Según informaciones del Secretario de Estado de Defensa Constantino Méndez,
España arrastra una deuda militar fruto de sucesivos compromisos de
gasto con las industrias militares y de créditos encubiertos en los
presupuestos del extinto ministerio de Ciencia y Nuevas Tecnologías, hoy
Industria, de aproximadamente 26.000 millones de euros cuyo pago,
diferido a las dos próximas décadas, puede llegar a superar los 32.000 o
los 36.000 millones de euros según cual sea el escenario de pagos que
se elija. Este enorme gasto, ha dicho la actual ministra de Defensa en
un informe confidencial al que tuvo acceso Infodefensa,
pone al Ministerio de Defensa en “colapso técnico y financiero” y
“comprometerá la capacidad operativa de las fuerzas armadas en las
próximas décadas”, haciendo altamente costosa y prácticamente impagable
la ingente deuda pública española.
El movimiento pacifista ha reclamado desde hace más de
diez años poner la atención sobre las habilidades contables con las que
los sucesivos gobiernos, primero de Aznar y luego de Zapatero, ocultaban
el gasto militar extraordinario comprometido con las industrias
militares.
1 El origen de la actual situación de endeudamiento
Para comprender mejor la dimensión del desastre merece
la pena hacer un repaso de la generación de esta verdadera burbuja del
gasto público. Primeramente fue el gobierno de Aznar, a partir de 1987,
el que comenzó a generar la deuda impagable. Según la visión del
aznarato, España debía cambiar la defensa, lo que en líneas gruesas
consistía en emprender un aumento del gasto en defensa, comprar nuevos y
modernos armamentos mediante una serie de programas de inversión (los
vinculados a la adquisición del avión de combate europeo Eurofighter,
las fragatas de proyección y multiusos F100, y los carros de combate
Leopard) y reformar el ejército para hacerlo más profesional y moderno.
Debe aclararse que esta original idea es un
mantra que se repite incansablemente desde la transición y cada vez que
entra un nuevo presidente de gobierno, pues al parecer el ejército nunca
acaba de dimensionarse, modernizarse, profesionalizarse y salir de la
penuria.
Aznar ordenó iniciar una serie de programas de compra de armamento sofisticado
para ponernos a la altura de nuestros vecinos, con la particularidad de
que, al no tener previsto este tipo de compras en los Presupuestos del
Ministerio de Defensa, y para aparentar que éstas no incrementaban el
gasto militar real, ordenó una ingeniosa fórmula de pago:
● Se comprometían (y se siguen comprometiendo, porque
este modelo de inversión militar está aún en uso) diversos programas con
las principales industrias militares, aplazando su entrega y pago hacia
el futuro.
- Esto tiene una primera consecuencia militar: cuando
dentro de 10, 15 ó 20 años se entreguen los armamentos, serán más o
menos obsoletos e ineficientes. Por ello se tendrá que hacer un nuevo
programa que se comenzará a financiar en el presente pero se irá pagando
en el futuro y, nuevamente, para conseguir armamento obsoleto. Es
decir, se produce un círculo vicioso que nos endeuda cada vez más a
cambio de armas que no van a servir. ¿Quién saca beneficio de ello? Las
arcas públicas sólo deuda. La industria militar, sin duda sale ganando,
pero no sabemos distinguir cuál es el beneficio para la sociedad
española.
- Por otro lado, hay una consecuencia financiera: resulta muy cómodo proponer un programa de armamentos a precios del presente ocultando a la sociedad los sobrecostes que van a surgir por dilatar la entrega del material.
- Además, este tipo de programación de inversiones
implica la cautividad del Ministerio de Defensa y de las arcas públicas
porque si ya se han invertido montos importantes de euros en su
desarrollo, será muy complicado renunciar al programa aunque se sepa que
las armas serán ineficientes.
● Se otorgaban créditos a las industrias militares a
interés cero para que investigaran y fabricaran el armamento. ¿Qué otra
industria o sector productivo nacional obtenía u obtiene intereses tan
bajos?, ¿no se puede considerar que una práctica así es injusta y que
fomenta la competencia desleal entre el sector militar y los demás?
● Dichos créditos se daban (y se dan) a cargo del
extinto Ministerio de Ciencia y Tecnología y del actual Ministerio de
Industria. Es decir, Defensa no gana ni pierde. Es sólo un
intermediario. Así se consigue ocultar parte del gasto militar en los
presupuestos de otros ministerios.
● Las industrias militares realizaban las entregas, se
les pagaba su precio (con las correspondientes desviaciones por
encarecimiento de materiales, mejoras, intereses, aumento de la
inflación, etc.). Ellas siempre ganan.
● Las empresas devolvían, acto seguido, al Ministerio de
Industria los créditos aportados, eso sí, sin intereses, pues así se
había pactado. Los intereses que se han dejado de cobrar han sido sufragados, por tanto, por el erario público y por los españoles.
Los compromisos de Aznar llegaron, según Méndez, al 87% del actual problema.
Ahora bien, la realidad no es exactamente así. Si bien Aznar
comprometió directamente el 51% de los actuales créditos diferidos, los
gobiernos de Zapatero en unos casos prolongaron este compromiso y en
otros adquirieron compromisos nuevos, habiendo por tanto generado el 49%
de la actual deuda impagable, cuando podía no haberlo hecho.
Según Méndez “el gasto comprometido para la
totalidad de la programación asciende a 23.959 millones de euros, de
ellos entre 1996 y 2000, 13.652 (51%), de 2001 a 2004, 9.257 (34,7) y
entre 2008 y 2011, 59 millones”, por lo que, en conclusión de
Méndez, en función de como se materialicen las desviaciones (intereses,
revisiones de precios, etc) puede quedar una deuda final de entre 31.600
y 36.800 millones de euros, por lo que, “el análisis de los PEA
(Programas Especiales de Armamento), tal como se deduce de los cuadros
que les he presentado, nos demuestra que el modelo iniciado en 1997 no
es viable a largo plazo”.
2) Una deuda ingente e impagable
La deuda representa de cuatro a cinco veces el
presupuesto del Ministerio de Defensa y entre 32 y 36 veces la partida
que éste tiene asignada para inversiones en armamento, que es lo que
tocará sacar del bolsillo de los españoles (a razón de unos 800
euros extra, como mínimo, por habitante). Por hacernos una idea de la
magnitud de esta cifra, es, aproximadamente, lo que los Presupuestos
Generales del Estado de 2010 destinan a abonar por desempleo para el
conjunto de parados, lo que equivale a decir que apostar por pagar esto nos privará de actuaciones solidarias con los parados por largo plazo.
Esta deuda no sólo resulta ingente, sino que, en
palabras de la propia Ministra de Defensa, es impagable en las actuales
circunstancias. Por ello Zapatero, comprobando lo insostenible de la
situación, fue reduciendo compromisos adquiridos de compra de armas en
los presupuestos de 2010, que minoraron en 83,8 millones de euros el
capítulo de inversiones de armamentos (no obstante comprometió otros
333,7 millones de euros) y, más tarde, en el Plan de Acción Inmediato
2010, paralizó otros compromisos en armamento por 141 millones de euros.
3) Un gasto además innecesario e ineficaz
Todo esto, con ser grave y preocupante, no lo es todo:
el propio Constantino Méndez, en su comparecencia referida ante la
Comisión de Defensa reprocha al Presidente Aznar que “... el proceso
de obtención se sobredimensionó desde su inicio respecto a la capacidad
financiera del gasto asignado a la defensa, priorizando los costosos
sistemas de armas convencionales, poco adecuados a los nuevos riesgos y
conflictos, sin dar importancia suficiente a sistemas más eficientes que
tuvieran como objetivo prioritario la seguridad y la capacidad
operativa en los escenarios en los que realmente participamos y también
en relación con los riesgos que realmente padecemos y, por tanto, en
demérito de otras capacidades tecnológicas que es necesario, diría que
es imprescindible, tener".
Es decir, no sólo se gastó mucho y sin orden, sino que
se gastó mal, porque el armamento ni siquiera es el que se requiere
desde la propia óptica militar, o cuando llegue ya estará obsoleto en
comparación con el material de última ola, lo que obligará de nuevo a
otro ciclo armamentista, lo cual nos sitúa en un problema de otro orden:
de orden ético y político, como han denunciado diversos colectivos de
defensa de los derechos humanos y pacifistas.
4) ¿Qué dicen los partidos políticos de esta situación?
Si acudimos a los posicionamientos de los partidos
parlamentarios en las dos ocasiones en que esta situación ha sido
llevada al Parlamento, quizá nos sorprendamos. En ellas intervinieron,
además de Constantino Méndez, los diputados Beloki, del PNV, Rosa Díaz
de UPyD, Rodríguez Salmones, del PP y Arola del PSOE. Todos ellos
apoyaron al Secretario de Estado mostrando preocupaciones colaterales y
su tácita aceptación de que esa deuda había que pagarla a toda costa
dado el carácter estratégico de las industrias bélicas.
Con este antecedente es difícil conocer los
planteamientos efectivos de los partidos políticos ante este el problema
de la deuda militar de cara a las elecciones de noviembre de 2011,
pues, de lo leído en sus programas, nada se dice al respecto. Una
muestra más de la falta de transparencia que hay en los temas militares.
Ni PSOE ni PP, en sus propuestas conocidas, abordan el pago de esta
deuda.
Es de suponer que el primero, como ha filtrado el actual
gabinete de la Ministra de Defensa, vaya a una fórmula de condonación
de devolución de los créditos concedidos a las industrias militares por
importe de unos 14.000 millones de euros para rebajar la deuda, y que
reprogramen el resto de pagos a costa de aumentar sus intereses y costes
finales. Esta fórmula, en definitiva, lo que hace es endosar la deuda
militar al Ministerio de Industria, que a su vez pierde capacidad de
inversiones propias y más sociales. Por su parte, Mariano Rajoy habla
de aumentar ligeramente el gasto militar (en realidad, en su lenguaje
hermético lo que dice es que no aumentará significativamente, que viene a
ser lo mismo) lo que iría en consonancia con las promesas de
profundizar la modernización del ejército que aparecen en su web.
Parece que, por lo tanto, durante la próxima legislatura
el problema de la deuda financiera militar va a intentar soslayarse por
unos y otros. Lo malo es que las últimas experiencias en burbujas
financieras dejan muy claro que cuando explotan los perjudicados son los
españoles de clases medias y bajas. Ello quizá haga reaccionar a algún
grupo parlamentario o a algún movimiento social tipo 15 M que denuncie
estas continuadas faltas de transparencia y de control parlamentario.
Juan Carlos Rois y José Ambrona |
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