21 marzo, 2012

Hasta a Calderón le conviene la liberación de Cassez

Leo Zuckermann

Hoy la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá uno de los casos más polémicos de su historia reciente: el de Florence Cassez. Hay cuatro posibilidades. Una: que la liberen, como propone el ministro Arturo Zaldívar en su proyecto, porque las autoridades no respetaron su derecho constitucional a un debido proceso judicial. Dos: que los ministros ordenen un nuevo juicio con nuevas pruebas ya que las existentes deben desecharse por ser producto de un proceso donde no se respetó el debido proceso. Tres: que, como la Primera Sala no se pone de acuerdo, el caso pase al Pleno de la SCJN para su resolución. Cuatro: que se rechace el proyecto de Zaldívar y Cassez permanezca en la cárcel cumpliendo una condena de 60 años.


Soy de los que piensa que lo correcto es la primera opción. Mis argumentos los expuse en un artículo titulado “Los derechos de Cassez… y de todos nosotros” publicado aquí el 9 de marzo. En cuanto a la segunda opción, no veo cómo los ministros podrían ordenar otro juicio ya que, si entiendo bien, no hay nuevas pruebas. La tercera opción implicaría, en la práctica, que Cassez permaneciera encarcelada ya que, por el perfil del Pleno de la Corte, la mayoría votaría en contra del proyecto “garantista” de Zaldívar. La cuarta, y última, implicaría que por lo menos tres de los cinco ministros de la Primera Sala están de acuerdo en condenar a una persona aunque la autoridad haya violado sus derechos constitucionales.
El caso Cassez ha generado una gran polémica. Muchos han tomado posiciones a favor o en contra del proyecto de Zaldívar. Uno de ellos ha sido el presidente Calderón. El lunes dijo:
“Al Poder Judicial le corresponde, además de cumplir la ley, proveer justicia, como su nombre lo indica. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su propio derecho. Cumplir la ley, desde luego, sí. Pero, también y, sobre todo, hacer justicia en México. Justicia para las víctimas de los delitos. Justicia para una sociedad agraviada y humillada por la impunidad que prevalece en el país, precisamente, porque no se cumplen los fines del derecho. Justicia, que implica la obligación elemental de que quien cometa un delito sea, verdaderamente, juzgado y castigado, y que nunca, la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad, sino un verdadero instrumento del juzgador para hacer justicia. Justicia donde, sí, por supuesto, se ponderen las garantías de los procesados pero, también, y por igual, se consideren y respeten los derechos de las víctimas […] Justicia para los que sufren secuestro. Justicia para los que sufren violencia y que, con toda razón, a todos, a todos los servidores públicos nos exigen, no sólo cumplir la ley, sino además, hacer justicia, proveer seguridad y cumplir el bien común. Porque si no hay justicia, no habrá seguridad, ni tampoco el bien común de México”.
Más claro, ni el agua. El Presidente está a favor de dejar en la cárcel a Cassez. Interesante, sin embargo, su pensamiento: hay que cumplir la ley, pero sobre todo hacer justicia, como si pudieran separarse los dos conceptos. No: en un Estado de derecho se hace justicia a partir del cumplimiento de la ley.
El asunto es particularmente relevante para las autoridades quienes deben respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos. No se trata, como dice el Presidente, de buscar una “rendija” interpretativa de la ley que permita la impunidad. Se trata de respetar los derechos inherentes de cualquier individuo para que la autoridad no abuse de su poder. Eso es lo que nos conviene a todos: a Cassez, a usted y hasta al propio Calderón.
Quizás el Presidente lo entienda cuando deje el poder el primero de diciembre y alguien, digamos que un adversario que se la tiene jurada, quiera cobrarle alguna “factura” por medio de un proceso judicial basado en un montaje mediático. A lo mejor ahí se convence Calderón de la importancia de que las autoridades respeten sus derechos constitucionales como una parte intrínseca de la justicia.

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