José Rubinstein*
El
crujido de una rama o un efusivo saludo con machete podrían causar que
la resistencia civil pacífica emplazada por Andrés Manuel López Obrador
se convierta en rebelión civil violenta.
El atropello electoral del cual
nuevamente se dice objeto el candidato del Movimiento Progresista cunde
en el ánimo de sus partidarios, alebresta a grupos inconformes con el
régimen vigente e incita a jóvenes descontentos a conducirse airadamente
en defensa del “despojado” candidato presidencial.
Cierto, López Obrador impugna dentro
de los conductos legales, pero publicitando sospechas como hechos
consumados. El TEPJF resolverá en aproximadamente 45 días,
lamentablemente, palo dado ni Dios lo quita, para entonces el agua
podría haberse ya desbordado.
Justamente en San Salvador Atenco, donde Enrique Peña es non grato,
se verificó la primera Convención Nacional Contra la Imposición, con
dos mil 600 delegados y representantes de 29 entidades. El acuerdo
principal de dicha “Convención” consiste en impedir que Peña Nieto tome
posesión como Presidente. “Que la intolerancia y la represión como forma
de gobierno no se imponga al pueblo de México”.
El Plan de Lucha contra la
Imposición pactado por los de Atenco, #YoSoy132, el SME —presuntos
financiadores del evento—, la CNTE, Huesca, pobladores de Cherán y otras
alianzas, coordinadoras, frentes y comités, estriba en realizar una
marcha el 22 de julio; el 27 de julio tomar instalaciones de Televisa;
el 8 de agosto convocar a un paro cívico nacional; el 11 de agosto
marcha del SME; el 1 de septiembre realizar un cerco humano en torno a
San Lázaro, para impedir la toma de protesta de los nuevos legisladores
—¿también de los suyos?—; el 6 de septiembre la jornada de lucha con la
toma simbólica de medios y la liberación de plumas en todas las casetas
de carreteras del país; para el 15-16 del mes patrio tomarán todas las
plazas centrales del país, al grito de “Viva México sin PRI” y, para
culminar, el 2 de octubre mediante un paro nacional estudiantil con la
participación de universidades públicas y privadas de todo el país.
En insustancial declaración, el
líder nacional del PRD se deslindó de las acciones acordadas en Atenco,
señalando “no ser apagafuegos para impedir que los jóvenes den otro
cauce a su inconformidad, ellos son dueños de sus decisiones… el país
está en una situación con demasiado material incendiable”. Coincido, son
prende fuegos.
López Obrador, en el siguiente
capítulo de la serie, acusa a Peña Nieto de haber pagado su campaña
—¿toda?— con recursos procedentes del lavado de dinero vía empresas
trianguladoras de fondos a favor de Monex. Interrogado sobre las pruebas
al respecto, el abogado de AMLO ante el TEPJF declaró: “No, no hay
ninguna prueba, pero queremos que se investigue”. O sea, soltar la de
ocho columnas para que luego se investigue.
Hoy dentro del Plan de Defensa de la
Democracia y la Dignidad de México, AMLO anticipó anunciar los pasos a
seguir. Pregunto: ¿La democracia requiere ser defendida precisamente por
quien se obstina en llevar cada elección en que participa a extrainnings? ¿Quienes no votaron a favor de AMLO, carecen de dignidad?
Al PRI le corresponde demostrar la
procedencia y aplicación de sus recursos electorales. Los incólumes
denunciantes, además de sujetarse a la misma exigencia habrían de
aportar suficientes elementos comprobatorios, sin sacar tajada
publicitaria de supuestas irregularidades.
Qué ironía defender a la democracia, atacándola.
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