AMLO: el conflicto de 2012

Martín Moreno

2012 quedará marcado —igual que 2006— por un conflicto poselectoral: López Obrador y su movimiento presentan juicio de inconformidad contra la elección presidencial y piden invalidarla. Acusa AMLO que el PRI compró cinco millones de votos, lo que no permite dar certeza a ningún resultado. La historia se repite. A querer o no, la elección ha quedado manchada.


Pero en su mensaje de anoche, AMLO fue más allá: anunció un Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y la Dignidad de México. ¿Qué significa esto? ¿Marchas, movilizaciones, bloqueos y protestas callejeras? ¿Presión a magistrados del TEPJF? Eso se definirá la semana próxima.


Que nadie se asuste: AMLO —como cualquiera— tiene derecho a protestar legalmente por una elección que considera inequitativa. De momento opta por la vía legal y eso es parte de cualquier democracia. Inclusive de una imperfecta como la mexicana.


Si AMLO y su equipo acusan al PRI de haber comprado cinco millones de votos, que lo demuestren.


Si señalan que el PRI violó el artículo 41 de la Constitución, que lo comprueben.


Si afirman que el PRI rebasó los topes de campaña, violando los principios de imparcialidad, que lo acrediten.


Es su derecho y así se los permite la ley. Que nadie se inmole ni se santigüe.


Aterricemos el conflicto: hasta hoy, es legal. Y punto. Las plumas y voces que odian a AMLO ya empiezan a delirar con que el tabasqueño “tiene secuestrada a la democracia”. Seguramente volverán a crucificarlo. De nuevo lo destrozarán.


No, señores: la vía de la protesta legal es constitucional. Y si AMLO u otro creen tener argumentos suficientes para presentar un juicio de inconformidad contra la elección presidencial, que lo hagan. Ya lo decidirá el TEPJF.


Dentro de este escenario, hay tres puntos fundamentales:


1) Si AMLO y su movimiento logran con su protesta —más allá del interés personal— que la compra de votos de cualquier partido sea penalizada por la ley electoral con la invalidez o la anulación de una elección a partir de 2015, obtendrán un reconocimiento casi generalizado. Si este conflicto poselectoral sirve para mejorar nuestros comicios y, en consecuencia, la calidad de la democracia, habrá sido sano impugnar la presidencial.


2) Cuando el presidente Calderón condenó la compra de votos y pidió castigarla, actuó como un político preocupado por la democracia. Sin embargo, como respuesta apareció un fenómeno lamentable: algunos periodistas, analistas y políticos, en tiempo récord, criticaron a Calderón, llamándolo “rijoso, intervencionista, antidemocrático”.


3) AMLO y su movimiento tienen un conflicto de intereses: el Distrito Federal. En la capital, la compra del voto es institucionalizada mediante la red de cooptación política-social-electoral más grande del país: la Red Ángel del GDF.


Si se protesta contra esa práctica en la presidencial, ¿dónde queda el DF? El organigrama de complicidades local incluye a colonos, tianguistas, organizaciones civiles, taxistas, grupos de choque, empresarios, autoridades.


¿El Movimiento para la Defensa de la Democracia y la Dignidad también incluye al DF? Es pregunta para AMLO.


Por lo pronto, hay conflicto poselectoral.


Hasta hoy, mediante la vía legal.


Mañana, quién sabe.
 
ARCHIVO CONFIDENCIAL
NEZA. Hasta anoche, en Ciudad Nezahualcóyotl nadie cedía: mientras algunos consejeros del IEEM quieren ir al “voto por voto, casilla por casilla”, otros más pretenden recuento mediante las actas de escrutinio que, a juicio del PRD, tienen mayor grado de confiabilidad. La elección en uno de los municipios más poblados del país estuvo repleta de anomalías. Un botón: la casilla 3708, en la que el PRD ganó por 145 sufragios de diferencia, fue anulada porque las boletas se tacharon después de la jornada electoral. Ello se repitió en varias más.