El arrogante autoritarismo de Obama. Lachlan Markay

La semana pasada, el presidente Barack Obama dio el más reciente paso en su camino hacia un autoritarismo, nuevo y arrogante con cuatro nombramientos ilegales que han pisoteado por completo los requisitos de la Constitución. Y lo que es más preocupante aún, el presidente escogió triturar la Constitución, todo ello en nombre de servir a su agenda sindicalista mientras se eliminan empleos en el proceso.

Las acciones del presidente, una vez más, han dado voz a su animada visión de gobernar: hacerlo así es mucho más fácil cuando uno no está constreñido por la Constitución y su equilibrio de poderes. “No podemos esperar”, exclamó el presidente tras nombrar unilateralmente a Richard Cordray como director de la recién inaugurada Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB). También ha nombrado a tres altos cargos para la Junta Nacional para Relaciones del Trabajo (NLRB), dos de los cuales habían sido previamente nominados hace menos de un mes.
¿Y las implicaciones políticas de los nombramientos del presidente? El CFPB tendrá ahora completa autoridad para dictar regulación tras regulación, contribuyendo al ya agobiante papeleo que está paralizando a las empresas en Estados Unidos. Y la NLRB tendrá el poder de promover  la agenda del presidente para reforzar el poder de los sindicatos por todo el país a costa del crecimiento del empleo en una economía resentida.
¿A qué, exactamente, no puede esperar el Presidente? Dicho de forma simple, al republicanismo constitucional – el sistema de equilibrio de poderes inherente al Gobierno de Estados Unidos y a la libertad política. Él se impacientó con los retrasos que inevitablemente acompañan a cualquier acción legislativa y actuó fuera del proceso exigido por la Constitución. Pero el pueblo americano debería preguntar: ¿Es esta alternativa realmente preferible a una república constitucional, deliberativa, aunque sea lenta en sus movimientos?
Los nombramientos del presidente de la semana pasada, aunque preocupantes, no sólo los próximos pasos en el camino hacia una forma despótica de gobierno que ha venido a caracterizar a su administración (y todo el progresismo en el Estados Unidos de hoy) y es lo que los autores Fred Siegel y Joel Kotkin han denominado en la revista City Journal esta semana como el “Nuevo Autoritarismo” de Obama. Frustrado por la poca voluntad de los representantes del pueblo para promulgar toda su agenda, Obama ha buscado, desde muy pronto en su administración, promulgar una serie de propuestas mediante decreto administrativo, no mediante el proceso legislativo:

• El Senado, bajo control demócrata, ha rechazado su sistema de canje de emisiones, así que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Obama clasificó como contaminante el dióxido de carbono, el compuesto que sostiene la vida vegetal, para poderlo regular según la Ley del Aire Limpio.

• Después de que el Congreso derrotara su furtiva propuesta de amnistía a la inmigración, la Ley DREAM, el Departamento de Seguridad Interior dio órdenes a los oficiales responsables de Inmigración y Aduanas de “adoptar parámetros de aplicación que conlleven los mismos fines que la Ley DREAM”, como explicó Mike Brownfield, de Heritage.

• Cuando la lamentablemente llamada por error Ley de Libre Elección del Empleado (diseñada explícitamente para reforzar las menguantes listas de miembros de los sindicatos) fue derrotada en el Congreso, la NLRB anunció una norma que implementaría “elecciones sindicales anticipadas” para la representación de sindicatos, limitando las capacidades de los empleadores para presentar sus argumentos a los trabajadores y garantizando virtualmente un mayor grado de sindicalización a expensas de la democracia en el lugar de trabajo.

• Tras el fracaso en el Congreso de una propuesta de regulación de Internet que acababa con la innovación, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) anunció (el día de Nochebuena, por increíble que parezca) que regularía la Web de todos modos, incluso a pesar de la resolución de una Corte Federal indicando que no tenía autoridad para hacerlo.

• En su deseo por imponer estándares educativos nacionales, el Departamento de Educación decidió unir las dispensas a la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB) junto con requisitos para que los estados adopten los estándares, dejando al Congreso fuera de la iniciativa.

• En vez de presionar al Congreso para revocar las leyes federales contra el uso de la marihuana, el Departamento de Justicia (DOJ) simplemente decidió que ya no aplicaría esas leyes.

• El DOJ hizo algo similar con respecto a la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA): En vez de buscar un recurso legislativo, el DOJ anunció que dejaría de aplicar la ley.

• Aunque todos estos esfuerzos están orientados a burlar el proceso legislativo, ninguno ha sido tan descarado como sus cuatro nombramientos ilegales. La semana pasada, Obama fue un paso más allá. No sólo violó el espíritu de la Constitución, que confiere al Congreso el poder de crear leyes, sino también la letra de la ley.

El movimiento es “una violación impresionante de la separación de poderes”, explican el anterior Fiscal General de Estados Unidos Ed Meese y nuestro colega de Heritage Todd Graziano, exfiscal en la Oficina de Asesoría Legal del DOJ, en un artículo en el Washington Post. “Nunca antes ha pretendido un presidente hacer un nombramiento durante un “receso” cuando el Senado demostradamente no está en receso. Eso es un abuso constitucional de primer orden”.
El Dr. Matthew Spalding, vicepresidente de Estudios Americanos y director del Centro B. Kenneth Simon especializado en Principios y Política en la Fundación Heritage explica que este “nuevo despotismo” (un gobierno donde las regulaciones y las acciones unilaterales reemplazan la gobernabilidad republicana) opera totalmente en contra de la visión de los Fundadores de Estados Unidos:

La mayor revolución política desde la Fundación de Estados Unidos ha sido el traspaso de poder desde las instituciones del gobierno constitucional hacia una oligarquía de expertos no electos. Gobiernan sobre prácticamente cada aspecto de nuestras vidas diarias, ostensiblemente en el nombre del pueblo americano, pero en realidad es por la autoridad afirmada por la ciencia, la pericia política y la eficiencia administrativa.
Si este régimen se convierte en la norma indiscutible (aceptada no sólo entre la élite intelectual y política, sino también por el pueblo americano como la característica definitoria del estado moderno) bien podría marcar el fin de nuestro gran experimento de autogobierno.

Las acciones del presidente Obama son exactamente del tipo que temían los Fundadores y de las que trataron de protegernos. Los nombramientos ilegales del presidente usurpan el poder de los representantes debidamente elegidos por el pueblo americano y las normas que promulguen contribuirán, indudablemente, al crecimiento imparable del estado administrativo no democrático.
Ahora que el presidente ha cruzado el umbral de la constitucionalidad, nadie puede predecir realmente dónde podría acabar. No obstante, nos encontramos con una clara tendencia y esta nos lleva más y más lejos del orden constitucional. Con estos nombramientos ilegales, el presidente ha llevado a nuevas cotas su desdén por la separación de poderes. Que se detenga en este punto, depende del Congreso. ¿Consolidarán los legisladores de ambos partidos la autoridad constitucional del Poder Legislativo y se opondrán al nuevo autoritarismo arrogante de Obama?