Aún
hoy, en Argentina, por ejemplo, se recuerda con dolor tanta
injusticia. Las Fuerzas Armadas fueron las responsables directas de la
violación de los derechos humanos de millares de ciudadanos los que,
mediante el empleo de técnicas sofisticadas de tortura, tomadas de la
experiencia nazi y de los manuales de contrainsurgencia de la CIA y de
las fuerzas armadas norteamericanas, fueron ejecutados, mutilados,
torturados y, finalmente, desaparecidos.
30,000
fue el escalofriante número de personas desaparecidas y asesinadas por
la represión castrense en esta guerra sucia. Puede decirse, sin temor al
equívoco, que casi toda una generación de argentinos fue víctima de
esta atrocidad, El hecho de que el 80 % de los asesinados y
desaparecidos tuviera entre 21 y 35 anos de edad, así lo confirma.
Hoy,
se descubren los embrollos de esa trama bestial y reprobable. Los
militares argentinos llegaron a contar con 340 centros clandestinos de
tortura y detención, cuyos operadores eran represores castrenses.
El
terrible aparato represivo de los militares argentinos contó con el
apoyo y la complicidad de civiles miembros de instituciones religiosas,
legales y de otro tipo. Baste ejemplificar esto con la denuncia de la
CONADEP, la cual publicó una extensa lista de 1351 torturadores, entre
ellos diversos médicos, jueces, periodistas, obispos y sacerdotes
católicos, protagonistas de esa guerra sucia. ¿Podría imaginarse, me
pregunto, que miembros de la iglesia católica como el obispo Pío Laghi,
Nuncio Apostólico del Estado Vaticano en Argentina; el ex obispo de La
Plata, Antonio Plaza; el Monseñor Emilio Graselli; el sacerdote
Christian Von Wernich; el capellán Pelanda López y el Monseñor Adolfo
Tórtolo, Vicario de las Fuerzas Armadas, fueron cómplices directos de
las torturas, asesinatos y desapariciones de argentinos?
Los
escuadrones de la muerte, integrados por miembros del ejército, la
policía y la armada, civiles anticomunistas y una amplia gama de
pandilleros y delincuentes, agruparon en torno a la “Triple A” (Alianza
Anticomunista Argentina) y el comando “Libertadores de América” a la
fuerza debidamente entrenada por la CIA y el FBI norteamericanos para
ejercer la represión contra las fuerzas progresistas. El propio general
Videla declaró en 1975, sin remordimiento o preocupación alguna, que:
“…morirán tantos argentinos como sea necesario a fin de preservar el
orden”.
La Operación Cóndor fue la
consumación de los planes norteamericanos para garantizarse un traspatio
seguro en la región y representó la internacionalización del terror por
parte de los militares latinoamericanos. Sin lugar a dudas, luego de
haberse establecido en un encuentro realizado a fines de noviembre de
1975, durante una reunión en Santiago de Chile y bajo la anuencia
directa de Pinochet, en la que participaron represores de Chile,
Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, se crearon las condiciones
organizativas, técnicas y financieras para llevar a cabo operaciones a
gran escala, internacionalmente coordinadas, y encaminadas a reprimir de
conjunto a las fuerzas progresistas de la región. Los argentinos, al
igual que sus socios chilenos, paraguayos y uruguayos, desempeñaron un
rol relevante en estos planes.
Los
frutos de la nueva estrategia de terror diseñada en la Operación Cóndor
no se hicieron esperar: militares argentinos y chilenos ejecutaron el
asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats y de su esposa. Luego
vendría el atentado a Bernardo Leighton, en Roma. Estos hechos
evidenciaron que la Operación Cóndor, bendecida por la CIA e integrada
también por represores y terroristas de origen cubano, pasó a ser una
alianza castrense de tipo internacional, integrada al menos por
represores de más de seis países.
1976
representó un año de incremento de las acciones represivas a nivel
internacional. Decenas de luchadores progresistas fueron asesinados
luego de ser capturados en complejos operativos. En la lista de estos
crímenes sobresalen los líderes miristas chilenos Edgardo Enríquez,
Patricio Biedma y Jorge Fuentes; dos jóvenes oficiales de seguridad de
la embajada cubana en Argentina: Jesús Cejas Arias, de 22 años, y
Crescencio Galañega, de 26, quienes habían sido capturados el 9 de
agosto de 1976 en el barrio de Belgrano; el ex Presidente de Bolivia,
general Juan José Torres; el dirigente del ERP argentino, Mario Roberto
Santucho; así como el tupamaro William Whitelaw.
Cóndor
también provocó el asesinato de los destacados políticos uruguayos
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como en atentado que costó
la vida al ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria,
perpetrado en territorio norteamericano por terroristas chilenos y
cubanos estrechamente vinculados a la CIA.
Ya
no es un secreto que 100 militantes del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) chileno, exilados en Argentina, fueron brutalmente
asesinados entre 1974 y 1975, en lo que se llamó Operación Colombo y
cuyo artífice fue Pinochet.
Hoy
tampoco resulta un secreto que una gran parte de los secuestrado y
ulteriormente asesinados dentro de la Operación Cóndor, pasaron por una
disimulada prisión ubicada en el barrio bonaerense de Floresta, conocida
como Automotores Orletti, en la que fueron salvajemente torturados.
De
aquella época de dolor y muerte queda aún el reclamo insatisfecho de
justicia, el bregar heroico de los argentinos, representados
legítimamente por las Madres de la Plaza de Mayo, por alcanzarla un día
y, sobre todo, el optimismo de una Argentina mejor.
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