituciones, se les ofrece autonomía política, se acepta la consulta,
se sutiliza la discriminación, se la acepta pertenencia nacional, se
les acepta como buenos salvajes protectores de la naturaleza, se
folkloriza su historia y cultura y se admiten proyectos turísticos bajo
su gestión pero no se resuelve el problema colonial que es el del
territorio, la tierra, los recursos naturales, en fin, el de la
autodeterminación sin la cual no puede haber emancipación. La dignidad,
la memoria, aspectos culturales, formas comunitarias, el patrimonio
inmaterial como los conocimientos ancestrales son la base de una
identidad. El mercado, el individualismo, el consumismo, los medios son
formas de disolver esta identidad de lo diverso.
Es oportuno recordar y recuperar al recientemente
desaparecido maestro Adolfo Sánchez Vásquez, para quien la construcción
de los sujetos en resistencia -y la propia elaboración teórica- surgen
de la práctica, de la actividad autogobernada, de la experiencia de la
lucha organizada y de la autonomía cultural. Son los sujetos que no
preexisten al margen del objeto social, que aprenden activamente y se
apropian de la cultura histórica del mundo social en el que nacen. Los
participantes desarrollan poder, capacidad de control de la propia
actividad socialmente organizada en lucha con el que poseen las clases
dominantes sobre la actividad y la vida cotidiana de las gentes, que
generan explotación y heteronomía.i El verdadero barómetro de la
democracia, más que las encuestas de opinión, es la medida de la presión
que ejercen los pueblos para que esta exista y su mejor expresión son
las rebeliones que en esta subregión continúan sin pausa mientras
predomine el ethos cultural colonial concentrado en los Estados.
Este aspecto es fundamental tener en cuenta cuando nos
referimos a la naturaleza y carácter de los pueblos y sus proyectos de
atodeterminación, comunidades diversas que algunos llaman nacionalidades
cuando no lo son. Se les trata como grupos preconstruidos y no como
producto de un modo de producción colonial y una historia que se ajusta
en varios momentos por necesidades económicas y políticas. Los
intelectuales clasificadores, impregnados de positivismo, dejan a un
lado las relaciones de fuerza y la intensidad de los lazos históricos de
sujeción política y económica frente al poder colonial y al mercado.
Otros, no toman en cuenta la historicidad andina ni las mitologías
construidas a su alrededorii.
En Bolivia, la única comunidad étnica a la que se puede
atribuir la condición de nacionalidad es la quechua-aymara, fusión donde
la primera tiene claros orígenes en lo que hoy es el Perú, mientras que
la última con antiguos orígenes aun en investigación, ha logrado
construir en las últimas décadas una comunidad imaginada y que por su
experiencia insurreccional y capacidad de resistencia puede atribuirse
una aspiración nacional. Pensadores indígenas etnocéntricos reclaman una
falsa pureza étnica aymara, sin contemplar que esa población de
confusas raíces, durante siglos sufrió la explotación esclavista-servil
colonial en la producción minera y las haciendas, el etnocidio, la
extirpación de idolatrías, el registro de identidades, los mecanismos de
delegación del poder, la reterritorialización de sociedades, la
determinación de atributos culturales reinventan constantemente a las
culturas indígenas. Las etnias son producciones coloniales que etnifican
y transforman desde adaptaciones y resistencias van más allá de
esencialismos étnicos o derivaciones separadas de la historia concreta.
Pero otra forma más peligrosa es no reconocer que el
problema étnico es el centro de lo nacional como construcción étnico
clasista y por tanto étnico-decolonial apostando por la visión
plurinacional y pluricultural, cambiando la centralidad de un lado a
otro. La disímil resistencia y memoria anticolonial es una y diversa,
abre espacios discontinuados, es creativa y experimentada, uniendo y
complementando lo discorde, desbordando las instituciones, así se ha
construido la conciencia histórica anticolonial. La condición indígena
sigue determinada por relaciones de poder que se reinventan cada vez. Lo
universal y el problema estatal seguirá siendo patrimonio del
liberalismo y de sus representantes adaptado a los tiempos.
La capacidad de poder de estas etnias siempre ha sido
dado por la extensión del movimiento colectivo y la experiencia de la
resistencia en el movimiento fijando las posibilidades de acción y el
proyecto político elaborados colectivamente desde la imaginación
práctica que surgen del sentido común (integrada por saberes
axiológicos, teoréticos, prácticos tecnológicos) para autogobernar su
praxis. Actuar del modo opuesto, de unos que piensan y mandan y otros
obedecen es el aristocratismo heredado del liberalismo. Unos que se
están profesionalizando y convirtiendo en una casta que adopta la lógica
capitalista. Que solo les preocupa construir y controlar un Estado
liberal con su ley y funcionarios por encima del resto. Desde hace seis
años en Bolivia y Ecuador nunca ha existido la idea de crear un nuevo
orden social y una nueva sociedad civil, una nueva cultura material, un
orden nuevo, por encima y por debajo de la Constitución.
Las justificaciones teológicas de la colonización
española se convirtieron en sentido común del colonizador y de muchos de
los colonizados, se trataba entonces de una intervención humanitaria
para acabar con los sacrificios humanos sometiendo a sus habitantes que
vivían sobre territorios sin propietarios. La barbarie de esta cultura
colonial no solo quedó en monumentos como las iglesias sino también en
los pensadores jesuíticos, reaccionarios y escolásticos que fundan las
bases intelectuales de los posteriores pensadores del poder. Cuatro
siglos de dominio europeo, de colonización privada bajo la protección de
las Coronas de España, Portugal, Francia, Inglaterra y el Consejo de
los Señores de Holanda y las instituciones de la cristiandad que juntos
sistemáticamente destruyen las culturas e implantan religión, lenguas y
solo la cultura técnica indispensable para la explotación de los
recursos naturales en minas y haciendas. Las luchas por la independencia
acaban con un tercio de la población latinoamericana y solo una
rebelión como la de Tupac Amaru significo la pérdida de 150 mil
indígenas. La llamada emancipación política no disuelve la dependencia y
nuevamente los anglosajones reinician el proceso de reprimarización e
imponen tratados de libre comercio para establecer una falsa
reciprocidad que anula las actividades económicas no deseadas por el
poder.
Las autonomías en los Andes se basan en una falsa
diferenciación entre indígenas y campesinos cuando ambos generalmente
provienen de la misma raíz, surgen del campo y trabajan en el, provienen
de una tradición histórica común, un mismo sentido cultural y de
creencias, lenguas indígenas aymara o quechua principalmente o son
bilingües, una unidad territorial y una identidad objetiva y muchas
veces acompañadas de una conciencia de pertenencia a un pueblo y/o de un
proyecto de autodeterminación. Los indígenas que son el pueblo
boliviano, ecuatoriano y peruano luchan por la descolonización, la
recuperación y el control de territorios ancestrales, por sistemas de
organización social y política propios, capacidad de decisión político
territorial y de sus vidas, por ello sus demandas son las del país. Esta
es la diferencia central con la visión boliviana departamental de las
autonomías que propone la descentralización y las prerrogativas del
poder privado de los terratenientes del Oriente sobre los territorios
colonizados, lo que no debe invalidar la justeza de las reivindicaciones
regionales y de democracia local, particularmente de los poseedores de
los recursos naturales.
Los más destacados intelectuales ecuatorianos-bolivianos
y también algunos peruanos coinciden en que hay que destruir el Estado
Uninacional para construir el Plurinacional. Sin embargo, se contradicen
a sí mismos cuando coinciden en señalar que hay que fortalecer al
Estado nacional para enfrentar al colonialismo. Quizás esto se aclare si
aceptamos que la aspiración popular sigue siendo, pasar de un
semiestado antinacional, neoliberal colonial, a un Estado de unidad
nacional que reconozca y acepte la diversidad. Sobre la base de la
adquisición de ciertos sentidos de pertenencia histórica a una comunidad
política, el monopolio legítimo de la violencia, la existencia de
instituciones y un orden jurídico, se han establecido múltiples formas
de gobierno que en su desenvolvimiento aun no han terminado por ocupar y
administrar todo su territorio.
En la coyuntura actual está ocurriendo que organismos de
las Naciones Unidas como la OIT, la Relatoría Especial, el Foro
Permanente o la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos
defienden los derechos indígenas contra los gobiernos de centroizquierda
que defienden a las trasnacionales, incluso oponiéndose a sus nuevas
Constituciones. Son más claros a nivel conceptual cuando coinciden en
hablar de pueblos indígenas y tribales reconociéndoles el derecho a
poseer, utilizar, desarrollar y controlar tierras, territorios y
recursos que tradicionalmente han poseído, el derecho a tener una
nacionalidad y al autogobierno. Entre muchos otros. Recuperamos el tema
de la nacionalidad pues esta es vista como una posibilidad y no como
hacen las Constituciones de tratar a los pueblos y tribus como
nacionalidades ya construidas iii.
Los imperios y empresas trasnacionales bajo el pretexto
globalizador funcionan en América Latina destruyendo soberanías bajo la
estructura de países y empresas transnacionales desterritorializadas y
bajo la lógica del capital rentista y financiero especulativo. Esto lo
hace más expoliador e inhumano que nunca antes pues la barbarie imperial
bajo una estructura de combate unificado por el Comando Sur en el marco
de una estrategia de espectro completo no dudan en utilizar la
violencia para terminar con la soberanía. De ahí que toda rebelión
empiece por la descolonización y la recuperación de la soberanía
estatal, pero esto no viene ocurriendo.
Desde los años 90 del siglo pasado la acumulación se
sustenta en la integración de la actividad industrial a las cadenas de
producción mundial y a la especulación financiera. El espectro de la
recolonización ahora proviene de varios lados, bajo el control
financiero, militar y tecnológico de los Estados Unidos En la 37
Conferencia del Club Bildeberg en 1989 en la ciudad La Toja, España, se
decidió promover la globalización neoliberal y privatizar los servicios
públicos y los bancos. España sería la plataforma de lanzamiento con sus
empresas Repsol, Endesa, Telefónica, BBVA, Banco Santander, Unión
Fenosa constituyéndose años después en las más grandes en varios países
de la región como Perú o Colombia. Compartiendo con Brasil y la
lumpenburguesía criolla de cada país la mayor parte de la inversión.
Chile y Canadá, el primero aprovechando de sus nexos con Asia es una
plataforma de importaciones y el segundo se ha convertido en la sede de
las más grandes trasnacionales mineras, completan con los Estados Unidos
el grupo de países que fomentan la acumulación por despojo,
monoproducción y el extractivismo.
El capitalismo es mafioso en el centro y en la periferia
colonial y mientras los países estén más sometidos al centro mayor será
la corrupción. El Barómetro Global de la Corrupción es una encuesta de
opinión realizada por Transparency Internacional. (TI) que en el 2006
señalaba que los políticos y las empresas eran los más corruptos.iv En
Estados unidos seis megaempresas (Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP
Morgan Chase, Citygroup, Bank of América, y Wells Fargo controlan el 60%
del PBI y constituyen una oligarquía financiera, rentista y mafiosa que
ha llegado a controlar el Estado. En América Latina tiene sus
modalidades; en Colombia han construido un nuevo bloque de poder donde
se juntan los grandes grupos económicos, los narco-empresarios, las
Fuerzas Armadas, los partidos tradicionales, la jerarquía eclesiástica y
los paramilitares.
Un alto grado de complementaridad e interpenetración
entre multinacionales y paramilitares, entre bancos y lavadores de
dinero, entre terratenientes y militares, entre el Estado y círculos
gansteriles, entre ganaderos y comerciantes, planearon el control del
Estado y lo consiguieron con el auspicio de los Estados Unidos en la
medida en que continúen privatizando e imponiendo la acumulación por
desposesión. En México, el PRI creó un régimen cleptocrático,
delincuencial y mafioso, creado una inmensa red de corrupción que ha
venido apoderándose y reconfigurando las estructuras estatales y del
mundo privado. En el Siglo XXI se va consolidando con el cogobierno con
el PAN -que algunos llaman alternancia- aunque no falten las diferencias
de estilo. En Perú, Fujimori-Montesinos desde 1990 crean una red de
corrupción desde el ejecutivo hasta los últimos rincones del país. Lo
mismo podríamos decir de Sánchez de Lozada en Bolivia, Menem en
Argentina, Bucaram en Ecuador, etc.
Brasil es una potencia emergente que merece un párrafo
aparte. Controla la generación de divisas en Bolivia Perú, Paraguay,
Uruguay invirtiendo en hidrocarburos, hidroeléctricas, soya, carreteras,
ganadería y frigoríficos. Marca la pauta de la centroizquierda de
aglomerar al Estado con un grupo de empresas intensivas en recursos
naturales con la diferencia de que ellos van muy por delante con
empresas como Votorantim (Refinería de zinc en Cajamarquilla-Perú),
Gerdau (en Siderperú), Camargo Correa (absorbió a la mayor cementera
Argentina), Marfrig que asociada a con Friboi controla la exportación de
carne desde Uruguay. Odebrecht, Andrade y Camargo son consorcios de la
construcción que se encargan del megaproyecto de infraestructura IIRSA.
Brasil es una potencia en agronegocios y agrocombustibles con destino a
China.
Veamos más de cerca que podría ser este nuevo Estado o
que tiene de viejo y que de nuevo. Con el ánimo de aclarar y ubicar
históricamente lo ocurrido con los pueblos indígenas hagamos una
reflexión comparativa entre los países indígenas de América
Latina-Caribe. Lo primero es reconocer que la región es afro-indígena,
con una mayoría de descendientes afroamericanos y en segundo lugar
indígena. En el primer grupo están todos los países del Caribe,
Colombia, Venezuela, Brasil y en el segundo estarían México, Guatemala,
Ecuador, Perú y Bolivia. Los países centroamericanos y Paraguay están en
medio con alta población negro-indígena y mestizos. Uruguay con
proporcionalmente alta población negra, Argentina y chile con el norte y
sur indígena hoy tienen una alta migración peruano-boliviana
principalmente en sus fronteras y capitales. En Ecuador con el apoyo del
movimiento indígena llegó a la presidencia el mestizo Gutiérrez y más
tarde Rafael Correa con apoyo crítico. En Perú votaron por el Cholo
Toledo en el 2000 y en el 2011 por el mestizo Ollanta Humala.
Los estudios demográficos y estadísticos o incluso
sociológicos o antropológicos están marcados por su alta dosis de
rechazo a la población afro indígena, por un forzado blanqueamiento, por
elogiar las políticas indigenistas de asimilación. Por ello se dice que
América Latina es mestiza y su futuro es lo barroco. Si nos detenemos
en los países que hemos denominado indígenas podemos verificar como en
México a lo largo de un siglo se invirtieron las cifras y de un 86% de
población indígena (Ilan Semo, El Estado Mosaico, Fractal) pasó a tener
un 86% de población no indígena. Y es que en México hubieron dos
revoluciones, rebeliones y cambios económicos que permitieron asimilar
al Estado producto de la revolución, tanto social como políticamente a
esta población. Sin embargo esta transformación de indígenas a mexicanos
no debería modificar su condición indígena.
En un estudio del ADN del mexicano se encontró con que
aproximadamente el 90% tiene contenido indígena. Algunos académicos
protestaron y dijeron que esa era una conclusión racista. El llamado
Estado republicano consistió en desindigenizar a los nuevos países
promoviendo las migraciones europeas paralelamente a una política
etnocida. Los casos más repudiables fueron los de Estados Unidos,
Argentina y Brasil. Después de 500 años aun persiste esta política bajo
el nombre de multicultural, pluricultural o intercultural y son puestas
al día por el BM asimilando al indígena a la sociedad moderna y a la
cultura occidental. En realidad no es más que la subsusnción real del
trabajo al capital ante la indetenible expropiación o el abandono de la
pequeña agricultura y comunal por el Estado.
Como resultado de la desintegración-asimilación por el
capital, los países indígenas dejan de serlo formalmente y de alguna
manera siguen el camino mexicano. Ahora solo son indígenas los sectores
de la población rural menos penetrados por el capitalismo. Perú es el
caso que más de cerca sigue este camino. En todos estos países el
indígena fue transformado primero en campesino, luego en mestizo
mexicano, peruano, etc. La desposesión los lleva a las migraciones
primero internas y luego internacionales. El modo de producción colonial
extractivista no permite siquiera las autonomías indígenas, quedando
como un tema marginal. Ante la resistencia a esta forma de producir y la
dominación que conlleva los gobiernos atinan a tratarlos como minorías.
Que siempre lo son si son vistos como electores, como dirigencias o
clientes. Pero si la lucha continuase por el sendero anticolonial, más
allá del posibilismo marcado por la política económica, los veríamos
como una mayoría compuesta por dos o tres macroétnias que incluyan a los
trabajadores mestizos.
En Ecuador la situación es semejante con la diferencia de que este
Gobierno centroizquierdista es más directamente mestizo y prescinde de
las organizaciones indígenas más radicales. Vive la ilusión de ser
producto de una revolución ciudadana desligada de la resistencia
indígena. Lo que parece indicar que la proclamación de plurinacionalidad
no es más que una declaración. Veamos más de cerca lo que ocurre en
Bolivia, Perú y Ecuador para entender que ocurre en los países
sudamericanos de mayoría indígena.
BOLIVIA Y ECUADOR. NI AUTONOMÍA INDÍGENA, NI ESTADO PLURINACIONAL
En Bolivia se intenta construir el Estado nacional
aceptando la globalización lo que los obliga a prescindir de las
comunidades étnicas. Sin embargo, se proyecta un Estado Plurinacional y
para ello se parte del presupuesto de la existencia de nacionalidades
que con más propiedad deberían llamarse comunidades étnicas, reservando
categoría nacionalidad solo para la macro-etnia quechua-aimara y quizás
para los guaranís-chiquitanos, si reconociésemos en ellos la existencia
de un proceso de construcción nacional. En general creemos que hay mucha
confusión conceptual de las relaciones sociales, más aun cuando se
pierde de vista la interrelación clase-etnia-nación y también la ruta
para concretar el programa. Aunque debería estar claro que si no hay un
programa soberano de construcción estatal.
En una visión estrecha el problema de la descolonización
no trasciende dos de sus aspectos: a) La ocupación de las instituciones
estatales y b) el reconocimiento de la diversidad cultural y los
derechos ciudadanos de los indígenas. Los problemas de la tierra, de los
recursos naturales, territorios, del medio ambiente, etc. que van a la
raíz de la descolonización ya no son siquiera mencionados. Félix Patzi
concibe que la descolonización no es más que la superación de las
desigualdades sociales a partir de criterios étnicos y la construcción
del Estado plurinacional radicaría en la presencia de todas las
nacionalidades en la Asamblea Plurinacional y el ascenso de los
indígenas en los espacios políticos cualificando su presencia. vi Lo
cierto es que ahora el MAS-Gobierno controla el ejecutivo, la Asamblea
Legislativa Plurinacional, la generalidad -8 de 9- de Gobiernos
departamentales y sus correspondientes Asambleas, la mayoría de
municipios, el poder electoral y ahora van por el judicial y los medios.
Sin embargo, reconociendo la importancia del empoderamiento político
indígena, con todo ese capital político aun no existen las autonomías
indígenas ni la tan mentada descolonización. ¿Será posible la
descolonización sin autonomía indígena en países indígenas?
Del enfrentamiento de las fuerzas sociales que lucharon
por la soberanía y la autodeterminación algunos intelectuales derivaron
idealmente la lucha por la emancipación, otros entendieron que lo
central era la descolonización cultural, algunos más siguen pensando que
reemplazando a viejos funcionarios políticos en todos los espacios del
poder por otros donde tengan cabida los mestizos e indígenas significa
descolonizar y solo quedaría pendiente la industrialización. El
Vicepresidente -ideólogo del proceso al lado de los neoliberales
pragmáticos- al notar que los avances indeseados del proceso, nos
referimos a la sustitución de personas en el poder, modificaba la
correlación de fuerzas, cambio su discurso del capitalismo andino a otro
que remarca el socialismo comunitario. Intelectuales como Sader y otros
de CLACSO y de la UBA ven en estos cambios estratégicos y la
teorización que después los justifica genialidades sociológicas. Olvidan
que Inicialmente frente a la oposición de la oligarquía de la Media
Luna acepto conceder en 400 artículos de la nueva Constitución y
justificó su comportamiento con el diseño intelectual de un etapismo al
que consideró apegado a la ortodoxia marxista. En realidad La
constitución -como muchos lo han observado - no es más que una
declaración de deseos expresados jurídicamente y el más notorio es el
del Estado Plurinacional e intercultural.
El justo reconocimiento de la diversidad cuando fue
llevado al extremo por el pensamiento posmoderno condujo a la conversión
de los pueblos indígenas en nacionalidades, cuando se trata
-reiteramos- de macroétnias de las cuales una la quechua-aymara bajo la
dirección intelectual de intelectuales aymaras es la única que desde
hace mucho crea y difunde el proyecto de una comunidad imaginada en el
poder, o sea que tiene aspiraciones nacionales. Si leemos la revista
Pukara donde aparecen juntos -con sus notables diferencias- el ex
Vicepresidente Víctor Hugo Cardenas, el Mallku Felipe Quispe, Simón
Yampara y muchos otros que reivindican la economía y el poder para esta
macroétnia. Lo que ellos y también la CONAMAQ y los campesinos ricos del
Chapare quieren construir es un Estado nacional. La base nacional de
organización,vii es un capitalismo prenacional de campesinos,
comerciantes, obreros e industriales que está en ciernes en el Alto-La
Paz, en los gremialistas, la economía informal, en los cocaleros, etc.
En este sentido, tales bases no existen en los otros
pueblos que siguen disgregándose y sobreviviendo amenazados por el
capital. Lo que queremos decir es que la nación y las nacionalidades se
construyen sobre el capitalismo que en este caso ocurre por imposición y
despojo. Y entonces una cosa es defender su existencia, la identidad,
los derechos, la cultura, y otra que estos pueblos tradicionales se
hayan constituido en nacionalidades que postulen la creación de un
Estado. A diferencia de esta situación los criollos terratenientes y
burgueses de Santa Cruz y sus congéneres de Beni-Pando-Tarija-Chuquisaca
si tuvieron bases -más o menos solidas- nacionales de organización que
no prosperó porque tras los intereses autonómicos ocultaban mezquinos
intereses de grupo que tras las asonadas separatistas y las correlativas
respuestas represivas se fue difuminando.
Los líderes, el carismático y el intelectual, Evo y
Álvaro, en la práctica han retrocedido desde un nacionalismo popular, de
masas, anticolonial a un nacionalismo étnico que también precede a un
capitalismo que lo demande y que sin embargo es una construcción
arcaizante realizada desde no hace más de medio siglo. Más bien es luego
propuesto como la ocupación de los poderes del Estado abandonando la
lucha por la soberanía. Dejando la convocatoria política para las
coyunturas conflictivas, mientras la conducción neoliberal cotidiana es
declinada a manos de los tecnócratas. Al abandonar las reivindicaciones
nacionalistas y centrarse esta política desarrollista neoliberal han
resurgido las luchas en todo el territorio boliviano, optando otra vez
más por reivindicaciones nacionales como es la marítima, en conflicto
con Chile.
Habiendo llegado al tope de popularidad y apoyo en la
reelección del 2009, después de haber derrotado al
separatismo-autonomismo de la Media Luna, el 2010 el pueblo esperaba
iban a comenzar los cambios sustantivos. No solo no ocurrieron sino que
en el 2011 luego del gasolinazo (DS 0748) se derrumba el apoyo
reduciéndose en el caso de Evo al 24%y en García Linera cayó al 20 %,
acompañado de pedidos de renuncia. La situación económica es difícil, el
déficit fiscal es del 4.9%, y la inflación llegó al 18.5% en el 2010,
las trasnacionales exigían mayores precios por los hidrocarburos. Los
especialistas afirman que el costo de producción de un barril de
petróleo es de 1 dólar y las trasnacionales exigían 59.
Hay casos emblemáticos y simbólicos de corrupción que se
van acumulando. Primero fue el alto dirigente del MAS y Director de
YPFB Santos que creó una empresa fantasma en YPFB para apropiarse de un
enorme capital, luego el Mallku -no Felipe Quispe- que posesionó a Evo
Morales encontrado con más de 200 TM de cocaína y en el 2011 las
denuncias contra la Ministra de Agricultura Nemesia Achacollo por
tráfico de tierras. Las instituciones cobijan viejas formas de
corrupción y de prácticas políticas aberrantes como los cuoteos,
volteos, encubrimientos, coimas, narcovínculos. La podredumbre cotidiana
en la FELCC, en las FFAA, el poder judicial, YPFB, universidades
públicas y muchas otras dependencias públicas. El ethos dominante aun es
el colonial.
Mientras que el MAS -como organización gelatinosa propia
del movimientismo- sigue afirmada en el caudillismo y el imaginario
indianista, su Gobierno busca afirmarse en el pacto militar-campesino,
recordándonos al MNR y saca del baúl de la memoria la reivindicación
marítima frente a Chile.
El Gobierno chileno con una mentalidad colonialista hace
muchos años ha cerrado la discusión acerca de este tema, pero las
negociaciones bilaterales continúan. Hace 130 con el auspicio y apoyo de
Inglaterra la oligarquía chilena en el poder se apropio de territorios y
sus riquezas andino costeras -cobre, guano, salitre, puertos, aguas,
valles y el mar- que según ellos les pertenece desde tiempos de la
colonia e independencia. Las consecuencias fueron el bloqueo a la
economía boliviana y el aprovechamiento de estas debilidades para
continuar sometiendo a Bolivia -y Perú- a sus intereses geoestratégicos,
sin que los gobiernos neoliberales de las últimas dos décadas hayan
hecho nada para revertir tal situación. Vinculado a este tema están las
aguas de los manantiales del Silala que nacen en territorio boliviano
pero provee de este líquido a las mimas de Chuquicamata, Rodomiro Tomic y
a las poblaciones de Antofagasta y Calama por más de un siglo.
Destruyeron las economías de sus vecinos, se apropiaron del mar, del
cobre y del salitre y por si fuera poco los obligaron -con el
consentimiento de la indigna y entreguista oligarquía de ambos países- a
usar sus puertos y caminos para exportar y comprar mercancías
ingresadas desde oriente o maquiladas por ellos. Por las aguas del
Silala Chile -y Evo también- estarían dispuestos a reconocer el pago por
700 millones de dólares y un pago anual por 3,6 cuando los
especialistas calculan 30 mil dólares día por más de 100 años.
Lo mismo ocurre con los hidrocarburos donde las
trasnacionales socias exigen un pago de 59 dólares el barril cuando el
costo está calculado en un dólar. En un documento elaborado por
reconocidos luchadores sociales señalan cinco puntos de crítica al
Gobierno:
1. Las trasnacionales siguen en poder de los campos hidrocarburíferas.
2. Se han violado los principios de la democracia.
3. Se ha abandonado la construcción del Estado Plurinacional.
4. Se ha dañado y agredido a la madre tierra.
5. Bolivia financia al capital financiero trasnacional con sus reservas internacionales.
Respecto al primer punto sostienen que el proceso de
nacionalización se ha reducido a la sola recuperación de los sectores
secundarios de transporte y refinación y que en cinco años YPFB, en
medio de incapacidad de gestión y el clientelismo, no cuenta con ningún
campo hidrocarburífero en producción. Denuncian que las trasnacionales
no solo controlan la producción sino que solo aportan 888 millones de
dólares ya que el Gobierno les devuelve 640 por costos recuperables,
mientras que el pueblo aporta más de 2,300 millones de dólares por pago
de impuestos.viii Un problema que se avecina son las consecuencias
internas de la decisión de multiplicar por cuatro las ventas de gas a la
Argentina para desarrollar Misiones, Corrientes, Salta, Formosa y el
Chaco - a diferencia del país vendedor- y aumentar las exportaciones a
Brasil, conociendo de la situación crítica de YPFB.
Agregan que el endeudamiento ya llega a los 7500
millones de dólares mientras tienen más de 2500 millones de dólares en
la banca internacional a menos del 2% de interés. Este es un llamado más
a resolver los problemas del extractivismo y la sumisión colonial que
siguen profundizándose mientras más se intenta salir de la crisis. Los
compromisos con el Gobierno norteamericano, los créditos del FMI, la
entrega de títulos a los grandes y medianos propietarios de oriente y
occidente, la autorización para el uso de transgénicos como centro de la
revolución agraria, la legalización de 128 mil vehículos ilegales.
No solo la soberanía en la tensión colonialismo-autodeterminación está
en cuestión, sino también la autonomía donde los derechos indígenas
mantienen su raíz colonial al quedar en los límites del Estado colonial
que no termina de cambiar.
Y es que el territorio es la piedra angular sobre la que
se ejercen los derechos colectivos que en tierras bajas quedó
circunscrito a las Tierras Comunitarias de Origen de las que poblaciones
indígenas quedaron marginadas caso de los guarayos y en las altas los
ayllus se reconstituyeron sobre territorios mutilados. Entre el Estado
colonial propietario y los grandes terratenientes que reivindican las
autonomías departamentales, las autonomías indígenas quedan en el vacío
no obstante que la nueva Constitución transversaliza los derechos
indígenas. Este tratamiento oculta el hecho de que la contradicción
principal radica en la lucha por el control territorial. En otras
palabras la autonomía sobre territorio, tierras y recursos naturales
bajo administración municipal indígena en coordinación con el Estado en
todo el país sería el instrumento central del poder indígena desde abajo
y eso no existe ni el Gobierno hace nada por conseguirlo. Por el
contrario ya es famoso el Ministro de Minería José Pimentel por la
claridad con que respondió a las demandas de la CONAMAQ en octubre del
2010 al sentenciar que el Estado Plurinacional no reconoce autogobierno
ni mucho menos autodeterminación de los pueblos indígenas.
Dejando claro que quienes efectivamente controlan el
territorio son el Estado, sus socias trasnacionales y los barones del
oriente. La apropiación de la naturaleza se concretiza en recursos
naturales, commodities, biodiversidad en base a la capacidad de
apropiación y producción de conocimiento científico y tecnológico
tradicional y de las nuevas ciencias como parte de una estrategia de
seguridad imperial, apertura de mercados, economía mafiosa. A las crisis
provocadas por fraudes financieros institucionalizados se les da
respuesta con una reestructuración de la economía global que transfiera
la riqueza, donde los imperios se apropian del 40% del ahorro mundial
para que siga siendo el gran consumidor global, mientras protegen a la
plutocracia internacional. En fin en la apropiación territorial uso del
planeta para el mantenimiento del poder global. México es un buen
ejemplo cuando vemos que el 40% de la tierra ejidal han sido enajenadas
en los últimos 20 años desde que Salinas de Gortari reformó el Art. 27
constitucional.
En Bolivia se viene restituyendo el libre mercado de
tierras a favor de terratenientes blancos y orginarios y de funcionarios
encabezados por la propia Ministra Nemesia Achacollo y congresistas
amafiados a su alrededor, se enriquecen con el saneamiento. Como
consecuencia de la inoperancia en política agraria la consecuencia es la
crisis alimentaria que vive el país. En Bolivia se quemaron 3.5
millones de Has. de bosques (80% en tierras bajas) principalmente por el
chaqueo inducido desde el Estado, al exigir la función económico social
en el saneamiento de tierras de terratenientes y campesinos y por la
expansión de los agronegocios. El Vicepresidente aseguraba que aun se
podían quemar 9 millones más de has. de bosques, mostrando el
desconocimiento y mala lectura del país. Que también se expresa en la
política de precios, en el comercio internacional, en la creación de
empresas estatales que solo han generado especulación y corrupción. Y es
que la política de un Gobierno preocupado solo por la legitimidad y la
reelección favorece a las corporaciones y grandes empresas exportadoras
de commodities.
Es cierto que el 82% e la producción agrícola de
alimentos y el 72% de la oferta de carne esta en el oriente abasteciendo
el mercado interno y que ahora, solo entre el 2009-2010, sufre una
reducción del 6.3 % del área cultivada. Sin embargo lo que disminuye es
la producción de maíz, sorgo y arroz, aumentando la de soya, trigo y
coca. El 40% del suelo esta erosionado o en proceso de desertificación y
es que durante el Gobierno del MAS se incrementó la importación de
agroquímicos en un 300% y la introducción de soya transgénica paso del
40% en el 2005 al 85% en el 2009. Es así que la inacción frente a la
baja capacidad productiva de los suelos, con solo 6% de tierra bajo
riego y 65% de tierras degradadas o en proceso de serlo, la
especialización productiva y la cooptación de la cadena productiva por
la asociación trasnacionales-terratenientes, la concentración de la
propiedad de la tierra, el crecimiento de los monocultivos para producir
commodities agrícolas, la ausencia de inversión privada u pública, la
determinación externa de los precios, la contaminación y el cambio
climático, la tenencia de tierras con ganadería extensiva solo para
justificar la propiedad, la deforestación, quema y abandono de los
bosques, la ausencia de políticas productivas, la disminución de la
capacidad de compra de la población ante la elevación de los precios de
los alimentos, la ausencia de institucionalidad y planes, la
uniformización de hábitos alimenticios, la ausencia de investigación y
asistencia técnica, el relegamiento de la agricultura y la
descampesinización.
En pocas palabras la ausencia de un cambio de modelo,
están conduciendo a una crisis agraria y alimentaria, con un incremento
de la miseria de la PEA agraria que representa un 42% -principalmente
campesina que abastece del 20% de los alimentos- a las migraciones y a
la desnutrición rural-urbana que sobrevive en medio de una crisis
climática y cada vez más bajos rendimientos e ingresos. Bolivia con un
60% de la población que gana menos de 200 dólares al mes no podrá
resistir.
La ofensiva de las trasnacionales de los
agro-combustibles y los transgénicos en América Latina y en los países
andino-amazónicos es enorme, atentando contra la soberanía alimentaria y
la biodiversidad, expulsando millones de campesinos de sus tierras
creando nuevas formas de dependencia. La Ley de revolución productiva es
un retroceso en todos los órdenes pasando el Estado a ser el sustento
del sector privado e implantando la economía de los transgénicos o sea
el dominio de las trasnacionales sobre la política agraria y
alimentaria, consolidando el extractivismo y el despojo.
Bolivia, lo mismo que Perú o Colombia, concesionan
tierras en el Oriente y en todo el país. Es el caso de la compañía
brasileña Votorantim Metais que ya cuenta con 19 concesiones en 70 mil
Has. en las que existen comunidades indígenas y áreas protegidas, caso
de San Matías en El Pantanal; en la Chiquitanía se han entregado 320 mil
Has.
En tanto la reforma agraria está estancada florecen los
cultivos de coca y los transgénicos, en desmedro de la soberanía
alimentaria. El Senador Avalos, el mismo que fraguo alianzas con los
mercenarios del Comité Cívico cruceño, ahora aboga por la legalización
de vehículos ingresados contra las normas y defiende -junto a los
líderes del Chapare- la construcción de la carretera San Antonio de
Mojos-Villa Tunari que aunque afecta la Reserva del Tipnis, amplía las
posibilidades de expansión de los cocaleros que ya lo vienen haciendo y
que explica la coca excedentaria y la elaboración de cocaína. En un solo
operativo, en julio de 2011, han descubierto más de 300 laboratorios de
cocaína y días después se difundió que Bolivia es el primer productor
sudamericano de marihuana. El Gobierno ha perdido apoyo y aliados dentro
y fuera del MAS. El "Estado Mayor del Pueblo" y los cocaleros son
convocados como aparatos de choque ante. Ahora sus aliados son el FMI,
la DEA, el BM, la USAID, los terratenientes y empresarios del oriente,
las trasnacionales y los campesinos de los valles.
Mucho se ha escrito sobre el conflicto por el TIPNIS y
se conocen los resultados en favor de los indígenas frente al intento de
expansión cocalera e impulso del extractivismo y de explotación
hidrocarburífera como salida ante el fracaso del intento gubernamental
navideño por incrementar los precios del gas y la gasolina.
Desde sus inicios de esta gestión las prácticas de la
autodeterminación, cooperación, autoregulación, del bien común, de la
insubordinación como la defensa de los derechos laborales, mejor
distribución presupuestaria o políticas para el sector productivo,
acceso y control de recursos naturales, reducción de tarifas de
transporte u oposición a la contaminación minera o hidrocarburífera por
las grandes empresas, han sido marginadas y hasta criminalizadas por ser
acciones políticas. No hay voluntad burocrática para tomar decisiones
colectivas, atender a las críticas, rediscutir la Constitución, pues
nunca se hizo, y la descolonización, la plurinacionalidad y la
interculturalidad.
Con decisiones y prácticas cupulares, han optado por el
asistencialismo subsidiario, la sujeción del pensamiento. Han adoptado
la lógica de mayorías-minorías en el tratamiento de las demandas
populares y justificación de la politización-criminalización de los
movimientos. Solo admiten reivindicaciones sociales si antes se someten
al Estado y admiten que el Gobierno representa a las mayorías y ellos a
las minorías. Con estas ideas y comportamientos no hay un desarrollo de
la conciencia colectiva.
En el 2008 se reformaron 144 artículos de 400 de la
Constitución y tuvo que transcurrir un sexenio para derogar el DS 21060
de 1985 para terminar con los residuos de neoliberalismo. Lo que expresa
las negociaciones para no cambiar el capitalismo colonial que favorece a
las trasnacionales y a la lumpenburguesía oriental y sus instituciones
privatizadas y desnacionalizadas, que mantienen su poder mafioso sobre
un país segmentado y limitado por las divisiones étnico-clasistas
promovidas desde un Gobierno que perdió la brújula del proyecto político
descolonizador y de unidad nacional. El Gobierno primero aprendió y
adopto los viejos métodos basados en el chantaje, la represión, la
despolitización, el clientelismo, el divisionismo para en un segundo
momento ante la crisis fiscal aceptar explícitamente las políticas del
FMI-BM-IIRSA-DEA con sus políticas antiinflacionarias y en lo cultural
el indigenismo multiculturalista. Un pensamiento político liberal,
juridicista, conservador basado en el irrespeto al otro.
Y es que en este último tema hay tendencias derivadas de
la reapropiación de las demandas sociales por el Imperio. El
interculturalismo puede ser una concesión al orden colonial y a los
nuevos mecanismos de dominación articulados a la comunidad de
ciudadanos, un artilugio mercantil que se basa en diferentes igualdades y
en normas que sostienen las reales desigualdades. La inclusividad es
una práctica mercantil, neoindigenista que mantiene la sumisión de las
minorías a través de dádivas. Con funcionarios formados en la cultura
dominante monocultural y occidentalista adoptan la cultura del capital:
una visión cosificadora, deshumanizante, electoralista, intolerante. La
igualdad ciudadana es una ficción como la igualdad ate la ley o la
igualdad como seres humanos de gentes de diferentes culturas. En
realidad esta ideología no admite la diversidad cultural y menos
política. El Estado tratara de mantener y sostener la ideología y
prácticas neoliberales, la cultura enajenada y fetichizada donde el ser
humano es una cosa que se compra y vende, desvaloriza lo humano y el
trabajo es extraño, a favor de la valorización de las cosas y del
capital. La cultura no es modificada y no se crea un nuevo orden desde
abajo.
La ciudad continua siendo una fuente de alienación donde
las relaciones sociales se cosifican y el individualismo consumista y
la ciudadanía son dos fetiches que sustentan esa cultura excluyente en
sus componentes económicos y políticos e incluyentes la aceptación de lo
diverso. Se consumen bienes físicos y simbólicos, se consume libertad
individual y orden en oposición a lo atrasado, lo premoderno, lo
comunitario. Los modos de diferenciación cultural, étnica, religiosa, de
género aun siguen los patrones coloniales blanqueados que dan acceso a
privilegios y derechos bajo la forma de prebendas, corporaciones. En las
grandes ciudades se concentra parte del capital producto del
narcotráfico, de las remesas, el funcionariado público, representantes
de trasnacionales, grandes centros comerciales, trabajadores de
fábricas, etc. que han provocado una burbuja de la construcción y el
crecimiento de la clase media y de sectores desclasados sometidos a los
mercados como espacios de poder de las corporaciones y del capital
financiero.
El Estado es descentralizado y fragmentado por el
mercado mientras la privatización traslada a las corporaciones las
decisiones fundamentales sobre regulación y asignación de recursos. Las
instituciones financieras internacionales con sus consultores y
expertos, apoyados por la cooperación internacional y las ONG, ocupando
espacios políticos, son el núcleo duro de la transformación neoliberal
del Estado, desde las grandes estrategias de reformas estructurales y
sectoriales, la privatización de la naturaleza y la consolidación del
capital extranjero y del extractivismo, hasta las necesidades primarias y
urgentes de la población. Que en su límite ofrecen servicios bancarios a
las PYMES, se moderniza los servicios privados de salud a cargo de
ONG-organismos públicos, mientras se destruyen comunidades,
solidaridades, soberanías se sobreexplota y deteriora las condiciones de
vida.
Se perfeccionan y legalizan los mecanismos de inclusión
subordinada, de sumisión y mantención del orden del sistema a través de
la violencia simbólica y el adiestramiento. Se sigue inculcando el
respeto a la propiedad, a las jerarquías, a las leyes. Mientras la
globalización invade mentes y destruyen la memoria comunitaria, la
cultura de lucha, proscribe o invisibiliza la sabiduría ancestral; las
clases medias urbanas son sus correas de trasmisión y tienen sus
prereflexivos adherentes que consiguen adhesión al poder respondiendo a
las expectativas colectivas basadas en el orden y el consumismo. Aun se
vive en estos países una abolición de la soberanía colectiva a favor de
las formas liberales de representación política, de reglas,
procedimientos e instituciones que solo sirven para seleccionar a los ya
electos. Una ideología se convierte en dominante cuando incorpora
motivos y aspiraciones fundamentales de los oprimidos, universaliza
ficciones y regula la hegemonía distanciando a los pueblos de su etnia y
clase. Existe complicidad entre el fundamentalismo étnico y la
globalización pues ambos aspiran a expandir el capitalismo. En este
sentido el interculturalismo globalizador es una forma de racismo
autoreferenciado que respeta a las comunidades en tanto acepten el
sometimiento cultural, encerrados en su mundo pero abiertos a la
inversión extraña a él. Observados y respetados desde una cierta
distancia se preserva la superioridad colonial. La lógica de las ONG
populistas se traslada al Estado heredado de la revolución del 52.
No existe una nueva vida colectiva de reapropiación de
la palabra, de las decisiones y derechos colectivos, basado en la
autonomía indígena y la construcción democrática, que privilegie la
presentación sobre la representación, que recupere lo mejor de las
civilizaciones que conforman lo que es Bolivia hoy. La tarea es ardua
pero no ha comenzado siquiera. Uniformizar la educación, desterrar
viejos hábitos y estructuras grabadas en los cuerpos, modificar
creencias, deslegitimar fetiches y mitologías religiosas, patrioteras,
sexistas, racistas. No hay visos de una interculturalidad emancipatoria
que nazca de los saberes locales, étnicos, y se funde con lo más
avanzado del pensamiento crítico universal, de occidente y oriente. Una
nueva democracia exige reinventar lo público y sus sentidos, requiere
autodeterminación de masas, de reconquistar la capacidad de decidir. La
identidad nacional permite asociarse a un ideal anticolonialista que
exige distanciarse de lo étnico y clasista, pero a su vez articulando lo
étnico-clasista a lo nacional.
De allí que las tendencias conservadoras se reafirmen en
la población, particularmente entre los jóvenes. Afirman el orden
mercantil imperante, defienden una libertad que la anula, permanece
inmóvil cerrándose a toda apertura, afirma el yo y sus certezas ante la
ausencia de una sociedad que lo integre. Presos de una colonización
subjetiva que llega a través del internet, los medios, los juegos,
celulares, MP3-4 y el mercado quedan pasmados y obnubilados ante el
resplandor de los mall, las fiestas, los carnavales.
La Central Obrera Boliviana demanda profundizar los
procesos de cambio, abrogar las políticas neoliberales y redistribuir
los ingresos mediante un aumento salarial del 15% considerando que el
salario mínimo era de 116 dólares y la canasta familiar cerca de 5 veces
mayor. Cuando se iba generalizando la consigna de salida del Gobierno
la tardía respuesta fue derogar la 21060 que imponía las reglas del
neoliberalismo y aumentar hasta un 12% el salario, unos 14 dólares al
mes o menos de medio dólar día. Se da en un contexto de ocupación de
cada vez más espacios políticos por el MAS, correlativamente a un
aumento de las denuncias por corrupción y narcotráfico y una densa
publicidad del Gobierno respecto a sus éxitos económicos. Quien se opuso
a los aumentos no solo fue el Gobierno sino también líderes del MAS y
los empresarios. De este modo el MAS vive una crisis de narrativa, solo
actúa ante los reclamos. Las llamadas nacionalidades no están
representadas en el Estado. A nadie le interesa las autonomías, ni al
poder central ni al departamental, no han adecuado sus estatutos a la
Constitución y los subgobernadores son nombrados a dedo. No existen los
consejos departamentales de participación popular ni las regalías son
distribuidas bajo la fórmula 50-40-10 correspondientes a productores, no
productores y otros. Desde el Estado no hay nada acciones por la
economía solidaria, ni defensa del medio ambiente, o prácticas del buen
vivir, menos democracia comunitaria, ni revolución agraria y los
conflictos entre organizaciones indígenas crecen día con día.
El régimen de partidos se reactiva y alcaldes y
concejales transitorios no quieren irse. No hay debate sobre realidades
que se expanden y afectan al futuro como los transgénicos, agrotóxicos,
los agronegocios, el papel de las grandes corporaciones, los
megaproyectos del tipo IIRSA, la deforestación y desertificación.
En la práctica se viene construyendo el Estado nacional
que se somete cada vez más al poder global. Lo del Estado solidario
multiétnico anticolonial quedó atrás adoptando la propuesta
multiculturalista del BM. La fusión práctica de movimientos y procesos
de reconstitución de pueblos y macroétnias indígenas ejerciendo sus
derechos soberanos a la autodeterminación-autogobierno con derechos
sociopolíticos esta frustrado pero no acabado. Continúa el debate sobre
instituciones y competencias que lleven a la presencia política de los
pueblos indígenas, consolidando espacios de resistencia y creatividad en
base a la territorialización de las demandas autonómicas. Buscar la
autoidentificación y aglomeración indígenas con los trabajadores del
campo y la ciudad es un requisito social de la construcción del sujeto
autonómico. Pues, por el contrario, al no transformarse las bases de la
sociedad no ha cambiado la naturaleza estatal. La existencia de 11
municipios indígenas en un país indígena con más de 500 municipios, la
confrontación Estado-pueblos indígenas, el socavamiento de autogobiernos
en resistencia, la segmentación de territorios étnicos no hay
posibilidad de construir una esfera pública del bien común con espacios
comunitarios y de reproducción social diferentes, ni un espacio
simbólico de unidad cultural, institucional y de prácticas solidarias
desde bajo.
En el Ecuador, otro país andino-amazónico, indígena, los
problemas de la de la descolonización, de la fuerza del extractivismo,
de la auodeterminación y las autonomías indígenas también son los
principales y han aflorado ante el agotamiento de la derecha y cuando el
Gobierno entra a definir su proyecto de poder y de la economía que los
sustente. Decide apoyarse en los ciudadanos, electores de la clase media
urbana, para continuar con una economía primario exportadora y para
hacerlo enfrentarse con quienes estén en desacuerdo o sea los pueblos
indio y los trabajadores. Igual que en Bolivia la aceptación de Correa
comienza a caer en picada y en junio del 2011 apenas llegaba al 36%
debido a que ni los pueblos originarios ni la clase media ven
satisfechas sus expectativas, los primeros respecto a las decisiones
estratégicas sobre el agua o la educación y los otros por el deterioro
de sus condiciones de vida.
Los pilares de la autodeterminación están en la
descolonización y los de la autonomía indígena en sus dimensiones
interculturales, político-jurídicas y económico ecológica solo pueden
materializarse en un sujeto autonómico que en este caso sigue en
construcción desde la movilización permanente de redes multiétnicas y la
afirmación hegemónica ante la continua intrusión del Estado y las
corporaciones multinacionales en sus territorialidades.
El supuesto intento de golpe de septiembre del 2010
tiene que ver con la Constitución de reforma capitalista del 2008 y las
leyes que le sucedieron. El detonante de este suceso fue la aprobación
por la Asamblea Nacional de la ley de servidores públicos y la Ley de
educación superior que pretende dejar en el desempleo a 200 mil
servidores públicos y restar prerrogativas a los trabajadores, que en el
fondo es la reimposición del modelo neoliberal que ha convertido a la
Asamblea, a los poderes del Estado y a los partidos en campos de
conflicto ya que mientras los dirigentes estatales pretenden someter las
demandas sociales y la CONAIE al Estado, estos están por acabar con el
neoliberalismo y asumir a dirección del proceso de cambio sin
sometimientos a la lógica estatal. De este modo el Gobierno se enfrenta a
una derecha que pretende que todo siga igual ante las políticas
sociales mínimamente redistributivas, representada por Sociedad
Patriótica, y a una izquierda que persiste en la democratización y una
nueva sociedad. Lo que desato la inconformidad de indígenas, movimientos
sociales y sindicatos fue el veto de la Presidencia a la Ley de
Educación Superior, al Código Orgánico de Servicio Civil, al código de
Ordenamiento territorial provocando la ruptura de equilibrios y pérdida
de hegemonía.
Los debates sobre la empresa Interagua de Guayaquil, la
presencia de USAID en planes como Socio Bosque, la represa San Francisco
y la trasnacional brasileña Odebrecht, Sarayaku y la empresa argentina
CGC, la concesión del área protegida del Yasuni a Petrobras y otras
empresas, muestran a una burguesía intermediaria reciclada y su sector
más nuevo actuando en el gabinete neoliberal respaldados en la crisis
fiscal tratando de privatizar los bienes comunes basados en la
ambigüedad constitucional a través de las leyes Minera aprobada en enero
de 2009, de Recursos Hídricos y otras, sin consultar a los pueblos
afectados. Leyes ya consensuadas fueron vetadas por el Presidente.
La Conaie que representa a 30 pueblos y más de 5000
comunidades indígenas viene reconstituyéndose desde el 2005, después de
25 años de su fundación y 21 años de su gran levantamiento en defensa de
territorio y 10 años de haber colocado a Lucio Gutiérrez en la
Presidencia para tres años después contribuir a su salida, y
preparándose para enfrentar a la represión cuyo ejército sigue siendo
preparado por los Estados Unidos, quien en el 2009 aportó 50 millones de
dólares para financiar entrenamiento en lo militar, contraterrorismo y
lucha antinarcóticos. Las Fuerzas Armadas no solo recibieron aumentos
salariales de un 80% sino que se han adjudicado 800 millones de dólares
de un total de 5000 en obras civiles. Lo que sumado al papel de aliado
en la seguridad democrática colombiana -recibe de la USAID 15 millones
de dólares para el Plan Ecuador- configuran un panorama siniestro de
empoderamiento de las fuerzas armadas y la posible disolución de la
Asamblea Nacional. El llamado golpe de estado de las fuerzas policiales
que aun siguen financiadas y preparadas por los Estados Unidos, aunque
el Presidente en reiteradas oportunidades haya negado la participación,
muestran que el Gobierno de Correa juega con fuego.
Algunos analistas como Edgar Isch sostienen que solo fue
una huelga policial, otros le llamaron asonada y el Gobierno junto a
algunos intelectuales golpe de Estado.
Podemos apreciar como la crisis fiscal -dos mil millones
de dólares- en un país donde aun impera el modo colonial de producir
está obligando al Gobierno de Corea a optar por las políticas de ajuste y
a las concesiones a las trasnacionales mineras, hidrocarburíferas y
madereras. Provocando resistencias que son respondidas con la
criminalización- al mejor estilo peruano- de cerca de 300 luchadores
sociales procesados y acusados por terrorismo y sabotaje quedando
condenados a tres años de cárcel el Presidente de la FEUE -Marcelo
Rivera- por oponerse a la Ley de educación y siete dirigentes mineros de
Azuay sancionados con 8 años de prisión por enfrentarse a una
trasnacional minera. La protección de las trasnacionales mineras lo está
llevando a Correa a una derechización que puede borrar todo lo antes
hecho en política interna e internacional. El 8 de mayo del 2009 el
Ministro de Minas y Petróleo autorizó el reinicio de operaciones de la
empresa argentina Compañía General de Combustibles en los Bloques 23-24 a
las que los pueblos Shuar y Achuar se oponen desde hace mas de una
década.
La concepción de que el Estado representa al interés
general y para ello necesita de la hegemonía, el monopolio de la fuerza,
y que para lograr el buen vivir hay que industrializar al país en base a
los recursos provenientes del extractivismo no es más que una visión
liberal que ahora impregna a todos los gobiernos de centroizquierda
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