por Ethan Nadelmann
Ethan Nadelmann es Director Ejecutivo de la Drug Policy Alliance (DPA).
La declaración del vice presidente norteamericano Joe Biden de que "no hay posibilidad de que la Administración Obama-Biden vaya a cambiar su política en cuanto a la legalización"
no es una sorpresa. Esa declaración es consistente con las políticas de
drogas de EE.UU. desde hace mucho tiempo y es difícil imaginar que la
administración quiera abrir el debate del tema durante un año electoral.
Sin embargo, las declaraciones de Biden sobre el tema son notables en tres aspectos:
Primero, el vicepresidente reconoció que es "totalmente legítimo que
este debate sea planteado" y "vale la pena que sea discutido". Esto es
más de lo que ya ha manifestado sobre el tema. Es consistente con la
declaración del presidente Obama del 27 de enero de 2011, afirmando que
la legalización es "un tema completamente legítimo para discutir". Esto
también envía un mensaje al zar estadounidense de drogas y a otros
funcionarios federales que hasta ahora han rechazado cualquier discusión
sobre esto, ahora es posible discutirlo e incluso participar en el
creciente debate.
En segundo lugar, lo que es más notable en las declaraciones de Biden
sobre el tema es la debilidad de sus argumentos. Enfocarse —como él lo
hizo— en la necesidad de crear "una burocracia costosa para regular las
drogas y los nuevos adictos" en caso de legalizar, mientras le resta
importancia al hecho de que una burocracia de este tipo costaría
solamente una pequeña fracción de lo que actualmente cuesta detener,
enjuiciar y encarcelar a millones de personas por violaciones a las leyes de drogas,
parece absurdo. Dijo que "comprensiblemente, el debate siempre ocurre
en el contexto de violencia seria [dentro de la sociedad], especialmente
en sociedades que no tienen el marco legal y estructura institucional
para enfrentar operaciones organizadas e ilícitas". Pero vale la pena
señalar que el debate sobre legalización ha sido más amplio en relación a
la marihuana y en países como Holanda, y esto no
concuerda con el contexto que Biden mantiene que es central. La
superficialidad de las declaraciones del vicepresidente refleja el
hecho de que esta administración, como las previas, no ha pensado
seriamente sobre alternativas a las políticas actuales.
Y tercero, la combinación de las declaraciones públicas de Biden en las
cuales rechaza la legalización, en conjunto con cualquier presión que él
u otros funcionarios norteamericanos ejerzan para cerrar el debate no
va a terminar la discusión. No si la Comisión Global de Políticas de Drogas,
cuyos miembros incluyen George Shultz, Paul Volcker, Fernando Henrique
Cardoso, Ernesto Zedillo, Cesar Gaviria, Javier Solana y otros de
distinción comparable, han presentado argumentos impresionantes, tanto
para reformar las políticas de control de drogas y para
"romper el tabú" sobre un debate público y amplio. No cuando los
presidentes Felipe Calderón, Juan Manuel Santos, Otto Pérez Molina,
Laura Chinchilla y otros se han unido al llamado en varias maneras. No
si empresarios prominentes y otros líderes cívicos están cada vez más
haciendo lo mismo. Y no cuando las políticas prohibicionistas y
punitivas impulsadas por el gobierno de los EE.UU. siguan causando
tantos estragos en tantos lugares del mundo.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el
primer presidente quien apoyó públicamente la legalización a finales de
2011, estaba buscando, según se informa, a otros presidentes para unirse
a la causa. Ahora cuenta con el tipo de aliado que necesita: el nuevo
presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Desde hace
mucho tiempo se dice que un escenario "Nixon va a China" es la mejor
opción para abrir el debate sobre alternativas a las fracasadas
políticas prohibicionistas. Otto Pérez Molina es un político
conservador y un ex general quien tuvo un papel fundamental en la
aceptación del ejército de los acuerdos de paz que terminaron con la
larga guerra civil del país hace dos décadas. Él acaba de empezar su
mandato de cuatro años y está avanzando de manera estratégica para
asegurar que este debate crucial no se cierre. El tema estará en la
agenda durante la Cumbre de las Américas en Cartagena en abril y también
en reuniones nacionales, regionales e internacionales a partir de
entonces.
Quienquiera que esté en la Casa Blanca durante los próximos cuatro años
tiene que intensificar su posición en este debate. Porque ahora no va a
desaparecer.
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